Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad y a la ONT un informe de control financiero sobre irregularidades en subvenciones. La administración denegó el acceso alegando protección de investigaciones y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el informe es definitivo y el interés general prevalece.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los informes quincenales sobre menores no acompañados en Canarias ordenados por el Tribunal Supremo. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse un perjuicio real para la tutela judicial efectiva.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña acceso a expedientes de autorización para extracción de materiales y presupuestos del pantalán de Punta Langosteira. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó ante el CTBG. El Consejo decide archivar la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, ya que el acceso fue reconocido previamente por vía judicial.
El AMPA CEIP El Pedregal solicitó a la Consejería de Educación de Cantabria el contrato de arrendamiento de un antiguo centro docente y documentos relacionados. La Administración denegó el acceso alegando la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el objeto ya había sido resuelto en una reclamación previa estimatoria.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes diversos informes, dictámenes y documentos sobre la estrategia procesal de la Abogacía del Estado ante la jurisprudencia del TJUE en materia de arbitraje. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud exige una reelaboración de información que no ampara el derecho de acceso.
El interesado solicitó al Ministerio de Economía y Comercio el expediente de la consulta pública sobre la adquisición de Banco Sabadell por BBVA y el expediente del Acuerdo del Consejo de Ministros. La administración inadmitió la consulta por ser información auxiliar y denegó el expediente de concentración alegando régimen especial (LDC) y límites de interés comercial y judicial. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la consulta (anonimizada) y el expediente de la tercera fase (intervención ministerial), permitiendo la exclusión de datos confidenciales.
El reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el acceso a un informe de la Abogacía del Estado sobre la capacidad del Consejo de Ministros para imponer condiciones en la operación Sabadell-BBVA. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando un régimen especial de la LDC. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no probarse la confidencialidad.
Se solicitó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía el expediente de seguimiento de obras, datos sobre litigios con la constructora e informes técnicos. El reclamante alegó respuesta evasiva e incongruente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso al expediente y la retroacción para alegaciones de terceros, pero desestima el acceso a informes técnicos por afectar a la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Empresa información sobre el impacto macroeconómico, políticas de negociación y provisiones presupuestarias relativas a los laudos del TCE contra España. El reclamante alegó falta de proporcionalidad y ponderación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud pretende la elaboración de un informe ad hoc.
Un sindicato solicitó al Ministerio de Hacienda el listado de productividad del personal de la AEAT de 2024. La AEAT denegó el acceso alegando protección de datos, seguridad y procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de transparencia retributiva y la labor sindical.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Erandio información detallada sobre las actuaciones y el gasto público destinado a tres familias desalojadas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de datos personales. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por considerar que la información revela datos sensibles de servicios sociales y menores.
La reclamante solicitó copias de expedientes sancionadores contra establecimientos hosteleros al Ayuntamiento de San Sebastián. La administración denegó el acceso alegando que los expedientes están en vía contencioso-administrativa. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, al considerar que la judicialización no impide el acceso de forma automática.
El solicitante pidió copia íntegra del expediente de venta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) en 2003 a la SEPI. La administración denegó el acceso alegando que la información es relevante para un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso pondría en riesgo la estrategia procesal del Estado.
Un aspirante solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco los cuestionarios y test de personalidad de un proceso selectivo para la Ertzaintza. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y vulneración de la igualdad. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación al considerar que la solicitud busca un interés particular y no la transparencia.
El reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud informes de seguimiento de un contrato de mantenimiento. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para garantizar el derecho de audiencia al tercero afectado (la empresa contratista).
El solicitante pidió información sobre procedimientos de inspección de trabajo, procesos judiciales y contratos de representación letrada de la Fundación para la Transformación de La Rioja. La Fundación denegó parte de la información alegando que los procesos estaban abiertos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la retroacción para audiencia de terceros.
El reclamante solicitó información sobre las actuaciones y la resolución de una denuncia ante la Consejería de Salud y Consumo de Cádiz. La administración denegó el acceso alegando la protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la resolución salvo que exista un procedimiento penal.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informes de la Abogacía del Estado sobre la posible rescisión de un contrato de armamento con una empresa israelí. La Administración denegó el acceso invocando el secreto profesional. El CTBG estima parcialmente la reclamación y ordena la entrega del informe jurídico consultado.
El reclamante solicitó informes de la Abogacía del Estado sobre la posible rescisión de contratos con empresas de defensa (IMI SYSTEMS y Guardian Defense). La Abogacía denegó el acceso alegando secreto profesional y un régimen jurídico especial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe específico solicitado.
Se solicitó acceso a informes y comunicaciones de la Abogacía del Estado sobre la posible rescisión de contratos de armamento con empresas israelíes al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y régimen especial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe jurídico específico.
El reclamante solicitó acceso a información sobre la gestión de fondos RRF y el sector transporte al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El organismo inadmitió las peticiones por ser abusivas, auxiliares y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando la inadmisión por carácter abusivo y desproporcionado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una serie de documentos y respuestas sobre la gestión de fondos europeos (RRF), contratos ferroviarios y el caso Air Europa. El Ministerio inadmitió las solicitudes por ser abusivas, auxiliares y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las peticiones.
El reclamante solicitó a ADIF el informe de la consultora INECO de 2020 sobre la rentabilidad de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel. La administración denegó el acceso íntegro alegando la protección de intereses económicos y la integridad de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación al considerar que los perjuicios alegados son hipotéticos.
El interesado solicitó a ADIF un informe de INECO de 2020 sobre la rentabilidad de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel. ADIF denegó el acceso al informe íntegro alegando intereses económicos y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los perjuicios alegados son hipotéticos y que la información es de interés público.
Una vecina solicitó al Ayuntamiento de Casavieja documentación sobre el camping municipal (expedientes de contratación, sentencias judiciales y balances contables). La administración denegó el acceso alegando que la solicitante no era la interesada en los expedientes. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación, aclarando que el derecho de acceso es universal.
Se solicitó a ENAIRE el acceso a informes y análisis jurídicos sobre la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. El reclamante impugnó la respuesta de ENAIRE, que derivó la solicitud a la Abogacía del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación contra ENAIRE porque este actuó correctamente al remitir la solicitud al órgano que elaboró la información.
Se solicitó a ENAIRE el acceso a informes y análisis jurídicos sobre la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. El reclamante impugnó la respuesta de ENAIRE, que derivó la solicitud a la Abogacía del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación contra ENAIRE porque este actuó correctamente al remitir la solicitud al órgano que elaboró la información.
La UTE AVE VARIANTE DE BURGOS solicitó a ADIF diversos expedientes de contratación de terceros para defenderse de reclamaciones de daños. ADIF denegó el acceso alegando que el asunto está en sede judicial y debe canalizarse por la vía procesal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque los documentos pertenecen a expedientes distintos y no se justificó el perjuicio a la igualdad procesal.
La UTE AVE VARIANTE DE BURGOS solicitó a ADIF diversos expedientes de contratación de terceros para defenderse de una reclamación de daños. ADIF denegó el acceso alegando que el asunto está en sede judicial y que debe canalizarse por la vía procesal. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que la información no es parte del expediente judicial en curso.
Se solicitó a la Consejería de Salud (Principado de Asturias) actas e informes de inspección de 2008 a Industrias Lácteas Asturianas. La administración denegó el acceso alegando el límite del art. 14.1.f) LTAIBG (igualdad de partes en proceso judicial). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que los documentos son administrativos preexistentes y su divulgación no perjudica el proceso judicial en curso.
Se solicitó a la Consejería de Educación de Cantabria un contrato de arrendamiento de un centro docente. Al haber silencio, se reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La administración alegó el límite de igualdad procesal. El Consejo estimó la reclamación y ordenó la retroacción, al considerar que la información es administrativa, no procesal, y la administración no justificó el perjuicio ni oyó a terceros.
Se solicitó al Ministerio del Interior acceso a la planificación de una inspección de la Guardia Civil. La recurrente alegó que la información era administrativa y no afectaba a la seguridad nacional. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, pues la divulgación de datos operativos comprometería la eficacia de las actuaciones y la seguridad pública.
Un sindicato solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el acceso al análisis jurídico y documentos de ENAIRE sobre la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. La administración denegó el acceso invocando la tutela judicial efectiva y la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la difusión de dichos informes comprometería la estrategia de defensa de la Administración en los litigios derivados.
El sindicato USCA solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un informe jurídico de ENAIRE sobre la ejecución de una sentencia del TS. La Abogacía del Estado denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad procesal y confidencialidad. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que la divulgación anticipada afectaría gravemente la estrategia de defensa de la Administración en los procesos individuales pendientes, prevaleciendo la tutela judicial efectiva sobre el interés público en la transparencia.
D.ª XXX solicitó al Ayuntamiento de Castropodame copias de una liquidación del Tribunal de Cuentas e informes de diversos expedientes de indemnizaciones. El Ayuntamiento denegó parte del acceso basándose en la falta de consentimiento de terceros. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de dos informes de intervención policial. La administración denegó el acceso alegando que son documentos internos con datos personales y que, al formar parte de actuaciones judiciales, rige un régimen específico. El CTBG estimó la reclamación, considerando que no existe procedimiento judicial en curso, que el solicitante es parte interesada y que la mera posibilidad de futura judicialización no justifica la denegación total, ordenando el acceso con posible anonimización de datos de terceros.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Carboneras copia del proyecto técnico modificado y el certificado final de obra de una licencia de licencias de obras. La administración denegó el acceso alegando la existencia de procedimientos judiciales y la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se acreditó un riesgo real para los procedimientos judiciales.
Una persona interesada solicitó al Ayuntamiento de Vilaplana proyectos técnicos, el documento As-Built y expedientes urbanísticos. La GAIP estima parcialmente la solicitud reconociendo el derecho a la información de los expedientes, pero desestima el acceso al As-Built por economía procesal, al haberse solicitado ya dicha prueba ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Tarragona.
Una persona física solicitó al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) documentación sobre las pinturas murales del Monasterio de Sijena. El MNAC denegó el acceso alegando la protección de la igualdad de las partes en un proceso judicial en fase de ejecución. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información que no haya sido creada específicamente para el litigio.
El reclamante solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) la trazabilidad de sus accesos al aplicativo de recursos humanos SGRH. La reclamación fue derivada por la APDCAT a la GAIP al considerar que podía incluir datos de terceros. La GAIP desestima la reclamación por economía procesal, dado que el objeto de la petición coincide con la prueba solicitada en un proceso judicial contencioso en curso.
El reclamante solicitó acceso a resoluciones de un expediente de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Mollet del Vallès. Tras la reclamación por silencio administrativo, el interesado presentó un escrito manifestando su voluntad de renunciar al procedimiento de acceso por estar judicializando la cuestión. La GAIP de Cataluña resolvió declarar el desistimiento.
La solicitante pidió al Ministerio de Transportes la documentación del Ayuntamiento de Alicante sobre ayudas para la ZBE. El Ministerio inadmitió la petición alegando que la información estaba en elaboración. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la inadmisión fue errónea y que la competencia para resolver recae en el Ayuntamiento por ser el autor de la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes la documentación del Ayuntamiento de Alicante para ayudas de Zona de Bajas Emisiones. El Ministerio inadmitió la solicitud por estar la información "en curso de elaboración". El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la inadmisión inicial fue contraria a derecho, aunque la competencia para resolver el acceso final recae en el Ayuntamiento de Alicante.
El solicitante pidió a la AEAT su examen corregido y el de otro opositor de forma anonimizada. Alegó que no se le entregaron los criterios de valoración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por haber sido interpuesta de forma extemporánea, superando el plazo de un mes establecido en la Ley 19/2013.
El reclamante solicitó información sobre un procedimiento civil derivado de un contrato de patrocinio a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. La entidad denegó el acceso alegando protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
El reclamante solicitó a la AEAT acceso a su examen de Técnico de Hacienda, su corrección, criterios de valoración y exámenes anonimizados de otros opositores. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por haber sido interpuesta fuera del plazo legal de un mes desde la notificación de la respuesta de la Administración, considerándola extemporánea.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la competencia, delegaciones y costes de la expedición de visados en Bata. El Ministerio denegó el acceso argumentando que no es información pública, sino una solicitud de motivación. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos relativos a la competencia.
D. XXX solicitó a la Consejería de la Presidencia de CyL las actas de un proceso selectivo y un expediente judicial. La Consejería inadmitió la petición, alegando que el solicitante era parte interesada en un procedimiento en curso, lo que excluía la aplicación de la LTAIBG. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho del interesado a acceder a las actas aprobadas del Cuerpo Superior de Administración General, pero deniega el acceso a las del Cuerpo de Letrados por suspensión cautelar del proceso.
El solicitante pidió copia íntegra del expediente de un DUA relativo a la importación de dispositivos de vapeo a la AEAT. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG desestimó la reclamación porque, aunque la AEAT citó un límite erróneo, se demostró que la información no puede entregarse para no perjudicar una investigación penal en curso.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz el estado de un expediente de denuncia de consumo y su resolución. El interesado alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por pérdida de objeto, ya que la administración concedió el acceso durante la tramitación.
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