Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de viaje del Director del Departamento de Recaudación de la AEAT. El solicitante alegó falta de transparencia frente a otros cargos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la AEAT no justificó un perjuicio concreto ni la necesidad de reelaboración de datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda del SAREB, sus titulares y los informes de seguimiento desde 2012. Tras una denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información detallada requerida exigiría una reelaboración inadmisible y que los informes afectan a intereses económicos.
El reclamante solicitó a LABORA copias de su título, nombres de miembros de un tribunal, material didáctico y actas de finalización de cursos. La administración denegó el acceso alegando que la información ya había sido entregada, que era información auxiliar y que las solicitudes eran repetitivas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las solicitudes.
Se solicitó a la Universidad de Sevilla el acceso íntegro a un expediente de información reservada y las denuncias que lo originaron. La Universidad denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y riesgo para las funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
El presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó copia íntegra de un expediente sobre presuntas irregularidades en un cementerio. La administración entregó información parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque existen actuaciones inspectoras en curso, lo que permite aplicar el límite de la vigilancia e inspección.
El Presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó al Servicio Extremeño de Salud el expediente completo sobre la presunta cremación de restos en un cementerio. El interesado alegó que la información facilitada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por existir actuaciones inspectoras en curso.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón el listado de residencias de mayores, su tipo de gestión y el detalle de sanciones impuestas entre 2014 y 2019. El organismo denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y ordena entregar los datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de multas impuestas por un radar móvil en la A-66 (Asturias). La administración denegó la información alegando perjuicio a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado el perjuicio concreto.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las fechas y las actas de las reuniones del Comité Nacional Fitosanitario de 2021. La administración denegó las actas alegando funciones de vigilancia y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas tras eliminar datos personales y opiniones.
Se solicitó acceso a contratos de crédito, convenios de normalización y desglose de costes de obras a la Autoridad Portuaria de A Coruña. El interesado alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar que son documentos públicos y no concurren límites de secreto comercial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad datos estadísticos y desglosados sobre los rechazos a la vacunación COVID-19 (por grupo, provincia, edad, etc.). La administración denegó parte de la información alegando que no disponía de ciertos datos (municipio/provincia) o que su gestión requería un esfuerzo excesivo de recursos humanos. El CTBG estimó la reclamación parcialmente.
Un regidor del Grup Municipal Socialista de Santa Pola reclamó ante el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana la falta de respuesta a una solicitud de información sobre la zona de parapente. Tras la reclamación, el Ayuntamiento aportó la información solicitada. El Consejo decidió declarar la pérdida de objeto debido a que la administración facilitó la información, aunque fuera tardíamente.
Se solicitó a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais el acceso a un informe sobre materias críticas en Galicia. El solicitante alegó que se denegó el acceso por confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la administración justificó que la revelación causaría perjuicios económicos y especulativos en la fase de diagnóstico.
Un ciudadano solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela el acceso a un expediente de investigación sobre un profesor. El solicitante alegó ser interesado y que los datos sensibles eran ya conocidos. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque, tras el test de daño, el perjuicio a la privacidad supera el beneficio público.
La CGT-PV solicitó protocolos de prevención de incendios y planes de vigilancia a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana. El sindicato alegó falta de respuesta y denegación de acceso. El Consell de Transparencia estima parcialmente la reclamación: ordena facilitar los protocolos de la Dirección General y las condiciones de encargo, pero desestima el plan de vigilancia y la información de VAERSA.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el contrato de crédito entre la APAC y Puertos del Estado y sus informes de auditoría interna. La administración denegó parcialmente el acceso a los informes alegando que eran documentos auxiliares y confidenciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela el acceso al registro documental de un procedimiento de investigación reservado. La Universidad denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y citando límites legales. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, determinando que, al haber finalizado el expediente, la información es pública previa disociación de datos personales.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el detalle de controles antidopaje de la AEPSD desde 2011. La administración denegó parcialmente alegando protección de datos, secreto de planificación e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información desde 2014 debidamente anonimizada, al considerar que los límites no justifican una denegación total y que procede la aplicación del principio de proporcionalidad.
El ciudadano solicitó a la AEAT información sobre los intercambios de datos con autoridades fiscales alemanas y europeas relativos al fraude fiscal. La AEAT denegó el acceso alegando confidencialidad internacional y límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el número de comunicaciones, fechas y respuestas, pero no el contenido.
El ciudadano solicitó a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia el expediente de la línea de evacuación del parque eólico do Maxal. Tras alegar silencio administrativo, la administración acabó concediendo el acceso. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales al desaparecer el objeto por la resolución expresa.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Carballo información sobre la gestión de animales de compañía. Ante el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión de la Transparencia. Dicho organismo estima la reclamación, instando al Ayuntamiento a responder, ya que el formato de cuestionario no justifica la denegación ni la falta de resolución expresa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamayor de Gállego copia de los expedientes urbanísticos resueltos en 2019. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando carácter abusivo y falta de medios. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación, determinando que no es abusiva al limitarse a un año, aunque permite al Ayuntamiento acotar el número de informes por proporcionalidad.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT. Alegó posibles conflictos de intereses con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por vulnerar la privacidad y presentar un carácter abusivo.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT que supervisaban a una empresa tecnológica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o inexistente como dato público.
La Asociación Huermur solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copias de comunicaciones enviadas a instituciones consultivas sobre la construcción de la Torre del Puerto en Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información ya existía y estaba finalizada.
La Asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copias de informes del ICOMOS sobre la Torre del Puerto de Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que los informes ya existen y no debe confundirse la elaboración de un documento con la tramitación de un expediente.
El solicitante pidió información sobre maquinaria, personal y depósitos de gasoil de la Cantera Rebarco a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso invocando el límite de vigilancia e inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de dicho límite.
El solicitante pidió a la Junta de Andalucía información sobre una auditoría financiada con fondos públicos realizada a la Agencia IDEA. La Intervención General denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía desestima la reclamación manteniendo la denegación por afectar al control administrativo.
Se solicitó al Departament d'Educació documentación sobre riesgos psicosociales y protocolos de acoso laboral. El reclamante alegó que la información denegada le afectaba a él o a un tercero que dio su consentimiento. La GAIP estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a datos propios y consentidos, pero deniega los documentos de la Inspección de Trabajo por su carácter confidencial.
El reclamante solicitó las fichas y expedientes de bienes de interés cultural, patrimonial y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Tras una respuesta incompleta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero omitiendo las coordenadas geográficas exactas.
El reclamante solicitó las fichas de bienes de interés cultural y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar la información sin las coordenadas exactas.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública información detallada sobre la capacitación, retribuciones, trayectoria profesional y vida privada de un inspector de la AEAT, así como contratos del Ministerio con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o no constituye información pública.
El solicitante pidió información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vida privada de una inspectora de la AEAT, así como contratos del Ministerio con tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la información no es pública, es abusiva o ya fue atendida.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña y a Puertos del Estado actas de una comisión de seguimiento, un informe de viabilidad ferroviaria y un informe de intervención. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a Puertos del Estado a entregar las actas, al considerar que no se justificaron los límites alegados.
La Asociación Justicia por la Sanidad solicitó a la Intervención General de la Junta de Andalucía los planes de control de legalidad de dos hospitales de Granada (2004-2019). El organismo denegó el acceso alegando que revelaría métodos de trabajo y controles futuros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía desestimó la reclamación manteniendo la denegación.
Una ciudadana solicitó a la Hacienda Foral de Navarra conocer quiénes accedieron a sus datos fiscales en 2020 y el motivo. Tras una estimación parcial, la interesada alegó falta de motivación en la denegación de ciertos datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación al considerar que la Administración motivó correctamente la limitación basada en la eficacia de la inspección tributaria.
FACUA solicitó a Kontsumobide el expediente de inspecciones sobre etiquetado de mascarillas y sus planes de control. Kontsumobide denegó el acceso alegando que eran actuaciones previas no públicas. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y no acreditarse límites legales.
Una regidora de Benaguasil solicitó acceso a información sobre un expediente judicial relacionado con la modificación de normas subsidiarias de usos del suelo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que era un procedimiento judicial en curso y que la información no estaba disponible en Secretaría. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana resuelve tras analizar las alegaciones.
El interesado solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda, pagos y comunicaciones de la UE respecto al SAREB. Tras un acceso parcial, el ciudadano alegó falta de motivación en la denegación de informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y retrotrae las actuaciones.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña un informe de viabilidad ferroviaria, actas de una comisión de seguimiento y un informe de Intervención Regional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe de viabilidad y el de Intervención, pero desestimando el acceso a las actas por corresponder la competencia a Puertos del Estado.
Se solicitó al Departamento de Empresa y Conocimiento la identificación de las administraciones públicas sancionadas por seguridad industrial en 2020 y la cuantía de las multas. El organismo no respondió inicialmente. La GAIP estima la reclamación, considerando que el hecho de ser sancionada es información pública relevante para el control social de las administraciones.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos detallados (vía y punto kilométrico) de denuncias por exceso de velocidad de 2019 y 2020. Alegó que eran datos pasados y que se habían facilitado anteriormente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar justificado el límite de perjuicio a las funciones de vigilancia y control.
El reclamante solicitó acceso a las actas de las sueltas de peces en ríos madrileños durante 2019 a la Comunidad de Madrid. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión de la reclamación al considerar que la información solicitada es de carácter medioambiental y, por tanto, debe regirse por su normativa específica.
Se solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía la contabilidad y contratos menores del IES La Rosaleda (Málaga) de los cursos 2011 al 2015. La Delegación Territorial denegó parcialmente el acceso alegando que la documentación anterior a 2014 ya no debía conservarse. El organismo de transparencia analiza si dicha denegación es ajustada a derecho.
Se solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía la contabilidad y contratos menores del IES La Rosaleda (2007-2011). La Delegación Territorial de Málaga denegó el acceso alegando que, según la Ley General Tributaria, el periodo de comprobación es de cuatro años y ya no disponen de dicha documentación. El organismo de transparencia desestima la reclamación.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el expediente de registro sanitario del IES Escuela de Hostelería San Roque. El organismo denegó el acceso alegando que la información correspondía a funciones de inspección y control. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación del perjuicio.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el expediente de registro sanitario del IES Almeraya. La Administración denegó el acceso alegando que la documentación correspondía a funciones de inspección y control. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación del perjuicio real.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Educación de Málaga la contabilidad y contratos menores del IES Rosaleda (2010/2011). La administración denegó el acceso alegando que el plazo de conservación de libros contables según la Ley General Tributaria es de cuatro años. El organismo de transparencia desestima la reclamación al no existir obligación de conservar la información.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Educación de Málaga la contabilidad y contratos menores del IES Rosaleda (2011-2015). La administración denegó parcialmente la información alegando que la documentación anterior a 2014 ya no era obligatoria de conservar. El Guia de Transparencia de Andalucía estima la reclamación al considerar que la falta de conservación no justifica la denegación.
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