Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Torredembarra información sobre imputaciones judiciales de cargos públicos. El Ayuntamiento denegó los puntos 1 a 4 alegando que no era información pública en su poder. La GAIP desestima la reclamación porque la información no es pública al no estar en poder del Ayuntamiento y, subsidiariamente, por afectar a datos personales protegidos sin consentimiento.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el expediente sobre la exhumación de Francisco Franco y la licencia de obra del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de documentos preceptivos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública un informe sobre enterrar a Franco en la Catedral de la Almudena. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública y a la igualdad procesal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que el documento ya era conocido por las partes del proceso judicial y que sus valoraciones de seguridad eran generales, sin concurrir el perjuicio concreto necesario para aplicar los límites.
Se solicitó a la EMD de Sant Miquel de Balenyà el expediente de nombramiento, requisitos y tareas de un funcionario interino. La administración alegó falta de interés del solicitante y la existencia de un proceso judicial. La GAIP estima la solicitud porque el derecho de acceso no requiere interés personal y la administración no justificó el límite judicial.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad información detallada sobre el ensayo clínico "REFINE", incluyendo dictámenes, autorizaciones y protocolos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación confirmando la denegación parcial, ya que la información técnica y el 'know-how' del promotor (Biogen) están protegidos por límites a los intereses económicos y comerciales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad (AEMPS) la relación de ensayos y estudios postautorización promovidos por el Instituto Biodonostia. La AEMPS denegó la información anterior a 2016 alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no acreditarse un perjuicio real y concreto.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública información y documentos sobre las actuaciones de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid respecto a una denuncia sobre ofertas de empleo público. El Ministerio concedió acceso parcial pero denegó los documentos basándose en la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior un informe del Seprona sobre el Patrimonio Histórico de Sasamón. Tras una respuesta negativa alegando inexistencia del documento, el interesado reclamó aportando pruebas de su existencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, obligando al Ministerio a remitir la solicitud al órgano competente.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia el expediente administrativo de la exhumación de Francisco Franco. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el proyecto de exhumación y el informe de sanidad mortuoria.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Casares diversa documentación sobre convenios, contratos y querellas. Tras una respuesta parcial del Ayuntamiento, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo acuerda la pérdida de objeto parcial y desestima el resto por inexistencia de documentos y protección de datos.
El solicitante pidió al Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI copia de una solicitud de información sobre su colegiación y un correo electrónico relacionado. El organismo alegó protección de datos y existencia de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información solicitada no deriva de funciones administrativas, sino de la regulación privada del ejercicio profesional.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Gójar los enunciados y soluciones de un proceso selectivo de arquitecto técnico. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la documentación estaba en un expediente remitido a un juzgado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por no justificarse el límite legal invocado.
El ciudadano solicitó a la Consellería de Sanidade datos estadísticos sobre los resultados de un facultativo específico en el tratamiento de fractura de cóndilo mandibular. Tras alegar la administración la inexistencia de los datos y la necesidad de reelaborarlos, la Comisión da Transparencia desestima la reclamación por concurrir una causa de inadmisión.
Una ciudadana solicitó a la Viceconsejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía grabaciones y tests de una entrevista médico-forense. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información pertenece al ámbito judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por considerar que, al ser datos personales, debe canalizarse vía protección de datos.
TCA ECDF II Investments solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia la relación y actas de reuniones del Consejo de Administración sobre el Consorcio Valencia 2007. La administración denegó las actas alegando confidencialidad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información mediante acceso parcial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copias de denuncias remitidas a la AEPD y a la Subdelegación del Gobierno. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información y desconocer el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación debido a que el interesado no subsanó la falta de documentación requerida.
Varios ciudadanos solicitaron al Ayuntamiento de Ámbito copia del expediente remitido a la Fiscalía sobre la Urbanización Sierra del Tajuña. Ante la falta de respuesta, presentaron reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a la existencia de un procedimiento penal abierto y la advertencia judicial de no entregar la documentación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información sobre informes de viabilidad, costes y escritos presentados en recursos judiciales. El Ayuntamiento alegó la tutela judicial efectiva. La GAIP estima la reclamación, ordenando la entrega de los escritos y la confirmación de costes, mientras que difiere la entrega de los informes de viabilidad hasta que haya sentencia firme.
La empresa Promociones As Xubias S.L. solicitó al Ministerio de Fomento el acceso a expedientes de expropiación. La administración denegó el acceso total alegando protección de datos e igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la documentación al no justificarse los límites invocados.
El Ayuntamiento de Masquefa solicitó al Ayuntamiento de los Hostalets de Pierola contratos y convenios de gestión de residuos e ingresos derivados. Ante el silencio administrativo, la GAIP estima la reclamación ya que el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales no es aplicable al no existir perjuicio real para la defensa de la administración reclamada.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Justicia documentación detallada sobre el expediente de contratación NSE/2018/099. Tras una respuesta insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por no haberse justificado válidamente la aplicación de límites al derecho de acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans tres facturas e informes de seguimiento. El solicitante alegó que la información era necesaria para garantizar sus derechos laborales. La GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información durante el procedimiento y el interesado no presentó objeciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm copias de la Propuesta de la Alcaldía, el expediente de licitación 43/2015 e informes de Secretaría e Intervención. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso, investigaciones de la Fiscalía y la confidencialidad de la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia estimó la solicitud por considerar la información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm dos decretos de urbanismo y un informe externo sobre la gestión de la estación de autobuses. La administración denegó el acceso alegando que el expediente no ha finalizado y que existen procesos judiciales y de fiscalía abiertos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la solicitud al considerar que la información es pública.
Se solicitó copia de un convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Dirección General de la Policía sobre el reconocimiento de créditos. La Universidad denegó el acceso alegando que la información está sujeta a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por no acreditarse un perjuicio real y por ser información de naturaleza económica.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Empleo copia de justificantes contables de gastos de caja y tarjetas bancarias de la FAFFE (2007-2010). El solicitante alegó que es información pública esencial para la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación debido a que la información está sujeta a secreto sumarial en un proceso penal.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos detalles sobre subvenciones y cuentas anuales del Instituto de Derecho Público (2000-2018). La Universidad denegó el acceso alegando que la información estaba bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio real para el proceso judicial.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz copia de órdenes del día, actas y resoluciones del Consejo de Administración desde 1996. El ciudadano alegó que la solicitud no era repetitiva ni abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que el volumen de solicitudes y el uso de la vía administrativa para obtener pruebas ya instadas judicialmente constituyen un ejercicio abusivo del derecho.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz información sobre las masas salariales (2013-2017). La administración denegó el acceso alegando uso abusivo del derecho e igualdad de partes en proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación considerando que el volumen de solicitudes acredita un ejercicio abusivo del derecho.
El reclamante solicitó a la Universidad Complutense de Madrid la relación de docentes que perciben el complemento del art. 33.2 de la Ley 31/1990, detallando cuerpo y fechas. La Universidad denegó el acceso alegando protección de procesos judiciales y datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información de forma anonimizada.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos el registro de solicitudes y resoluciones de convalidación de créditos del Instituto de Derecho Público (2005-2018). La Universidad alegó protección de datos, afectación a procesos judiciales y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
La reclamació conté nombroses peticions per a que el Consorci es pronunciï sobre hipòtesis, sobre la valoració del compliment de la llei, o per a que s'emetin opinions, la qual cosa excedeix clarament de l'àmbit d'aquest procediment, que empara només l'obtenció d'informació pública preexistent. L'al·legació de la reclamant sobre la rellevància o interès públic que pugui tenir aquesta opinió no modifica ni altera la valoració de que no encaixa, pel seu objecte, en aquest procediment, que no pot emparar la pretensió que l'Administració elabori ex novo, a partir de la sol·licitud i per a la seva satisfacció, una valoració jurídica, que emeti una opinió o analitzi supòsits, si prèviament no van ser objecte de consideració o d’elaboració d'estudis o dictàmens que, només i exclusivament en la mesura en què fossin preexistents a la sol·licitud, podrien ser estimada. El requisit de què estiguin mancades de rellevància, que la persona reclamant considera que no ha justificat adequadament l’Administració, s’exigeix per l’LTAIPBG en relació amb la informació pública ja elaborada i preexistent a la sol·licitud, però de caràcter intern (art. 29..1.a LTAIPBG), com ara esborranys, resums, documents de treball interns i opinions ja elaborades i escrites (notes de valoració o que recullin l’opinió crítica en relació amb alguna qüestió) que l’Administració vulgui sostreure de l‘accés públic per considerar que tenen un caràcter intern i que han de romandre en “l’espai per pensar” de què ha de disposar l’Administració) per preservar el seu procés de presa de decisions. Però en aquest cas es demana que l’Administració valori i opini sobre determinades qüestions que la reclamant li planteja a la sol·licitud, la qual cosa és inadmissible en el marc d’aquest procediment - amb independència de la rellevància que aquesta valoració o opinió mereixi a la persona reclamant-, pel sol fet que no és informació preexistent, sinó una consulta jurídica, amb els efectes d’inadmissibilitat que en deriv
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz copia de las convocatorias de empleo para personal excluido de convenio y sus resoluciones desde 1994. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo e igualdad de las partes en proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no acreditarse perjuicio real ni abuso.
Se solicitó acceso a un expediente informativo de la Fundación IMDEA Materiales, incluyendo nombres de instructores, entrevistados y documentos recabados. La administración alegó que la solicitud era abusiva, que la información era auxiliar, que afectaba a procesos judiciales y que contenía datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es pública y no concurren los límites alegados.
El grupo municipal del PDeCAT solicitó al Ayuntamiento de Caldes d'Estrac el acceso a un expediente de actuaciones previas del Tribunal de Cuentas. Tras la denegación municipal, el ciudadano reclamó ante la GAIP. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento finalmente ofreció el acceso a la información solicitada.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública el gasto total en honorarios de abogados y procuradores para la defensa de altos cargos de la Junta de Andalucía desde 2010. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia copia de una carta enviada a su homólogo belga y otra correspondencia sobre la demanda contra el juez Llarena. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la carta específica pero no la correspondencia general.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia copias de una consulta del Ministerio de Fomento sobre la regulación del taxi y el informe de la Abogacía del Estado. La administración denegó el acceso alegando que la información afectaba a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificó debidamente el perjuicio.
El interesado solicitó al Ministerio de Economía y Empresa los actos de notificación de la transposición de la Directiva 2014/92/UE a la Comisión Europea. La Administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y no aplicaba la inadmisión.
La Sección Sindical de FeSP-UGT en Vaciamadrid solicitó al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid copia del expediente administrativo de un proceso de selección de letrados. El sindicato alegó que la respuesta no era satisfactoria para su labor de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el interés privado no prevalece sobre la protección de datos personales de los aspirantes.
El ciudadano solicitó a INECO información detallada sobre contratos, pagos y éxito de los procedimientos judiciales del Despacho Garrigues. Tras una estimación parcial, el interesado reclamó el desglose de los expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación alegando protección de datos personales y perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz las convocatorias de empleo desde 2005. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la información no fue creada para el proceso judicial y no se ha motivado el perjuicio concreto.
Se solicitó diversa información administrativa y financiera a la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo. La administración alegó abuso de derecho y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque parte de la información es privada, otra ya es pública en la web o afecta a datos personales.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Asturias las actas de sus dos últimos procesos electorales y la fecha de inscripción de sus juntas. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, rechazando la denegación basada en procesos judiciales pendientes.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Cogollos Vega copias de expedientes urbanísticos. El Ayuntamiento denegó los informes técnicos y jurídicos alegando que obran en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación por considerar pertinente el límite relativo a la prevención y sanción de ilícitos penales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de A Coruña) las actas y acuerdos de sus consejos de administración entre 2015 y 2018. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
El partido PODEMOS solicitó abundante información económica y contractual al Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad denegó el acceso alegando que la información era necesaria para un proceso judicial por malversación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se aplicaba el límite de tutela judicial.
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid información sobre los "programas integrados" aprobados en febrero de 2018. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación al considerar improcedente la denegación basada en la existencia de procesos judiciales.
El interesado solicitó copias de diversos expedientes académicos y administrativos a la Universidad Politécnica de Madrid. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la universidad no acreditó un perjuicio real para la igualdad de las partes en procesos judiciales.
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