Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Una funcionaria solicitó información detallada sobre puestos vacantes (Grupo A1 y Técnicos de Administración General) a la Diputación Provincial de Cáceres. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales al constatar que la administración incumplió los plazos legales de resolución.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Consejo General de Enfermería de España las actas de sus tres últimos procesos electorales. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a las actas con la supresión de datos personales y deliberaciones reservadas, desestimando los límites de confidencialidad y procesos judiciales alegados por la administración.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona el texto de sentencias y resoluciones del TEAR de 2018 y 2019. La administración alegó complejidad en la anonimización y volumen de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la dissociación de datos no es una tarea compleja sino voluminosa, y ordena la entrega de la información anonimizada en tres meses.
El reclamante solicitó información sobre controles de bienestar animal en mataderos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. La administración denegó la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de datos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a las actas de inspección de infracciones muy graves tras la anonimización de datos personales.
El solicitante pidió a ENAIRE el crédito horario y el coste de las horas sindicales de cinco delegados de prevención de riesgos laborales (2015-2019). La administración denegó el acceso alegando límites de vigilancia y control y fraude de ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a ENAIRE a entregar la información.
La reclamante solicitó expedientes relativos a másteres y una licenciatura en ADE de la Universidad Rey Juan Carlos. La universidad denegó el acceso alegando la protección de investigaciones internas y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que concurre el límite de confidencialidad para proteger procesos de toma de decisión.
El reclamante solicitó acceso a informes de la Inspección General de Servicios y documentos de actuaciones previas relacionadas con un expediente disciplinario a la Conselleria de Transparencia. Alegó vulneración de sus derechos de defensa. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación para proteger la confidencialidad de las investigaciones y la protección de datos personales.
El interesado solicitó datos sobre controles de bienestar animal en mataderos durante 2017 a la Consejería de Salud. La Consejería denegó el acceso alegando la protección de las funciones de vigilancia e inspección. La Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, al considerar que la información de 2017 no perjudica las funciones de control.
El solicitante pidió al Consejo General de la Abogacía Española copia de una comunicación del sistema IMI realizada por el Ministerio de Justicia italiano sobre su situación profesional. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud no se enmarca en la finalidad de la LTAIBG.
El solicitante pidió a la CNMC la versión confidencial de un informe sobre el servicio de interrumpibilidad, específicamente costes y uso efectivo. Alegó que la información es de ejercicios pasados y no afecta a la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que el acceso vulnera la seguridad pública y las funciones de supervisión.
La Asociación Dávide solicitó a la AEAT una instrucción sobre el procedimiento en entradas domiciliarias. La AEAT denegó el acceso alegando un régimen específico de reserva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la difusión de la guía perjudicaría las funciones de inspección y la prevención de ilícitos.
El interesado solicitó información sobre controles de bienestar animal en mataderos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tras una respuesta parcial de la administración, el interesado presentó una reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior un informe del Seprona sobre el Patrimonio Histórico de Sasamón. Tras una respuesta negativa alegando inexistencia del documento, el interesado reclamó aportando pruebas de su existencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, obligando al Ministerio a remitir la solicitud al órgano competente.
La solicitante pidió al Ministerio de Hacienda copia íntegra de un expediente de información previa sobre la filtración de datos tributarios. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso podría frustrar las investigaciones en curso y perjudicar las funciones de control y vigilancia.
El solicitante pidió al Consejo Superior de Deportes acceso a la resolución que incoaba expedientes sancionadores a 16 presidentes territoriales. Tras la inadmisión de la solicitud por la administración, el interesado reclamó alegando que la norma del TAD no limita la publicidad a las resoluciones finales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por falta de subsanación documental.
TCA ECDF II Investments solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia la relación y actas de reuniones del Consejo de Administración sobre el Consorcio Valencia 2007. La administración denegó las actas alegando confidencialidad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información mediante acceso parcial.
El ciudadano solicitó a la AEPD el detalle de todas las notificaciones de brechas de seguridad recibidas entre mayo de 2018 y enero de 2019. La AEPD inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando que el volumen de información y el esfuerzo de revisión no se justifican con la finalidad de la Ley.
El reclamante solicitó copia digital del libro mayor de cuentas (2015-2018) al Ayuntamiento de Gijón. El Ayuntamiento entregó la información parcialmente, omitiendo datos personales y descripciones para proteger la privacidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no cumplió con los plazos legales de respuesta.
Dos representantes sindicales solicitaron al Servicio Aragonés de Salud las condiciones y ofertas técnicas de los contratos de limpieza. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación porque la denegación carecía de motivación suficiente y prevalece el interés general y la defensa de los trabajadores.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copias de denuncias remitidas a la AEPD y a la Subdelegación del Gobierno. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información y desconocer el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación debido a que el interesado no subsanó la falta de documentación requerida.
Se solicitó a la AEPD el acceso a todas las notificaciones de violaciones de seguridad de datos personales entre mayo y diciembre de 2018. La interesada alegó que la solicitud no era abusiva sino compleja y que se podía anonimizar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Moixent el acceso al expediente administrativo relativo a un movimiento de tierras y construcción junto a un barranco. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega del expediente tras la anonimización de los datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el listado actual e histórico de los integrantes de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. El Ministerio denegó el acceso alegando límites relativos a la inspección y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no justificarse dichos límites.
La Asociación Dávide solicitó a la AEAT el importe de la 'deuda media' asignada a un contribuyente y las fórmulas para su cálculo. La AEAT denegó el acceso alegando el carácter reservado de los planes de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información es de contenido tributario y debe regirse por la Ley General Tributaria.
La Asociación Dávide solicitó a la AEAT el importe de la 'deuda media' asignada a un contribuyente y las fórmulas para determinarla. La AEAT denegó el acceso alegando el carácter reservado de los planes de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la materia tributaria tiene régimen jurídico específico según la Ley 58/2003.
El ciudadano solicitó a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz copia de un expediente administrativo derivado de una denuncia. La administración denegó el acceso alegando límites de inspección y sanción. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, instando a la administración a entregar la información detallada sobre las actuaciones.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid las notas medias de las pruebas de acceso a la universidad (PAU/EvAU) desglosadas por asignaturas y la identificación de los centros con mejores y peores resultados. La administración entregó la información pero anonimizó los centros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar correcta la anonimización.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm copias de la Propuesta de la Alcaldía, el expediente de licitación 43/2015 e informes de Secretaría e Intervención. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso, investigaciones de la Fiscalía y la confidencialidad de la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia estimó la solicitud por considerar la información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm dos decretos de urbanismo y un informe externo sobre la gestión de la estación de autobuses. La administración denegó el acceso alegando que el expediente no ha finalizado y que existen procesos judiciales y de fiscalía abiertos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la solicitud al considerar que la información es pública.
Se solicitó al Ministerio de Fomento acceso a la base de datos del Sistema de Gestión de Puentes y resultados de inspecciones (2008-2018). La administración denegó parcialmente alegando seguridad informática, perjuicio a la inspección y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación e insta a entregar los informes de estado de las estructuras.
Se solicitó al Ministerio del Interior la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre criterios de actuación y aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La reclamante alegó que la denegación fue arbitraria y basada en argumentos incorrectos sobre publicidad activa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo para la seguridad pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública los informes objetivos para determinar el complemento específico de dos puestos de Instituciones Penitenciarias. Tras recibir solo los acuerdos finales, alegó que no se le facilitaron los informes justificativos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que dicha información es relevante para la rendición de cuentas.
La entidad The Square Magalluf, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Calviá el acta de constitución, la identidad de los miembros y las actas de la Comisión de Actividades desde enero de 2018. La administración denegó las actas alegando que no hay obligación de levantarlas y que su acceso perjudicaría intereses municipales. La Comisión de Transparencia desestima la reclamación tras considerar que la denegación es procedente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Educación y Formación Profesional copia de un informe de la Alta Inspección sobre el adoctrinamiento en libros de texto en Cataluña. El Ministerio denegó el acceso alegando inexistencia y carácter auxiliar de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación considerando que el documento es información auxiliar.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm un listado de establecimientos comerciales con irregularidades en su licencia de apertura. La administración denegó el acceso alegando protección de datos, carga de trabajo (reelaboración) y posibles perjuicios a la inspección. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega del listado anonimizando datos personales.
Se solicitó al Ministerio de Fomento copias de tres auditorías de procedimiento de 2017. La administración denegó el acceso alegando que eran información auxiliar (art. 18.1.b) y que perjudicaba las funciones de inspección (art. 14.1.g). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que las auditorías tienen relevancia externa para el control público y la rendición de cuentas, y que el límite de inspección no aplica al ser informes ya finalizados.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares la publicación de órdenes del día y actas del Consejo de Administración, así como certificaciones de acuerdos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar actas y órdenes del día, pero deniega las certificaciones por no estar amparadas por la LTAIBG.
El interesado solicitó documentación de expedientes instruidos contra la empresa Grupo Itevelesa S.L. tras haber presentado denuncias previas. La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid denegó el acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por considerarla abusiva y no justificada en la finalidad de la Ley.
El interesado solicitó al Centro de Láseres Pulsados (CLPU) información sobre grupos de investigación, investigadores principales, costes y exenciones de una convocatoria de acceso. El CLPU denegó los nombres de los IPs por protección de datos y el coste final por estar en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El reclamante solicitó al FROB informes de valoración y documentos del procedimiento de venta del Banco Popular. El FROB denegó el acceso alegando que la información no obraba en su poder y que los documentos eran competencia de la JUR, amparándose en límites de confidencialidad y secretos comerciales. El CTBG suspende el plazo para resolver hasta que recaiga sentencia judicial en los recursos pendientes ante el Tribunal General de la UE, por existir litispendencia y precedentes judiciales en curso.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de A Coruña) las actas y acuerdos de sus consejos de administración entre 2015 y 2018. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
Una regidora del Ayuntamiento de Valencia solicitó documentación detallada de la empresa pública Mercavalència (facturas, contratos, personal, auditorías, etc.). La administración alegó confidencialidad en datos personales y técnicos, y ofreció consulta in situ. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima la solicitud, ordenando la entrega electrónica y la disociación de datos sensibles.
El reclamante solicitó a la Universidad Complutense de Madrid las resoluciones que fijan las cantidades de jubilación voluntaria incentivada de dos funcionarios. La Universidad denegó el acceso alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
Se solicitó a la Dirección Territorial de la ITSS copias de instrucciones de productividad, actas de seguimiento y resultados de productividad. La reclamante alegó denegación injustificada, remisión improcedente y falta de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información no es auxiliar, que no existe perjuicio real a las funciones inspectivas y que procede facilitar los datos globales de productividad sin identificar a los perceptores.
El interesado solicitó expedientes de subvenciones para programas de tecnificación deportiva (2014-2018) a la Dirección General de Deportes de Cantabria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: concede el acceso a los años 2016 y 2017 (denegados por estar en control financiero) y estima por formal el de 2015 por extemporaneidad, pero desestima los de 2014 y 2018 por inexistencia de información.
La Fundación Ado Moure Pro Deporte solicitó a la Dirección General de Tráfico información sobre si sus denuncias derivaron en expedientes sancionadores. Tras una denegación basada en límites de seguridad y reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia el informe de la consultora Gartner (2017) sobre sistemas de gestión procesal. El Ministerio denegó el acceso basándose en la oposición de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha acreditado un perjuicio real a las funciones de vigilancia e inspección.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda los anexos de los planes anuales de control financiero y auditorías de 2017 y 2018. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la divulgación de dicha información perjudicaría la eficacia de las funciones de vigilancia, inspección y control de la administración.
Se solicitó a la Agència Catalana del Consum información sobre inspecciones y sanciones por incumplimiento de derechos lingüísticos. El reclamante alegó que no se facilitaron las actas de inspección. La GAIP resuelve la finalización del expediente por pérdida sobrevenida de objeto, ya que la administración facilitó la información y el ciudadano aceptó las explicaciones dadas.
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