Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de un oficio judicial sobre citaciones. El Ayuntamiento alegó que el proceso estaba en curso y riesgo para la protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación condicionalmente: se debe facilitar la información si el proceso judicial ha finalizado, disociando datos de categoría especial.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valdesalor el detalle de retribuciones de un trabajador público para ejecutar una sentencia judicial. Ante la falta de respuesta, se reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG desestima la reclamación por concurrir el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales, al estar el proceso de familia en curso.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Zafra los ingresos brutos y líquidos de un empleado municipal para ejecutar una sentencia de alimentos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la judicialización del asunto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite legal de protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz el detalle de retribuciones laborales de un funcionario desde 2018. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de medios para disociar datos y falta de consentimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite legal de protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena los cambios y modificaciones (oficiales y no oficiales) de las bases de un proceso selectivo de policías portuarios. La solicitante alegó que la inadmisión fue infundada y que la ampliación del plazo de respuesta fue irregular. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse información auxiliar.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre el proceso selectivo de consolidación de policías portuarios y sus bolsas de trabajo. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de los seleccionados y bolsas, pero deniega la comparativa de bolsas por no ser información preexistente.
El presidente del Comité de Empresa solicitó al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona el desglose de reducciones salariales del 5% (DL 3/2010) y el destino de dichos fondos. El Consorci alegó protección de datos e igualdad de partes en proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando el acceso identificado para altos cargos y seudonimizado para el resto.
El presidente del Comité de Empresa solicitó al Consorci Mar Parc Salut de Barcelona datos sobre la reducción salarial del 5% (DL 3/2010), quién la instruyó y el destino de los fondos. La GAIP estima parcialmente la solicitud: se debe identificar a los altos cargos, seudonimizar al resto del personal y detallar el destino de los fondos públicos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sevilla copia de actas e informes sanitarios de la empresa Magrudis (2016-2020). El reclamante alegó que la investigación ya finalizó y no hay secreto de sumario. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información es objeto de un procedimiento penal en curso, afectando a la investigación de ilícitos.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información sobre la condición profesional y nombramientos de dos empleados municipales. El Ayuntamiento alegó que el solicitante era interesado en un proceso selectivo y que existía abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación por ser información pública accesible.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información detallada sobre el tribunal y gastos de un proceso selectivo de Policía Local. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al comprobar que el solicitante no es el interesado del proceso.
Un ciudadano solicitó al Servicio Extremeño de Salud actas e informes de inspecciones sanitarias de un establecimiento en Aceuchal. El SES denegó el acceso alegando que la información podría comprometer un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la administración no justificó el límite de forma proporcional.
Un periodista solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid información sobre el saldo deudor por arrendamientos del IMIDRA y sus deudores. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que los datos no eran de naturaleza procesal.
Se solicitó a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía información sobre la existencia de autoliquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de un inmueble. El reclamante alegó su condición de heredero y la inaplicabilidad de la reserva tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por prevalecer la intimidad y el secreto penal.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación acceso a resoluciones e informes sobre la jornada laboral del consorcio BSC-CNS. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar el informe de la Abogacía del Estado por ser de naturaleza administrativa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Das la relación de ingresos, beneficios y gastos de la Muntanya de Das (2010-2022). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando tarea compleja, abuso de derecho y afectación a la tutela judicial. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información en dos meses por ser datos públicos ya elaborados.
El ciudadano solicitó a la Universidad Miguel Hernández (UMH) copia de un recurso contencioso-administrativo, la provisión judicial de admisión y el escrito de suspensión cautelar relativos al Decret 115/2022. La UMH denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por concurrir el límite legal de tutela judicial efectiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Málaga el listado y documentación de bajas incentivadas desde 2019. Tras la denegación del organismo, el reclamante alegó la existencia de precedentes favorables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información anonimizada al no justificarse los límites alegados.
La RFEF solicitó a la CNMC una carta de la LPFF sobre contratos de derechos audiovisuales de fútbol femenino. La LPFF se opuso alegando secretos empresariales y perjuicio en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación de la LPFF, confirmando el acceso por no acreditarse un perjuicio real y concreto, sino hipotético.
Se solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya copia de la documentación de exención de prácticas y un informe de medidas adoptadas. El reclamante alegó la necesidad de acreditar una suplantación de firma en un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a la documentación pero inadmitiendo el informe por no ser información preexistente.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Alicante copia íntegra de un expediente de información reservada sobre acoso laboral. El Ayuntamiento alegó límites relativos a la tutela judicial y protección de datos de terceros. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso al considerar que la solicitante es interesada y que no concurren los límites alegados.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir datos sobre un puesto de Jefe de Servicio. Tras una concesión parcial basada en la protección de datos y procesos judiciales, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pero posteriormente desistió de la reclamación, por lo que el CTBG resolvió el archivo de las actuaciones.
Se solicitó al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya copia de diligencias de la UMAR. El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP resolvió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración facilitó la información durante la tramitación de la reclamación.
La Federació d'Ecologistes de Catalunya solicitó al Ayuntamiento de Sant Just Desvern los informes y cálculos económicos sobre indemnizaciones de un proyecto urbanístico. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que eran documentos de trabajo internos y por estrategia procesal. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información tiene un alto interés público y no se acredita su publicación inminente.
Se solicitó a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul información sobre los costes y daños de la rotura de la balsa minera de Boliden (1998). La entidad denegó el acceso alegando que la información obraba en un expediente judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que son datos fácticos administrativos.
Se solicitó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía información sobre el depósito de la fianza de alquiler de un inmueble. El solicitante alegó su condición de coheredero litigante. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación basándose en la protección de datos personales y la existencia de un proceso penal en curso.
El reclamante solicitó al Centro Operativo Provincial INFOCA de Málaga fotografías y vídeos de un incendio forestal de 2019. La entidad denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación basándose en la protección de la investigación de actividades penales.
Se solicitó a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica del SAS las actas e informes de una alerta alimentaria sobre aceite de oliva. El reclamante alegó que son documentos públicos y que no es necesaria la condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar investigaciones en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato de formación de 2019. El interesado alegó que la investigación judicial afecta a la expresidenta y no al Puerto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso actual supondría un riesgo real para la igualdad de las partes en el proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires la fecha, lugar de publicación y destinatarios de la notificación de la aprobación definitiva de un acuerdo de pleno de 2017. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando prevención por un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la tutela judicial efectiva ni igualdad de las partes.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires la fecha, lugar de publicación y destinatarios de la notificación de un acuerdo de pleno de 2017. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando prevención por un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la tutela judicial efectiva ni igualdad de las partes.
Se solicitó a EMASESA información sobre pagos, contratos, indemnizaciones y resoluciones judiciales de tres personas. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información.
Una trabajadora solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco el acceso a un expediente administrativo de inspección contra su empresa. El organismo denegó el acceso alegando el deber de sigilo y la existencia de un proceso judicial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
FACUA solicitó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura la resolución del expediente sancionador contra Dell. La Administración alegó protección de datos y deber de sigilo por existir un recurso judicial pendiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en la tutela judicial efectiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena expedientes completos de dos contratos menores de asistencia jurídica. El organismo denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación y confirma la denegación basándose en el riesgo real de alterar el equilibrio de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el dictamen A.G. Entes Públicos 116/21 sobre bajas incentivadas en Puertos del Estado. Alegó que el documento no fue creado específicamente para el proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión del informe perjudicaría la estrategia procesal y la igualdad de armas en el juicio.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social un informe de situación sobre la concesión de productividad. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información al no justificarse la aplicación de los límites legales.
El solicitante pidió al FOGASA diversa documentación sobre procesos selectivos de interinos y resoluciones administrativas. El organismo denegó el acceso alegando que eran documentos internos y que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información por falta de motivación en la denegación.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los expedientes de transferencia de las concesiones C-469 y C-470 y sus informes jurídicos. El Ministerio limitó el acceso alegando procesos judiciales en curso y reiteración abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación de dichos límites.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el acceso a dos expedientes de concesiones administrativas de Fertiberia, S.A. en Huelva. El solicitante no presentó alegaciones tras la respuesta tardía del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
Balearia solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras información sobre la modificación de un pliego de licencias, inversiones realizadas, informes de servicio y cuentas anuales. Tras alegar la solicitante la inexistencia de reelaboración documental, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por afectar a secretos comerciales y a la estrategia procesal de un juicio en curso.
Se solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya copia de informes sanitarios sobre una residencia. El solicitante alegó que la entrega fue incompleta. La GAIP estima parcialmente la reclamación: aunque valida la denegación de datos personales y judiciales, obliga a entregar el número total de informes, sus fechas y periodicidad.
Se solicitó a la Mancomunitat Penedès Garraf el acceso a informes de la Oficina Antifrau de Catalunya y dictámenes jurídicos desde 2019. El reclamante alegó la obligatoriedad de publicar informes jurídicos y la existencia de investigaciones por irregularidades. La GAIP desestimó la reclamación por existir procesos judiciales pendientes que afectarían la igualdad de las partes.
La Fundación Montescola solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación el código CVE de una resolución sobre la caducidad de concesiones mineras. Tras un silencio administrativo y una posterior denegación expresa, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que la Administración no justificó debidamente los límites de acceso invocados.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte copias de formularios de control antidopaje, cadena de custodia e informes de misión (2017-2021). Tras la inadmisión inicial y alegaciones del interesado acotando la petición solo a los informes de misión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por carencia sobrevenida de objeto al ser una solicitud repetitiva.
Un periodista solicitó al Ministerio de Transportes, Renfe y ADIF documentación sobre una incidencia ferroviaria por incendio forestal en agosto de 2022. ADIF denegó el acceso alegando la existencia de un proceso penal y la genericidad de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información no procesal ni sumarial.
Se solicitó al Ministerio de Justicia la resolución y el expediente de habilitación de la Abogacía del Estado para defender a un empleado público. El solicitante alegó que se trataba de un proceso de toma de decisión con gasto público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla documentación de carácter procesal que afectaría a la tutela judicial efectiva.
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