Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó a la Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia el acceso a todos los informes sobre reequilibrio económico de contratos públicos autonómicos. El solicitante alegó vulneración de su derecho de acceso y solicitó acceso parcial. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación debido a que la solicitud requiere una labor de reelaboración desproporcionada.
El solicitante pidió a la Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia informes sobre el reequilibrio económico de contratos públicos. Alegó que la inadmisión por motivos técnicos era improcedente y solicitó acceso parcial. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación debido a que la solicitud requiere una labor de reelaboración desproporcionada.
Se solicitó a la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia el acceso a informes sobre el reequilibrio económico de contratos del Sergas. El solicitante alegó vulneración de su derecho de acceso y criticó la falta de concreción solicitada. La Comisión de Transparencia de Galicia desestimó la reclamación debido a que la solicitud requiere una labor de reelaboración desproporcionada.
El solicitante pidió al Gobierno de La Rioja información sobre la presencia de personal de una empresa adjudicataria en la sede de la Dirección General de Tributos. La administración denegó el acceso alegando que el contrato estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y el límite invocado no es aplicable.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
Un delegado sindical solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares el acta de una reunión de 2016 entre la Dirección y el Comité de Empresa. Tras la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a que la Administración acreditó que la información ya había sido facilitada al solicitante a través de su sección sindical.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares el acta de una reunión de 2016 entre la Dirección y el Comité de Empresa. Tras la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a que la Administración acreditó que la información ya había sido facilitada al solicitante a través de su sección sindical.
El reclamante solicitó copia de un expediente administrativo de contratación de abogados para una prueba pericial, alegando que el proceso judicial asociado había finalizado con un sobreseimiento. La Presidencia de la Generalitat denegó el acceso por riesgo a la igualdad de las partes. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación al considerar que el sobreseimiento provisional no equivale a la finalización del proceso.
Se solicitó a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla la Relación de Puestos de Trabajo y sus informes jurídicos y de Secretaría. La entidad denegó los informes alegando que el expediente estaba judicializado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT las autorizaciones expresas para expedir copias auténticas de expedientes de inspección tributaria. La AEAT inadmitió la solicitud alegando normativa tributaria específica y límites por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no existe un régimen específico que desplace la LTAIBG ni perjuicio judicial justificado.
El reclamante solicitó acceso a los expedientes técnico-administrativos de dos ascensores (RAE 1144 y 1145) al Principado de Asturias para resolver una controversia documental. La administración denegó el acceso alegando que la información ya se había entregado y que existía un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Consejería de Industria del Principado de Asturias el acceso a los expedientes técnico-administrativos de dos ascensores (RAE 1144 y 1145). La administración denegó el acceso alegando que ya se había facilitado información previa y que existía un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso a la información.
Dos personas solicitaron a EMVISESA datos sobre viviendas en propiedad, alquiler y desocupadas en Sevilla. La entidad denegó la información alegando abuso, seguridad pública y fines procesales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos estadísticos y títulos, pero denegando las direcciones exactas por seguridad pública.
El ciudadano solicitó al Gobierno de La Rioja licencias de actividad y la dirección postal del contratista de un servicio de asistencia técnico jurídica. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información es pública y no se justifica el límite invocado.
Se solicitó al Servicio Galego de Saúde el acceso a informes y dictámenes sobre el reequilibrio económico de sus contratos. Tras el silencio administrativo, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no resolvió en plazo y la resolución expresa posterior fue emitida cuando la reclamación ya estaba interpuesta.
Balfegó Tuna S.L. solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acceso a expedientes sancionadores de varias empresas competidoras y comunicaciones a la UE. El Ministerio y las empresas afectadas se opusieron alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar solo las resoluciones sancionadoras firmes.
La asociación AECOVA-ITV solicitó acceso íntegro a un informe de 367 páginas sobre la reversión del servicio de ITV y sus anexos a la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana. La administración denegó la entrega de copias, permitiendo solo la consulta presencial y toma de notas. El Consell de Transparència desestima la reclamación al considerar que la limitación del formato es proporcional.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la entrada en España y el ingreso hospitalario de Brahim Ghali. La administración denegó el acceso alegando relaciones exteriores, seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la entrega de parte de la documentación y a la remisión de otras al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Zucaina actas de plenos, detalles de liquidación y documentos sobre acciones legales relacionadas con la secretaría interventora. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los documentos públicos pero denegando el acceso a las actuaciones legales.
La mercantil Terminales Marítimas del Sureste, SA solicitó a la Autoridad Portuaria de Alicante información sobre la concesión de una terminal privada y obras en el Muelle 11. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos sobre el proyecto de obras y su licitación, al no ser parte de un proceso judicial en curso.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia información sobre contratos, número de vehículos, tarifas y pagos realizados a depósitos judiciales en Melilla. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de terceros y la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la apertura de audiencia a terceros y la entrega de datos de inventario.
El interesado solicitó información sobre las actuaciones respecto al líder del Frente Polisario al Ministerio de Justicia. El Ministerio alegó que las actuaciones de la Audiencia Nacional se rigen por derecho procesal y no por la Ley de Transparencia, siendo competencia del Poder Judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Se solicitó a la Fundación Zaragoza Logistics Center la relación de retribuciones mensuales y anuales del personal de 2017 a 2019. La Fundación concedió acceso parcial limitándolo a datos actualizados. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación por prevalecer el derecho a la protección de datos personales sobre el interés público de conocer retribuciones individuales.
La solicitante pidió al Ministerio de Ciencia e Innovación datos sobre cuantías y criterios de productividad y gratificaciones de 2020. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud alegando un límite judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por ser extemporánea, habiéndose superado el plazo de un mes para su presentación.
El reclamante solicitó al Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias el expediente de liquidación de un contrato de mantenimiento por incumplimiento del contratista. La administración denegó el acceso alegando protección de la igualdad en procesos judiciales, intereses comerciales y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Se solicitó copia completa del expediente de liquidación del contrato de mantenimiento de inmuebles de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. La administración denegó el acceso alegando límites por igualdad de las partes, intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la solicitud al considerar que no se acreditaron los daños necesarios.
Un ciudadano solicitó al Concejo de Gollano copia de los escritos de alegaciones remitidos al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) en relación con cuatro recursos de alzada. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación alegando que el acceso a documentos elaborados para un proceso en curso debe canalizarse a través del órgano juzgador para no vulnerar la igualdad de las partes.
Un regidor solicitó al Ajuntament de Catarroja el comunicado de una intervención policial y una ficha de Eurocop relacionadas con una denuncia sobre una fiesta en el domicilio del alcalde. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un procedimiento judicial abierto. El Consell de Transparència estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Sarrià de Ter información sobre procesos de selección de personal y recursos presentados. El Ayuntamiento alegó protección de datos y el principio de igualdad de las partes por existir un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información anonimizada y desestimando la petición de resolver un recurso administrativo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sarrià de Ter información sobre procesos de selección de personal y recursos asociados. El reclamante aceptó recibir la información sin datos personales de terceros. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información disociada, y desestima la petición de resolver un recurso administrativo por no ser información pública preexistente.
EMAYA solicitó al IGME (CSIC) los datos de muestreos analíticos en formato editable del Proyecto Mercurio. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar, propiedad intelectual y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un soporte auxiliar para el informe final.
El ciudadano solicitó al Consejo Superior de Deportes los certificados de composición y actas de la Junta Directiva de la FEDA (2016-2020). El CSD denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva por existir un proceso penal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la mera existencia de un proceso no justifica la denegación.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento del Vendrell diversos informes. Tras recibir algunos, reclamó ante la GAIP el acceso a un correo electrónico que contenía la asesoría jurídica solicitada. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el email basándose en el derecho de acceso de los electos locales y la inexistencia de límites aplicables.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya información sobre la actuación de los servicios de emergencia y mediciones de calidad del aire tras un accidente químico. La Administración denegó parte de la solicitud alegando seguridad pública y procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación y ordena el acceso a la información.
La Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado solicitó al Ayuntamiento de El Granado copias de decretos y documentos sobre la redacción de proyectos técnicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó copia digital de un informe técnico del Servicio de Cultura de Castilla-La Mancha relacionado con la Colegiata de Pastrana. La administración alegó que el Ministerio de Cultura debería valorar el acceso y que existen límites por investigación penal y tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no concurrir dichos límites.
Se solicitó a la Junta de Castilla-La Mancha un informe sobre las obras de la Colegiata de Pastrana. La administración alegó que debía decidir el Ministerio de Cultura y citó límites por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso al informe al no existir vicios formales ni procesos penales activos que lo justifiquen.
El solicitante requirió al Parque Móvil del Estado actas de la mesa delegada y documentos sobre requerimientos de la Inspección de Trabajo. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva por existir un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se ha justificado el perjuicio real.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pájara copia de las actuaciones urbanísticas de la finca registral 909 desde enero de 2020. El Ayuntamiento permitió el acceso pero condicionó la entrega al vencimiento del plazo de recurso contencioso-administrativo. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información previa anonimización de datos personales.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Gozón documentación sobre un contrato menor (licitadores, texto del contrato e informe jurídico). La administración alegó que parte de la información ya había sido entregada y que el informe jurídico estaba protegido para no perjudicar una futura defensa judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe jurídico.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola documentación sobre contratos, facturas y actuaciones de un abogado externo y otros letrados. La administración denegó el acceso alegando que los informes se referían a asuntos penales en curso. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la documentación contractual previa a procesos judiciales.
Se solicitó al Departament de Salut información sobre la vacunación Covid-19 de la Guardia Civil y Policía Nacional. La Administración denegó parte de la solicitud alegando el principio de igualdad de las partes en procesos judiciales. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información al no ser documentos de estrategia de defensa jurídica.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
El Sindicat Professional de Polícies Municipals d'Espanya solicitó al Ayuntamiento de Alaquàs documentación relativa a la situación administrativa, nombramientos y procesos selectivos de un funcionario (comisario de la Policía Local). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a procesos judiciales en curso. El Consell de Transparència estimó la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ADIF AV) el acceso al expediente de expropiación forzosa 224ADIF1004. La administración denegó el acceso alegando la existencia de procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado un perjuicio real y concreto a la tutela judicial efectiva.
El Instituto de Estudios Portuarios, Marítimos y Costeros solicitó al Ministerio de Justicia un informe de la Abogacía General del Estado sobre la concesión del Real Club Náutico de Palma. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El reclamante solicitó a la Presidència de la Generalitat copia del expediente de contratación de un despacho de abogados para una pericial judicial. La administración estimó la solicitud pero solo remitió un enlace a la plataforma de contratación. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación: deniega el expediente por protección de la igualdad en procesos judiciales, pero ordena entregar las facturas pagadas.
Se solicitó información a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya sobre la resolució de 17 de mayo de 2021. El reclamante alegó que la administración no respondió a su solicitud de acceso a la información. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por considerar que la administración actuó conforme a derecho y que la información solicitada estaba cubierta por los límites de confidencialidad y protección de datos.
La mercantil COPEMAR, S.A. solicitó a SASEMAR documentación y grabaciones sobre la extinción de un incendio en el buque Baffin Bay. Tras la denegación basada en límites de tutela judicial y confidencialidad, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
La interesada solicitó al Ministerio del Interior documentación sobre la detención del personal de seguridad del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid y comunicaciones oficiales al respecto. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó la aplicación de dichos límites.
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