Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid información sobre la comunicación al Ministerio de Exteriores respecto al homenaje al presidente de Argentina. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por ser prematura, ya que se interpuso antes de que existiera una resolución denegatoria expresa o presunta.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia del registro de entrada 2024-E-RE-1765. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que formaba parte de un expediente reservado y que el asunto estaba en sede judicial. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso del concejal a dicha información.
Un regidor del Ayuntamiento de Santa Pola solicitó acceso a un registro de entrada vinculado a un expediente de información reservada. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el asunto se encuentra en sede judicial. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso del concejal por su condición de representante político.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra la Autoridad Portuaria de Cartagena por denegar el acceso a las actas de su consejo de administración (2016-2023). La APC alegó abuso de derecho e invocó límites por procesos judiciales e intereses económicos. El Consejo rechazó el abuso y recordó que los límites deben ser justificados, proporcionales y permitir el acceso parcial, instando a la entrega de la información solicitada.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre policías portuarios (número, coste, nombres, informes de temporalidad y contratos). La Autoridad denegó el acceso alegando seguridad, protección de datos, inexistencia de informes y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso al número y coste de los policías, pero denegando los nombres, informes no existentes y contratos laborales por protección de datos y no ser información elaborada.
Una concejal de Ruiloba solicitó al Ayuntamiento información sobre el estado de ejecución de un auto provisional (69/2023) y las medidas adoptadas para cumplirlo, relativo a la recuperación de una propiedad municipal. El Ayuntamiento alegó inadmisión por la condición de concejal de la solicitante y por estar el asunto "subiudice". El Consejo estimó la reclamación, rechazando las alegaciones al considerar que la solicitud se hizo a título particular y que el límite "subiudice" no fue justificado.
El interesado solicitó información detallada sobre la inspección y posibles sanciones por obras en el paraje de los Tárragas al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. La administración no respondió, alegando posteriormente que se trataba de una denuncia y que los asuntos estaban judicializados. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia resuelve retrotraer el procedimiento.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información anonimizada sobre la ocupación, titulación y retribuciones de puestos de "Responsable de Sistemas de Información" desde 2015. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un proceso judicial. La reclamante argumentó que la información era disociada y de interés público. El Consejo estima la reclamación, indicando que la información no es personal y la APC no justificó los límites de forma suficiente.
La reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (Autoridad Portuaria de Cartagena) información sobre la explotación de la terminal ferroviaria de Algodor. La APC denegó el acceso alegando carácter interno, información ya publicada, naturaleza privada del contrato y perjuicio a procesos judiciales (art. 14.1.f LTAIBG). El Consejo estima parcialmente la reclamación, rechazando la aplicación del límite 14.1.f por falta de justificación específica y la irrelevancia de la condición de interesada, pero confirma la denegación de estudios de viabilidad y planes comerciales por proteger intereses económicos (art. 14.1.h). Insta a la APC a facilitar enlaces a información publicada y fechas de firma de contratos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de dos registros de entrada relacionados con denuncias de acoso laboral. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información (con disociación de datos personales) por prevalecer el derecho reforzado de acceso de los cargos electos.
Un solicitante, representante sindical, reclamó al Consejo de Transparencia contra Paradores de Turismo de España por denegación parcial de acceso a información sobre puestos de trabajo de asesoramiento/confianza, fuera de convenio y de libre designación, incluyendo funciones, titulaciones y retribuciones. Paradores alegó protección de datos y un proceso judicial pendiente. El Consejo estima la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar que prevalece el interés público y la legitimación sindical, y que los límites invocados no están justificados.
Una empresa solicitó al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí información sobre el mantenimiento de la infraestructura de agua potable y expedientes de contratación desde 2023. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que perjudicaría su derecho de defensa en un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es de gestión ordinaria y no fue creada específicamente para el proceso judicial.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera la demanda judicial interpuesta por este, la identificación de los letrados y demandados, y el presupuesto de honorarios. El Ayuntamiento denegó la información alegando que estaba en sede judicial, que los honorarios no eran definitivos y que la divulgación perjudicaría la defensa y la propiedad intelectual. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la demanda por ser documento procesal en curso, pero obligando a facilitar la identificación de letrados y demandados (si no son personas físicas) y la documentación de encargo y honorarios.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de un registro de entrada relativo a un recurso de reposición. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que los límites alegados por el Ayuntamiento no son aplicables a los cargos electos en el ejercicio de sus funciones.
Una persona solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena el nombre, apellidos, experiencia, formación y posible vinculación del adjudicatario de una plaza de responsable de mantenimiento. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un proceso judicial penal de la solicitante. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del nombre, apellidos, experiencia y formación del adjudicatario, pero no la información sobre vinculaciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia copias de laudos arbitrales internacionales condenatorios contra España por energías renovables, órdenes de embargo, relación de los mismos, honorarios legales pagados y datos sobre cesiones a fondos. El Ministerio denegó la mayoría por confidencialidad y límites legales, o por no poseer la información. El CTBG estima parcialmente: deniega copias íntegras de laudos y embargos por confidencialidad y estrategia de defensa, pero concede acceso a una relación de los mismos (excluyendo datos confidenciales) y a los honorarios pagados por España, instando al Ministerio a remitir la información o la solicitud al órgano competente. Deniega el resto por inexistencia o desconocimiento.
La ASOCIACION reclamó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por la denegación de acceso a información sobre supuestas deudas de cesionarios de un centro comercial (recibos, notificaciones, procedimientos de apremio, asientos contables y cargas). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. La Comisión Vasca estimó la reclamación (salvo rectificación de informes), al considerar que el Ayuntamiento no justificó debidamente la aplicación del límite de tutela judicial efectiva, instándole a entregar la información.
Una empresa solicitó al Servicio Andaluz de Salud el expediente de contratación de TRAGSA para terminar un centro de salud. El SAS denegó el acceso alegando que el asunto estaba judicializado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información por no aplicarse el límite de tutela judicial efectiva.
Un aspirante a la Policía Local solicitó informes de criterios evaluativos, calificaciones del grupo, su propio informe psicotécnico y actas del tribunal al Ayuntamiento de La Palma del Condado. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando el acceso a la documentación (con anonimización) y retrotraer el trámite del informe individual.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores una copia de un informe de su Asesoría Jurídica Internacional, elaborado para un Juzgado en un procedimiento judicial. El Ministerio denegó el acceso alegando el límite de igualdad de partes y tutela judicial efectiva (art. 14.1.f LTAIBG), argumentando que el informe tenía relevancia procesal y su divulgación alteraría el equilibrio en el proceso. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que el acceso al informe alteraría la igualdad de armas y la estrategia procesal.
Un ciudadano solicitó al SES documentación sobre un contrato de transporte sanitario (expediente, contrato, medios y su verificación). El SES concedió acceso parcial a través de su plataforma, pero denegó el resto alegando un procedimiento judicial en curso y el límite de igualdad de partes/tutela judicial efectiva. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando que los documentos solicitados están directamente vinculados al litigio y que el límite es aplicable hasta la finalización del proceso. También denegó la solicitud de certificado de no existencia.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias información sobre materiales arqueológicos desaparecidos en varios castros, medidas de recuperación, acciones legales contra responsables, el Plan Director para la Gestión del Patrimonio Castreño y listados de materiales. La Consejería denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el límite de la igualdad de las partes en procesos judiciales no era aplicable, ya que la información solicitada no consistía en documentos elaborados expresamente para el procedimiento judicial.
Una empresa solicitó al Ministerio de la Presidencia acceso a un informe de la Abogacía del Estado sobre la prórroga de una concesión portuaria. El Ministerio denegó la solicitud alegando que era información auxiliar (un borrador). La empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia, que desestima la reclamación al confirmar que el informe es un texto preliminar sin carácter definitivo, justificando la inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado un informe de funcionarios, el detalle de presuntos insultos y el parentesco del Alcalde con un letrado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el informe por ser información pública, pero inadmite el resto por no ser documentos preexistentes sino requerimientos de actuación.
El reclamante solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda los importes de productividad de funcionarios de 2023 con identificación. La AEAT denegó el acceso alegando perjuicio en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó la reclamación, al considerar que no era extemporánea y que la información es administrativa, prevaleciendo el derecho de acceso, especialmente al ser el solicitante un funcionario interno y existir una previsión legal de publicidad.
El reclamante solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda los importes de productividad de funcionarios de una provincia en 2023 con identificación. La AEAT denegó el acceso alegando un proceso judicial similar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, argumentando que la información es administrativa, no procesal, y que el límite invocado no fue justificado. Además, la condición del solicitante como representante sindical y la normativa específica refuerzan el derecho de acceso.
Un funcionario y representante sindical solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda los importes de productividad de los funcionarios de la AEAT de su provincia en 2023, con identificación de perceptores. La AEAT denegó el acceso alegando un perjuicio a la igualdad de las partes en procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima la reclamación, al considerar que la información es administrativa y que existe una previsión legal específica que obliga a su publicidad para otros funcionarios y representantes sindicales.
La reclamante solicitó una copia de un informe de la Inspección Educativa de noviembre de 2023 a la Consejería de Educación y Universidades de Illes Balears. La administración denegó el acceso alegando la protección de investigaciones en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso perjudicaría las funciones de inspección y control.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) información sobre el proceso de concesión de la nueva terminal ganadera. La APC denegó el acceso basándose en la protección de procesos judiciales penales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la APC ya proporcionó toda la información pública disponible sobre el proceso.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Autoridad Portuaria de Cartagena) datos sobre contratos y gastos de la carrera 10k del puerto. La administración denegó el acceso alegando un proceso judicial abierto y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un funcionario y representante sindical solicitó a la AEAT los listados detallados de productividades (2020-2024). La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial pendiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la información es de naturaleza administrativa y que prevalece el interés público y el derecho de los representantes sindicales.
Un funcionario y delegado sindical solicitó al Ministerio de Hacienda los importes de productividad de los funcionarios de la AEAT en Valencia (2023). El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser de naturaleza administrativa y existir un interés público superior.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena copia de expedientes de contratación menor de servicios TIC. La entidad denegó el acceso alegando intereses comerciales, secreto profesional y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que los límites fueron invocados de forma genérica y no justificada.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato menor de asesoría jurídica. La APC denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que no es idéntica a peticiones previas ni afecta a procesos judiciales actuales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor para eventos de la Virgen del Carmen. La entidad denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y que el interesado no tenía legitimación según la LCSP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Dña. María Ángeles Méndez Gómez solicitó al Ayuntamiento de Güeñes información sobre el estado del expediente de revocación de la licencia de la terraza del 'Bar Aitite'. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando que la interesada ya conocía el estado al haber interpuesto ella misma un recurso judicial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática datos estadísticos sobre requerimientos de anulación a entidades locales y autonómicas en 2023. El Ministerio denegó el acceso alegando que la solicitante mantiene un litigio judicial relacionado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un regidor del GM Socialista solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola acceso a diversos registros de entrada relacionados con citaciones judiciales y una denuncia penal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y procesos judiciales. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a las citaciones pero denegando la denuncia por afectar a menores.
Varios funcionarios de la AEAT solicitaron al Ministerio de Hacienda los listados detallados de productividad de la provincia de Valencia desde enero de 2022. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información por prevalecer el interés público y la normativa específica sobre la privacidad.
Varios funcionarios de la AEAT solicitaron los listados detallados de productividad del ejercicio 2021 de la Delegación de Valencia. Ante el silencio administrativo, reclamaron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estimó la solicitud obligando a la AEAT a entregar la información por prevalecer el interés público y la normativa específica sobre la privacidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado la identificación del empleado responsable de tramitar una solicitud previa. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y existencia de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que la identidad del funcionario es información pública y no depende de la finalidad del solicitante.
Un ex trabajador solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia actas sobre la reclasificación retroactiva de la Policía Portuaria. La entidad denegó el acceso alegando que era información laboral privada y que podría afectar a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una asociación solicitó al Ministerio de Transportes y a INECO la justificación y documentos del grupo de trabajo sobre las nuevas tarifas de encargos a medio propio. La asociación alegó que la información es esencial para la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información constituye un secreto empresarial (estructura de costes).
Se solicitó a AENA los ingresos mensuales y por aeropuerto de sus aparcamientos (2018-2023). AENA denegó el acceso alegando confidencialidad por ser sociedad cotizada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de la sentencia firme de un recurso de apelación sobre un caso idéntico.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de A Coruña el acuerdo de 2013 con Repsol. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública, intereses comerciales, carácter abusivo de la solicitud y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el documento con tachaduras justificadas.
El reclamante solicitó acceso a información a la Autoridad Portuaria de A Coruña mediante un escrito sin petición concreta. El organismo inadmitió la solicitud por abusiva y carente de objeto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el escrito original no constituía una solicitud de información pública según la LTAIBG.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre abstenciones del Jefe de RRHH y la actividad de la responsable jurídica laboral. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el número y tema de los informes jurídicos emitidos en 2023.
Se solicitó al Ministerio de Industria y Turismo documentación técnica y de emisiones del vehículo Volvo XC60. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en Reino Unido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones por no haber dado trámite de audiencia al tercero afectado.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat copia de una denuncia ante la Fiscalía e informe de actuaciones previas. Alegó que era el denunciado y necesitaba la información para su defensa. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la denuncia y el informe, excluyendo datos personales irrelevantes de terceros.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona copia de demandas y documentos de recursos contencioso-administrativos sobre disciplina urbanística. El reclamante alegó que no se justificó la afectación real de los bienes protegidos. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que concurren límites relativos a la tutela judicial efectiva y la propiedad intelectual.
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