Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre la concesión administrativa de Chamartín (naturaleza, modificación, financiación y derechos de reversión). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud no versaba sobre información pública preexistente, sino que requería la elaboración de informes o respuestas a consultas jurídicas ex novo, lo cual excede el ámbito de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tres Cantos copia de Estudios de Detalle y planeamiento urbanístico (ZO.10 y UE.5). El reclamante alegó inconformidad con la resolución municipal que condicionaba el acceso a la finalización de plazos de recurso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que la normativa de transparencia era supletoria al aplicar el régimen de interesado en procedimiento en curso, y que al haberse publicado los instrumentos, el objeto del procedimiento desapareció sobrevenidamente.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la identificación de los empleados públicos que intervinieron en su expediente de pensión de viudedad. El Ministerio denegó la solicitud alegando régimen específico de acceso, protección de datos y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena acceso a actas y criterios de procesos selectivos. La administración alegó que la petición era repetitiva, información auxiliar y que vulneraba la tutela judicial y la protección de datos. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación pero con la supresión de datos personales de los candidatos no seleccionados.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena actas, anexos, plantillas y criterios de corrección de procesos selectivos de personal. La APC denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información (actas, criterios) con supresión de datos personales de aspirantes no adjudicatarios, al considerar que prevalece el interés público en la transparencia de los procesos de selección sobre los límites invocados.
Un reclamante solicitó a la Consejería de Salud de Asturias documentos relacionados con alegaciones de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) en un expediente de transparencia. La Consejería denegó parcialmente el acceso, anonimizando datos de personas jurídicas y físicas, alegando información sensible y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando desanonimizar los nombres de las empresas, al no estar protegidas por datos personales ni justificarse el perjuicio judicial, pero mantiene el anonimato de la persona física.
Una persona solicitó al MNAC documentación sobre el Monasterio de Santa María de Sixena no afectada por causas judiciales. El MNAC desestimó inicialmente la petición alegando un litigio abierto en el Tribunal Supremo. La GAIP finaliza el procedimiento tras alcanzar un acuerdo de mediación donde el MNAC accede a entregar las fichas de las piezas, excluyendo las pinturas murales en litigio.
Una copropietaria de un inmueble solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información detallada sobre las medidas de alternativa habitacional para una persona vulnerable. La reclamante alegó que, como parte procesal en un desahucio suspendido, tiene derecho a conocer dichas medidas. La GAIP desestimó la solicitud basándose en el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales.
Se solicitó a la RFEF el contrato de suministro del VAR y detalles de la licitación. La RFEF denegó el acceso alegando la protección de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha inadmitido la reclamación al considerar que las federaciones deportivas no son sujetos obligados al derecho de acceso bajo la Ley 19/2013.
Un reclamante solicitó a la RFEF copia detallada del contrato de licitación del VAR con MediaPro. La RFEF denegó el acceso. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación, argumentando que las federaciones deportivas son asociaciones privadas y no están incluidas en el ámbito subjetivo de la LTAIBG para el derecho de acceso a la información, aunque sí para las obligaciones de publicidad activa.
Se solicitó al Departament d’Empresa i Treball el acceso completo a un expediente de inspección de trabajo para usarlo en un proceso judicial. El reclamante alegó su derecho de acceso a la información pública. La GAIP desestimó la solicitud porque el interés es meramente privado y la información debe obtenerse a través de la vía judicial correspondiente.
La solicitante pidió informes sobre un proceso selectivo a la Autoridad Portuaria de Cartagena. La administración denegó parte de la solicitud por ser repetitiva y no entregó la parte concedida. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega efectiva de los informes preceptivos, pero confirma la inadmisión de la otra parte por ser información auxiliar.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena informes preceptivos y otros informes relevantes sobre las bases de un proceso selectivo de policía portuaria. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la APC a entregar los informes preceptivos que ya había concedido pero no remitido. Desestima el acceso a los otros informes por considerarlos una solicitud repetitiva de información auxiliar, ya resuelta previamente.
La reclamante solicitó informes jurídicos y acuerdos a la Consejería de Presidencia de Melilla sobre un recurso contencioso-administrativo (Art. 54.2 LJCA). Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Se aplicó el límite del art. 14.1.f) LTAIBG, ya que la información afecta la igualdad de las partes y la estrategia procesal en un litigio judicial en curso.
Un reclamante solicitó a la Consejería de Salud de Asturias actas e informes de inspección e investigación de una empresa láctea por brotes de salmonelosis en 2011 y 2019. La Consejería denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales en curso y el límite de conservación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que los documentos son administrativos y no afectan la igualdad procesal, y que el límite de conservación no es causa de denegación si la información existe.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes la autorización de funcionamiento de una escuela de kayak y detalles sobre posibles sanciones. La Administración no respondió. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos de respuesta, aunque desestimó el acceso a la información por no ser pública o requerir informes ad hoc.
La federación de organismos de radio y televisión solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre inspecciones de IVA de la CRTVE. La administración denegó el acceso alegando límites de seguridad, intereses económicos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación pues, aunque los límites del art. 14 no se justificaron bien, la información está protegida por la reserva de datos tributarios del art. 95 LGT.
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos solicitó a CRTVE información detallada sobre sus inspecciones de IVA (ejercicios abiertos, prorrata, importes reclamados/pagados, liquidaciones pendientes) para 2013-2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso, al considerar que la información sobre procedimientos tributarios en curso está protegida por el régimen de reserva de confidencialidad del art. 95 LGT.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes información sobre la autorización de funcionamiento de LEMON KAYAK para 2024, la ocupación de espacio público y diligencias/sanciones por irregularidades. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho a una contestación, aunque las solicitudes de fondo fueron desestimadas.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid el expediente electrónico de legalización de unas obras. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El Consejo estima parcialmente la reclamación, instando al Ayuntamiento a dictar una resolución expresa ya que los límites alegados no fueron motivados.
La reclamante solicitó información sobre pagos e informes técnicos de un contrato de la Autoridad Portuaria de Cartagena. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y, subsidiariamente, denegó el acceso por riesgo a la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación al considerar que no concurren tales causas ni límites.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre pagos, informes técnicos y reclamaciones judiciales del expediente de contratación 11/2018. La APC inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y denegó el acceso por riesgo a la igualdad procesal. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la solicitud no es abusiva y que el límite del proceso judicial no aplica a documentos administrativos preexistentes.
La reclamante solicitó información sobre los gastos, ingresos y contratos de la Carrera Solidaria APC 2023 a la Autoridad Portuaria de Cartagena. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter repetitivo y abusivo. El CTBG desestima la reclamación porque ya existe una resolución previa favorable sobre la misma cuestión que la administración ya ha cumplimentado.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre gastos, ingresos, responsables y contratos de la "CARRERA SOLIDARIA APC 2023". El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque ya existía una resolución firme anterior (R CTBG 827/2024) sobre una solicitud idéntica, que la APC ya había cumplido, haciendo innecesario un nuevo pronunciamiento.
Se solicitó a la Sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. copia de dos informes-memoria sobre la Euro 2020. El reclamante alegó falta de motivación y criterios contradictorios en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando el acceso salvo que se confirme que el documento integra un sumario penal.
Se solicitó a la Secretaría General de Energía información detallada sobre un expediente sancionador y la delegación de competencias. La entidad denegó el acceso alegando que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos identificativos y procesales, pero deniega el resto por riesgo de comprometer la potestad sancionadora.
Se solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid el expediente de concesión de la Medalla Internacional al Presidente de Argentina y la justificación de su visita oficial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información es objeto de un proceso judicial en curso.
Se solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid información sobre la comunicación al Ministerio de Exteriores respecto al homenaje al presidente de Argentina. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por ser prematura, ya que se interpuso antes de que existiera una resolución denegatoria expresa o presunta.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia del registro de entrada 2024-E-RE-1765. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que formaba parte de un expediente reservado y que el asunto estaba en sede judicial. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso del concejal a dicha información.
Un regidor del Ayuntamiento de Santa Pola solicitó acceso a un registro de entrada vinculado a un expediente de información reservada. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el asunto se encuentra en sede judicial. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso del concejal por su condición de representante político.
El reclamante solicitó las actas de las reuniones del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde 2016. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho y aplicó límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la entrega de la documentación permitiendo la supresión de datos protegidos.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra la Autoridad Portuaria de Cartagena por denegar el acceso a las actas de su consejo de administración (2016-2023). La APC alegó abuso de derecho e invocó límites por procesos judiciales e intereses económicos. El Consejo rechazó el abuso y recordó que los límites deben ser justificados, proporcionales y permitir el acceso parcial, instando a la entrega de la información solicitada.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre policías portuarios (número, coste, nombres, informes de temporalidad y contratos). La Autoridad denegó el acceso alegando seguridad, protección de datos, inexistencia de informes y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso al número y coste de los policías, pero denegando los nombres, informes no existentes y contratos laborales por protección de datos y no ser información elaborada.
Una concejal de Ruiloba solicitó al Ayuntamiento información sobre el estado de ejecución de un auto provisional (69/2023) y las medidas adoptadas para cumplirlo, relativo a la recuperación de una propiedad municipal. El Ayuntamiento alegó inadmisión por la condición de concejal de la solicitante y por estar el asunto "subiudice". El Consejo estimó la reclamación, rechazando las alegaciones al considerar que la solicitud se hizo a título particular y que el límite "subiudice" no fue justificado.
El interesado solicitó información detallada sobre la inspección y posibles sanciones por obras en el paraje de los Tárragas al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. La administración no respondió, alegando posteriormente que se trataba de una denuncia y que los asuntos estaban judicializados. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia resuelve retrotraer el procedimiento.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información anonimizada sobre la ocupación, titulación y retribuciones de puestos de "Responsable de Sistemas de Información" desde 2015. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un proceso judicial. La reclamante argumentó que la información era disociada y de interés público. El Consejo estima la reclamación, indicando que la información no es personal y la APC no justificó los límites de forma suficiente.
La reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (Autoridad Portuaria de Cartagena) información sobre la explotación de la terminal ferroviaria de Algodor. La APC denegó el acceso alegando carácter interno, información ya publicada, naturaleza privada del contrato y perjuicio a procesos judiciales (art. 14.1.f LTAIBG). El Consejo estima parcialmente la reclamación, rechazando la aplicación del límite 14.1.f por falta de justificación específica y la irrelevancia de la condición de interesada, pero confirma la denegación de estudios de viabilidad y planes comerciales por proteger intereses económicos (art. 14.1.h). Insta a la APC a facilitar enlaces a información publicada y fechas de firma de contratos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de dos registros de entrada relacionados con denuncias de acoso laboral. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información (con disociación de datos personales) por prevalecer el derecho reforzado de acceso de los cargos electos.
Un solicitante, representante sindical, reclamó al Consejo de Transparencia contra Paradores de Turismo de España por denegación parcial de acceso a información sobre puestos de trabajo de asesoramiento/confianza, fuera de convenio y de libre designación, incluyendo funciones, titulaciones y retribuciones. Paradores alegó protección de datos y un proceso judicial pendiente. El Consejo estima la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar que prevalece el interés público y la legitimación sindical, y que los límites invocados no están justificados.
Una empresa solicitó al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí información sobre el mantenimiento de la infraestructura de agua potable y expedientes de contratación desde 2023. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que perjudicaría su derecho de defensa en un proceso judicial. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es de gestión ordinaria y no fue creada específicamente para el proceso judicial.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera la demanda judicial interpuesta por este, la identificación de los letrados y demandados, y el presupuesto de honorarios. El Ayuntamiento denegó la información alegando que estaba en sede judicial, que los honorarios no eran definitivos y que la divulgación perjudicaría la defensa y la propiedad intelectual. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la demanda por ser documento procesal en curso, pero obligando a facilitar la identificación de letrados y demandados (si no son personas físicas) y la documentación de encargo y honorarios.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de un registro de entrada relativo a un recurso de reposición. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que los límites alegados por el Ayuntamiento no son aplicables a los cargos electos en el ejercicio de sus funciones.
Una persona solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena el nombre, apellidos, experiencia, formación y posible vinculación del adjudicatario de una plaza de responsable de mantenimiento. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un proceso judicial penal de la solicitante. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del nombre, apellidos, experiencia y formación del adjudicatario, pero no la información sobre vinculaciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia copias de laudos arbitrales internacionales condenatorios contra España por energías renovables, órdenes de embargo, relación de los mismos, honorarios legales pagados y datos sobre cesiones a fondos. El Ministerio denegó la mayoría por confidencialidad y límites legales, o por no poseer la información. El CTBG estima parcialmente: deniega copias íntegras de laudos y embargos por confidencialidad y estrategia de defensa, pero concede acceso a una relación de los mismos (excluyendo datos confidenciales) y a los honorarios pagados por España, instando al Ministerio a remitir la información o la solicitud al órgano competente. Deniega el resto por inexistencia o desconocimiento.
Una empresa solicitó al Servicio Andaluz de Salud el expediente de contratación de TRAGSA para terminar un centro de salud. El SAS denegó el acceso alegando que el asunto estaba judicializado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información por no aplicarse el límite de tutela judicial efectiva.
Un aspirante a la Policía Local solicitó informes de criterios evaluativos, calificaciones del grupo, su propio informe psicotécnico y actas del tribunal al Ayuntamiento de La Palma del Condado. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando el acceso a la documentación (con anonimización) y retrotraer el trámite del informe individual.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores una copia de un informe de su Asesoría Jurídica Internacional, elaborado para un Juzgado en un procedimiento judicial. El Ministerio denegó el acceso alegando el límite de igualdad de partes y tutela judicial efectiva (art. 14.1.f LTAIBG), argumentando que el informe tenía relevancia procesal y su divulgación alteraría el equilibrio en el proceso. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que el acceso al informe alteraría la igualdad de armas y la estrategia procesal.
Un ciudadano solicitó al SES documentación sobre un contrato de transporte sanitario (expediente, contrato, medios y su verificación). El SES concedió acceso parcial a través de su plataforma, pero denegó el resto alegando un procedimiento judicial en curso y el límite de igualdad de partes/tutela judicial efectiva. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando que los documentos solicitados están directamente vinculados al litigio y que el límite es aplicable hasta la finalización del proceso. También denegó la solicitud de certificado de no existencia.
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