Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya solicitó al Ajuntament d'Alaquàs información sobre resoluciones de complementos de productividad de trabajadores (activos y jubilados) y los criterios de suspensión de un acuerdo regulador. El Ayuntamiento no respondió. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, alegando que la información es pública y necesaria para la actividad sindical.
El ciudadano solicitó la Autorización Ambiental Integrada y la documentación del Programa de Vigilancia Ambiental de un vertedero en Zaldibar al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Tras una denegación parcial basada en la existencia de un proceso judicial, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar el Programa original pero manteniendo la reserva de la documentación posterior.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicaciones con la empresa de seguridad ILUNION e informes sobre un vigilante en el Aeropuerto de Madrid. La solicitante alegó que la información no era auxiliar y que era posible anonimizar los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por ser información auxiliar, proteger datos personales y afectar a la seguridad pública.
El ciudadano solicitó a la Dirección Provincial del SEPE en Zaragoza la relación de plazas temporales del subgrupo A1-A2 desde 2017, sus ocupantes y datos de convocatoria. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, rechazando que la existencia de un proceso judicial o la protección de datos personales justifiquen la denegación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia tres informes de la Abogacía del Estado sobre el estado de alarma. La Administración denegó el acceso alegando que los informes no existen y, subsidiariamente, que su divulgación afectaría a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmarse la inexistencia de la información.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de informes relativos a un proceso selectivo de libre designación. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que el interesado debe acudir a la normativa de procedimiento administrativo común. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por ser el solicitante parte interesada en un procedimiento en curso.
El ciudadano solicitó a la Dirección Provincial del SEPE en Zaragoza una relación detallada de plazas cubiertas por provisión temporal desde 2016. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la administración a entregar la información, exceptuando datos ya facilitados en otra reclamación previa.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación información sobre el tránsito por España de la Vicepresidenta de Venezuela. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en la protección de diligencias judiciales penales en curso.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información y comunicaciones sobre el tránsito por España de la vicepresidenta de Venezuela y órdenes relacionadas. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y alegó inexistencia de otros documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en límites judiciales y la inexistencia de la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el motivo por el cual el Ministro acudió en representación del Gobierno a un encuentro con una Vicepresidenta. La administración inadmitió la solicitud alegando que no se pedía información pública sino la respuesta a una pregunta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al no existir documento previo.
La reclamante solicitó retribuciones, titulaciones y funciones del personal directivo y de jefatura de la Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife. La administración denegó parte de la información alegando carácter abusivo de la solicitud y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información del Jefe de Área de Desarrollo Operativo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El reclamante solicitó acceso al expediente administrativo sobre la recuperación de ayudas estatales relacionadas con la digitalización de redes de televisión en Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denegó la información alegando que afectaba a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
FACUA-Andalucía solicitó a la Consejería de Salud y Familias la identificación de los odontólogos responsables de las clínicas iDental y sus seguros de responsabilidad civil. Tras un procedimiento de retroacción, la Secretaría General Técnica denegó el acceso alegando que la información podría perjudicar la igualdad de las partes en un proceso penal en curso.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Puertos del Estado diversos informes técnicos, el estudio de impacto ambiental y dictámenes sobre la modificación de un contrato de obras del puerto de Punta Langosteira. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña información sobre permisos, tasas y proyectos de construcción del pantalán de Repsol y cajones para Aberdeen. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso ante el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar insuficientes los límites alegados.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña información sobre permisos, tasas y proyectos de construcción del pantalán de Repsol. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso ante el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se justificó el perjuicio real al derecho de acceso.
El solicitante pidió a la CNMV el contrato de consultoría para la defensa de España en el arbitraje del caso Banco Popular. La CNMV denegó el acceso alegando que la información estaba reservada y perjudicaría la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender el plazo para resolver debido a la existencia de un proceso judicial en curso sobre la misma materia.
El reclamante solicitó documentación técnica (autorizaciones, actas e inspecciones) sobre la explotación minera Casalonga a Augas de Galicia. La administración denegó el acceso alegando que, al existir un procedimiento penal en curso, la información debía solicitarse vía judicial para no vulnerar la igualdad de las partes. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia información sobre expedientes sancionadores de verteduras de los últimos cinco años y medidas de precinto. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un procedimiento penal en curso. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación al considerar que la información es administrativa y preexistente.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia diversos informes de la Abogacía del Estado sobre entregas a cuenta a CCAA y la aplicación del art. 155 con gobierno en funciones. La administración alegó perjuicio a la igualdad procesal y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes sobre entregas a cuenta.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra información sobre si en su evaluación del Plus de Especial Desempeño de 2018 se consideraron ítems de 2017. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva, al responder a un interés privado laboral vinculado a un proceso judicial ya resuelto.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra instrucciones sobre las funciones de la Responsable de Compras. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y falta de finalidad de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la petición responde a un interés privado y laboral vinculado a un proceso judicial.
Una trabajadora solicitó a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra copia de incidencias en tres contratos citados en un juicio laboral. La administración inadmitió la solicitud por carácter abusivo y tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la petición responde a un interés privado y laboral, no a la finalidad de la ley de transparencia.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra la valoración escrita de su Plus de Especial Desempeño (2016-2018). Tras la inadmisión de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y responde a un interés privado laboral, sin finalidad de transparencia pública.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra instrucciones de una aplicación de gestión documental e informes TIC. La administración inadmitió la solicitud por carácter abusivo y falta de tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud responde a un interés privado laboral y no a la finalidad de la ley.
Una trabajadora solicitó el organigrama de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra para acreditar su adscripción laboral tras un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva, ya que persigue un interés privado y no la finalidad de control público de la ley.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el informe de la Abogacía del Estado que sirvió de base para el Real Decreto-ley 13/2019. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el informe no fue creado para el proceso judicial sino para una decisión administrativa.
La solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra informes de la IGAE sobre fraccionamiento de contratos menores. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud responde a un interés privado derivado de un conflicto laboral judicializado.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la nulidad de acuerdos de un tribunal de selección, copias de exámenes de ortografía de otros aspirantes y exámenes de años anteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que algunas peticiones exceden el ámbito de la ley, otras son abusivas y algunas se rigen por la normativa de procedimientos en curso.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia el proyecto de exhumación de Francisco Franco y el informe de sanidad mortuoria. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se ha acreditado el perjuicio concreto y que la limitación debe interpretarse restrictivamente.
El interesado solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública actas, ejercicios y reclamaciones de un proceso selectivo de 2016. Alegó que la administración no anonimizó correctamente los documentos y que la entrega de actas fue incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud de ejercicios y reclamaciones es abusiva.
Se solicitó al Concello de Baiona el acceso a expedientes de licencias municipales de obra y actividad desde 2016. El reclamante alegó que el Ayuntamiento facilitó información no solicitada y que el acceso debía limitarse por procesos judiciales en curso. La Comisión da Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, limitando el acceso a la información solicitada desde 2016.
El reclamante solicitó copias de informes técnicos a la Universidad de Alicante para conocer el contenido de los mismos usados en un recurso de alzada. La Universidad denegó inicialmente el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. Tras la reclamación, la Universidad facilitó la información, lo que provocó que el Consell de Transparencia declarara la pérdida de objeto.
El reclamante solicitó a la empresa pública LYMA los contratos con abogados desde 2015 y las indemnizaciones pagadas tras procesos judiciales. La administración denegó el acceso alegando que afectaría a la igualdad de las partes en procesos judiciales pendientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio concreto.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Consejo General de Enfermería de España las actas de sus tres últimos procesos electorales. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a las actas con la supresión de datos personales y deliberaciones reservadas, desestimando los límites de confidencialidad y procesos judiciales alegados por la administración.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el equipaje y cargamento del avión de la vicepresidenta de Venezuela. Ante el silencio administrativo, el interesado presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la solicitud por considerar que el acceso perjudicaría la investigación de ilícitos penales en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia informes y comunicaciones sobre la paralización de pagos a abogados del turno de oficio. El Ministerio denegó el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no hay un perjuicio real a la igualdad de las partes y que la información es fundamental para la rendición de cuentas.
El ciudadano solicitó a AENA informes y documentos sobre un accidente mortal ocurrido en el aeropuerto de Barajas en 2018. AENA denegó el acceso alegando la existencia de diligencias judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación debido a que el Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid ha declarado el secreto de las actuaciones penales.
Se solicitó a la Universidad de Sevilla las memorias académicas y económicas de dos másteres, incluyendo retribuciones individuales del profesorado. La Universidad denegó parcialmente el acceso a las retribuciones de profesores no directivos alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, ordenando facilitar las retribuciones individuales en cómputo anual, prevaleciendo el interés público y la libertad de información.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento (ADIF) expedientes de licitación y proyectos de un paso superior ferroviario. ADIF denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la solicitud es genérica y afecta a secretos comerciales y técnicos protegidos por la LCSP.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a todos los informes (policiales, médicos, forenses) sobre la muerte de un menor en el centro de Oria. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información formaba parte de un proceso judicial y estaba sujeta a secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación del perjuicio real.
La solicitante pidió al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de Vigo) el acceso a la información suprimida de un acta del Consejo de Administración. Tras una respuesta parcial, la interesada presentó reclamación alegando que la información era pública o no confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el informe de una asesoría laboral externa sobre plazas en ofertas de empleo público y la solicitud enviada a dicha asesoría. La administración denegó el acceso íntegro alegando la judicialización del asunto y la protección de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona el texto de sentencias y resoluciones del TEAR de 2018 y 2019. La administración alegó complejidad en la anonimización y volumen de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la dissociación de datos no es una tarea compleja sino voluminosa, y ordena la entrega de la información anonimizada en tres meses.
Un funcionario solicitó al Ajuntament de la Vall d'Uixó las actas de las mesas de negociación de 2018 y expedientes de creación/modificación de la RPT. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la cuestión está 'sub iudice' debido a procesos judiciales pendientes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación al considerar que la administración no motivó el perjuicio.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa el convenio de representación de España en arbitrajes internacionales y sus costes. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la Administración no acreditó un perjuicio real y concreto.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Vigo las actas del Consejo de Administración de octubre a diciembre de 2011. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no acreditarse dichos límites.
El reclamante solicitó a la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) datos AIS y grabaciones de comunicaciones tras un accidente marítimo. La administración denegó el acceso alegando los límites de investigación de ilícitos e igualdad procesal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la Administración no fundamentó adecuadamente los límites y ordenó la entrega de los datos AIS, así como un trámite de audiencia para las grabaciones por contener datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Rute acceso a expedientes urbanísticos y sancionadores. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. El reclamante interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que la inadmitió al considerar que, al ser interesado en el procedimiento, debe acogerse a la normativa del procedimiento administrativo (LPAC) y no a la ley de transparencia.
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