Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife información sobre candidaturas y acuerdos del proceso electoral. El Colegio alegó falta de legitimación, mala fe y límites de confidencialidad. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima la reclamación por ser el proceso electoral una actividad sujeta a derecho administrativo.
Una empresa solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente copias de resoluciones y expedientes de autorizaciones de servicios de temporada en playas de Tenerife. La administración denegó el acceso alegando que la información podría afectar a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación.
La empresa Infraestructuras y Gestión 2002 SL solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el expediente del concurso para la adjudicación de licencias de televisión. La administración denegó el acceso alegando que el procedimiento estaba bajo recurso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es relevante para los procesos judiciales en curso.
La sociedad Titulización de Activos SGFT, S.A. solicitó al Ministerio de Fomento documentación económica y financiera de diversos contratos de concesión de autopistas. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, condicionando el acceso a que las causas judiciales por concurso de acreedores de las concesionarias hayan finalizado con sentencia firme.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento información detallada sobre expropiaciones, inversiones y planes financieros de diversas autopistas de peaje. Tras una respuesta parcial y falta de motivación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar la información y aclarar discrepancias en los datos suministrados.
Se solicitó a la Dirección General de la Policía información sobre la provisión provisional del puesto de responsable de Asuntos Contenciosos y Recursos. La administración denegó el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que dicha información es pública y no afecta a la tutela judicial efectiva.
Se solicitó a la Dirección General de la Policia información sobre la provisión provisional del puesto de responsable de Asuntos Contenciosos y Recursos. La administración denegó el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que dicha información es pública y no afecta la tutela judicial efectiva.
Se solicitó a la Universitat de Barcelona la relación de puestos de trabajo, certificados de bajas e incorporaciones de personal y actas del Consejo de Gobierno. La administración denegó parcialmente el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que dicha limitación no es aplicable a información preexistente al proceso.
Se solicitó a la Universitat de Barcelona la Relación de Puestos de Trabajo y certificados de altas y bajas de personal. La universidad denegó parcialmente el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información preexistía al proceso judicial y no fue creada específicamente para él.
El interesado solicitó a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado información sobre el estado de su derecho de oposición al tratamiento de datos. La administración denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por inadmisión, al considerar que el asunto debe resolverse por la vía administrativa correspondiente.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Fontanarejo acceso a actas de Pleno e informes periciales relacionados con acciones judiciales. Tras recibir una respuesta parcial que denegaba el informe pericial, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la inadmite por estar la Comunidad Autónoma en periodo de adaptación legal.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón documentación sobre un contrato menor (licitadores, texto del contrato e informe jurídico). La administración alegó que la información ya había sido entregada y que el informe jurídico estaba protegido por la estrategia procesal ante una posible vía judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El Ayuntamiento de Getafe interpuso un recurso de reposición contra la resolución RDA026/2023 del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que le obligaba a entregar facturas y documentos de gestión de ingresos. El Consejo inadmitió el recurso por no ser la vía legal pertinente, ya que sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
Un regidor solicitó acceso al registro de entrada 2024-E-RE-824 vinculado a un expediente de información reservada al Ayuntamiento de Santa Pola. El Ayuntamiento se negó alegando que el asunto estaba en sede judicial y que la información se daría al finalizar el expediente. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó copia del contrato suscrito por el Ministerio de Justicia con un despacho de abogados belga para la defensa de un magistrado. El interesado alegó que el enlace facilitado por la administración solo contenía un resumen de la licitación y no el contrato íntegro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificó un perjuicio real al proceso judicial.
El Real Colegio de los Españoles en Bolonia solicitó el expediente administrativo de un informe jurídico de la Abogacía del Estado al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgo para la igualdad de las partes en un proceso judicial en Italia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el oficio de encargo del informe.
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