Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Varios solicitantes pidieron al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) información sobre contratos de correo electrónico, dietas de la presidencia y expedientes judiciales. Tras una estimación parcial del CGAE, los interesados reclamaron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que dicha información no es actividad sujeta a Derecho Administrativo.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Vélez-Málaga expedientes sancionadores y de ejecución subsidiaria sobre chiringuitos desde 2019. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización de datos personales.
Un representante sindical solicitó a Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona) listados de trabajadores y sus jornadas para verificar el pago de tiquets restaurante. El organismo denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de la información mediante pseudonimización para proteger datos personales.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Loeches copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2016. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la judicialización de los expedientes y la falta de medios para digitalizarlos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena retrotraer el trámite para que el interesado concrete la solicitud.
El interesado solicitó la relación de contratos y su ubicación suscritos por el Canal de Isabel II con la Comunidad de Propietarios, la Entidad Urbanística de Conservación y el Ayuntamiento de Venturada. El Canal de Isabel II denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a diligencias judiciales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2021). Tras la denegación de Puertos del Estado, AP Pasaia y AP Bilbao, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz documentos de un proceso selectivo (CVs, actas de entrevistas y registros de entrega). Tras la denegación parcial del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del CV de la seleccionada y el acta de entrevista de la solicitante.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Zalla el informe remitido a Fiscalía por el Servicio Municipal de Mediación. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando confidencialidad y falta de carácter público. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación por no ser aplicable la LTAIBG al tratarse de un procedimiento administrativo en curso y judicializado.
Se solicitó a la AEPSAD/CELAD el destino de 10 casos adversos de dopaje de 2020 y las disciplinas deportivas asociadas a los 16 casos totales. El reclamante alegó que la respuesta fue incompleta al no desglosar causas específicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por alterar el objeto inicial y por inexistencia de la información estadística solicitada.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madarcos el expediente de adjudicación del Bar Social. Tras una entrega incompleta, el ciudadano alegó la omisión de ofertas y contratos. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación faltante al no justificarse la limitación por proceso judicial.
Una representante sindical solicitó a la Fundación Hospital Provincial de Castelló información sobre la plantilla, retribuciones y el Plan de Igualdad 2018-2021. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando a la entidad a facilitar la información al no acreditarse límites legales válidos.
D. XXX y el colectivo Ecologista EGUZKI solicitaron al Ayuntamiento de Errenteria el escrito de demanda de un recurso contencioso-administrativo sobre urbanismo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la naturaleza judicial del proceso. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación al considerar que no se ha motivado el perjuicio a la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) un listado anonimizado de personal no sanitario con jornada mixta de teletrabajo. El ICS inadmitió la solicitud alegando inexistencia de la información y riesgo de perjudicar la igualdad de las partes en un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la inadmisión por falta de motivación y exigiendo la información.
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. solicitó a AENA S.M.E., S.A. la documentación justificativa de siete incidencias y modificaciones de un contrato de obra. AENA denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al ser información de publicación obligatoria.
Difusión Herciana, S.L. solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente administrativo sobre una denuncia de Mediaset contra Radio Blanca, S.A. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba sub-judice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y ponderación del daño.
Una empresa solicitó al Ministerio de Defensa documentación económica (facturas, albaranes y actas) de un contrato de grúas. El Ministerio denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la entrega de dichos documentos alteraría el equilibrio de las partes en el proceso judicial abierto.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre la revisión de móviles de altos cargos por el programa Pegasus. El solicitante alegó que el Gobierno ya había hecho pública parte de esta información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por tratarse de información clasificada como secreto y por afectar a procesos judiciales en curso.
Se solicitó a ESPIMSA el acceso a registros contables y justificantes de gastos de cuatro tarjetas de empresa (2008-2019). Ante la falta de respuesta, se reclamó ante la GAIP. La GAIP desestima la reclamación porque la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones penales.
Se solicitó a ESPIMSA el acceso a registros contables y justificantes de gastos de varias tarjetas de empresa entre 2012 y 2018. Ante el silencio administrativo, la GAIP desestimó la reclamación basándose en que la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones penales (art. 23 LTAIPBG).
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA. La CNMC denegó el acceso alegando confidencialidad legal y límites de intereses económicos y secreto comercial, además de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la CNMC no justificó suficientemente la aplicación de los límites y ordenó facilitar la información no confidencial del expediente.
Ryanair pidió a la CNMC el expediente de costes de AENA. La CNMC denegó parcialmente alegando confidencialidad legal, intereses económicos y secreto comercial. Ryanair reclamó al CTBG por acceso insuficiente. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, indicando que la confidencialidad no es absoluta y que la CNMC no justificó los límites, instando a facilitar la documentación no confidencial.
El reclamante solicitó al Ministerio información sobre concesiones en el Puerto de Huelva. La Autoridad Portuaria de Huelva la inadmitió por abusiva, inconcreta y por exigir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó, al entender que la petición estaba bien delimitada, que el interés privado no la hace abusiva y que la administración no acreditó los límites.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Compliance Officer y de la empresa Judilex. ESPIMSA alegó secreto profesional, derecho al honor y tutela judicial efectiva por procesos penales en curso. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Judilex (anonimizando datos personales) y declarando pérdida de objeto sobre los del Compliance Officer por inexistencia.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Compliance Officer y de la empresa Judilex. ESPIMSA alegó secreto profesional, protección del honor, tutela judicial efectiva y confidencialidad de denunciantes. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Judilex (anonimizados) y declarando pérdida de objeto sobre los del Compliance Officer por su inexistencia.
Kriol Produccions, SL reclama contra la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica tras la concesión de acceso a información sobre subvenciones de varias empresas. La empresa alega que la solicitud original es abusiva y que la información está sujeta a límites por investigaciones penales y procesos judiciales en curso.
Canal Maestrat, SL impugna la resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que concedía el acceso a documentación de subvenciones tras anonimizar datos personales. El reclamante alega que la solicitud es abusiva y que la administración no consideró adecuadamente los límites por procesos judiciales en curso. El Consell Valencà de Transparència estima parcialmente la reclamación.
El reclamante solicitó al Gobierno de La Rioja licencias de actividad y la dirección postal de la empresa adjudicataria de un contrato de asistencia técnico-jurídica. La administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba en proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es previa al proceso y no está sujeta al límite legal.
La reclamante solicitó documentación sobre el cambio de titularidad de la sociedad Obrador de Ceres y la baja de maquinaria a la Consejería de Industria del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó un daño concreto.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de El Gordo copias de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de la Isla de Valdecañas (2007-2015). La administración alegó que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se aplicaron los límites de forma justificada.
Se solicitó al Ayuntamiento de El Gordo copia de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (2007-2015) sobre la Isla de Valdecañas. El Ayuntamiento alegó que el acceso perjudicaría un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó el límite invocado.
La reclamante solicitó a la Consejería de Industria del Principado de Asturias documentación sobre un cambio de titularidad y baja de maquinaria. La Administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó la aplicación de los límites legales.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid informes de auditoría de centros de gestión indirecta (2015-2020). Tras la inadmisión de la solicitud, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, determinando que la impugnación judicial de los informes no justifica su denegación.
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicitó al Ministerio de Transportes una carta enviada por la entonces Ministra de Fomento a la Comisaría de Transporte de la UE sobre el accidente de Santiago. El Ministerio denegó el acceso alegando que era información auxiliar y por prejudicialidad penal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes una carta de la Ministra de Fomento a la Comisión Europea sobre el accidente de tren de Santiago. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y por existir un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar el documento.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT los metadatos de expedientes de inspección tributaria. La AEAT inadmitió la solicitud alegando la prevalencia de la normativa tributaria y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información por no concurrir dichos límites.
El reclamante solicitó información sobre la aceptación y condiciones de una cesión de uso de una parcela municipal al Ayuntamiento de Arrúbal. La administración alegó que el interesado ya disponía de la información por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y no se justificó adecuadamente su denegación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copia de la licencia, el proyecto y el expediente de una obra en una parcela rústica. La administración alegó que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la documentación es información pública existente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copia de la licencia, el proyecto y el expediente de tramitación de una construcción (transformador eléctrico) en una parcela urbana. La administración no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a procedimientos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copias de expedientes urbanísticos sobre una parcela específica. La administración alegó que la información ya era conocida por el interesado debido a procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la existencia de litigios no justifica la denegación de documentos preexistentes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal información sobre la aceptación y extensión de una cesión de uso de una parcela. El Ayuntamiento no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los documentos solicitados son información pública existente.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona la denuncia presentada ante la Fiscalía por daños en la Torre de Minerva. El solicitante alegó el interés público por tratarse de un monumento Patrimonio de la Humanidad. La GAIP estima parcialmente la solicitud: deniega la denuncia y sus informes por secreto de sumario y protección de datos, pero ordena entregar el expediente del contrato menor.
Una funcionaria solicitó a la AEAT de La Rioja las cantidades de productividad distribuidas en 2021. La AEAT denegó el acceso alegando que la solicitante tenía procesos judiciales abiertos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los importes, pero deniega los criterios de reparto por no haber sido solicitados inicialmente.
Diversas personas solicitaron al Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) la identificación de puestos de mercado con más de 50 años de antigüedad. El IMMB denegó el acceso alegando la protección de su estrategia de defensa en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es preexistente y ajena a la estrategia jurídica.
Un periodista solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos estratégicos reales.
La reclamante solicitó al Ajuntament de l'Alfàs del Pi diversos documentos contractuales y facturas de abogados para un proceso judicial. La administración denegó el acceso alegando que la finalidad era ajena a la transparencia y que afectaba a la igualdad de las partes. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT un informe de auditoría sobre la alteración de contenidos en Windows durante una inspección. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la publicidad de auditorías de seguridad de un Operador Crítico pondría en riesgo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la entrada en España de Brahim Ghali y las instrucciones a las Fuerzas de Seguridad. El Ministerio denegó la información alegando reserva judicial y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no ser documentación procesal.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario y su ingreso hospitalario en Logroño. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información no es de naturaleza procesal.
El Presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó al Servicio Extremeño de Salud el expediente completo sobre la presunta cremación de restos en un cementerio. El interesado alegó que la información facilitada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por existir actuaciones inspectoras en curso.
Una compañía de aguas solicitó al Ayuntamiento de Maçanet de la Selva un acta policial y un informe sanitario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la inexistencia de un expediente administrativo abierto y la existencia de un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación, determinando que la falta de expediente no justifica la denegación del derecho de acceso a la información pública.
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