Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Alicante copia íntegra de un expediente de información reservada sobre acoso laboral. El Ayuntamiento alegó límites relativos a la tutela judicial y protección de datos de terceros. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso al considerar que la solicitante es interesada y que no concurren los límites alegados.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir datos sobre un puesto de Jefe de Servicio. Tras una concesión parcial basada en la protección de datos y procesos judiciales, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pero posteriormente desistió de la reclamación, por lo que el CTBG resolvió el archivo de las actuaciones.
Se solicitó al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya copia de diligencias de la UMAR. El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP resolvió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración facilitó la información durante la tramitación de la reclamación.
La Federació d'Ecologistes de Catalunya solicitó al Ayuntamiento de Sant Just Desvern los informes y cálculos económicos sobre indemnizaciones de un proyecto urbanístico. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que eran documentos de trabajo internos y por estrategia procesal. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información tiene un alto interés público y no se acredita su publicación inminente.
Se solicitó a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul información sobre los costes y daños de la rotura de la balsa minera de Boliden (1998). La entidad denegó el acceso alegando que la información obraba en un expediente judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que son datos fácticos administrativos.
Una trabajadora solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco el acceso a un expediente administrativo de inspección contra su empresa. El organismo denegó el acceso alegando el deber de sigilo y la existencia de un proceso judicial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía información sobre el depósito de la fianza de alquiler de un inmueble. El solicitante alegó su condición de coheredero litigante. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación basándose en la protección de datos personales y la existencia de un proceso penal en curso.
El reclamante solicitó al Centro Operativo Provincial INFOCA de Málaga fotografías y vídeos de un incendio forestal de 2019. La entidad denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación basándose en la protección de la investigación de actividades penales.
Se solicitó a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica del SAS las actas e informes de una alerta alimentaria sobre aceite de oliva. El reclamante alegó que son documentos públicos y que no es necesaria la condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar investigaciones en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato de formación de 2019. El interesado alegó que la investigación judicial afecta a la expresidenta y no al Puerto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso actual supondría un riesgo real para la igualdad de las partes en el proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires la fecha, lugar de publicación y destinatarios de la notificación de la aprobación definitiva de un acuerdo de pleno de 2017. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando prevención por un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la tutela judicial efectiva ni igualdad de las partes.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires la fecha, lugar de publicación y destinatarios de la notificación de un acuerdo de pleno de 2017. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando prevención por un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la tutela judicial efectiva ni igualdad de las partes.
Se solicitó a EMASESA información sobre pagos, contratos, indemnizaciones y resoluciones judiciales de tres personas. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información.
FACUA solicitó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura la resolución del expediente sancionador contra Dell. La Administración alegó protección de datos y deber de sigilo por existir un recurso judicial pendiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en la tutela judicial efectiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena expedientes completos de dos contratos menores de asistencia jurídica. El organismo denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación y confirma la denegación basándose en el riesgo real de alterar el equilibrio de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el dictamen A.G. Entes Públicos 116/21 sobre bajas incentivadas en Puertos del Estado. Alegó que el documento no fue creado específicamente para el proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión del informe perjudicaría la estrategia procesal y la igualdad de armas en el juicio.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social un informe de situación sobre la concesión de productividad. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información al no justificarse la aplicación de los límites legales.
El solicitante pidió al FOGASA diversa documentación sobre procesos selectivos de interinos y resoluciones administrativas. El organismo denegó el acceso alegando que eran documentos internos y que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información por falta de motivación en la denegación.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los expedientes de transferencia de las concesiones C-469 y C-470 y sus informes jurídicos. El Ministerio limitó el acceso alegando procesos judiciales en curso y reiteración abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación de dichos límites.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el acceso a dos expedientes de concesiones administrativas de Fertiberia, S.A. en Huelva. El solicitante no presentó alegaciones tras la respuesta tardía del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
Balearia solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras información sobre la modificación de un pliego de licencias, inversiones realizadas, informes de servicio y cuentas anuales. Tras alegar la solicitante la inexistencia de reelaboración documental, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por afectar a secretos comerciales y a la estrategia procesal de un juicio en curso.
Se solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya copia de informes sanitarios sobre una residencia. El solicitante alegó que la entrega fue incompleta. La GAIP estima parcialmente la reclamación: aunque valida la denegación de datos personales y judiciales, obliga a entregar el número total de informes, sus fechas y periodicidad.
Se solicitó a la Mancomunitat Penedès Garraf el acceso a informes de la Oficina Antifrau de Catalunya y dictámenes jurídicos desde 2019. El reclamante alegó la obligatoriedad de publicar informes jurídicos y la existencia de investigaciones por irregularidades. La GAIP desestimó la reclamación por existir procesos judiciales pendientes que afectarían la igualdad de las partes.
La Fundación Montescola solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación el código CVE de una resolución sobre la caducidad de concesiones mineras. Tras un silencio administrativo y una posterior denegación expresa, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que la Administración no justificó debidamente los límites de acceso invocados.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte copias de formularios de control antidopaje, cadena de custodia e informes de misión (2017-2021). Tras la inadmisión inicial y alegaciones del interesado acotando la petición solo a los informes de misión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por carencia sobrevenida de objeto al ser una solicitud repetitiva.
Un periodista solicitó al Ministerio de Transportes, Renfe y ADIF documentación sobre una incidencia ferroviaria por incendio forestal en agosto de 2022. ADIF denegó el acceso alegando la existencia de un proceso penal y la genericidad de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información no procesal ni sumarial.
Se solicitó al Ministerio de Justicia la resolución y el expediente de habilitación de la Abogacía del Estado para defender a un empleado público. El solicitante alegó que se trataba de un proceso de toma de decisión con gasto público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla documentación de carácter procesal que afectaría a la tutela judicial efectiva.
Varios solicitantes pidieron al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) información sobre contratos de correo electrónico, dietas de la presidencia y expedientes judiciales. Tras una estimación parcial del CGAE, los interesados reclamaron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que dicha información no es actividad sujeta a Derecho Administrativo.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Vélez-Málaga expedientes sancionadores y de ejecución subsidiaria sobre chiringuitos desde 2019. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización de datos personales.
Un representante sindical solicitó a Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona) listados de trabajadores y sus jornadas para verificar el pago de tiquets restaurante. El organismo denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de la información mediante pseudonimización para proteger datos personales.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Loeches copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2016. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la judicialización de los expedientes y la falta de medios para digitalizarlos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena retrotraer el trámite para que el interesado concrete la solicitud.
El interesado solicitó la relación de contratos y su ubicación suscritos por el Canal de Isabel II con la Comunidad de Propietarios, la Entidad Urbanística de Conservación y el Ayuntamiento de Venturada. El Canal de Isabel II denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a diligencias judiciales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2021). Tras la denegación de Puertos del Estado, AP Pasaia y AP Bilbao, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz documentos de un proceso selectivo (CVs, actas de entrevistas y registros de entrega). Tras la denegación parcial del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del CV de la seleccionada y el acta de entrevista de la solicitante.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Zalla el informe remitido a Fiscalía por el Servicio Municipal de Mediación. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando confidencialidad y falta de carácter público. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación por no ser aplicable la LTAIBG al tratarse de un procedimiento administrativo en curso y judicializado.
Se solicitó a la AEPSAD/CELAD el destino de 10 casos adversos de dopaje de 2020 y las disciplinas deportivas asociadas a los 16 casos totales. El reclamante alegó que la respuesta fue incompleta al no desglosar causas específicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por alterar el objeto inicial y por inexistencia de la información estadística solicitada.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madarcos el expediente de adjudicación del Bar Social. Tras una entrega incompleta, el ciudadano alegó la omisión de ofertas y contratos. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación faltante al no justificarse la limitación por proceso judicial.
Una representante sindical solicitó a la Fundación Hospital Provincial de Castelló información sobre la plantilla, retribuciones y el Plan de Igualdad 2018-2021. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando a la entidad a facilitar la información al no acreditarse límites legales válidos.
D. XXX y el colectivo Ecologista EGUZKI solicitaron al Ayuntamiento de Errenteria el escrito de demanda de un recurso contencioso-administrativo sobre urbanismo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la naturaleza judicial del proceso. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación al considerar que no se ha motivado el perjuicio a la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) un listado anonimizado de personal no sanitario con jornada mixta de teletrabajo. El ICS inadmitió la solicitud alegando inexistencia de la información y riesgo de perjudicar la igualdad de las partes en un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la inadmisión por falta de motivación y exigiendo la información.
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. solicitó a AENA S.M.E., S.A. la documentación justificativa de siete incidencias y modificaciones de un contrato de obra. AENA denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al ser información de publicación obligatoria.
Difusión Herciana, S.L. solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente administrativo sobre una denuncia de Mediaset contra Radio Blanca, S.A. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba sub-judice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y ponderación del daño.
Una empresa solicitó al Ministerio de Defensa documentación económica (facturas, albaranes y actas) de un contrato de grúas. El Ministerio denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la entrega de dichos documentos alteraría el equilibrio de las partes en el proceso judicial abierto.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre la revisión de móviles de altos cargos por el programa Pegasus. El solicitante alegó que el Gobierno ya había hecho pública parte de esta información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por tratarse de información clasificada como secreto y por afectar a procesos judiciales en curso.
Se solicitó a ESPIMSA el acceso a registros contables y justificantes de gastos de cuatro tarjetas de empresa (2008-2019). Ante la falta de respuesta, se reclamó ante la GAIP. La GAIP desestima la reclamación porque la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones penales.
Se solicitó a ESPIMSA el acceso a registros contables y justificantes de gastos de varias tarjetas de empresa entre 2012 y 2018. Ante el silencio administrativo, la GAIP desestimó la reclamación basándose en que la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones penales (art. 23 LTAIPBG).
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA. La CNMC denegó el acceso alegando confidencialidad legal y límites de intereses económicos y secreto comercial, además de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la CNMC no justificó suficientemente la aplicación de los límites y ordenó facilitar la información no confidencial del expediente.
201–250 de 517