Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia el proyecto de exhumación de Francisco Franco y el informe de sanidad mortuoria. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se ha acreditado el perjuicio concreto y que la limitación debe interpretarse restrictivamente.
El interesado solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública actas, ejercicios y reclamaciones de un proceso selectivo de 2016. Alegó que la administración no anonimizó correctamente los documentos y que la entrega de actas fue incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud de ejercicios y reclamaciones es abusiva.
Se solicitó al Concello de Baiona el acceso a expedientes de licencias municipales de obra y actividad desde 2016. El reclamante alegó que el Ayuntamiento facilitó información no solicitada y que el acceso debía limitarse por procesos judiciales en curso. La Comisión da Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, limitando el acceso a la información solicitada desde 2016.
El reclamante solicitó copias de informes técnicos a la Universidad de Alicante para conocer el contenido de los mismos usados en un recurso de alzada. La Universidad denegó inicialmente el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. Tras la reclamación, la Universidad facilitó la información, lo que provocó que el Consell de Transparencia declarara la pérdida de objeto.
El reclamante solicitó a la empresa pública LYMA los contratos con abogados desde 2015 y las indemnizaciones pagadas tras procesos judiciales. La administración denegó el acceso alegando que afectaría a la igualdad de las partes en procesos judiciales pendientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio concreto.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Consejo General de Enfermería de España las actas de sus tres últimos procesos electorales. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a las actas con la supresión de datos personales y deliberaciones reservadas, desestimando los límites de confidencialidad y procesos judiciales alegados por la administración.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el equipaje y cargamento del avión de la vicepresidenta de Venezuela. Ante el silencio administrativo, el interesado presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la solicitud por considerar que el acceso perjudicaría la investigación de ilícitos penales en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia informes y comunicaciones sobre la paralización de pagos a abogados del turno de oficio. El Ministerio denegó el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no hay un perjuicio real a la igualdad de las partes y que la información es fundamental para la rendición de cuentas.
El ciudadano solicitó a AENA informes y documentos sobre un accidente mortal ocurrido en el aeropuerto de Barajas en 2018. AENA denegó el acceso alegando la existencia de diligencias judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación debido a que el Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid ha declarado el secreto de las actuaciones penales.
Se solicitó a la Universidad de Sevilla las memorias académicas y económicas de dos másteres, incluyendo retribuciones individuales del profesorado. La Universidad denegó parcialmente el acceso a las retribuciones de profesores no directivos alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, ordenando facilitar las retribuciones individuales en cómputo anual, prevaleciendo el interés público y la libertad de información.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento (ADIF) expedientes de licitación y proyectos de un paso superior ferroviario. ADIF denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la solicitud es genérica y afecta a secretos comerciales y técnicos protegidos por la LCSP.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a todos los informes (policiales, médicos, forenses) sobre la muerte de un menor en el centro de Oria. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información formaba parte de un proceso judicial y estaba sujeta a secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación del perjuicio real.
La solicitante pidió al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de Vigo) el acceso a la información suprimida de un acta del Consejo de Administración. Tras una respuesta parcial, la interesada presentó reclamación alegando que la información era pública o no confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el informe de una asesoría laboral externa sobre plazas en ofertas de empleo público y la solicitud enviada a dicha asesoría. La administración denegó el acceso íntegro alegando la judicialización del asunto y la protección de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona el texto de sentencias y resoluciones del TEAR de 2018 y 2019. La administración alegó complejidad en la anonimización y volumen de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la dissociación de datos no es una tarea compleja sino voluminosa, y ordena la entrega de la información anonimizada en tres meses.
Un funcionario solicitó al Ajuntament de la Vall d'Uixó las actas de las mesas de negociación de 2018 y expedientes de creación/modificación de la RPT. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la cuestión está 'sub iudice' debido a procesos judiciales pendientes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación al considerar que la administración no motivó el perjuicio.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa el convenio de representación de España en arbitrajes internacionales y sus costes. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la Administración no acreditó un perjuicio real y concreto.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Vigo las actas del Consejo de Administración de octubre a diciembre de 2011. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no acreditarse dichos límites.
El reclamante solicitó a la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) datos AIS y grabaciones de comunicaciones tras un accidente marítimo. La administración denegó el acceso alegando los límites de investigación de ilícitos e igualdad procesal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la Administración no fundamentó adecuadamente los límites y ordenó la entrega de los datos AIS, así como un trámite de audiencia para las grabaciones por contener datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Rute acceso a expedientes urbanísticos y sancionadores. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. El reclamante interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que la inadmitió al considerar que, al ser interesado en el procedimiento, debe acogerse a la normativa del procedimiento administrativo (LPAC) y no a la ley de transparencia.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Torredembarra información sobre imputaciones judiciales de cargos públicos. El Ayuntamiento denegó los puntos 1 a 4 alegando que no era información pública en su poder. La GAIP desestima la reclamación porque la información no es pública al no estar en poder del Ayuntamiento y, subsidiariamente, por afectar a datos personales protegidos sin consentimiento.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el expediente sobre la exhumación de Francisco Franco y la licencia de obra del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de documentos preceptivos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública un informe sobre enterrar a Franco en la Catedral de la Almudena. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública y a la igualdad procesal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que el documento ya era conocido por las partes del proceso judicial y que sus valoraciones de seguridad eran generales, sin concurrir el perjuicio concreto necesario para aplicar los límites.
Se solicitó a la EMD de Sant Miquel de Balenyà el expediente de nombramiento, requisitos y tareas de un funcionario interino. La administración alegó falta de interés del solicitante y la existencia de un proceso judicial. La GAIP estima la solicitud porque el derecho de acceso no requiere interés personal y la administración no justificó el límite judicial.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad información detallada sobre el ensayo clínico "REFINE", incluyendo dictámenes, autorizaciones y protocolos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación confirmando la denegación parcial, ya que la información técnica y el 'know-how' del promotor (Biogen) están protegidos por límites a los intereses económicos y comerciales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad (AEMPS) la relación de ensayos y estudios postautorización promovidos por el Instituto Biodonostia. La AEMPS denegó la información anterior a 2016 alegando perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no acreditarse un perjuicio real y concreto.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública información y documentos sobre las actuaciones de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid respecto a una denuncia sobre ofertas de empleo público. El Ministerio concedió acceso parcial pero denegó los documentos basándose en la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior un informe del Seprona sobre el Patrimonio Histórico de Sasamón. Tras una respuesta negativa alegando inexistencia del documento, el interesado reclamó aportando pruebas de su existencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, obligando al Ministerio a remitir la solicitud al órgano competente.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia el expediente administrativo de la exhumación de Francisco Franco. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el proyecto de exhumación y el informe de sanidad mortuoria.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Casares diversa documentación sobre convenios, contratos y querellas. Tras una respuesta parcial del Ayuntamiento, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo acuerda la pérdida de objeto parcial y desestima el resto por inexistencia de documentos y protección de datos.
El solicitante pidió al Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI copia de una solicitud de información sobre su colegiación y un correo electrónico relacionado. El organismo alegó protección de datos y existencia de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información solicitada no deriva de funciones administrativas, sino de la regulación privada del ejercicio profesional.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Gójar los enunciados y soluciones de un proceso selectivo de arquitecto técnico. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la documentación estaba en un expediente remitido a un juzgado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por no justificarse el límite legal invocado.
El ciudadano solicitó a la Consellería de Sanidade datos estadísticos sobre los resultados de un facultativo específico en el tratamiento de fractura de cóndilo mandibular. Tras alegar la administración la inexistencia de los datos y la necesidad de reelaborarlos, la Comisión da Transparencia desestima la reclamación por concurrir una causa de inadmisión.
Una ciudadana solicitó a la Viceconsejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía grabaciones y tests de una entrevista médico-forense. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información pertenece al ámbito judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por considerar que, al ser datos personales, debe canalizarse vía protección de datos.
TCA ECDF II Investments solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia la relación y actas de reuniones del Consejo de Administración sobre el Consorcio Valencia 2007. La administración denegó las actas alegando confidencialidad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información mediante acceso parcial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copias de denuncias remitidas a la AEPD y a la Subdelegación del Gobierno. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información y desconocer el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación debido a que el interesado no subsanó la falta de documentación requerida.
Varios ciudadanos solicitaron al Ayuntamiento de Ámbito copia del expediente remitido a la Fiscalía sobre la Urbanización Sierra del Tajuña. Ante la falta de respuesta, presentaron reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a la existencia de un procedimiento penal abierto y la advertencia judicial de no entregar la documentación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información sobre informes de viabilidad, costes y escritos presentados en recursos judiciales. El Ayuntamiento alegó la tutela judicial efectiva. La GAIP estima la reclamación, ordenando la entrega de los escritos y la confirmación de costes, mientras que difiere la entrega de los informes de viabilidad hasta que haya sentencia firme.
La empresa Promociones As Xubias S.L. solicitó al Ministerio de Fomento el acceso a expedientes de expropiación. La administración denegó el acceso total alegando protección de datos e igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la documentación al no justificarse los límites invocados.
El Ayuntamiento de Masquefa solicitó al Ayuntamiento de los Hostalets de Pierola contratos y convenios de gestión de residuos e ingresos derivados. Ante el silencio administrativo, la GAIP estima la reclamación ya que el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales no es aplicable al no existir perjuicio real para la defensa de la administración reclamada.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Justicia documentación detallada sobre el expediente de contratación NSE/2018/099. Tras una respuesta insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por no haberse justificado válidamente la aplicación de límites al derecho de acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans tres facturas e informes de seguimiento. El solicitante alegó que la información era necesaria para garantizar sus derechos laborales. La GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información durante el procedimiento y el interesado no presentó objeciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm copias de la Propuesta de la Alcaldía, el expediente de licitación 43/2015 e informes de Secretaría e Intervención. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso, investigaciones de la Fiscalía y la confidencialidad de la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia estimó la solicitud por considerar la información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm dos decretos de urbanismo y un informe externo sobre la gestión de la estación de autobuses. La administración denegó el acceso alegando que el expediente no ha finalizado y que existen procesos judiciales y de fiscalía abiertos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la solicitud al considerar que la información es pública.
Se solicitó copia de un convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Dirección General de la Policía sobre el reconocimiento de créditos. La Universidad denegó el acceso alegando que la información está sujeta a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por no acreditarse un perjuicio real y por ser información de naturaleza económica.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Empleo copia de justificantes contables de gastos de caja y tarjetas bancarias de la FAFFE (2007-2010). El solicitante alegó que es información pública esencial para la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación debido a que la información está sujeta a secreto sumarial en un proceso penal.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos detalles sobre subvenciones y cuentas anuales del Instituto de Derecho Público (2000-2018). La Universidad denegó el acceso alegando que la información estaba bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio real para el proceso judicial.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz copia de órdenes del día, actas y resoluciones del Consejo de Administración desde 1996. El ciudadano alegó que la solicitud no era repetitiva ni abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que el volumen de solicitudes y el uso de la vía administrativa para obtener pruebas ya instadas judicialmente constituyen un ejercicio abusivo del derecho.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz información sobre las masas salariales (2013-2017). La administración denegó el acceso alegando uso abusivo del derecho e igualdad de partes en proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación considerando que el volumen de solicitudes acredita un ejercicio abusivo del derecho.
El reclamante solicitó a la Universidad Complutense de Madrid la relación de docentes que perciben el complemento del art. 33.2 de la Ley 31/1990, detallando cuerpo y fechas. La Universidad denegó el acceso alegando protección de procesos judiciales y datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información de forma anonimizada.
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