Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia información sobre contratos, número de vehículos, tarifas y pagos realizados a depósitos judiciales en Melilla. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de terceros y la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la apertura de audiencia a terceros y la entrega de datos de inventario.
El interesado solicitó información sobre las actuaciones respecto al líder del Frente Polisario al Ministerio de Justicia. El Ministerio alegó que las actuaciones de la Audiencia Nacional se rigen por derecho procesal y no por la Ley de Transparencia, siendo competencia del Poder Judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Se solicitó a la Fundación Zaragoza Logistics Center la relación de retribuciones mensuales y anuales del personal de 2017 a 2019. La Fundación concedió acceso parcial limitándolo a datos actualizados. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación por prevalecer el derecho a la protección de datos personales sobre el interés público de conocer retribuciones individuales.
La solicitante pidió al Ministerio de Ciencia e Innovación datos sobre cuantías y criterios de productividad y gratificaciones de 2020. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud alegando un límite judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por ser extemporánea, habiéndose superado el plazo de un mes para su presentación.
El reclamante solicitó al Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias el expediente de liquidación de un contrato de mantenimiento por incumplimiento del contratista. La administración denegó el acceso alegando protección de la igualdad en procesos judiciales, intereses comerciales y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Se solicitó copia completa del expediente de liquidación del contrato de mantenimiento de inmuebles de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. La administración denegó el acceso alegando límites por igualdad de las partes, intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la solicitud al considerar que no se acreditaron los daños necesarios.
Un ciudadano solicitó al Concejo de Gollano copia de los escritos de alegaciones remitidos al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) en relación con cuatro recursos de alzada. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación alegando que el acceso a documentos elaborados para un proceso en curso debe canalizarse a través del órgano juzgador para no vulnerar la igualdad de las partes.
Un regidor solicitó al Ajuntament de Catarroja el comunicado de una intervención policial y una ficha de Eurocop relacionadas con una denuncia sobre una fiesta en el domicilio del alcalde. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un procedimiento judicial abierto. El Consell de Transparència estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Sarrià de Ter información sobre procesos de selección de personal y recursos presentados. El Ayuntamiento alegó protección de datos y el principio de igualdad de las partes por existir un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información anonimizada y desestimando la petición de resolver un recurso administrativo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sarrià de Ter información sobre procesos de selección de personal y recursos asociados. El reclamante aceptó recibir la información sin datos personales de terceros. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información disociada, y desestima la petición de resolver un recurso administrativo por no ser información pública preexistente.
EMAYA solicitó al IGME (CSIC) los datos de muestreos analíticos en formato editable del Proyecto Mercurio. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar, propiedad intelectual y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un soporte auxiliar para el informe final.
El ciudadano solicitó al Consejo Superior de Deportes los certificados de composición y actas de la Junta Directiva de la FEDA (2016-2020). El CSD denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva por existir un proceso penal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la mera existencia de un proceso no justifica la denegación.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento del Vendrell diversos informes. Tras recibir algunos, reclamó ante la GAIP el acceso a un correo electrónico que contenía la asesoría jurídica solicitada. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el email basándose en el derecho de acceso de los electos locales y la inexistencia de límites aplicables.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya información sobre la actuación de los servicios de emergencia y mediciones de calidad del aire tras un accidente químico. La Administración denegó parte de la solicitud alegando seguridad pública y procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación y ordena el acceso a la información.
La Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado solicitó al Ayuntamiento de El Granado copias de decretos y documentos sobre la redacción de proyectos técnicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó copia digital de un informe técnico del Servicio de Cultura de Castilla-La Mancha relacionado con la Colegiata de Pastrana. La administración alegó que el Ministerio de Cultura debería valorar el acceso y que existen límites por investigación penal y tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no concurrir dichos límites.
Se solicitó a la Junta de Castilla-La Mancha un informe sobre las obras de la Colegiata de Pastrana. La administración alegó que debía decidir el Ministerio de Cultura y citó límites por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso al informe al no existir vicios formales ni procesos penales activos que lo justifiquen.
El solicitante requirió al Parque Móvil del Estado actas de la mesa delegada y documentos sobre requerimientos de la Inspección de Trabajo. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva por existir un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se ha justificado el perjuicio real.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pájara copia de las actuaciones urbanísticas de la finca registral 909 desde enero de 2020. El Ayuntamiento permitió el acceso pero condicionó la entrega al vencimiento del plazo de recurso contencioso-administrativo. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información previa anonimización de datos personales.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Gozón documentación sobre un contrato menor (licitadores, texto del contrato e informe jurídico). La administración alegó que parte de la información ya había sido entregada y que el informe jurídico estaba protegido para no perjudicar una futura defensa judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe jurídico.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola documentación sobre contratos, facturas y actuaciones de un abogado externo y otros letrados. La administración denegó el acceso alegando que los informes se referían a asuntos penales en curso. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la documentación contractual previa a procesos judiciales.
Se solicitó al Departament de Salut información sobre la vacunación Covid-19 de la Guardia Civil y Policía Nacional. La Administración denegó parte de la solicitud alegando el principio de igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información al no ser documentos de estrategia de defensa jurídica.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
El Sindicat Professional de Polícies Municipals d'Espanya solicitó al Ayuntamiento de Alaquàs documentación relativa a la situación administrativa, nombramientos y procesos selectivos de un funcionario (comisario de la Policía Local). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a procesos judiciales en curso. El Consell de Transparència estimó la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ADIF AV) el acceso al expediente de expropiación forzosa 224ADIF1004. La administración denegó el acceso alegando la existencia de procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado un perjuicio real y concreto a la tutela judicial efectiva.
El Instituto de Estudios Portuarios, Marítimos y Costeros solicitó al Ministerio de Justicia un informe de la Abogacía General del Estado sobre la concesión del Real Club Náutico de Palma. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El reclamante solicitó a la Presidència de la Generalitat copia del expediente de contratación de un despacho de abogados para una pericial judicial. La administración estimó la solicitud pero solo remitió un enlace a la plataforma de contratación. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación: deniega el expediente por protección de la igualdad en procesos judiciales, pero ordena entregar las facturas pagadas.
Se solicitó información a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya sobre la resolució de 17 de mayo de 2021. El reclamante alegó que la administración no respondió a su solicitud de acceso a la información. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por considerar que la administración actuó conforme a derecho y que la información solicitada estaba cubierta por los límites de confidencialidad y protección de datos.
La mercantil COPEMAR, S.A. solicitó a SASEMAR documentación y grabaciones sobre la extinción de un incendio en el buque Baffin Bay. Tras la denegación basada en límites de tutela judicial y confidencialidad, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
La interesada solicitó al Ministerio del Interior documentación sobre la detención del personal de seguridad del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid y comunicaciones oficiales al respecto. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó la aplicación de dichos límites.
El ciudadano solicitó a la AEAT resoluciones y una relación en Excel sobre el sistema de movilidad 'PANELES' (2014-2020). La AEAT inadmitió la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo y falta de conservación de datos antiguos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las resoluciones desde 2016.
Un regidor de Camporrelles solicitó al Ajuntament diversas copias de decretos, expedientes de contratación y expedientes judiciales. El Ayuntamiento denegó el acceso a los expedientes judiciales alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación, reconociendo el derecho de acceso a toda la información solicitada, con matices de protección de datos y límites procesales.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Caldes d'Estrac el expediente de aprobación del cuadrante horario de la Policía Local 2021. El Ayuntamiento alegó que existía un proceso judicial en curso sobre el mismo asunto. La GAIP estima la reclamación, obligando al acceso por ser un expediente acabado y necesario para la vigilancia de la legalidad laboral.
Una delegada de personal solicitó al Ayuntamiento de Caldes d'Estrac el expediente de un proceso de selección de 2011. El Ayuntamiento no respondió formalmente y alegó la existencia de un litigio judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso al acta y expediente, excluyendo datos de candidatos no seleccionados y estrategias de defensa judicial.
Una regidora del Grup Municipal del Partit Popular solicitó al Ajuntament de València copias de alegaciones relativas a un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la naturaleza del procedimiento y los derechos de la mercantil Mercavalcencia. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación por proteger la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el acceso a las grabaciones de videovigilancia del tránsito de la vicepresidenta de Venezuela por el Aeropuerto de Madrid-Barajas. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior el expediente completo sobre un accidente químico. Tras alegar silencio administrativo y el levantamiento del secreto de sumario, la GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el procedimiento para que la Administración ayude al solicitante a concretar la petición por ser demasiado genérica e imprecisa.
Un ciudadano solicitó a la Entidad Local Menor de Bembrive copias de escritos presentados por un tercero. El solicitante alegó que el procedimiento judicial relacionado estaba archivado. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la información podría perjudicar investigaciones penales y administrativas en curso.
La interesada solicitó al Ministerio de Justicia la resolución de compatibilidad de un psicólogo forense. Tras recibir acceso parcial basado en la protección de datos y la igualdad procesal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y acuerda retrotraer las actuaciones para que la Administración dé audiencia al tercero afectado antes de ponderar el acceso.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia de los justificantes de ausencia de los miembros del Tribunal Calificador de un proceso selectivo de 2014. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar, repetitivo y afectación a la tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por no ser aplicable la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Consell Comarcal del Segrià copia de correos electrónicos y escritos sobre el retraso en la tramitación de expedientes. El solicitante alegó que la información era necesaria para su defensa y que el proceso judicial ya había concluido. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la denegación y ordenando retrotraer el proceso para consultar a los terceros afectados.
Se solicitó al Consell Comarcal del Segrià el Protocolo de prevención de agresiones de 2011 y datos de su autoría. El organismo alegó que el acceso debía ser autorizado por un juez al estar vinculado a un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación, determinando que el documento es información pública y no constituye una estrategia de defensa judicial.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid los justificantes de ausencia de los miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria de Subinspector de Policía Municipal 2014. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmite la reclamación porque el solicitante es interesado en un procedimiento administrativo aún no finalizado.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el expediente urbanístico y planos del gimnasio Go-Fit para verificar el cumplimiento de la normativa de arbolado urbano. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos, secreto profesional y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar correcta la ponderación del Ayuntamiento.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda/SEPI el expediente administrativo de la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones.
Una Comunidad de Regantes solicitó a SEIASA el informe de la Abogacía del Estado que justifica la liquidación de unas obras. SEIASA denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no existe un proceso judicial en curso que justifique dicho límite.
Un sindicat solicitó al Departament d'Interior la descripción de puestos de trabajo y datos de superiores de facultativos químicos y farmacéuticos. El organismo denegó el acceso alegando la igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es organizativa y no constituye una estrategia de defensa judicial.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gijón una copia de las pruebas y la plantilla de respuestas de un proceso selectivo de personal funcionario. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no está justificada con la finalidad de la Ley.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia copia de los informes de la Abogacía General del Estado sobre el Covid-19 (marzo-mayo 2020). La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó fuera de plazo y tras la reclamación.
La mercantil Difusión Herciana, S.L. solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de un expediente administrativo relacionado con una denuncia de Mediaset contra Radio Blanca, S.A. La administración denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar aplicable el límite de igualdad de las partes.
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