Reclamación de acceso a la información sobre el estado de tramitación y documentación de actuaciones previas derivadas de denuncias ante el CSD, resultando en desestimación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la entidad reclamante solicitó el 10 de julio de 2022 al CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Acceso al estado de tramitación y toda la documentación obrante en los expedientes administrativos referidos a las denuncias de 13 de junio (contra el Presidente de la RFEF y su Vicesecretario General, nº de registro 73182) y 1 de julio de 2022 (contra el Vicesecretario General de la RFEF, nº de registro 73474), tramitadas al Presidente del Consejo Superior de Deportes para su traslado al Tribunal Administrativo del Deporte. No se trata de acceder al contenido del expediente sancionador, de existir, sino a las actuaciones administrativas previas realizadas en orden a dar traslado de las S/REF: 001-070753 N/REF: R-0765-2022 / 100-007292 [Expte. 1310-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: CO NSEJO SUPERIOR DE DEPORTES / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Información solicitada: Situación procedimiento administrativo tras denuncia R CTBG Número: 2023-0307 Fecha: 27/04/2023 denuncias al órgano disciplinario competente, Tribunal Administrativo del Deporte, siendo la presentación a través del Consejo Superior de Deportes el cauce obligado que establece el artículo 84.1.b de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte.» 2. El CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE dictó resolución con fecha 21 de julio de 2022 en la que contestó a la entidad solicitante lo siguiente: « (…) Como supuesto previo, y pese a que la parte solicitante invoca la LTAIBG, es pertinente indicar que para el caso que refiere, la tramitación obedecería a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP en adelante) y no a la LTAIBG. La solicitud efectuada no cumple con el requisito de información pública, ya que tal norma no recoge solicitudes de información dirigidas a obtener contestaciones de carácter procedimental, como es el caso. A título informativo, si la parte solicitante hubiera instado los procedimientos que menciona en su escrito, o bien se considerara parte interesada en los mismos, ha de conocer las previsiones que la LPACP establece en lo que se refiere a plazos y las distintas fases del procedimiento administrativo, incluidas las que refiere como eventuales actuaciones previas. En relación con las solicitudes de información que los interesados o los que estimen tener tal condición, pueden dirigir a la Administración y el derecho de acceso que se regula en relación con las mismas, lo establece la LPACAP en su artículo 4. En este sentido, conviene diferenciar lo que es el acceso a la documentación de los expedientes que tienen los interesados en un procedimiento administrativo, respecto a la finalidad de las solicitudes de información pública que están reguladas en la LTAIBG y que se refieren a cuestiones de conocimiento general por la ciudadanía como ya se adelantó anteriormente. Es por ello, que conforme a lo previsto en su artículo 53 la LPACAP, cualquier interesado o reúna la condición de tal en un procedimiento puede ejercer los derechos que le asisten y en su caso, deducir las reclamaciones o recursos que estime procedentes, pero todo ello siguiendo las previsiones de la LPACAP y no las de la LTAIBG ni a través del portal de transparencia. Considerando lo expuesto, procede la inadmisión a trámite de la solicitud planteada de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la LTAIBG.» R CTBG Número: 2023-0307 Fecha: 27/04/2023 3. Mediante escrito registrado el 20 de agosto de 2022, la entidad solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: « (…) Pero esta parte no ha solicitado una “contestación de carácter procedimental”, desconocemos de dónde obtiene el Consejo Superior de Deportes esa información o conclusión. Es muy claro que lo que se ha solicitado (reproducimos literalmente) es “Acceso al estado de tramitación y toda la documentación obrante en los expedientes Administrativos (…). De manera que si no las traslada, las denuncias nunca generan la incoación de expediente disciplinario, es el equivalente a una inadmisión o desestimación y archivo de las mismas. Obviamente, la decisión de trasladar o no las denuncias no puede ser arbitraria y libremente discrecional, debe obedecer a una fundamentación ajustada a Derecho y que como actividad administrativa que constituye, es recurrible. Y precisamente lo que se solicita es acceso a dicha información pública, a las actuaciones realizadas para decidir si se traslada o no la denuncia, en particular a las actuaciones previas realizadas, informes sobre los que se ha basado la resolución adoptada para dar traslado o no hacerlo, etc. (…) El interesado en un procedimiento es además ciudadano, y como tal (de ahí el artículo 13, in fine, de la Ley 39/2015), puede optar (“sin perjuicio de”) por una u otra vía. Lo que no sucede a la inversa, el ciudadano general no puede optar por la vía del artículo 53 de la LCAPAP, debe hacerlo necesariamente a través de transparencia. Lo que el Consejo Superior de Deportes hace es invertir el sentido del precepto. (…) El Consejo Superior de Deportes no ha reconocido ni a mi persona ni a LALIGA la condición de interesados en calidad de denunciante, pese a que se solicitó en la primera denuncia (…) Y también se solicitó en la segunda denuncia. (…) A esta parte le encantaría que el Consejo Superior de Deportes le concediera la condición de interesada en dichos procedimientos o actuaciones derivados de las denuncias, pero es que el propio Consejo Superior de Deportes tiene por criterio negarse a reconocer dicha condición, sosteniendo que en este tipo de actuaciones o procedimientos no existe interesado, por lo que es imposible que podamos solicitar la información a través de los artículos 53 y 4 de la LCAPAP, como se nos argumenta para inadmitir la solicitud por la otra vía. (…) En el presente supuesto, nos encontramos que la información solicitada incurre en un doble interés, público y privado. - Público dado que los denunciados son el presidente un alto cargo de una Federación deportiva española, entidad que ejerce funciones públicas delegadas (artículos 30 y 33 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte) y que percibe ingresos de naturaleza pública, existiendo conductas denunciada que guardan relación con posibles irregularidades económicas. - Privado dado que en las conductas denunciadas se encuentran algunas dirigidas a perjudicar o que han perjudicado ya a esta Liga Profesional, y a la persona de su Presidente, entidad que por otra parte aporta vía convenio de coordinación importantes cantidades económicas a la RFEF. (…) La información solicitada ha sido recepcionada, tramitada y/o elaborada por el Consejo Superior de Deportes y obra en su poder en calidad de actuaciones administrativas, siendo una entidad del Sector Público sujeta al artículo 13 de la LCAPAP y a la LTAIBG. Por tanto, procede conceder el acceso solicitado. El Consejo Superior de Deportes no ha argumentado ningún motivo oponible ajustado a Derecho para inadmitir la solicitud, y que los argumentados, como hemos visto y respecto de los que se ejerce el derecho de defensa, no son aplicables. El Consejo conoce perfectamente los criterios mencionados en fundamento anteriores, por lo que nos limitaremos a confirmarlos con algunas resoluciones, siendo muchas más las que resultan alegables de modo ejemplificativo. 8.1. Resoluciones administrativas 8.1.1. Resolución 499/2016, de 21 de febrero de 2017, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (…) 8.1.2. Resolución de 24 de julio de 2020 de la Comisión de transparencia de Galicia (…) 8.1.3. Acuerdo AIP 32/2016 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 8 de junio de 2016 (…) 8.1.4. Resolución 26/2017, de 6 de noviembre 2017, del Consejo de Transparencia de Aragón (Reclamación 4/2017) (…) 8.1.5. Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública / Comisionado de Transparencia en Cataluña (GAIP) (…) 8.1.6. Comisionado de transparencia de Canarias (Resolución 2018000041, 13 de diciembre de 2018) (…) 8.2. Resoluciones jurisdiccionales 8.2.1. Sentencia 107/2022, de 14 de junio de 2022, del Juzgado central de lo contencioso administrativo nº 10 (…) 8.2.2. Sentencia del TSJ de Galicia, sala de lo contencioso-administrativo, de 2 de julio de 2021, recurso 7403/2020 (…).» 4. Con fecha 25 de agosto de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE a fin de que presentase las alegaciones que considerase pertinentes. El 30 de agosto de 2022 se solicitó ampliación de plazo, el cual fue concedido por el Consejo ese mismo día. El 19 de septiembre de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «I. Las actuaciones del CSD en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 55.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en virtud de lo previsto en la 84.1.b) de la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte son información reservada. Tal y como ha señalado el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en la Resolución de 18 de febrero de 2021 recaída en el expediente TAD número 386/2020 y en la Resolución de 15 de septiembre de 2021 recaída en el Expediente TAD número 361/2021, corresponden al CSD las funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia en el marco del citado precepto legal de la Ley del Deporte. Ello es así de conformidad con lo establecido el artículo 55.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, precepto que resulta de aplicación supletoria, toda vez que en materia de tramitación de información reservada no existe norma especial que resulte de aplicación al caso que nos ocupa”. Asimismo, por lo que respecta al acceso al expediente administrativo, señala igualmente que “La información previa ostenta naturaleza jurídica de actividad interna o estudio previo, de carácter reservado, tendente al esclarecimiento de la posible relevancia disciplinaria de determinados hechos, así como la identificación de posibles responsables, todo ello con el objeto de determinar la conveniencia y procedencia de incoación de un procedimiento administrativo sancionador”, concluyendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo “que por su carácter aún no existen interesados en sentido estricto ni nada prejuzga”. II. De conformidad con el criterio interpretativo CI/008/2015 de aplicación de la disposición adicional primera de la LTAIBG sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, “En opinión del Consejo la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso, etc. Por eso solo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente esos trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso”. III. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cuál sea la finalidad y duración de estas diligencias preliminares o periodo de información previa, creando un cuerpo consolidado de doctrina. Sirva a modo de ejemplo lo razonado por la Sala Tercera del Alto Tribunal en Sentencia de 13 de mayo de 2019 (Rec. Cas. 2415/2016 (RJ 2019, 1937) que, a su vez, cita otra anterior de 6 de mayo de 2015 (Rec. Cas. 3428/2012 SIC), según la cual. "Sin que haya que excluir que la Administración decida abrir formalmente un período indagatorio preliminar a un posterior expediente, nada impide que ante un indicio de irregularidad de cualquier tipo - como puede serlo una denuncia, tal como ocurrió en el presente supuesto- la Administ ración efectúe alguna indagación previa para verificar la procedencia o no de abrir un expediente sobre la cuestión de que se trate. Dicha actividad indagatoria previa, mientras no se prolongue más allá de lo estrictamente indispensable, en función de las características de la materia sobre la que verse, es perfectamente legítima.” IV. A mayor abundamiento debe recordarse el límite a la LTAIBG del artículo 14. g) “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control” que si bien como tiene oportunidad el propio CTBG de interpretar en su CI/002/2015 sobre aplicación a los límites al derecho de acceso a la información es potestativo y debe justificarse, deviene claro que en el actual caso el acceso a la documentación en período de diligencias preliminares o periodo de información previa ante una denuncia puede afectar claramente a la decisión final que el CSD debe adoptar en relación a lo dispuesto en el artículo 84.1b) de la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte. En conclusión y de conformidad con lo expuesto en el presente escrito, al entender carente de fundamento la reclamación planteada se solicita que sean tenidas en cuenta las presentes alegaciones y se acuerde el archivo de la misma.» 5. El 23 de septiembre de 2022, se concedió audiencia a la entidad reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En el momento de elaborarse la presente resolución no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la información sobre el estado de tramitación y toda la documentación obrante en las actuaciones previas referidas a dos expedientes administrativos en los que la entidad reclamante fue denunciante. La entidad requerida resuelve denegar el acceso a la información por concurrir la causa de inadmisión de la Disposición adicional primera, párrafo primero, de la LTAIBG, al considerar que «las solicitudes de información que los interesados, o los que estimen tener tal condición, pueden dirigir a la Administración y el derecho de acceso que se regula en relación con las mismas», lo establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públ icas. Posteriormente, en fase de alegaciones en este procedimiento de reclamación, añade la invocación a la existencia de un régimen específico de acceso a la información, de acuerdo con el párrafo segundo de la Disposición adicional aludida, así como la concurrencia del límite establecido en el artículo 14.1.g) LTAIBG. 4. Centrado el debate en estos términos, y por lo que concierne al pretendido desplazamiento de la LTAIBG por aplicación de lo previsto en la Disposición adicional primera, primer apartado, de la LTAIBG fundamentada en la condición de interesado del reclamante en el procedimiento, resulta necesario realizar alguna precisión. Así, la mencionada Disposición adicional primera LTAIBG (Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública) establece en su primer apartado que «[l]a normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Del tenor de la citada Disposición adicional se desprende con claridad que su aplicación, tal como ha interpretado este Consejo, exige de la concurrencia acumulativa de tres circunstancias: que exista un procedimiento administrativo concreto, que la persona solicitante del acceso tenga la condición de interesado en ese procedimiento en el que pide la información y que el mismo se encuentre en curso. Sin entrar a valorar más cuestiones, como por ejemplo la circunstancia de si el procedimiento se encuentra o no en curso, de la documentación que obra en las actuaciones no se desprende que el reclamante tenga la condición de interesado, aunque tenga la condición de denunciante. No habiéndosele concedido esta condición, no procede la aplicación de esta previsión normativa y, en consecuencia, no procede la inadmisión o la falta de respuesta a la solicitud basada en la condición de interesado del reclamante. 5. Por otro lado, y en lo que concierne a la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información, debe ponerse de manifiesto que el Consejo Superior de Deportes se limita a afirmar dicha existencia sin concretar qué disposiciones contienen ese régimen específico regulador del acceso a la información y qué consecuencias se derivan de ello. Así, es en el trámite de alegaciones ante este Consejo —y no en su resolución inicial sobre el acceso— donde cita genéricamente la interpretación que realiza el Tribunal Administrativo del Deporte (en adelante, TAD) sobre las actuaciones del Consejo Superior de Deportes en materia de investigación, averiguación e inspección, previstas en el artículo 84.1.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (actualmente derogada), para sostener que las mismas son reservadas. Así, según su alegación, el citado Tribunal define esa información previa, como la «actividad interna o estudio previo, de carácter reservado, tendente al esclarecimiento de la posible relevancia disciplinaria de determinados hechos, así como la identificación de posibles responsables, todo ello con el objeto de determinar la conveniencia y procedencia de incoación de un procedimiento administrativo sancionador.» Sin embargo tal argumentación no evidencia en absoluto la existencia de un régimen jurídico específico de derecho de acceso a la información en este ámbito. Por tanto, teniendo en cuenta la jurisprudencia dictada en relación con la determinación del contenido y alcance de lo previsto en la Disposición adicional primera, apartado segundo, recapitulada en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871) —jurisprudencia que ha hecho suya este Consejo, por ejemplo, en las resoluciones R/111/2022, de 11 de julio o R/141/2022, de 19 de julio— no se aprecia la concurrencia de las circunstancias que determinan la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información (que, debe subrayarse, tampoco especifica el órgano requerido). En efecto, según la conclusión que se extrae de la jurisprudencia mencionada «cuando la disposición adicional primera apartado segundo de la Ley de Transparencia dispone que se regirán por su normativa específica las materias que tengan previsto un régimen jurídico propio de acceso a la información, la remisión no solo comprende los supuestos en los que se contenga un tratamiento global y sistemático del derecho sino también aquellas regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes de este derecho y que impliquen un régimen especial diferenciado del general. En estos casos, este régimen especial se aplica de forma preferente a las previsiones de la ley de transparencia, quedando esta última como regulación supletoria.» Por tanto, la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación subsidiaria en los extremos no regulados en las normas sectoriales. En este caso, ni la normativa ni la interpretación que de la misma se realiza por el TAD constituyen ni una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, ni se aprecian aspectos relevantes que impliquen un régimen diferenciado. En consecuencia, tampoco puede denegarse la información solicitada por este motivo. 6. Sentado lo anterior, falta por analizar la aplicación al presente caso del límite previsto en el artículo 14.1.g) LTAIBG, partiendo de la premisa sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia(STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530) sobre la necesidad de interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, las limitaciones del derecho al acceso a la información pública, «sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información», añadiendo que «la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley.» Doctrina jurisprudencial que, en lo concerniente a la aplicación de los límites previstos en la LTAIBG, ha sido complementada, entre otras, en la STS, de 25 de enero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:574), en la que puntualizó que la «aplicación de los límites al derecho de acceso a la información está sujeta a determinados requisitos y condiciones» y «será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso (…) debiendo hacerse una ponderación de los intereses en juego, el de acceso a la información pública, por un lado, y el protegido por la limitación de que se trate.» 7. En este caso, el CSD invoca -si bien tardíamente en sus alegaciones-, el perjuicio que el acceso a la información reclamada causaría al buen desarrollo de las actuaciones de investigación que está llevando a cabo con arreglo a lo previsto en el artículo 55 LPACAP. Teniendo en cuenta que el objeto de estas actuaciones previas, según se determina en el propio artículo, es «determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros», todo ello con el fin de «conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento», y el hecho de que, según se afirma, las mismas no han concluido; la denegación del acceso a la información solicitada ha de considerarse suficientemente justificada en atención al indudable perjuicio que su revelación causaría al normal desenvolvimiento de la investigación en curso y su buen fin. Todo ello sin desconocer que, como el Tribunal Supremo ha subrayado en la Sentencia que el propio órgano reclamado cita, dicha actividad indagatoria previa es perfectamente legítima «mientras no se prolongue más allá de lo estrictamente indispensable, en función de las características de la materia sobre la que verse». En este mismo sentido, no cabe aplicar al presente caso los precedentes de este Consejo en los que ha reconocido el derecho de acceso parcial de los denunciantes a la información generada en el marco de las actuaciones previas reguladas en el artículo 55 LPAC en aquellos supuestos en que las mismas han concluido con una decisión de archivo (por todas, R 78/2021), pues no concurre el principal presupuesto requerido para tal reconocimiento: la existencia de una decisión de no iniciar el procedimiento. En virtud de lo expuesto, no procede reconocer a la reclamante, en el momento actual, el derecho de acceso a la información generada en el marco de las actuaciones previas y consiguientemente, la reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descrito s, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL frente a la resolución del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez