Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior las máximas velocidades detectadas por radares de la DGT entre 2015 y 2024. La administración denegó el acceso alegando perjuicios a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó al Ministerio del Interior (DGT) las cinco máximas velocidades detectadas por radar, desglosadas por año y lugar, entre 2015 y 2024, y la máxima histórica. La DGT denegó el acceso por perjuicio a funciones de vigilancia y seguridad pública. El reclamante alegó denegación total. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la DGT entregó la información (velocidad, año, provincia) tardíamente, fuera del plazo legal.
El solicitante pidió copia de las cartas de emplazamiento del procedimiento de infracción (2014) 4334 ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Alegó que la denegación afectaba al debate público y al derecho de defensa de las asociaciones judiciales. El CTBG desestimó la reclamación al confirmarse que la Comisión Europea requiere la confidencialidad para proteger sus actividades de investigación en curso.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores acceso a las cartas de emplazamiento del procedimiento de infracción INFR(2014)4334 de la UE contra España, relativo a jueces sustitutos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación. La divulgación perjudicaría la investigación y negociación en curso, según la Comisión Europea y la jurisprudencia del TJUE, y no se acreditó un interés público superior.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior información sobre el sistema de IA PerfilNet.Pyros usado por el SEPRONA. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, al considerar que los datos son administrativos y no justifican un daño real a la seguridad o la investigación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda el informe de auditoría de la IGAE sobre el personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (2023-2024). La administración denegó el acceso alegando límites por procesos judiciales, funciones de inspección y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega del informe debidamente anonimizado.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el uso del sistema de IA PerfilNet.Pyros por el SEPRONA. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública e investigación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica, desproporcionada y no justificó el daño, además de que parte de la información ya era pública y la transparencia algorítmica es fundamental.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda (derivado a la AP Valencia) el informe de auditoría de cumplimiento y operativa de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (2023-2024) realizado por la IGAE. La AP Valencia denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información es pública, los límites invocados no fueron justificados ni proporcionados, y los datos personales pueden anonimizarse.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información sobre inspecciones y sanciones a establecimientos turísticos. La Consejería denegó parcialmente la información sobre sanciones alegando límites por daño a intereses económicos/comerciales y protección de datos. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando completar la información y retrotraer el procedimiento para dar audiencia a las personas jurídicas sancionadas, al considerar que los límites no se aplicaron correctamente y la protección de datos no aplica a personas jurídicas.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior información sobre la existencia, identificación y estado de expedientes de inspección. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la administración debió facilitar la información disponible (existencia y número) sin esperar a la reclamación.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre expedientes administrativos incoados a raíz de sus denuncias por irregularidades en contratos (existencia, número, estado y resolución). El Ministerio denegó inicialmente por información en elaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la información completa (existencia y número de expedientes) fue proporcionada tardíamente, aunque considera justificada la denegación del acceso al contenido de los expedientes en curso por el límite de perjuicio a las funciones de inspección.
El Ayuntamiento de Vila-real solicitó a la Conselleria de Servicis Socials el expediente completo sobre el cierre del centro geriátrico Madrigal. Tras una estimación parcial que denegó los trámites de ejecución forzosa, el Consejo Valencià de Transparència estima la reclamación, ordenando la entrega de dicha información al no considerarse aplicables los límites alegados.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad las resoluciones sancionadoras firmes desde 2022 por faltas graves y muy graves en igualdad y accesibilidad. La administración alegó inexistencia de sanciones. El reclamante recurrió por considerar que la información preexiste. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación al entender que la inexistencia de la información impide encuadrarla en el concepto legal de información pública.
El reclamante solicitó conocer las diligencias previas o el acuerdo de inicio de un expediente tras una denuncia de consumo. La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva respondió con un informe de actuaciones, pero el interesado consideró insuficiente. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para dar audiencia a terceros.
Se solicitó al Ministerio de Transportes informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal en Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2023). El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes de 2019-2021 anonimizados. Consideró que los límites invocados no estaban justificados y que la anonimización es posible, basándose en un precedente. Los informes de 2022-2023 se deniegan por inexistencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid acceso a datos detallados de inspecciones alimentarias de 2022. La administración alegó inadmisión por necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por presentarse fuera de plazo y por estimar fundadas las causas de inadmisión alegadas.
El ciudadano solicitó a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda el informe de una inspección sobre el Punto de Encuentro de Alcoi. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que el documento es decisivo y afecta al interesado.
El reclamante solicitó acceso al expediente de innovación del PGOU de Ronda. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando la necesidad de acreditar condición de interesado, la falta de concreción y la presencia de datos personales o información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, indicando que el objeto fue bien delimitado.
El reclamante solicitó a la AEAT información estadística sobre investigaciones de material sanitario en pandemia y datos de empresas afectadas. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos estadísticos al no comprometer las investigaciones, pero deniega el acceso a la información específica de empresas y expedientes por afectar a la reserva tributaria y a investigaciones en curso.
El reclamante solicitó a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social acceso a una denuncia y documentos relacionados presentados contra él por una compañera. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque fue interpuesta fuera del plazo legal de un mes desde la notificación de la respuesta inicial, considerándola extemporánea.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada los resultados de inspecciones de sanidad y seguridad en locales de hostelería (2019-2023), incluyendo nombres, direcciones y deficiencias. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración excesiva de la información y por afectar a intereses económicos y funciones de control.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial documentos y actas de la Comisión Interministerial de seguimiento de controles oficiales en frontera. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando las actas por posible perjuicio a funciones de control. El reclamante alegó jurisprudencia del TS que ampara el acceso a actas. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar la justificación del Ministerio insuficiente y no haber entregado el resto de la documentación sin alegar causa.
El reclamante solicitó al Servei Català de la Salut las preguntas y plantillas de procesos selectivos. Tras la denegación de la administración, el interesado interpuso simultáneamente un recurso de reposición y una reclamación ante la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña inadmitió la reclamación por ser prematura y existir doble impugnación.
La Asociación Impulso Ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda expedientes sobre la restitución de inmuebles en Francia al PNV. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó la finalidad abusiva ni la existencia de procedimientos en curso que justifiquen la denegación.
Reclamante solicitó actas de inspección sanitaria a un local al Ayuntamiento de Madrid. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que el límite de intereses económicos y comerciales prevalece sobre el interés público en este caso concreto.
El reclamante solicitó a la AEAT el número de funcionarios en Cataluña en dos fechas y el de aquellos que se trasladaron fuera de Cataluña. La AEAT concedió parcialmente los dos primeros puntos, pero denegó el tercero para Vigilancia Aduanera por límites de seguridad (Art. 14.1 LTAIBG) y lo inadmitió para el resto por exigir reelaboración compleja de datos dispersos (Art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo desestima la reclamación, confirmando la decisión de la AEAT.
La reclamante solicitó a la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación el acceso al expediente de inspección de una residencia de mayores. Tras denegación parcial, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la documentación deriva de actuaciones inspectoras previas a un procedimiento administrativo y su divulgación podría comprometer la eficacia de las funciones de vigilancia y control, aplicando el límite del art. 14.1.g) de la LTAIBG.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo informes de nivelación con datos de mediciones de regletas. La administración inadmitió la solicitud alegando que se trataba de información auxiliar o de apoyo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que, aunque no es auxiliar, opera el límite de vigilancia, inspección y control al poder perjudicar las funciones de seguimiento de la Administración.
El interesado solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la identidad (nombres y apellidos) y la geolocalización de los sujetos en 130 expedientes de restablecimiento de la legalidad. Alegó interés público para controlar la inacción administrativa y posibles irregularidades. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación por proteger la privacidad de los datos personales.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre modelos específicos de cinemómetros de la DGT, incluyendo su estado técnico, fecha de adquisición y tipo (fijo/móvil). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que las limitaciones alegadas por el Ministerio (seguridad, prevención de ilícitos, carácter abusivo de la solicitud) no estaban justificadas ni eran proporcionadas, y la información no estaba disponible públicamente como se afirmó.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Torrelodones documentación técnica, informes y actas de inspección de licencias de obras. El Ayuntamiento concedió acceso parcial alegando desproporción y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes técnicos y jurídicos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid los resultados de inspecciones de incendios y su protocolo. La administración denegó alegando necesidad de reelaboración y límite de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la extracción de datos requería una carga operativa excesiva y que facilitar la información podría entorpecer las funciones inspectivas municipales.
Una fundación solicitó a la Junta de Extremadura información sobre un núcleo zoológico (registro, datos públicos, inspecciones). La administración denegó la solicitud alegando límites de protección de datos, intereses económicos y funciones administrativas. El tercero afectado se opuso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, dictaminando que los límites no estaban justificados y prevalece el interés público, ordenando entregar la información disociando datos personales irrelevantes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Educación los requerimientos emitidos a la Generalitat de Cataluña sobre la adecuación de currículos a la normativa estatal y la información previa. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la información previa por ser auxiliar (art. 18.1.b LTAIBG) pero concediendo el acceso a los requerimientos, al considerar que la actuación inspectora había finalizado y su divulgación no perjudicaba las funciones de vigilancia (art. 14.1.g LTAIBG).
El sindicato ADN Sindical solicitó a ADIF el número de horas descubiertas por la empresa Prosegur en 2024. ADIF denegó el acceso alegando límites de seguridad pública y que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información solicitada, al ser genérica y de un periodo pasado, no compromete la seguridad ni es auxiliar, por lo que los límites no están justificados.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
El reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las "órdenes de servicio" de expedientes de actuaciones preliminares de información desde septiembre de 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada revelaría la metodología de investigación y control del Ministerio, perjudicando sus funciones de vigilancia e inspección (art. 14.1.g LTAIBG) y sin un interés público cualificado.
Un reclamante solicitó a la AEAT información sobre la actuación de Hacienda respecto a una empresa liquidada con una gran deuda, incluyendo su personación en el concurso, deuda recuperada e inspecciones. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, al considerar que la Ley de Transparencia es aplicable y que la información sobre una sociedad mercantil liquidada no afecta a la intimidad, instando a la AEAT a entregar parte de la información solicitada.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Valencia expedientes sancionadores sobre contenedores de obras y expedientes del mandato de Ramón Isidro con fines investigativos. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por abusiva y requerir reelaboración. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por considerar la solicitud como una "fishing expedition" genérica y no concretada.
La Asociación solicitó al Ayuntamiento de Ronda acceso a expedientes urbanísticos sobre un vertedero y edificaciones irregulares. El Ayuntamiento denegó o declaró desistimiento alegando falta de concreción, abusividad y límites al acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información no afectada por terceros y retrotraer el procedimiento para precisar peticiones genéricas.
Se solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid información sobre el estado, motivos de cierre y posibles reaperturas de 16 residencias de mayores y otras cerradas desde 2019. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración de información y por afectar a límites legales.
El reclamante solicitó información sobre el patrimonio de Santiago de Cadós al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando que las solicitudes eran repetitivas y abusivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que el ejercicio del derecho es desproporcionado, heterogéneo y causa una sobrecarga que afecta al servicio público.
El Centre Terapèutic la Ribera, SL solicitó a la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda copia de la denuncia que originó una inspección. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y funciones de inspección. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y ordena entregar la información anonimizando los datos del denunciante.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes las grabaciones de cámaras y los informes sobre un descarrilamiento ocurrido en octubre de 2024. La administración denegó el acceso alegando que eran informaciones auxiliares y que las imágenes estaban protegidas por la Ley de Seguridad Privada. El CTBG desestima la reclamación, confirmando la denegación por la vigencia de la investigación y la protección de la privacidad.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes grabaciones de cámaras e informes sobre un descarrilamiento ferroviario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Denegó los informes por perjuicio a una investigación en curso (Art. 14.1.e LTAIBG) y las grabaciones por su carácter reservado y uso restringido a investigaciones policiales/judiciales (Art. 42.4 Ley 5/2014).
Una asociación solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre el estado y resultado de un expediente sancionador contra la promotora del Reggaeton Beach Festival. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, validando la denegación de acceso por perjudicar las funciones de inspección y el deber de sigilo profesional del inspector.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Hormigos copias de solicitudes de asistencia a la Diputación, informes técnicos/jurídicos de licencias de obras y la relación jurídica de arquitectos municipales. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerar las dos primeras peticiones imprecisas y abusivas respectivamente.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre los elementos de autoprotección de la Policía Portuaria. El reclamante alegó la falta de respuesta tras expirar el plazo legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, debido al incumplimiento de los plazos de respuesta obligatorios para la administración.
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