Reclamación de acceso a escrito de queja contra docente en CEIP Noelia Gómez Montessori desestimada por protección de datos y funciones de inspección

RESOLUCIÓN 169/2024 S/REF: 1320509Q REF Interna RE0307 Fecha: La de la firma Reclamante: Dirección; Consejería de Educación, cultura y deportes. Resolución: DESESTIMAR ASUNTO: RECLAMACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 19 de mayo se presenta, en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y buen gobierno de Castilla- La Mancha escrito con registro de entrada nº 307 , de en relación con petición de acceso a información solicitada al Ceip Noelia Gómez Montesori en la que pone de manifiesto lo siguiente: “Solicito el acceso y copia a un escrito de queja presentado, en el CEIP “Noelia Gómez Montessori” de Seseña (Toledo) por un número de indeterminado de padres y que tiene por objeto señalar unas presuntas irregularidades que comete la maestra en relación con el trabajo que realiza con sus hijos e hijas.” 1. Con fecha 24 de mayo se remite escrito al CEIP y para que procedan al traslado del expediente y manifiesten cuanto consideren oportuno. 2. Con fecha 27 de junio se recibe escrito de la Consejería de Educación, cultura y deportes en relación a la reclamación presentada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- Vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, Transparencia y Buen gobierno, se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 2.-Visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. 3.- Igualmente el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Buen gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. 4.-La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 5.- En el presente caso, debe partirse del hecho de que la información solicitada se enmarca, en primer término, en el ámbito de la función directiva del centro educativo en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Las actuaciones realizadas por el equipo directivo o por la inspección de educación en el marco de las citadas funciones directiva e inspectora, respectivamente, no ha dado lugar a un expediente o procedimiento concreto ni a la apertura de actuaciones previas a un procedimiento disciplinario, a cuyo acceso podrían tener derecho las personas interesadas. En concreto, las actuaciones de supervisión e intervención llevadas a cabo por la Inspección de Educación en Toledo con el centro educativo han de identificarse con las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control que constituyen uno de los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si bien la aplicación de este límite se manifiesta especialmente durante la tramitación de un procedimiento para no perjudicar la investigación a realizar, el acceso que se pudiera conceder a un expediente ya cerrado vulnerando la confidencialidad de las personas que han puesto de manifiesto una queja o determinada situación para que actúe la Inspección de Educación, también podría tener consecuencias en posteriores actuaciones de inspección, en la medida en que se quiebre la confianza en la confidencialidad de la participación de cualquier interviniente. A este perjuicio en las funciones de inspección se ha referido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en algunas resoluciones, entre ellas, en su Resolución de 6-11-2015 (Ref.: R/0258/2015), cuyo F.J. 4, in fine, indica: “…Asimismo, este Consejo de Transparencia ha interpretado que las funciones de vigilancia, inspección y control también pudieran verse perjudicadas cuando el acceso a la información solicitada pudiera suponer que se desvelaran procedimientos o métodos de trabajo cuyo conocimiento, con carácter previo y general, pudieran comprometer el correcto desarrollo y tramitación de un concreto expediente. A juicio de este Consejo, el acceso a la información que se solicita, teniendo en cuenta que se trata del acceso a la documentación obrante en un expediente generado a raíz de una denuncia del propio reclamante respecto de una determinada actuación policial, pudiera perjudicar el desarrollo de las facultades de inspección y control que, con carácter general, vienen atribuidas a la IPSS”. Igualmente, tal como indica la Consejería, debe tenerse en cuenta que dicho documento contiene información que constituyen datos personales de terceros fácilmente identificables (en este caso, las propias personas firmantes del mismo) por lo que resulta también de aplicación el límite al acceso derivado de la protección de datos personales. Concretamente, aplicando la ponderación establecida en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, entre el interés público (o privado) que pueda tener la reclamante en el acceso a la información solicitada y el respeto del derecho de protección de datos personales de los firmantes del documento, entendemos resultaría prevalente la protección de datos personales, ya que la identificación de estas personas no aporta ningún elemento relevante en cuanto a los fines de la transparencia, en lo que se refiere a la posibilidad de control o sometimiento a escrutinio de las decisiones de los responsables públicos, ni para conocer cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, de acuerdo con el preámbulo de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ya que se trata, en definitiva, de determinadas familias que trasladan al centro educativo algunas consideraciones generales acerca de la práctica docente de esta persona. Y por otra parte, de considerarse que debe trasladarse a la reclamante el citado documento sin omisión de datos personales de los firmantes, resultaría en todo caso de aplicación lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en el artículo 32.3 y 4 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de forma que debería darse traslado de la solicitud a dichas afectadas concediéndoles el plazo previsto para formular alegaciones, tal ha como ha puesto de manifiesto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio C1/001/2020, de 5 de marzo de 2020, según el cual debe darse audiencia al/a los interesado/s identificables cuyos datos personales se vean afectados durante un plazo suspensivo de 15 días, conforme al art. 19.3 LTE. En cuanto a su condición de interesada, en el supuesto de considerarse que la reclamante ostenta la condición de interesada de un procedimiento en curso, resultaría de aplicación lo previsto en el apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, según la cual “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Es decir, el acceso a dicha información por la solicitante, caso de ser interesada, se efectuaría en ejercicio del derecho previsto en el artículo 53.1, letra a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que incluye, entre los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo, el “derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”… “Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”. III. RESOLUCIÓN Por todo lo anterior y observando el expediente remitido se puede concluir que se debe DESETIMAR la reclamación presentada por los motivos expuestos en el presente informe. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno11, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.