Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias información sobre materiales arqueológicos desaparecidos en varios castros, medidas de recuperación, acciones legales contra responsables, el Plan Director para la Gestión del Patrimonio Castreño y listados de materiales. La Consejería denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el límite de la igualdad de las partes en procesos judiciales no era aplicable, ya que la información solicitada no consistía en documentos elaborados expresamente para el procedimiento judicial.
Una empresa solicitó al Ministerio de la Presidencia acceso a un informe de la Abogacía del Estado sobre la prórroga de una concesión portuaria. El Ministerio denegó la solicitud alegando que era información auxiliar (un borrador). La empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia, que desestima la reclamación al confirmar que el informe es un texto preliminar sin carácter definitivo, justificando la inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado un informe de funcionarios, el detalle de presuntos insultos y el parentesco del Alcalde con un letrado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el informe por ser información pública, pero inadmite el resto por no ser documentos preexistentes sino requerimientos de actuación.
El reclamante solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda los importes de productividad de funcionarios de 2023 con identificación. La AEAT denegó el acceso alegando perjuicio en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó la reclamación, al considerar que no era extemporánea y que la información es administrativa, prevaleciendo el derecho de acceso, especialmente al ser el solicitante un funcionario interno y existir una previsión legal de publicidad.
El reclamante solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda los importes de productividad de funcionarios de una provincia en 2023 con identificación. La AEAT denegó el acceso alegando un proceso judicial similar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, argumentando que la información es administrativa, no procesal, y que el límite invocado no fue justificado. Además, la condición del solicitante como representante sindical y la normativa específica refuerzan el derecho de acceso.
Un funcionario y representante sindical solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda los importes de productividad de los funcionarios de la AEAT de su provincia en 2023, con identificación de perceptores. La AEAT denegó el acceso alegando un perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima la reclamación, al considerar que la información es administrativa y que existe una previsión legal específica que obliga a su publicidad para otros funcionarios y representantes sindicales.
La ASOCIACION reclamó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por la denegación de acceso a información sobre supuestas deudas de cesionarios de un centro comercial (recibos, notificaciones, procedimientos de apremio, asientos contables y cargas). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. La Comisión Vasca estimó la reclamación (salvo rectificación de informes), al considerar que el Ayuntamiento no justificó debidamente la aplicación del límite de tutela judicial efectiva, instándole a entregar la información.
La reclamante solicitó una copia de un informe de la Inspección Educativa de noviembre de 2023 a la Consejería de Educación y Universidades de Illes Balears. La administración denegó el acceso alegando la protección de investigaciones en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso perjudicaría las funciones de inspección y control.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) información sobre el proceso de concesión de la nueva terminal ganadera. La APC denegó el acceso basándose en la protección de procesos judiciales penales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la APC ya proporcionó toda la información pública disponible sobre el proceso.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Autoridad Portuaria de Cartagena) datos sobre contratos y gastos de la carrera 10k del puerto. La administración denegó el acceso alegando un proceso judicial abierto y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un funcionario y representante sindical solicitó a la AEAT los listados detallados de productividades (2020-2024). La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial pendiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la información es de naturaleza administrativa y que prevalece el interés público y el derecho de los representantes sindicales.
Un funcionario y delegado sindical solicitó al Ministerio de Hacienda los importes de productividad de los funcionarios de la AEAT en Valencia (2023). El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser de naturaleza administrativa y existir un interés público superior.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena copia de expedientes de contratación menor de servicios TIC. La entidad denegó el acceso alegando intereses comerciales, secreto profesional y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que los límites fueron invocados de forma genérica y no justificada.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato menor de asesoría jurídica. La APC denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que no es idéntica a peticiones previas ni afecta a procesos judiciales actuales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor para eventos de la Virgen del Carmen. La entidad denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y que el interesado no tenía legitimación según la LCSP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Dña. María Ángeles Méndez Gómez solicitó al Ayuntamiento de Güeñes información sobre el estado del expediente de revocación de la licencia de la terraza del 'Bar Aitite'. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando que la interesada ya conocía el estado al haber interpuesto ella misma un recurso judicial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática datos estadísticos sobre requerimientos de anulación a entidades locales y autonómicas en 2023. El Ministerio denegó el acceso alegando que la solicitante mantiene un litigio judicial relacionado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un regidor del GM Socialista solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola acceso a diversos registros de entrada relacionados con citaciones judiciales y una denuncia penal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y procesos judiciales. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a las citaciones pero denegando la denuncia por afectar a menores.
Varios funcionarios de la AEAT solicitaron al Ministerio de Hacienda los listados detallados de productividad de la provincia de Valencia desde enero de 2022. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información por prevalecer el interés público y la normativa específica sobre la privacidad.
Varios funcionarios de la AEAT solicitaron los listados detallados de productividad del ejercicio 2021 de la Delegación de Valencia. Ante el silencio administrativo, reclamaron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estimó la solicitud obligando a la AEAT a entregar la información por prevalecer el interés público y la normativa específica sobre la privacidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado la identificación del empleado responsable de tramitar una solicitud previa. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y existencia de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que la identidad del funcionario es información pública y no depende de la finalidad del solicitante.
Un ex trabajador solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia actas sobre la reclasificación retroactiva de la Policía Portuaria. La entidad denegó el acceso alegando que era información laboral privada y que podría afectar a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una asociación solicitó al Ministerio de Transportes y a INECO la justificación y documentos del grupo de trabajo sobre las nuevas tarifas de encargos a medio propio. La asociación alegó que la información es esencial para la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información constituye un secreto empresarial (estructura de costes).
Se solicitó a AENA los ingresos mensuales y por aeropuerto de sus aparcamientos (2018-2023). AENA denegó el acceso alegando confidencialidad por ser sociedad cotizada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de la sentencia firme de un recurso de apelación sobre un caso idéntico.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de A Coruña el acuerdo de 2013 con Repsol. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública, intereses comerciales, carácter abusivo de la solicitud y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el documento con tachaduras justificadas.
El reclamante solicitó acceso a información a la Autoridad Portuaria de A Coruña mediante un escrito sin petición concreta. El organismo inadmitió la solicitud por abusiva y carente de objeto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el escrito original no constituía una solicitud de información pública según la LTAIBG.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre abstenciones del Jefe de RRHH y la actividad de la responsable jurídica laboral. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el número y tema de los informes jurídicos emitidos en 2023.
Se solicitó al Ministerio de Industria y Turismo documentación técnica y de emisiones del vehículo Volvo XC60. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en Reino Unido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones por no haber dado trámite de audiencia al tercero afectado.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat copia de una denuncia ante la Fiscalía e informe de actuaciones previas. Alegó que era el denunciado y necesitaba la información para su defensa. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la denuncia y el informe, excluyendo datos personales irrelevantes de terceros.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona copia de demandas y documentos de recursos contencioso-administrativos sobre disciplina urbanística. El reclamante alegó que no se justificó la afectación real de los bienes protegidos. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que concurren límites relativos a la tutela judicial efectiva y la propiedad intelectual.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de un oficio judicial sobre citaciones. El Ayuntamiento alegó que el proceso estaba en curso y riesgo para la protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación condicionalmente: se debe facilitar la información si el proceso judicial ha finalizado, disociando datos de categoría especial.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valdesalor el detalle de retribuciones de un trabajador público para ejecutar una sentencia judicial. Ante la falta de respuesta, se reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG desestima la reclamación por concurrir el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales, al estar el proceso de familia en curso.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Zafra los ingresos brutos y líquidos de un empleado municipal para ejecutar una sentencia de alimentos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la judicialización del asunto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite legal de protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz el detalle de retribuciones laborales de un funcionario desde 2018. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de medios para disociar datos y falta de consentimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite legal de protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena los cambios y modificaciones (oficiales y no oficiales) de las bases de un proceso selectivo de policías portuarios. La solicitante alegó que la inadmisión fue infundada y que la ampliación del plazo de respuesta fue irregular. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse información auxiliar.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre el proceso selectivo de consolidación de policías portuarios y sus bolsas de trabajo. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de los seleccionados y bolsas, pero deniega la comparativa de bolsas por no ser información preexistente.
El presidente del Comité de Empresa solicitó al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona el desglose de reducciones salariales del 5% (DL 3/2010) y el destino de dichos fondos. El Consorci alegó protección de datos e igualdad de partes en proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando el acceso identificado para altos cargos y seudonimizado para el resto.
El presidente del Comité de Empresa solicitó al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona datos sobre la reducción salarial del 5% (DL 3/2010), quién la instruyó y el destino de los fondos. La GAIP estima parcialmente la solicitud: se debe identificar a los altos cargos, seudonimizar al resto del personal y detallar el destino de los fondos públicos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sevilla copia de actas e informes sanitarios de la empresa Magrudis (2016-2020). El reclamante alegó que la investigación ya finalizó y no hay secreto de sumario. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información es objeto de un procedimiento penal en curso, afectando a la investigación de ilícitos.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información sobre la condición profesional y nombramientos de dos empleados municipales. El Ayuntamiento alegó que el solicitante era interesado en un proceso selectivo y que existía abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación por ser información pública accesible.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información detallada sobre el tribunal y gastos de un proceso selectivo de Policía Local. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al comprobar que el solicitante no es el interesado del proceso.
Un ciudadano solicitó al Servicio Extremeño de Salud actas e informes de inspecciones sanitarias de un establecimiento en Aceuchal. El SES denegó el acceso alegando que la información podría comprometer un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la administración no justificó el límite de forma proporcional.
Un periodista solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid información sobre el saldo deudor por arrendamientos del IMIDRA y sus deudores. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que los datos no eran de naturaleza procesal.
Se solicitó a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía información sobre la existencia de autoliquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de un inmueble. El reclamante alegó su condición de heredero y la inaplicabilidad de la reserva tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por prevalecer la intimidad y el secreto penal.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación acceso a resoluciones e informes sobre la jornada laboral del consorcio BSC-CNS. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar el informe de la Abogacía del Estado por ser de naturaleza administrativa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Das la relación de ingresos, beneficios y gastos de la Muntanya de Das (2010-2022). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando tarea compleja, abuso de derecho y afectación a la tutela judicial. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información en dos meses por ser datos públicos ya elaborados.
El ciudadano solicitó a la Universidad Miguel Hernández (UMH) copia de un recurso contencioso-administrativo, la provisión judicial de admisión y el escrito de suspensión cautelar relativos al Decret 115/2022. La UMH denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por concurrir el límite legal de tutela judicial efectiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Málaga el listado y documentación de bajas incentivadas desde 2019. Tras la denegación del organismo, el reclamante alegó la existencia de precedentes favorables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información anonimizada al no justificarse los límites alegados.
La RFEF solicitó a la CNMC una carta de la LPFF sobre contratos de derechos audiovisuales de fútbol femenino. La LPFF se opuso alegando secretos empresariales y perjuicio en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación de la LPFF, confirmando el acceso por no acreditarse un perjuicio real y concreto, sino hipotético.
Se solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya copia de la documentación de exención de prácticas y un informe de medidas adoptadas. El reclamante alegó la necesidad de acreditar una suplantación de firma en un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a la documentación pero inadmitiendo el informe por no ser información preexistente.
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