Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Ryanair pidió a la CNMC el expediente de costes de AENA. La CNMC denegó parcialmente alegando confidencialidad legal, intereses económicos y secreto comercial. Ryanair reclamó al CTBG por acceso insuficiente. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, indicando que la confidencialidad no es absoluta y que la CNMC no justificó los límites, instando a facilitar la documentación no confidencial.
El reclamante solicitó al Ministerio información sobre concesiones en el Puerto de Huelva. La Autoridad Portuaria de Huelva la inadmitió por abusiva, inconcreta y por exigir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó, al entender que la petición estaba bien delimitada, que el interés privado no la hace abusiva y que la administración no acreditó los límites.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Compliance Officer y de la empresa Judilex. ESPIMSA alegó secreto profesional, derecho al honor y tutela judicial efectiva por procesos penales en curso. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Judilex (anonimizando datos personales) y declarando pérdida de objeto sobre los del Compliance Officer por inexistencia.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Compliance Officer y de la empresa Judilex. ESPIMSA alegó secreto profesional, protección del honor, tutela judicial efectiva y confidencialidad de denunciantes. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Judilex (anonimizados) y declarando pérdida de objeto sobre los del Compliance Officer por su inexistencia.
Kriol Produccions, SL reclama contra la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica tras la concesión de acceso a información sobre subvenciones de varias empresas. La empresa alega que la solicitud original es abusiva y que la información está sujeta a límites por investigaciones penales y procesos judiciales en curso.
Canal Maestrat, SL impugna la resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que concedía el acceso a documentación de subvenciones tras anonimizar datos personales. El reclamante alega que la solicitud es abusiva y que la administración no consideró adecuadamente los límites por procesos judiciales en curso. El Consell Valencà de Transparència estima parcialmente la reclamación.
El reclamante solicitó al Gobierno de La Rioja licencias de actividad y la dirección postal de la empresa adjudicataria de un contrato de asistencia técnico-jurídica. La administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba en proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es previa al proceso y no está sujeta al límite legal.
La reclamante solicitó documentación sobre el cambio de titularidad de la sociedad Obrador de Ceres y la baja de maquinaria a la Consejería de Industria del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó un daño concreto.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de El Gordo copias de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de la Isla de Valdecañas (2007-2015). La administración alegó que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se aplicaron los límites de forma justificada.
Se solicitó al Ayuntamiento de El Gordo copia de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (2007-2015) sobre la Isla de Valdecañas. El Ayuntamiento alegó que el acceso perjudicaría un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó el límite invocado.
La reclamante solicitó a la Consejería de Industria del Principado de Asturias documentación sobre un cambio de titularidad y baja de maquinaria. La Administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó la aplicación de los límites legales.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid informes de auditoría de centros de gestión indirecta (2015-2020). Tras la inadmisión de la solicitud, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, determinando que la impugnación judicial de los informes no justifica su denegación.
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicitó al Ministerio de Transportes una carta enviada por la entonces Ministra de Fomento a la Comisaría de Transporte de la UE sobre el accidente de Santiago. El Ministerio denegó el acceso alegando que era información auxiliar y por prejudicialidad penal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes una carta de la Ministra de Fomento a la Comisión Europea sobre el accidente de tren de Santiago. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y por existir un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar el documento.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT los metadatos de expedientes de inspección tributaria. La AEAT inadmitió la solicitud alegando la prevalencia de la normativa tributaria y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información por no concurrir dichos límites.
El reclamante solicitó información sobre la aceptación y condiciones de una cesión de uso de una parcela municipal al Ayuntamiento de Arrúbal. La administración alegó que el interesado ya disponía de la información por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y no se justificó adecuadamente su denegación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copia de la licencia, el proyecto y el expediente de una obra en una parcela rústica. La administración alegó que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la documentación es información pública existente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copia de la licencia, el proyecto y el expediente de tramitación de una construcción (transformador eléctrico) en una parcela urbana. La administración no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a procedimientos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copias de expedientes urbanísticos sobre una parcela específica. La administración alegó que la información ya era conocida por el interesado debido a procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la existencia de litigios no justifica la denegación de documentos preexistentes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal información sobre la aceptación y extensión de una cesión de uso de una parcela. El Ayuntamiento no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los documentos solicitados son información pública existente.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona la denuncia presentada ante la Fiscalía por daños en la Torre de Minerva. El solicitante alegó el interés público por tratarse de un monumento Patrimonio de la Humanidad. La GAIP estima parcialmente la solicitud: deniega la denuncia y sus informes por secreto de sumario y protección de datos, pero ordena entregar el expediente del contrato menor.
Una funcionaria solicitó a la AEAT de La Rioja las cantidades de productividad distribuidas en 2021. La AEAT denegó el acceso alegando que la solicitante tenía procesos judiciales abiertos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los importes, pero deniega los criterios de reparto por no haber sido solicitados inicialmente.
Diversas personas solicitaron al Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) la identificación de puestos de mercado con más de 50 años de antigüedad. El IMMB denegó el acceso alegando la protección de su estrategia de defensa en procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es preexistente y ajena a la estrategia jurídica.
Un periodista solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos estratégicos reales.
La reclamante solicitó al Ajuntament de l'Alfàs del Pi diversos documentos contractuales y facturas de abogados para un proceso judicial. La administración denegó el acceso alegando que la finalidad era ajena a la transparencia y que afectaba a la igualdad de las partes. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT un informe de auditoría sobre la alteración de contenidos en Windows durante una inspección. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la publicidad de auditorías de seguridad de un Operador Crítico pondría en riesgo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la entrada en España de Brahim Ghali y las instrucciones a las Fuerzas de Seguridad. El Ministerio denegó la información alegando reserva judicial y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no ser documentación procesal.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario y su ingreso hospitalario en Logroño. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información no es de naturaleza procesal.
El Presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó al Servicio Extremeño de Salud el expediente completo sobre la presunta cremación de restos en un cementerio. El interesado alegó que la información facilitada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por existir actuaciones inspectoras en curso.
Una compañía de aguas solicitó al Ayuntamiento de Maçanet de la Selva un acta policial y un informe sanitario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la inexistencia de un expediente administrativo abierto y la existencia de un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación, determinando que la falta de expediente no justifica la denegación del derecho de acceso a la información pública.
Se solicitó a la Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia el acceso a todos los informes sobre reequilibrio económico de contratos públicos autonómicos. El solicitante alegó vulneración de su derecho de acceso y solicitó acceso parcial. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación debido a que la solicitud requiere una labor de reelaboración desproporcionada.
El solicitante pidió a la Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia informes sobre el reequilibrio económico de contratos públicos. Alegó que la inadmisión por motivos técnicos era improcedente y solicitó acceso parcial. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación debido a que la solicitud requiere una labor de reelaboración desproporcionada.
Se solicitó a la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia el acceso a informes sobre el reequilibrio económico de contratos del Sergas. El solicitante alegó vulneración de su derecho de acceso y criticó la falta de concreción solicitada. La Comisión de Transparencia de Galicia desestimó la reclamación debido a que la solicitud requiere una labor de reelaboración desproporcionada.
El solicitante pidió al Gobierno de La Rioja información sobre la presencia de personal de una empresa adjudicataria en la sede de la Dirección General de Tributos. La administración denegó el acceso alegando que el contrato estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y el límite invocado no es aplicable.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
Un delegado sindical solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares el acta de una reunión de 2016 entre la Dirección y el Comité de Empresa. Tras la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a que la Administración acreditó que la información ya había sido facilitada al solicitante a través de su sección sindical.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares el acta de una reunión de 2016 entre la Dirección y el Comité de Empresa. Tras la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a que la Administración acreditó que la información ya había sido facilitada al solicitante a través de su sección sindical.
El reclamante solicitó copia de un expediente administrativo de contratación de abogados para una prueba pericial, alegando que el proceso judicial asociado había finalizado con un sobreseimiento. La Presidencia de la Generalitat denegó el acceso por riesgo a la igualdad de las partes. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación al considerar que el sobreseimiento provisional no equivale a la finalización del proceso.
Se solicitó a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla la Relación de Puestos de Trabajo y sus informes jurídicos y de Secretaría. La entidad denegó los informes alegando que el expediente estaba judicializado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT las autorizaciones expresas para expedir copias auténticas de expedientes de inspección tributaria. La AEAT inadmitió la solicitud alegando normativa tributaria específica y límites por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no existe un régimen específico que desplace la LTAIBG ni perjuicio judicial justificado.
El reclamante solicitó acceso a los expedientes técnico-administrativos de dos ascensores (RAE 1144 y 1145) al Principado de Asturias para resolver una controversia documental. La administración denegó el acceso alegando que la información ya se había entregado y que existía un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Consejería de Industria del Principado de Asturias el acceso a los expedientes técnico-administrativos de dos ascensores (RAE 1144 y 1145). La administración denegó el acceso alegando que ya se había facilitado información previa y que existía un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso a la información.
Dos personas solicitaron a EMVISESA datos sobre viviendas en propiedad, alquiler y desocupadas en Sevilla. La entidad denegó la información alegando abuso, seguridad pública y fines procesales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos estadísticos y títulos, pero denegando las direcciones exactas por seguridad pública.
El ciudadano solicitó al Gobierno de La Rioja licencias de actividad y la dirección postal del contratista de un servicio de asistencia técnico jurídica. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información es pública y no se justifica el límite invocado.
Se solicitó al Servicio Galego de Saúde el acceso a informes y dictámenes sobre el reequilibrio económico de sus contratos. Tras el silencio administrativo, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no resolvió en plazo y la resolución expresa posterior fue emitida cuando la reclamación ya estaba interpuesta.
Balfegó Tuna S.L. solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acceso a expedientes sancionadores de varias empresas competidoras y comunicaciones a la UE. El Ministerio y las empresas afectadas se opusieron alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar solo las resoluciones sancionadoras firmes.
La asociación AECOVA-ITV solicitó acceso íntegro a un informe de 367 páginas sobre la reversión del servicio de ITV y sus anexos a la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana. La administración denegó la entrega de copias, permitiendo solo la consulta presencial y toma de notas. El Consell de Transparència desestima la reclamación al considerar que la limitación del formato es proporcional.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la entrada en España y el ingreso hospitalario de Brahim Ghali. La administración denegó el acceso alegando relaciones exteriores, seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la entrega de parte de la documentación y a la remisión de otras al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Zucaina actas de plenos, detalles de liquidación y documentos sobre acciones legales relacionadas con la secretaría interventora. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los documentos públicos pero denegando el acceso a las actuaciones legales.
La mercantil Terminales Marítimas del Sureste, SA solicitó a la Autoridad Portuaria de Alicante información sobre la concesión de una terminal privada y obras en el Muelle 11. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos sobre el proyecto de obras y su licitación, al no ser parte de un proceso judicial en curso.
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