Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública información detallada sobre la capacitación, retribuciones, trayectoria profesional y vida privada de un inspector de la AEAT, así como contratos del Ministerio con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o no constituye información pública.
El solicitante pidió información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vida privada de una inspectora de la AEAT, así como contratos del Ministerio con tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la información no es pública, es abusiva o ya fue atendida.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña y a Puertos del Estado actas de una comisión de seguimiento, un informe de viabilidad ferroviaria y un informe de intervención. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a Puertos del Estado a entregar las actas, al considerar que no se justificaron los límites alegados.
La Asociación Justicia por la Sanidad solicitó a la Intervención General de la Junta de Andalucía los planes de control de legalidad de dos hospitales de Granada (2004-2019). El organismo denegó el acceso alegando que revelaría métodos de trabajo y controles futuros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía desestimó la reclamación manteniendo la denegación.
Una ciudadana solicitó a la Hacienda Foral de Navarra conocer quiénes accedieron a sus datos fiscales en 2020 y el motivo. Tras una estimación parcial, la interesada alegó falta de motivación en la denegación de ciertos datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación al considerar que la Administración motivó correctamente la limitación basada en la eficacia de la inspección tributaria.
FACUA solicitó a Kontsumobide el expediente de inspecciones sobre etiquetado de mascarillas y sus planes de control. Kontsumobide denegó el acceso alegando que eran actuaciones previas no públicas. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y no acreditarse límites legales.
Una regidora de Benaguasil solicitó acceso a información sobre un expediente judicial relacionado con la modificación de normas subsidiarias de usos del suelo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que era un procedimiento judicial en curso y que la información no estaba disponible en Secretaría. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana resuelve tras analizar las alegaciones.
El interesado solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda, pagos y comunicaciones de la UE respecto al SAREB. Tras un acceso parcial, el ciudadano alegó falta de motivación en la denegación de informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y retrotrae las actuaciones.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña un informe de viabilidad ferroviaria, actas de una comisión de seguimiento y un informe de Intervención Regional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe de viabilidad y el de Intervención, pero desestimando el acceso a las actas por corresponder la competencia a Puertos del Estado.
Se solicitó al Departamento de Empresa y Conocimiento la identificación de las administraciones públicas sancionadas por seguridad industrial en 2020 y la cuantía de las multas. El organismo no respondió inicialmente. La GAIP estima la reclamación, considerando que el hecho de ser sancionada es información pública relevante para el control social de las administraciones.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos detallados (vía y punto kilométrico) de denuncias por exceso de velocidad de 2019 y 2020. Alegó que eran datos pasados y que se habían facilitado anteriormente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar justificado el límite de perjuicio a las funciones de vigilancia y control.
El reclamante solicitó acceso a las actas de las sueltas de peces en ríos madrileños durante 2019 a la Comunidad de Madrid. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión de la reclamación al considerar que la información solicitada es de carácter medioambiental y, por tanto, debe regirse por su normativa específica.
Se solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía la contabilidad y contratos menores del IES La Rosaleda (Málaga) de los cursos 2011 al 2015. La Delegación Territorial denegó parcialmente el acceso alegando que la documentación anterior a 2014 ya no debía conservarse. El organismo de transparencia analiza si dicha denegación es ajustada a derecho.
Se solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía la contabilidad y contratos menores del IES La Rosaleda (2007-2011). La Delegación Territorial de Málaga denegó el acceso alegando que, según la Ley General Tributaria, el periodo de comprobación es de cuatro años y ya no disponen de dicha documentación. El organismo de transparencia desestima la reclamación.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el expediente de registro sanitario del IES Escuela de Hostelería San Roque. El organismo denegó el acceso alegando que la información correspondía a funciones de inspección y control. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación del perjuicio.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el expediente de registro sanitario del IES Almeraya. La Administración denegó el acceso alegando que la documentación correspondía a funciones de inspección y control. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación del perjuicio real.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Educación de Málaga la contabilidad y contratos menores del IES Rosaleda (2010/2011). La administración denegó el acceso alegando que el plazo de conservación de libros contables según la Ley General Tributaria es de cuatro años. El organismo de transparencia desestima la reclamación al no existir obligación de conservar la información.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Educación de Málaga la contabilidad y contratos menores del IES Rosaleda (2011-2015). La administración denegó parcialmente la información alegando que la documentación anterior a 2014 ya no era obligatoria de conservar. El Guia de Transparencia de Andalucía estima la reclamación al considerar que la falta de conservación no justifica la denegación.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía los expedientes de registro sanitario y formación de manipuladores de alimentos de los IES Atenea y La Rosaleda. El reclamante alegó que la denegación basada en la deslocalización de archivos era una excusa falsa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al no existir la información.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad copia de los informes de AITEX sobre la calidad de mascarillas y guantes contratados por INGESA durante la pandemia. La administración denegó el acceso alegando que afectaba a funciones de vigilancia y control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es de interés público y el contrato ya finalizó.
La mercantil Hijos de Eustaquio Abad y Cía, SL solicitó la identificación de los denunciantes que dieron lugar a inspecciones y expedientes sancionadores en su contra. La Conselleria de Sanitat denegó la solicitud alegando incompetencia y protección de la seguridad pública y de datos. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación.
La Junta de Personal de la AEAT de Tarragona solicitó objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la AEAT a facilitar la información al considerar que no existe un régimen específico que desplace la Ley 19/2013.
La Junta de Personal de la AEAT (Madrid y Álava) solicitó información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que el EBEP no constituye un régimen específico que desplace la Ley 19/2013.
La Junta de Personal de la AEAT de Huelva solicitó información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (PEIA) a la AEAT. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información al no concurrir límites legales ni regímenes específicos que desplacen la Ley 19/2013.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior la base de datos de preguntas y estadísticas del examen teórico de conducir permiso B. Alegó fines pedagógicos y control de errores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación considerando que la solicitud es abusiva y perjudicaría la objetividad de las pruebas y la seguridad vial.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid documentación sobre expedientes de uso de vehículos turismo para transporte de mercancías e identificación de empleados que accedieron a ciertos requerimientos antes de su filtración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que no existen expedientes de ese tipo y que la identificación de empleados no es de interés público prevalente.
El ciudadano solicitó a la Consellería de Política Social el número y motivo de quejas recibidas contra residencias de mayores en 2019 y los expedientes derivados. Tras alegar la administración diversos límites legales, la Comisión da Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos generales pero sin identificar las residencias cuyas quejas fueron archivadas.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona los resultados detallados de inspecciones sanitarias en locales de alimentación (2016-2019). La administración estimó parcialmente la solicitud pero inadmitió el resto por complejidad técnica. La GAIP desestima la reclamación al considerar justificada la carga desproporcionada que supondría la extracción manual de los datos.
Un periodista solicitó a la Agència de Salut Pública de Barcelona los resultados detallados de inspecciones sanitarias en diversos establecimientos. Tras una estimación parcial de la administración, el reclamante recurrió alegando la existencia de precedentes. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias datos y actas de inspección sobre bienestar animal en mataderos. Alegó falta de motivación y de test de daño en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a buscar datos desagregados y a retrotraer el proceso para dar audiencia a terceros.
El solicitante pidió al Consejo Superior de Deportes convenios de colaboración y detalles sobre subvenciones concedidas a la RFEV. El CSD denegó los justificantes alegando perjuicio a la inspección y remitió a enlaces web genéricos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las solicitudes y justificantes de subvenciones.
El reclamante solicitó documentación relativa a un expediente de disciplina urbanística en el Hipódromo de La Zarzuela al Ayuntamiento de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que el expediente estaba en fase de instrucción y para proteger la presunción de inocencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el denunciante no es parte interesada.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT objetivos y criterios de reparto de productividades (PEIA) de 2015 y 2016. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico para representantes sindicales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que niega que el EBEP desplace la Ley 19/2013.
La Asociación Agricultura Viva en Acción solicitó a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería información sobre empresas investigadas por reetiquetado fraudulento. Tras la denegación, el ciudadano alegó que no se motivó la limitación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía acuerda el desistimiento por falta de acreditación de la representación.
La Junta de Personal de la AEAT en Cádiz solicitó objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La AEAT denegó la información alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que ratifica la aplicación de la Ley 19/2013.
Se solicitó a la AEAT de Pontevedra información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (PEIA) 2015-2016. Ante la falta de respuesta y alegaciones sobre regímenes específicos de información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la administración a entregar la documentación solicitada.
El Sindicato GESTHA solicitó a la AEAT información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen normativo específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el EBEP no desplaza la Ley de Transparencia.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas de inspección y licencias urbanísticas relativas al Hipódromo de la Zarzuela. La administración denegó el acceso alegando que la información afectaba a funciones de vigilancia e inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se realizó un test de daño suficiente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El règim jurídic aplicable a l’accés que estableix al Reglament 1049/2001, de 30 de maig, del Parlament Europeu i del Consell, que regula l’accés del públic al documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió (en endavant, RE). No és obstacle per a l’admissió a tràmit de la reclamació i per a la competència d’aquesta Comissió per resoldre-la, el fet que l’accés a la documentació que integra un expedient EU Pilot estigui sotmès a un règim jurídic especial i diferent d’accés del règim general previst a l’LTAIPBG. La disposició addicional primera.2 LTAIPBG estableix que, quan existeixi un règim jurídic específic d’accés, la normativa de transparència (LTAIPBG) quedarà desplaçada a una aplicació subsidiària. Aquesta disposició addicional primera.2, doncs, estableix un sistema de fonts per al cas que l’accés a la informació tingui una font de dret pròpia, i estableix la supletorietat de l’LTAIPBG de forma expressa, la qual cosa comporta que, en allò no regulat pel règim especial (en particular, una via de garantia de l’accés a la informació àgil, gratuïta i independent) sigui d’aplicació la legislació de transparència. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva Sentència 1074/2019 que confirma la competència de la GAIP per atendre reclamacions d’accés subjectes a règims jurídics especials. L’article 5 RE preveu que sigui la pròpia Institució europea que ha elaborat o obtingut la documentació a la qual es demana accedir la que prengui la decisió sobre si s’ha d’estimar o desestimar la sol·licitud, de manera que fins i tot si la petició d’accés s’adreça a un estat membre que té en el seu poder la documentació, perquè l’ha rebuda de la Comissió o bé perquè l’ha elaborada per enviar-li, la decisió correspondria a la Comissió, i per tant, haurà de ser consultada sobre el sentit de la resolució o se li haurà de derivar la sol·licitud perquè la resolgui directament. Això suposa que el Reglament reserva al criteri de les institucions europees l’apreciació i ponderació casuística de les sol·licituds de documentació i la decisió de si, en el cas concret, ha de prevaldre la regla general d’accés als documents prevista a l’article 2.4 RE, o si s’han d’aplicar les excepcions previstes a l’article 4.2 en absència d’un interès públic superior que justifiqui la seva divulgació. Tanmateix, l’article 5 RE preveu que l’estat membre que rep una sol·licitud d’informació sotmesa a aquest règim jurídic pugui resoldre-la directament, sense la consulta o la derivació de la sol·licitud, si es dedueix clarament que s’ha de permetre o denegar la divulgació d’aquest document. En aquest cas, la Resolució l’adopta el Departament TES, sense complir amb el tràmit de consulta prèvia a la Comissió o de derivació de la sol·licitud previst a l’article 5 RE, per considerar que es dedueix clarament que s’ha de desestimar la sol·licitud perquè resulta aplicable l’exclusió de l’article 4.2 RE pel que fa al perjudici de l’objectiu de l’activitat d’investigació, així com l’article 21.1.b LTAIPBG, que preveu la limitació del dret d’accés si perjudica la investigació d’infraccions administratives. Tot i que la presumpció general de perjudici de l’activitat d’investigació pugui ser aplicada a un procediment EU Pilot, l’aplicació d’aquesta presumpció general no és obligada ni exclou sempre de l’anàlisi de cas, tal i com ha manifestat reiteradament el Tribunal de Justícia Europeu, entre d’altres, en la Sentència de 25 de setembre de 2014, Suècia/Comissió, T 306/12, punt 71, ECLI:EU:T:2014:816). Així doncs, en consideració a l’activitat de la persona jurídica reclamant com a defensora del medi natural; en atenció a la seva condició de denunciant en un procediment EU Pilot que s’està allargant de forma més que considerable, i atenent a què concorre en aquest cas un interès públic superior -la protecció del medi natural i l’adequada diligència de la Comissió en investigar els supòsits de denúncia d’incompliment del Dret de la Unió que el puguin perjudicar-, cal descartar que la desestimació de l’accés adoptada pel Departament TES sigui “deduïble clarament” dels precedents invocats, i admetre que és plausible que tots aquests elements diferenciadors puguin justificar una solució menys lesiva del dret d’accés, de forma que la Comissió, anàlisi prèvia de les comunicacions reclamades, permeti l’accés a aquelles la difusió dels quals no perjudiqui l’objectiu de la investigació. I aquesta ponderació i decisió casuística de l’accés correspon adoptar-la a la Comissió, d’acord amb l’article 4.2 i 5 RE. Per tant, s’ordena la retroacció del procediment de sol·licitud a la fase prèvia a la resolució, i la derivació de la sol·licitud a la Comissió Europea per a la seva Resolució, o la consulta de la Comissió del sentit en què s’ha de resoldre, de conformitat amb allò previst a l’article 5 RE.
Se solicitó a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio el acceso a documentos de un expediente de inspección en el Residencial Vistamar. Tras el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia desestima la reclamación porque las actuaciones previas no han finalizado y su divulgación podría perjudicar la futura resolución sancionadora.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Puertos del Estado diversos informes técnicos, el estudio de impacto ambiental y dictámenes sobre la modificación de un contrato de obras del puerto de Punta Langosteira. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña información sobre permisos, tasas y proyectos de construcción del pantalán de Repsol y cajones para Aberdeen. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso ante el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar insuficientes los límites alegados.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña información sobre permisos, tasas y proyectos de construcción del pantalán de Repsol. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso ante el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se justificó el perjuicio real al derecho de acceso.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda los datos anonimizados y el balance anual de usuarios de los informes 'Análisis del perfil del jugador online' (2014-2017). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información no existe en bruto y su obtención requeriría una reelaboración de los datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre el contenido, función y régimen jurídico de diversas aplicaciones informáticas (ZÚJAR, TESEO, etc.). Alegó que la respuesta de la AEAT fue vaga y genérica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la AEAT a concretar la función y contenido de cada programa.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social datos detallados sobre inspecciones del registro de jornada laboral. La administración denegó la petición alegando reelaboración, carácter abusivo y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de reelaboración de la información.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda acceso a informes y comunicaciones sobre los criterios utilizados por la IGAE y EUROSTAT para ajustar el déficit público de 2018. La administración inadmitió la solicitud alegando información auxiliar y en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada durante el proceso.
La solicitante pidió un informe de inspección de zona sobre un presunto caso de acoso laboral a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. La administración denegó el acceso alegando que el documento era información auxiliar y que la situación estaba en fase de análisis. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
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