Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La Fundación Ado Moure Pro Deporte solicitó a la Dirección General de Tráfico información sobre si sus denuncias derivaron en expedientes sancionadores. Tras una denegación basada en límites de seguridad y reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
El reclamante solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copias de expedientes sobre incompatibilidades de cargos y resoluciones de compatibilidad. La Universidad denegó el acceso alegando falta de concreción, volumen de información y posibles perjuicios en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
El reclamante solicitó información a la Universidad Complutense de Madrid sobre una tesis doctoral, dictámenes periciales y convenios con entidades peruanas. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información solicitada está vinculada a un procedimiento judicial en curso, lo que justifica su limitación.
La Plataforma Víctimas Alvia 041 solicitó al Ministerio de Fomento una auditoría sobre seguridad ferroviaria en la línea Ourense-Santiago. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado el perjuicio real y que prevalece el interés público.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copias certificadas de diversas denuncias, informes y resoluciones sobre compatibilidad de cargos. La Universidad denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la solicitud de copias certificadas no constituye acceso a información pública.
Se solicitó información sobre la trayectoria laboral de una funcionaria, subvenciones a asociaciones de estudiantes y beneficiarios de becas a la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad denegó el acceso alegando procesos judiciales y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificaron debidamente los límites alegados.
Se solicitó al Departament d'Ensenyament una carta enviada al Tribunal Superior de Justícia sobre modificaciones presupuestarias. El ciudadano alegó haber obtenido la información por silencio administrativo. La GAIP estima la reclamación, anulando la denegación previa por considerar que no concurre el límite de igualdad de las partes al ser un documento ya conocido por la contraparte.
La Asociación Corruptil solicitó al EMVS de Madrid el expediente de enajenación de 5.315 inmuebles. La EMVS denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a investigaciones penales y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio concreto para la investigación o la igualdad de las partes.
Una plataforma solicita al Ajuntament de Sant Joan d'Alacant documentos de un proceso judicial, un certificado de compatibilidad urbanística y comunicaciones sobre una licencia ambiental. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana inadmite una petición de declaración de ilegalidad, desestima el acceso a documentos judiciales por estrategia de defensa, desestima la solicitud del certificado por considerarlo innecesario y declara la pérdida de objeto de una petición tras la entrega tardía de la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre licencias de ventilación y expedientes relacionados con locales específicos por problemas de ruido. El Ayuntamiento alegó protección de datos e interés legítimo. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la anonimización de datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento actas y órdenes del día del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón (1996-2017). La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, límites del art. 14 y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el derecho a la información es amplio, las normas internas no pueden limitarlo y los límites deben aplicarse caso por caso.
Se solicitó al Ministerio de Justicia copia de un informe de la Abogacía del Estado vinculado a una fiscalización del Tribunal de Cuentas. La administración inadmitió la solicitud alegando que el documento estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que el documento ya había sido emitido y que no debe confundirse la elaboración de un documento con la tramitación de un expediente.
Se solicitó al Instituto de Crédito Oficial el listado de puestos y retribuciones de personal laboral fuera de convenio (2013-2017). El ICO denegó la información individualizada alegando protección de datos y el límite de igualdad procesal en un juicio laboral en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que prevalece el interés público en puestos de libre designación y que la Administración no acreditó el perjuicio concreto al proceso judicial.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copias certificadas de diversos expedientes administrativos. La UPM denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, aunque la denegación por límite era improcedente, el derecho de acceso no ampara la solicitud de certificaciones.
Se solicitó a AENA información sobre créditos horarios y horas sindicales concedidos a secciones sindicales entre 2012 y 2017. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales pendientes y protección de datos de ideología sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que el límite procesal no estaba suficientemente motivado y que la información podía facilitarse de forma anonimizada para proteger datos personales.
El ciudadano solicitó a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva copias de certificados y planos de un establecimiento sanitario. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía decide retrotraer el procedimiento por no haberse dado traslado a los terceros afectados.
Una ciudadana solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza la investigación y sanción de colegiados, así como informes jurídicos sobre liberados sindicales. El Consejo de Transparencia de Aragón inadmitió la reclamación porque la solicitud no pretendía acceder a información pública, sino instar la actividad disciplinaria y resolver consultas jurídicas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà identificar al responsable de un pago indebido y acceso total a expedientes de contratación (2008-2017). El ciudadano alegó que el límite de igualdad procesal no era aplicable. La GAIP desestimó ambas reclamaciones por no ser el derecho de acceso una vía para obtener juicios de valor y por ser correcta la anonimización de datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà la identidad del responsable de un pago cuestionado judicialmente y el acceso total a expedientes de contratación de personal (2008-2017). El ciudadano alegó que el Ayuntamiento no era parte del proceso judicial. La GAIP desestima ambas reclamaciones por no ser el derecho de acceso una vía para obtener juicios de valor y por ser ajustada la anonimización de datos personales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia los argumentos y costes de los juicios del Gobierno contra resoluciones del Consejo de Transparencia. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los procesos ya finalizados.
La Asociación de Internautas solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los estudios sobre la valoración del daño por copia privada (2012-2015). La administración denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el perjuicio real.
La Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir solicitó a SEIASA informes de la Abogacía del Estado sobre la anulación de repercusiones de costes. SEIASA denegó el acceso alegando carácter auxiliar de la información e inexistencia de un documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe mencionado en prensa.
Deutsche Bank AG solicitó información detallada sobre el contrato de concesión de la Autopista Eje-Aeropuerto al Ministerio de Fomento. La administración denegó el acceso alegando la judicialización por concurso de acreedores y la necesidad de elaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y no se acreditó daño.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad información sobre la contratación de informes para el proyecto de almacén de gas Castor (licitación, adjudicación, presupuesto y copias). La administración denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso y falta de competencia sobre datos de Enagás. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el acceso al expediente administrativo del concurso de licencias de televisión. El reclamante alegó que, al ser un expediente concluido, no afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría la igualdad de las partes en los recursos judiciales en curso.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Lleida el expediente de selección del Director del Consorcio del Turó de la Seu Vella y el recurso contencioso asociado. El Ayuntamiento alegó confidencialidad y que la información pertenecía al Consorcio. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho de acceso pero limitándolo a la consulta (vista) sin entrega de copias.
Un periodista solicitó al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya informes de auditoría del Consorci del Palau de la Música (2006-2011). La administración denegó el acceso alegando perjuicio al proceso judicial en curso. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la investigación ni para la igualdad de las partes.
Se solicitó a la Abogacía General del Estado el acceso a informes y dictámenes sobre las Leyes 39 y 40 de 2015. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no solicitó la concreción de la solicitud y finalmente aportó la información durante las alegaciones.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Les Borges Blanques un estudio de calidad del aire y su factura. El Ayuntamiento denegó el estudio alegando que estaba vinculado a un proceso penal contra el alcalde. La GAIP estima la reclamación, considerando que el estudio tiene interés público, fue pagado con fondos públicos y no existe secreto sumarial que justifique la denegación.
El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife interpuso un recurso extraordinario de revisión contra una resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias que estimaba una reclamación de acceso a información electoral. El Comisionado inadmitió el recurso por no concurrir error de hecho ni aportar documentos esenciales nuevos.
Se solicitó al Grupo TRAGSA el número de contratos eventuales realizados desde 2014 desglosados por provincias, gerencias y meses. La empresa denegó el acceso alegando que la información era objeto de litigios judiciales, afectaba a sus intereses comerciales y la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es un dato numérico objetivo.
El interesado solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la motivación y puntuaciones de la adjudicación de licencias de TDT. La administración denegó el acceso alegando que el proceso está bajo recurso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la divulgación podría perjudicar la igualdad de las partes en los procesos judiciales en curso.
El interesado solicitó al INAP las puntuaciones directas anónimas de opositores en una convocatoria selectiva. La administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el límite invocado no se aplica automáticamente y que, al ser el solicitante parte en el proceso, no se perjudica la igualdad de las partes.
Se solicitó a Navantia, S.A. información sobre retribuciones de directivos, indemnizaciones por cese y el sistema de clasificación profesional del personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información, aunque limita los datos nominativos del personal no directivo según su nivel de responsabilidad.
Se solicitó a los Colegios Oficiales de Enfermería de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra información sobre candidaturas y acuerdos electorales. La interesada alegó denegación por silencio administrativo. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por considerarse que la solicitante es interesada en un procedimiento administrativo en curso.
El Comité de Empresa del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra solicitó dos informes jurídicos externos. El Consorci se opuso alegando la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso. La GAIP desestimó la reclamación porque los informes fueron elaborados específicamente para dicho proceso y su divulgación perjudicaría la estrategia de defensa antes de la sentencia firme.
Una asociación solicitó al IES “Sierra Almenara” actas del Consejo Escolar, justificación de incumplimientos normativos y registros de videovigilancia. La Delegación Territorial de Educación en Cádiz denegó parcialmente el acceso a las actas alegando protección de datos de menores. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena el acceso a las actas previa anonimización.
El solicitante pidió al Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital el informe del IDAE sobre la metodología de instalaciones tipo de la Orden IET/1045/2014. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y que perjudicaría la igualdad procesal judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso.
El reclamante solicitó al Autoridad Portuaria de Baleares el acta de un Consejo de Administración y un informe de la Abogacía del Estado. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional e igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por no acreditarse un daño real ni la afectación de los límites invocados.
Un sindicato (CSIF La Rioja) solicitó documentación detallada sobre puntuaciones y expedientes de subvenciones de orientación profesional. La administración denegó el acceso alegando que la información era parte de un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por aplicar el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales.
El límit de l’article 21.1.d LTAIPBG (igualtat de les parts en els processos judicials) pressuposa l’existència d’un procés judicial en què l’Administració que invoqui el límit –o aquella en benefici de la qual s’invoqui– tingui la condició formal de part. Així es desprèn de la utilització pel legislador, en la formulació del límit, de l’expressió “parts en els processos judicials”, que té un significat processal inequívoc, i de la referència a la protecció de la seva “igualtat” en el marc del procés. L’Administració que no té la condició de part en el procés judicial no s’ha de defensar en el marc d’ell ni necessita la garantia que per a aquesta defensa proporciona l’article 21.1.d LTAIPBG. En el moment en què una Administració deixa passar el termini d’impugnació i decideix no interposar recurs contra una sentència ni ser, per tant, part en el procés de recurs posterior, perd la facultat d’invocar el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials per oposar-se al lliurament dels documents o la informació que hagués pogut elaborar o encarregar amb anterioritat per a la seva defensa. L’argument que l’Ajuntament de Barcelona era part del procés judicial “a través de l’AMB”, en formar part d’aquesta, no es pot compartir ni des d’una perspectiva formal, ni material. Des del punt de vista formal, és evident que l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB són dues persones jurídiques diferents, i que el fet que l’AMB sigui part d’un procés judicial no implica que ho siguin també els municipis que l’integren. Des d’un punt de vista material, l’argumentació de l’Ajuntament no té en compte que l’AMB, per molt que estigui presidida per l’alcaldessa de Barcelona i aquest municipi hi tingui un pes molt important, no és cap ens instrumental de l’Ajuntament, sinó una Administració amb competències pròpies, creada per llei del Parlament de Catalunya, que integra a trenta-cinc altres municipis de la conurbació de Barcelona i que pot adoptar decisions que no siguin compartides
El reclamante solicitó al Consejo General de Enfermería de España copias de actas de la Junta de Gobierno del Colegio de Asturias. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El organismo desestima la reclamación porque la información forma parte de un expediente judicial en curso, lo que limita el acceso para proteger la igualdad de las partes.
Un colegiado solicitó al Consejo General de Enfermería de España copias de un expediente y aclaraciones sobre la nulidad de un proceso electoral. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por considerar que la información solicitada es parte de un expediente judicial en curso, debiendo solicitarse el acceso ante el juzgado.
La Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir solicitó a SEIASA informes de la Abogacía del Estado y laudos arbitrales sobre costes de obras. SEIASA denegó el acceso alegando confidencialidad y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó un daño concreto y que la información es necesaria para la seguridad jurídica.
La parte reclamante solicitó a la SEPI expedientes de jubilaciones anticipadas y datos de contrataciones laborales desde 2005/2008. La SEPI denegó el acceso alegando identidad con la prueba de un proceso judicial abierto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por entender que la entrega de la información perjudicaría la igualdad de las partes en el litigio.
El interesado solicitó al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU) información sobre la existencia, título y fecha de visado de un proyecto de ampliación de un edificio en Cartagena entre 2007 y 2008. El COAMU denegó el acceso alegando que el solicitante no era parte del expediente y que afectaba a procesos judiciales e intereses de terceros. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación al considerar que el visado es una función administrativa y que la entidad no acreditó el perjuicio de los límites alegados.
El reclamante solicitó a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias diversos informes de la Fundación Universidad de Oviedo. Alegó que la respuesta fue incompleta y que se ocultaba información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a un dictamen sobre horarios comerciales por no ser información auxiliar.
El solicitante pidió al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España copia de las comunicaciones y notificaciones sobre un proceso electoral del CODEPA. La administración alegó que la información no era pública y que el proceso estaba sujeto a su propia regulación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
Se solicitó acceso a la propuesta de programación de Radio Blanca, S.A. en el concurso de licencias TDT al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El reclamante alegó que la información es pública y no afecta a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la divulgación podría perjudicar la igualdad de las partes en los recursos contencioso-administrativos pendientes.
Se solicitó acceso a las actas de la Mesa de Evaluación del concurso de licencias de TDT de 2015 al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El reclamante alegó que la información no afectaba a los procesos judiciales en curso y era necesaria para la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso podría perjudicar la igualdad de las partes en los recursos contencioso-administrativos pendientes.
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