Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Segunfer Ejecuciones, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre la limpieza de 27 parcelas con escombros, expedientes sancionadores y costes asociados. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y límites de seguridad/confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a responder sobre los expedientes y repercusión de costes.
Se solicitó acceso a los informes de inspección de la Agencia Tributaria referentes a una empresa específica. La administración denegó el acceso alegando protección de datos de terceros y la naturaleza de las actuaciones de inspección. El Consejo de Transparencia, de la Junta de Castilla y León, estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la anonimización de datos personales.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior un informe de 2019 de la Inspección de Personal y Servicio de Seguridad sobre la reestructuración policial en Sevilla. El sindicato alegó que la información es necesaria para la defensa laboral y que los límites de seguridad no son aplicables por la antigüedad del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio afirma que el informe no existe.
Una persona solicitó al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía copias de anteproyectos y proyectos de regadío. El Colegio denegó el acceso alegando seguridad pública, funciones de control y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos omitiendo solo la información técnica que comprometa la seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información y conclusiones de una auditoría sobre la renovación de flota de trenes. El solicitante alegó que es un asunto de interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la auditoría seguía abierta, considerándose información en curso de elaboración.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible copia de una auditoría sobre la renovación de flota de trenes. El solicitante alegó que el documento ya estaba cerrado y que la denegación era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información estaba en curso de elaboración según el art. 18.1.a de la LTAIBG.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre el proceso selectivo de consolidación de policías portuarios y sus bolsas de trabajo. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de los seleccionados y bolsas, pero deniega la comparativa de bolsas por no ser información preexistente.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco datos sobre inspecciones y personal vinculado a las Directivas Marco del Agua y de Nitratos (2013-2023). Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó la falta de datos específicos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación al considerar insuficientes las denegaciones.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre muertes en prisiones (2010-2022). Tras una respuesta parcial, la solicitante alegó que no se detallaron la fecha ni el centro de tres casos de responsabilidad disciplinaria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el Ministerio no justificó el límite legal invocado.
Una sociedad solicitó al Ministerio para la Transformación Digital información sobre el estado de unas denuncias, copia del expediente de actuaciones previas y la resolución de inicio de expediente sancionador. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal, aunque confirma que la denegación de los documentos es válida.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior la Instrucción 8/2019 sobre quejas y sugerencias. El Ministerio denegó el acceso alegando falta de carácter normativo, perjuicio a funciones de inspección y clasificación de difusión limitada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información por falta de justificación de los límites.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad el primer informe mensual de seguimiento de Cruz Roja sobre el teléfono 024. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el informe al no justificarse la inadmisión ni los límites alegados.
Retransmisiones Digitales, SL solicitó a la CNMC información sobre un expediente sancionador y copia de las actuaciones previas. La CNMC estimó parcialmente la solicitud, denegando el acceso a las actuaciones previas por considerarlas información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior el Informe de Inspección 2023/0050 sobre una denuncia por violación de la intimidad. El Ministerio denegó el acceso alegando oposición de la denunciada y confidencialidad inspectora. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega del informe previa disociación de datos personales.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de días de descanso por superación de jornada (DSJ) y los horarios de servicio que los generaron para dos mandos de la Guardia Civil. El reclamante alegó que es información pública y no datos privados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por prevalecer el interés público sobre la limitada incidencia en la protección de datos.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Málaga el listado y documentación de bajas incentivadas desde 2019. Tras la denegación del organismo, el reclamante alegó la existencia de precedentes favorables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información anonimizada al no justificarse los límites alegados.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud el acceso a actas de inspección de locales de McDonald's y 100 Montaditos (2017-2022). El solicitante alegó que los datos personales podían anonimizarse y que existe un interés público. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estimó la reclamación, obligando a entregar la información anonimizada.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior la documentación justificativa de una subvención concedida a Cruz Roja. La solicitante alegó que la información ya existía y había sido evaluada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la documentación estaba en proceso de verificación, considerándose aún en curso de elaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información detallada sobre licitaciones de obras de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas (2009-2023). Tras una denegación inicial basada en límites de seguridad, el Ministerio alegó posteriormente que la información es pública en la web de contratación. El CTBG estima la reclamación por razones formales debido al retraso en el reconocimiento del derecho.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información técnica y de funcionamiento del sistema MAX (supervisión de horas extras). El Ministerio denegó parcialmente alegando perjuicio a la inspección y control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la denegación fue genérica y no justificó el perjuicio concreto.
Se solicitó a la CNMV información sobre la cotización de empresas españolas en la bolsa estadounidense, especialmente respecto al caso de Ferrovial. El solicitante alegó que la información es de interés público y no es auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la 'Nota de análisis' por no ser información meramente accesoria.
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo a expedientes sobre la supervisión de costes COVID de AENA. Tras una estimación parcial de la CNMC que denegó la contabilidad analítica, Ryanair reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestimó la reclamación al considerar que la CNMC justificó correctamente la confidencialidad de los datos estratégicos.
RYANAIR solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA 2023. Tras una estimación parcial de la CNMC, la empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación al considerar que la CNMC justificó correctamente la confidencialidad de la contabilidad analítica de AENA.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco información sobre denuncias y sanciones por irregularidades laborales en centros penitenciarios. Tras una denegación inicial basada en el deber de sigilo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración acabó facilitando la información disponible.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco las resoluciones de expedientes sancionadores contra una empresa. Tras el silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración finalmente respondió informando de la inexistencia de resoluciones firmes y remitiendo informes previos.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco los expedientes de inspección de la empresa GMS Management Solutions. Tras una denegación presunta por silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración respondió fuera de plazo y en un expediente incorrecto.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el informe de inspección de la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario no urgente. Tras la denegación del Departamento, el interesado presentó reclamación ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, la cual decidió inadmitir la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó al Ayuntamiento de Planes d’Hostoles actas de inspección sanitaria y datos de registro de varios establecimientos. El Ayuntamiento alegó que la competencia estaba delegada en el Consorci SIGMA y citó límites de confidencialidad comercial. La GAIP estima parcialmente el acceso y ordena retrotraer el proceso para que el Ayuntamiento derive la solicitud al Consorci SIGMA.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidad información sobre los costes de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), interpuso reclamación. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación y obliga a la Consellería a dictar una resolución expresa sobre la solicitud en el plazo de 10 días hábiles.
Se solicitó a la AEAT el Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA) 2019-2023, sus modificaciones y sus informes de cumplimiento. El reclamante alegó silencio administrativo y falta de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la aprobación del plan por el Ministro al no ser información auxiliar ni afectar la inspección.
Se solicitó a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica del SAS las actas e informes de una alerta alimentaria sobre aceite de oliva. El reclamante alegó que son documentos públicos y que no es necesaria la condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar investigaciones en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de 11 expedientes de actuaciones previas derivados de sus propias denuncias. Alegó contradicción ya que el Ministerio admitió que estaban archivados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque, al estar archivados, no existe perjuicio a la investigación ni control administrativo.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato de formación de 2019. El interesado alegó que la investigación judicial afecta a la expresidenta y no al Puerto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso actual supondría un riesgo real para la igualdad de las partes en el proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Una sociedad solicitó a la CNMC información sobre las actuaciones derivadas de una denuncia contra un operador de telecomunicaciones. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la CNMC no respondió en plazo, aunque posteriormente facilitó la información sobre el estado del trámite.
Una trabajadora solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco el acceso a un expediente administrativo de inspección contra su empresa. El organismo denegó el acceso alegando el deber de sigilo y la existencia de un proceso judicial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
ASVAD INTL SL solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) información sobre un proceso de evaluación de válvulas, una denuncia sobre seguridad nuclear y detalles de sus cuentas anuales. El reclamante alegó falta de respuesta y denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al CSN a facilitar los datos económicos.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena expedientes completos de dos contratos menores de asistencia jurídica. El organismo denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación y confirma la denegación basándose en el riesgo real de alterar el equilibrio de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el dictamen A.G. Entes Públicos 116/21 sobre bajas incentivadas en Puertos del Estado. Alegó que el documento no fue creado específicamente para el proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión del informe perjudicaría la estrategia procesal y la igualdad de armas en el juicio.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el acceso a los formularios de comunicación de titulados españoles en buques de terceros países. La solicitante alegó que los titulados suelen ser personas jurídicas y que no hay daño al revelarlos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que son personas físicas y procede la disociación de datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
Se solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) la base de datos completa del visor de expedientes. El reclamante alegó que la información es accesible para ejercer la acción pública. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de datos de personas jurídicas y de personas físicas previa disociación.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el detalle de las desviaciones tratadas en reuniones de seguimiento con la empresa PWC GmbH entre 2017 y 2021. Tras la denegación de la CELAD, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información ya fue facilitada previamente y que el detalle solicitado requeriría un informe ad hoc desproporcionado.
Se solicitó a la CNMC la relación de personal no funcionario que participó en tres inspecciones concretas. El solicitante alegó que la CNMC aplicó incorrectamente los límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando retroceder las actuaciones para dar audiencia a los afectados y posteriormente facilitar la información.
El interesado solicitó acceso al expediente sancionador completo y a las inspecciones de la resolución Obra Civil 2 S/0021/10 a la CNMC. La administración denegó el acceso alegando un régimen especial de confidencialidad y la falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que la confidencialidad no es absoluta y no se justificó el daño.
Se solicitó a la Agència Catalana de Consum información sobre los trámites de un expediente sancionador relativo a un contador de agua. El solicitante reclamó ante la GAIP la desestimación parcial y la inadmissió de su petición. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco actas de inspección y datos de control de cuatro establecimientos alimentarios. Tras una estimación parcial que denegó las actas por riesgo de perjudicar la labor inspectora, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena el acceso a las actas, previo anonimizado de datos personales.
Un investigador solicitó a la Consejería de Salud de La Rioja informes y actas de inspección sobre una alerta de botulismo de 2016. Tras una concesión parcial, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estima la reclamación al considerar que predomina el interés público sobre la salud frente a la confidencialidad administrativa.
La asociación APEDANICA solicitó a la CNMC datos sobre el uso del sistema Cellebrite en inspecciones. La CNMC denegó el acceso alegando riesgo para sus funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos estadísticos y fechas, pero manteniendo la reserva sobre el desglose de dispositivos y consentimientos.
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