Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó a la AEAT resoluciones y una relación en Excel sobre el sistema de movilidad 'PANELES' (2014-2020). La AEAT inadmitió la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo y falta de conservación de datos antiguos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las resoluciones desde 2016.
Un regidor de Camporrelles solicitó al Ajuntament diversas copias de decretos, expedientes de contratación y expedientes judiciales. El Ayuntamiento denegó el acceso a los expedientes judiciales alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación, reconociendo el derecho de acceso a toda la información solicitada, con matices de protección de datos y límites procesales.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Caldes d'Estrac el expediente de aprobación del cuadrante horario de la Policía Local 2021. El Ayuntamiento alegó que existía un proceso judicial en curso sobre el mismo asunto. La GAIP estima la reclamación, obligando al acceso por ser un expediente acabado y necesario para la vigilancia de la legalidad laboral.
Una delegada de personal solicitó al Ayuntamiento de Caldes d'Estrac el expediente de un proceso de selección de 2011. El Ayuntamiento no respondió formalmente y alegó la existencia de un litigio judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso al acta y expediente, excluyendo datos de candidatos no seleccionados y estrategias de defensa judicial.
Una regidora del Grup Municipal del Partit Popular solicitó al Ajuntament de València copias de alegaciones relativas a un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la naturaleza del procedimiento y los derechos de la mercantil Mercavalcencia. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación por proteger la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el acceso a las grabaciones de videovigilancia del tránsito de la vicepresidenta de Venezuela por el Aeropuerto de Madrid-Barajas. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior el expediente completo sobre un accidente químico. Tras alegar silencio administrativo y el levantamiento del secreto de sumario, la GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el procedimiento para que la Administración ayude al solicitante a concretar la petición por ser demasiado genérica e imprecisa.
Un ciudadano solicitó a la Entidad Local Menor de Bembrive copias de escritos presentados por un tercero. El solicitante alegó que el procedimiento judicial relacionado estaba archivado. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la información podría perjudicar investigaciones penales y administrativas en curso.
La interesada solicitó al Ministerio de Justicia la resolución de compatibilidad de un psicólogo forense. Tras recibir acceso parcial basado en la protección de datos y la igualdad procesal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y acuerda retrotraer las actuaciones para que la Administración dé audiencia al tercero afectado antes de ponderar el acceso.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia de los justificantes de ausencia de los miembros del Tribunal Calificador de un proceso selectivo de 2014. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar, repetitivo y afectación a la tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por no ser aplicable la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Consell Comarcal del Segrià copia de correos electrónicos y escritos sobre el retraso en la tramitación de expedientes. El solicitante alegó que la información era necesaria para su defensa y que el proceso judicial ya había concluido. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la denegación y ordenando retrotraer el proceso para consultar a los terceros afectados.
Se solicitó al Consell Comarcal del Segrià el Protocolo de prevención de agresiones de 2011 y datos de su autoría. El organismo alegó que el acceso debía ser autorizado por un juez al estar vinculado a un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación, determinando que el documento es información pública y no constituye una estrategia de defensa judicial.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid los justificantes de ausencia de los miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria de Subinspector de Policía Municipal 2014. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmite la reclamación porque el solicitante es interesado en un procedimiento administrativo aún no finalizado.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el expediente urbanístico y planos del gimnasio Go-Fit para verificar el cumplimiento de la normativa de arbolado urbano. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos, secreto profesional y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar correcta la ponderación del Ayuntamiento.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda/SEPI el expediente administrativo de la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones.
Una Comunidad de Regantes solicitó a SEIASA el informe de la Abogacía del Estado que justifica la liquidación de unas obras. SEIASA denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no existe un proceso judicial en curso que justifique dicho límite.
Un sindicat solicitó al Departament d'Interior la descripción de puestos de trabajo y datos de superiores de facultativos químicos y farmacéuticos. El organismo denegó el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es organizativa y no constituye una estrategia de defensa judicial.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gijón una copia de las pruebas y la plantilla de respuestas de un proceso selectivo de personal funcionario. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no está justificada con la finalidad de la Ley.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia copia de los informes de la Abogacía General del Estado sobre el Covid-19 (marzo-mayo 2020). La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó fuera de plazo y tras la reclamación.
La mercantil Difusión Herciana, S.L. solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de un expediente administrativo relacionado con una denuncia de Mediaset contra Radio Blanca, S.A. La administración denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar aplicable el límite de igualdad de las partes.
El Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya solicitó al Ajuntament d'Alaquàs información sobre resoluciones de complementos de productividad de trabajadores (activos y jubilados) y los criterios de suspensión de un acuerdo regulador. El Ayuntamiento no respondió. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, alegando que la información es pública y necesaria para la actividad sindical.
El ciudadano solicitó la Autorización Ambiental Integrada y la documentación del Programa de Vigilancia Ambiental de un vertedero en Zaldibar al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Tras una denegación parcial basada en la existencia de un proceso judicial, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar el Programa original pero manteniendo la reserva de la documentación posterior.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicaciones con la empresa de seguridad ILUNION e informes sobre un vigilante en el Aeropuerto de Madrid. La solicitante alegó que la información no era auxiliar y que era posible anonimizar los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por ser información auxiliar, proteger datos personales y afectar a la seguridad pública.
El ciudadano solicitó a la Dirección Provincial del SEPE en Zaragoza la relación de plazas temporales del subgrupo A1-A2 desde 2017, sus ocupantes y datos de convocatoria. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, rechazando que la existencia de un proceso judicial o la protección de datos personales justifiquen la denegación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia tres informes de la Abogacía del Estado sobre el estado de alarma. La Administración denegó el acceso alegando que los informes no existen y, subsidiariamente, que su divulgación afectaría a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmarse la inexistencia de la información.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de informes relativos a un proceso selectivo de libre designación. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que el interesado debe acudir a la normativa de procedimiento administrativo común. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por ser el solicitante parte interesada en un procedimiento en curso.
El ciudadano solicitó a la Dirección Provincial del SEPE en Zaragoza una relación detallada de plazas cubiertas por provisión temporal desde 2016. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la administración a entregar la información, exceptuando datos ya facilitados en otra reclamación previa.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación información sobre el tránsito por España de la Vicepresidenta de Venezuela. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en la protección de diligencias judiciales penales en curso.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información y comunicaciones sobre el tránsito por España de la vicepresidenta de Venezuela y órdenes relacionadas. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y alegó inexistencia de otros documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en límites judiciales y la inexistencia de la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el motivo por el cual el Ministro acudió en representación del Gobierno a un encuentro con una Vicepresidenta. La administración inadmitió la solicitud alegando que no se pedía información pública sino la respuesta a una pregunta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al no existir documento previo.
La reclamante solicitó retribuciones, titulaciones y funciones del personal directivo y de jefatura de la Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife. La administración denegó parte de la información alegando carácter abusivo de la solicitud y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información del Jefe de Área de Desarrollo Operativo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El reclamante solicitó acceso al expediente administrativo sobre la recuperación de ayudas estatales relacionadas con la digitalización de redes de televisión en Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denegó la información alegando que afectaba a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
FACUA-Andalucía solicitó a la Consejería de Salud y Familias la identificación de los odontólogos responsables de las clínicas iDental y sus seguros de responsabilidad civil. Tras un procedimiento de retroacción, la Secretaría General Técnica denegó el acceso alegando que la información podría perjudicar la igualdad de las partes en un proceso penal en curso.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Puertos del Estado diversos informes técnicos, el estudio de impacto ambiental y dictámenes sobre la modificación de un contrato de obras del puerto de Punta Langosteira. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña información sobre permisos, tasas y proyectos de construcción del pantalán de Repsol y cajones para Aberdeen. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso ante el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar insuficientes los límites alegados.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña información sobre permisos, tasas y proyectos de construcción del pantalán de Repsol. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso ante el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se justificó el perjuicio real al derecho de acceso.
El solicitante pidió a la CNMV el contrato de consultoría para la defensa de España en el arbitraje del caso Banco Popular. La CNMV denegó el acceso alegando que la información estaba reservada y perjudicaría la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender el plazo para resolver debido a la existencia de un proceso judicial en curso sobre la misma materia.
El reclamante solicitó documentación técnica (autorizaciones, actas e inspecciones) sobre la explotación minera Casalonga a Augas de Galicia. La administración denegó el acceso alegando que, al existir un procedimiento penal en curso, la información debía solicitarse vía judicial para no vulnerar la igualdad de las partes. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia información sobre expedientes sancionadores de verteduras de los últimos cinco años y medidas de precinto. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un procedimiento penal en curso. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación al considerar que la información es administrativa y preexistente.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia diversos informes de la Abogacía del Estado sobre entregas a cuenta a CCAA y la aplicación del art. 155 con gobierno en funciones. La administración alegó perjuicio a la igualdad procesal y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes sobre entregas a cuenta.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra información sobre si en su evaluación del Plus de Especial Desempeño de 2018 se consideraron ítems de 2017. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva, al responder a un interés privado laboral vinculado a un proceso judicial ya resuelto.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra instrucciones sobre las funciones de la Responsable de Compras. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y falta de finalidad de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la petición responde a un interés privado y laboral vinculado a un proceso judicial.
Una trabajadora solicitó a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra copia de incidencias en tres contratos citados en un juicio laboral. La administración inadmitió la solicitud por carácter abusivo y tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la petición responde a un interés privado y laboral, no a la finalidad de la ley de transparencia.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra la valoración escrita de su Plus de Especial Desempeño (2016-2018). Tras la inadmisión de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y responde a un interés privado laboral, sin finalidad de transparencia pública.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra instrucciones de una aplicación de gestión documental e informes TIC. La administración inadmitió la solicitud por carácter abusivo y falta de tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud responde a un interés privado laboral y no a la finalidad de la ley.
Una trabajadora solicitó el organigrama de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra para acreditar su adscripción laboral tras un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva, ya que persigue un interés privado y no la finalidad de control público de la ley.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el informe de la Abogacía del Estado que sirvió de base para el Real Decreto-ley 13/2019. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el informe no fue creado para el proceso judicial sino para una decisión administrativa.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra informes de la IGAE sobre fraccionamiento de contratos menores. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud responde a un interés privado derivado de un conflicto laboral judicializado.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la nulidad de acuerdos de un tribunal de selección, copias de exámenes de ortografía de otros aspirantes y exámenes de años anteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que algunas peticiones exceden el ámbito de la ley, otras son abusivas y algunas se rigen por la normativa de procedimientos en curso.
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