Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al INAP las puntuaciones directas anónimas de opositores en una convocatoria selectiva. La administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el límite invocado no se aplica automáticamente y que, al ser el solicitante parte en el proceso, no se perjudica la igualdad de las partes.
Se solicitó a Navantia, S.A. información sobre retribuciones de directivos, indemnizaciones por cese y el sistema de clasificación profesional del personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información, aunque limita los datos nominativos del personal no directivo según su nivel de responsabilidad.
Se solicitó a los Colegios Oficiales de Enfermería de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra información sobre candidaturas y acuerdos electorales. La interesada alegó denegación por silencio administrativo. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por considerarse que la solicitante es interesada en un procedimiento administrativo en curso.
El Comité de Empresa del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra solicitó dos informes jurídicos externos. El Consorci se opuso alegando la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso. La GAIP desestimó la reclamación porque los informes fueron elaborados específicamente para dicho proceso y su divulgación perjudicaría la estrategia de defensa antes de la sentencia firme.
Una asociación solicitó al IES “Sierra Almenara” actas del Consejo Escolar, justificación de incumplimientos normativos y registros de videovigilancia. La Delegación Territorial de Educación en Cádiz denegó parcialmente el acceso a las actas alegando protección de datos de menores. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena el acceso a las actas previa anonimización.
El solicitante pidió al Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital el informe del IDAE sobre la metodología de instalaciones tipo de la Orden IET/1045/2014. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y que perjudicaría la igualdad procesal judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso.
El reclamante solicitó al Autoridad Portuaria de Baleares el acta de un Consejo de Administración y un informe de la Abogacía del Estado. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional e igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por no acreditarse un daño real ni la afectación de los límites invocados.
Un sindicato (CSIF La Rioja) solicitó documentación detallada sobre puntuaciones y expedientes de subvenciones de orientación profesional. La administración denegó el acceso alegando que la información era parte de un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por aplicar el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales.
El límit de l’article 21.1.d LTAIPBG (igualtat de les parts en els processos judicials) pressuposa l’existència d’un procés judicial en què l’Administració que invoqui el límit –o aquella en benefici de la qual s’invoqui– tingui la condició formal de part. Així es desprèn de la utilització pel legislador, en la formulació del límit, de l’expressió “parts en els processos judicials”, que té un significat processal inequívoc, i de la referència a la protecció de la seva “igualtat” en el marc del procés. L’Administració que no té la condició de part en el procés judicial no s’ha de defensar en el marc d’ell ni necessita la garantia que per a aquesta defensa proporciona l’article 21.1.d LTAIPBG. En el moment en què una Administració deixa passar el termini d’impugnació i decideix no interposar recurs contra una sentència ni ser, per tant, part en el procés de recurs posterior, perd la facultat d’invocar el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials per oposar-se al lliurament dels documents o la informació que hagués pogut elaborar o encarregar amb anterioritat per a la seva defensa. L’argument que l’Ajuntament de Barcelona era part del procés judicial “a través de l’AMB”, en formar part d’aquesta, no es pot compartir ni des d’una perspectiva formal, ni material. Des del punt de vista formal, és evident que l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB són dues persones jurídiques diferents, i que el fet que l’AMB sigui part d’un procés judicial no implica que ho siguin també els municipis que l’integren. Des d’un punt de vista material, l’argumentació de l’Ajuntament no té en compte que l’AMB, per molt que estigui presidida per l’alcaldessa de Barcelona i aquest municipi hi tingui un pes molt important, no és cap ens instrumental de l’Ajuntament, sinó una Administració amb competències pròpies, creada per llei del Parlament de Catalunya, que integra a trenta-cinc altres municipis de la conurbació de Barcelona i que pot adoptar decisions que no siguin compartides
El reclamante solicitó al Consejo General de Enfermería de España copias de actas de la Junta de Gobierno del Colegio de Asturias. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El organismo desestima la reclamación porque la información forma parte de un expediente judicial en curso, lo que limita el acceso para proteger la igualdad de las partes.
Un colegiado solicitó al Consejo General de Enfermería de España copias de un expediente y aclaraciones sobre la nulidad de un proceso electoral. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por considerar que la información solicitada es parte de un expediente judicial en curso, debiendo solicitarse el acceso ante el juzgado.
La Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir solicitó a SEIASA informes de la Abogacía del Estado y laudos arbitrales sobre costes de obras. SEIASA denegó el acceso alegando confidencialidad y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó un daño concreto y que la información es necesaria para la seguridad jurídica.
La parte reclamante solicitó a la SEPI expedientes de jubilaciones anticipadas y datos de contrataciones laborales desde 2005/2008. La SEPI denegó el acceso alegando identidad con la prueba de un proceso judicial abierto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por entender que la entrega de la información perjudicaría la igualdad de las partes en el litigio.
El interesado solicitó al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU) información sobre la existencia, título y fecha de visado de un proyecto de ampliación de un edificio en Cartagena entre 2007 y 2008. El COAMU denegó el acceso alegando que el solicitante no era parte del expediente y que afectaba a procesos judiciales e intereses de terceros. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación al considerar que el visado es una función administrativa y que la entidad no acreditó el perjuicio de los límites alegados.
El reclamante solicitó a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias diversos informes de la Fundación Universidad de Oviedo. Alegó que la respuesta fue incompleta y que se ocultaba información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a un dictamen sobre horarios comerciales por no ser información auxiliar.
El solicitante pidió al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España copia de las comunicaciones y notificaciones sobre un proceso electoral del CODEPA. La administración alegó que la información no era pública y que el proceso estaba sujeto a su propia regulación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
Se solicitó acceso a la propuesta de programación de Radio Blanca, S.A. en el concurso de licencias TDT al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El reclamante alegó que la información es pública y no afecta a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la divulgación podría perjudicar la igualdad de las partes en los recursos contencioso-administrativos pendientes.
Se solicitó acceso a las actas de la Mesa de Evaluación del concurso de licencias de TDT de 2015 al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El reclamante alegó que la información no afectaba a los procesos judiciales en curso y era necesaria para la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso podría perjudicar la igualdad de las partes en los recursos contencioso-administrativos pendientes.
Se solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife información sobre candidaturas y acuerdos del proceso electoral. El Colegio alegó falta de legitimación, mala fe y límites de confidencialidad. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima la reclamación por ser el proceso electoral una actividad sujeta a derecho administrativo.
Una empresa solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente copias de resoluciones y expedientes de autorizaciones de servicios de temporada en playas de Tenerife. La administración denegó el acceso alegando que la información podría afectar a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación.
La empresa Infraestructuras y Gestión 2002 SL solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el expediente del concurso para la adjudicación de licencias de televisión. La administración denegó el acceso alegando que el procedimiento estaba bajo recurso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es relevante para los procesos judiciales en curso.
La sociedad Titulización de Activos SGFT, S.A. solicitó al Ministerio de Fomento documentación económica y financiera de diversos contratos de concesión de autopistas. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, condicionando el acceso a que las causas judiciales por concurso de acreedores de las concesionarias hayan finalizado con sentencia firme.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento información detallada sobre expropiaciones, inversiones y planes financieros de diversas autopistas de peaje. Tras una respuesta parcial y falta de motivación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar la información y aclarar discrepancias en los datos suministrados.
Se solicitó a la Dirección General de la Policía información sobre la provisión provisional del puesto de responsable de Asuntos Contenciosos y Recursos. La administración denegó el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que dicha información es pública y no afecta a la tutela judicial efectiva.
Se solicitó a la Dirección General de la Policia información sobre la provisión provisional del puesto de responsable de Asuntos Contenciosos y Recursos. La administración denegó el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que dicha información es pública y no afecta la tutela judicial efectiva.
Se solicitó a la Universitat de Barcelona la relación de puestos de trabajo, certificados de bajas e incorporaciones de personal y actas del Consejo de Gobierno. La administración denegó parcialmente el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que dicha limitación no es aplicable a información preexistente al proceso.
Se solicitó a la Universitat de Barcelona la Relación de Puestos de Trabajo y certificados de altas y bajas de personal. La universidad denegó parcialmente el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información preexistía al proceso judicial y no fue creada específicamente para él.
El interesado solicitó a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado información sobre el estado de su derecho de oposición al tratamiento de datos. La administración denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por inadmisión, al considerar que el asunto debe resolverse por la vía administrativa correspondiente.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Fontanarejo acceso a actas de Pleno e informes periciales relacionados con acciones judiciales. Tras recibir una respuesta parcial que denegaba el informe pericial, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la inadmite por estar la Comunidad Autónoma en periodo de adaptación legal.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón documentación sobre un contrato menor (licitadores, texto del contrato e informe jurídico). La administración alegó que la información ya había sido entregada y que el informe jurídico estaba protegido por la estrategia procesal ante una posible vía judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El Ayuntamiento de Getafe interpuso un recurso de reposición contra la resolución RDA026/2023 del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que le obligaba a entregar facturas y documentos de gestión de ingresos. El Consejo inadmitió el recurso por no ser la vía legal pertinente, ya que sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
Un regidor solicitó acceso al registro de entrada 2024-E-RE-824 vinculado a un expediente de información reservada al Ayuntamiento de Santa Pola. El Ayuntamiento se negó alegando que el asunto estaba en sede judicial y que la información se daría al finalizar el expediente. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó copia del contrato suscrito por el Ministerio de Justicia con un despacho de abogados belga para la defensa de un magistrado. El interesado alegó que el enlace facilitado por la administración solo contenía un resumen de la licitación y no el contrato íntegro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificó un perjuicio real al proceso judicial.
El Real Colegio de los Españoles en Bolonia solicitó el expediente administrativo de un informe jurídico de la Abogacía del Estado al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgo para la igualdad de las partes en un proceso judicial en Italia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el oficio de encargo del informe.
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