Solicitud de licencias de terrazas y plano de ocupación en la Plaza Martínez Zaporta de Logroño, desestimada en el fondo por afectar a inspecciones en curso, pero estimada formalmente por falta de respuesta de la administración

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 8 de junio de 2024 el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), al Ayuntamiento de Logroño, la siguiente información: «Copia de todas las autorizaciones de licencias de terrazas en vigor concedidas por el Ayuntamiento de Logroño en la Plaza Francisco Martínez Zaporta de Logroño. O sea, un plano en el que estén representados todos los espacios para la hostelería en la plaza, así como las condiciones de funcionamiento, estéticas, mesas, horarios, etc». 2. No consta respuesta de la Administración concernida. 3. Ante la falta de respuesta dada a su petición, el solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, Consejo) a la que se da entrada el 9 de julio de 2024. RA CTBG Número: 2025-0073 Fecha: 18/02/2025 4. Con fecha 10 de julio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación a la Administración reclamada solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información con las alegaciones que se consideren pertinentes. 5. Con fecha 5 de agosto de 2024 se recibe en este Consejo contestación al requerimiento efectuado que incluye un informe de la Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, en el que se hace constar la realización de inspecciones en la Plaza Martínez Zaporta para el control y vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza reguladora de Quioscos y Terrazas de la ciudad de Logroño, razón por la que la Administración concernida invoca la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.g) de la LTAIBG, al estimar que proporcionar al reclamante la información solicitada podría poner sobre aviso a los propietarios de las terrazas inspeccionadas, así como advertir a los dueños de los establecimientos de posibles sanciones, suponiendo, por tanto, aquella información un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Asimismo, se invoca la concurrencia de la causa de inadmisión consagrada en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG que establece que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley, al argumentarse que el reclamante ha presentado reiteradas denuncias, solicitudes y quejas relacionadas con la materia objeto de la solicitud de información, afectando de esta manera al normal funcionamiento de los servicios públicos encomendados al Ayuntamiento. 6. En el trámite de audiencia concedido al efecto, el reclamante manifiesta su disconformidad con el contenido de las alegaciones formuladas por la Administración. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. RA CTBG Número: 2025-0073 Fecha: 18/02/2025 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Conejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a licencias de terrazas de establecimientos en un determinado emplazamiento. 5. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso econ/convenios/conveniosCCAA.html deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 6. Como se ha expuesto en los antecedentes, la Administración concernida invoca la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) LTAIBG —tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley— así como la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.g) LTAIBG — por suponer el acceso a la información solicitada un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control—. 7. Por lo que atañe a la denegación del acceso a la información alegando la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.g) de la LTAIBG, referido al perjuicio a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control cabe señalar que, este Consejo, en el Criterio Interpretativo CI/02/2015, de 24 de junio, en relación a la aplicación de estos límites, señala que: (a) los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación, ni absolutamente en relación con los contenidos; (b) su aplicación no será, en ningún caso, automática, debiéndose analizar, por el contrario, si la estimación de la petición de información supone un perjuicio concreto, definido y evaluable (test del daño), no pudiendo afectar o ser relevante para un determinado ámbito material; y, finalmente (c) su aplicación ha de ser justificada y proporcional, atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público). No puede obviarse que este Consejo ha refrendado la aplicación de este límite por parte de la Administración cuando las actuaciones de investigación (en el marco de las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control) se encuentran en BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y curso, en la medida en que el conocimiento público de lo actuado y la información obtenida puede afectar seriamente al correcto desarrollo del mismo. Se subraya, así, que el objeto y fin de protección de este límite es garantizar la buena marcha de esas actuaciones de inspección o de vigilancia, y garantizar que sus objetivos no se vean comprometidos con la divulgación de la información, bien mientras se estén llevando a cabo, bien respecto de la planificación o previsión cuando el conocimiento de esas actuaciones frustraría su propia finalidad. 8. En el presente caso, como se ha expuesto en los antecedentes, la entidad reclamada manifiesta que en el momento actual tiene en marcha un plan de inspecciones en la Plaza Martínez Zaporta para el control y vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza reguladora de Quioscos y Terrazas de la ciudad de Logroño, y que proporcionar al reclamante la información solicitada supondría un perjuicio al normal desarrollo de las actuaciones de control e inspección de las terrazas de la zona en cuestión. A la vista de ello, se considera que se ha justificado de manera adecuada, y proporcionada a su objeto y finalidad, la aplicación del límite al acceso. No obstante, procede precisar que, por su propia naturaleza, el límite del artículo 14.1.g) LTAIBG tiene una vigencia temporal limitada al período en el que se estén llevando a cabo las funciones protegidas y se haya adoptado la consiguiente resolución, sin que, como regla, se pueda aplicar una vez que el procedimiento haya concluido. En consecuencia, la restricción actual del acceso no determina la imposibilidad de conocer la información en el futuro, una vez concluido el procedimiento. 9. Por las razones expuestas, se ha de desestimar la reclamación en cuanto al fondo. Sin embargo, no cabe desconocer que el ayuntamiento requerido no ha contestado a la solicitud de acceso en el plazo legalmente establecido. Ello determina que proceda estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido y haber sido necesaria la interposición de un recurso ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Logroño (La Rioja). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez