Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos el registro de solicitudes y resoluciones de convalidación de créditos del Instituto de Derecho Público (2005-2018). La Universidad alegó protección de datos, afectación a procesos judiciales y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
La reclamació conté nombroses peticions per a que el Consorci es pronunciï sobre hipòtesis, sobre la valoració del compliment de la llei, o per a que s'emetin opinions, la qual cosa excedeix clarament de l'àmbit d'aquest procediment, que empara només l'obtenció d'informació pública preexistent. L'al·legació de la reclamant sobre la rellevància o interès públic que pugui tenir aquesta opinió no modifica ni altera la valoració de que no encaixa, pel seu objecte, en aquest procediment, que no pot emparar la pretensió que l'Administració elabori ex novo, a partir de la sol·licitud i per a la seva satisfacció, una valoració jurídica, que emeti una opinió o analitzi supòsits, si prèviament no van ser objecte de consideració o d’elaboració d'estudis o dictàmens que, només i exclusivament en la mesura en què fossin preexistents a la sol·licitud, podrien ser estimada. El requisit de què estiguin mancades de rellevància, que la persona reclamant considera que no ha justificat adequadament l’Administració, s’exigeix per l’LTAIPBG en relació amb la informació pública ja elaborada i preexistent a la sol·licitud, però de caràcter intern (art. 29..1.a LTAIPBG), com ara esborranys, resums, documents de treball interns i opinions ja elaborades i escrites (notes de valoració o que recullin l’opinió crítica en relació amb alguna qüestió) que l’Administració vulgui sostreure de l‘accés públic per considerar que tenen un caràcter intern i que han de romandre en “l’espai per pensar” de què ha de disposar l’Administració) per preservar el seu procés de presa de decisions. Però en aquest cas es demana que l’Administració valori i opini sobre determinades qüestions que la reclamant li planteja a la sol·licitud, la qual cosa és inadmissible en el marc d’aquest procediment - amb independència de la rellevància que aquesta valoració o opinió mereixi a la persona reclamant-, pel sol fet que no és informació preexistent, sinó una consulta jurídica, amb els efectes d’inadmissibilitat que en deriv
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz copia de las convocatorias de empleo para personal excluido de convenio y sus resoluciones desde 1994. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo e igualdad de las partes en proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no acreditarse perjuicio real ni abuso.
Se solicitó acceso a un expediente informativo de la Fundación IMDEA Materiales, incluyendo nombres de instructores, entrevistados y documentos recabados. La administración alegó que la solicitud era abusiva, que la información era auxiliar, que afectaba a procesos judiciales y que contenía datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es pública y no concurren los límites alegados.
El grupo municipal del PDeCAT solicitó al Ayuntamiento de Caldes d'Estrac el acceso a un expediente de actuaciones previas del Tribunal de Cuentas. Tras la denegación municipal, el ciudadano reclamó ante la GAIP. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento finalmente ofreció el acceso a la información solicitada.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública el gasto total en honorarios de abogados y procuradores para la defensa de altos cargos de la Junta de Andalucía desde 2010. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia copia de una carta enviada a su homólogo belga y otra correspondencia sobre la demanda contra el juez Llarena. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la carta específica pero no la correspondencia general.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia copias de una consulta del Ministerio de Fomento sobre la regulación del taxi y el informe de la Abogacía del Estado. La administración denegó el acceso alegando que la información afectaba a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificó debidamente el perjuicio.
El interesado solicitó al Ministerio de Economía y Empresa los actos de notificación de la transposición de la Directiva 2014/92/UE a la Comisión Europea. La Administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y no aplicaba la inadmisión.
La Sección Sindical de FeSP-UGT en Vaciamadrid solicitó al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid copia del expediente administrativo de un proceso de selección de letrados. El sindicato alegó que la respuesta no era satisfactoria para su labor de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el interés privado no prevalece sobre la protección de datos personales de los aspirantes.
El ciudadano solicitó a INECO información detallada sobre contratos, pagos y éxito de los procedimientos judiciales del Despacho Garrigues. Tras una estimación parcial, el interesado reclamó el desglose de los expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación alegando protección de datos personales y perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz las convocatorias de empleo desde 2005. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la información no fue creada para el proceso judicial y no se ha motivado el perjuicio concreto.
Se solicitó diversa información administrativa y financiera a la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo. La administración alegó abuso de derecho y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque parte de la información es privada, otra ya es pública en la web o afecta a datos personales.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Asturias las actas de sus dos últimos procesos electorales y la fecha de inscripción de sus juntas. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, rechazando la denegación basada en procesos judiciales pendientes.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Cogollos Vega copias de expedientes urbanísticos. El Ayuntamiento denegó los informes técnicos y jurídicos alegando que obran en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación por considerar pertinente el límite relativo a la prevención y sanción de ilícitos penales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de A Coruña) las actas y acuerdos de sus consejos de administración entre 2015 y 2018. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
El partido PODEMOS solicitó abundante información económica y contractual al Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad denegó el acceso alegando que la información era necesaria para un proceso judicial por malversación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se aplicaba el límite de tutela judicial.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid información sobre los "programas integrados" aprobados en febrero de 2018. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación al considerar improcedente la denegación basada en la existencia de procesos judiciales.
El interesado solicitó copias de diversos expedientes académicos y administrativos a la Universidad Politécnica de Madrid. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la universidad no acreditó un perjuicio real para la igualdad de las partes en procesos judiciales.
La Fundación Ado Moure Pro Deporte solicitó a la Dirección General de Tráfico información sobre si sus denuncias derivaron en expedientes sancionadores. Tras una denegación basada en límites de seguridad y reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
El reclamante solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copias de expedientes sobre incompatibilidades de cargos y resoluciones de compatibilidad. La Universidad denegó el acceso alegando falta de concreción, volumen de información y posibles perjuicios en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
El reclamante solicitó información a la Universidad Complutense de Madrid sobre una tesis doctoral, dictámenes periciales y convenios con entidades peruanas. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información solicitada está vinculada a un procedimiento judicial en curso, lo que justifica su limitación.
La Plataforma Víctimas Alvia 041 solicitó al Ministerio de Fomento una auditoría sobre seguridad ferroviaria en la línea Ourense-Santiago. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado el perjuicio real y que prevalece el interés público.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copias certificadas de diversas denuncias, informes y resoluciones sobre compatibilidad de cargos. La Universidad denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la solicitud de copias certificadas no constituye acceso a información pública.
Se solicitó información sobre la trayectoria laboral de una funcionaria, subvenciones a asociaciones de estudiantes y beneficiarios de becas a la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad denegó el acceso alegando procesos judiciales y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificaron debidamente los límites alegados.
Se solicitó al Departament d'Ensenyament una carta enviada al Tribunal Superior de Justícia sobre modificaciones presupuestarias. El ciudadano alegó haber obtenido la información por silencio administrativo. La GAIP estima la reclamación, anulando la denegación previa por considerar que no concurre el límite de igualdad de las partes al ser un documento ya conocido por la contraparte.
La Asociación Corruptil solicitó al EMVS de Madrid el expediente de enajenación de 5.315 inmuebles. La EMVS denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a investigaciones penales y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio concreto para la investigación o la igualdad de las partes.
Una plataforma solicita al Ajuntament de Sant Joan d'Alacant documentos de un proceso judicial, un certificado de compatibilidad urbanística y comunicaciones sobre una licencia ambiental. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana inadmite una petición de declaración de ilegalidad, desestima el acceso a documentos judiciales por estrategia de defensa, desestima la solicitud del certificado por considerarlo innecesario y declara la pérdida de objeto de una petición tras la entrega tardía de la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre licencias de ventilación y expedientes relacionados con locales específicos por problemas de ruido. El Ayuntamiento alegó protección de datos e interés legítimo. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la anonimización de datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento actas y órdenes del día del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón (1996-2017). La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, límites del art. 14 y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el derecho a la información es amplio, las normas internas no pueden limitarlo y los límites deben aplicarse caso por caso.
Se solicitó al Ministerio de Justicia copia de un informe de la Abogacía del Estado vinculado a una fiscalización del Tribunal de Cuentas. La administración inadmitió la solicitud alegando que el documento estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que el documento ya había sido emitido y que no debe confundirse la elaboración de un documento con la tramitación de un expediente.
Se solicitó al Instituto de Crédito Oficial el listado de puestos y retribuciones de personal laboral fuera de convenio (2013-2017). El ICO denegó la información individualizada alegando protección de datos y el límite de igualdad procesal en un juicio laboral en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que prevalece el interés público en puestos de libre designación y que la Administración no acreditó el perjuicio concreto al proceso judicial.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copias certificadas de diversos expedientes administrativos. La UPM denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, aunque la denegación por límite era improcedente, el derecho de acceso no ampara la solicitud de certificaciones.
Se solicitó a AENA información sobre créditos horarios y horas sindicales concedidos a secciones sindicales entre 2012 y 2017. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales pendientes y protección de datos de ideología sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que el límite procesal no estaba suficientemente motivado y que la información podía facilitarse de forma anonimizada para proteger datos personales.
El ciudadano solicitó a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva copias de certificados y planos de un establecimiento sanitario. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía decide retrotraer el procedimiento por no haberse dado traslado a los terceros afectados.
Una ciudadana solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza la investigación y sanción de colegiados, así como informes jurídicos sobre liberados sindicales. El Consejo de Transparencia de Aragón inadmitió la reclamación porque la solicitud no pretendía acceder a información pública, sino instar la actividad disciplinaria y resolver consultas jurídicas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà identificar al responsable de un pago indebido y acceso total a expedientes de contratación (2008-2017). El ciudadano alegó que el límite de igualdad procesal no era aplicable. La GAIP desestimó ambas reclamaciones por no ser el derecho de acceso una vía para obtener juicios de valor y por ser correcta la anonimización de datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Hipòlit de Voltregà la identidad del responsable de un pago cuestionado judicialmente y el acceso total a expedientes de contratación de personal (2008-2017). El ciudadano alegó que el Ayuntamiento no era parte del proceso judicial. La GAIP desestima ambas reclamaciones por no ser el derecho de acceso una vía para obtener juicios de valor y por ser ajustada la anonimización de datos personales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia los argumentos y costes de los juicios del Gobierno contra resoluciones del Consejo de Transparencia. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los procesos ya finalizados.
Deutsche Bank AG solicitó información detallada sobre el contrato de concesión de la Autopista Eje-Aeropuerto al Ministerio de Fomento. La administración denegó el acceso alegando la judicialización por concurso de acreedores y la necesidad de elaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y no se acreditó daño.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad información sobre la contratación de informes para el proyecto de almacén de gas Castor (licitación, adjudicación, presupuesto y copias). La administración denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso y falta de competencia sobre datos de Enagás. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el acceso al expediente administrativo del concurso de licencias de televisión. El reclamante alegó que, al ser un expediente concluido, no afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría la igualdad de las partes en los recursos judiciales en curso.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Lleida el expediente de selección del Director del Consorcio del Turó de la Seu Vella y el recurso contencioso asociado. El Ayuntamiento alegó confidencialidad y que la información pertenecía al Consorcio. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho de acceso pero limitándolo a la consulta (vista) sin entrega de copias.
Un periodista solicitó al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya informes de auditoría del Consorci del Palau de la Música (2006-2011). La administración denegó el acceso alegando perjuicio al proceso judicial en curso. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la investigación ni para la igualdad de las partes.
Se solicitó a la Abogacía General del Estado el acceso a informes y dictámenes sobre las Leyes 39 y 40 de 2015. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no solicitó la concreción de la solicitud y finalmente aportó la información durante las alegaciones.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Les Borges Blanques un estudio de calidad del aire y su factura. El Ayuntamiento denegó el estudio alegando que estaba vinculado a un proceso penal contra el alcalde. La GAIP estima la reclamación, considerando que el estudio tiene interés público, fue pagado con fondos públicos y no existe secreto sumarial que justifique la denegación.
El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife interpuso un recurso extraordinario de revisión contra una resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias que estimaba una reclamación de acceso a información electoral. El Comisionado inadmitió el recurso por no concurrir error de hecho ni aportar documentos esenciales nuevos.
Se solicitó al Grupo TRAGSA el número de contratos eventuales realizados desde 2014 desglosados por provincias, gerencias y meses. La empresa denegó el acceso alegando que la información era objeto de litigios judiciales, afectaba a sus intereses comerciales y la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es un dato numérico objetivo.
El interesado solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la motivación y puntuaciones de la adjudicación de licencias de TDT. La administración denegó el acceso alegando que el proceso está bajo recurso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la divulgación podría perjudicar la igualdad de las partes en los procesos judiciales en curso.
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