Solicitud de informes jurídicos y acuerdos sobre un recurso contencioso-administrativo y su posible suspensión

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la ahora reclamante solicitó a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad de la ciudad autónoma de Melilla, con fecha 22 de julio de 2024, la siguiente información: “En relación al recurso contencioso-administrativo nº PA 93/2023 seguido ante el juzgado de lo contencioso- administrativo nª 3 de Melilla SOLICITO: Se me facilite copia de los siguientes documentos: - Informe que habría emitido el Servicio Jurídico de la CAM conforme al art. 54.2 de la LJCA. - Otros informes que se hubieran podido emitir a la vista del anterior o de la propuesta que eventualmente se hubiera formulado. - Propuesta que pudiera haberse formulado. - Acuerdo que hubiera podido haberse adoptado por el Consejo de Gobierno sobre este asunto”. 2. Ante la ausencia de respuesta, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de ciudad autónoma de Melilla 14.1.f) LTAIBG. RA CTBG Número: 2025-0077 Fecha: 18/02/2025 la Ley 19/20131, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 25 de noviembre de 2024, registrada con número de expediente 2080-2024. 3. El 28 de noviembre de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, requiriendo la remisión del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes, en el plazo de 15 días. 4. En la fecha en la que se dicta la presente resolución, únicamente se ha recibido un justificante comunicando el traslado de la solicitud de acceso a la Dirección General de Función Pública. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.2, el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG3 se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2025-0077 Fecha: 18/02/2025 poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide determinada información administrativa y jurídica relacionada con un procedimiento contencioso administrativo, en concreto con la eventual suspensión del pleito a instancia de la administración demandada que posibilita el art 54.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . Tal precepto establece que “Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente .” 5. Aunque la administración reclamada no ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo, a tenor de la solitud de información planteada resulta notorio que la información administrativa que demanda el reclamante, está destinada a definir la posición de una parte procesal en un litigio. La información reclamada, por tanto está ineludiblemente vinculada al curso de las actuaciones judiciales por lo que resulta palmaria la concurrencia de un límite legal previsto en el art 14.1.f) LTAIBG referido a la igualdad de las partes en los procesos judiciales, dado que la misma incide decisivamente en la posición procesal de las partes. Con respecto a este límite, debe recordarse que la previsión del mencionado artículo coincide con la del art. 3.1.i) del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, realizado en Tromsø el 18 de junio de 2009, en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 2024, sobre acceso a los documentos, que prevé como límite al acceso la protección de la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia. En la memoria explicativa del Convenio se señala que “este apartado está destinado a proteger la igualdad de las partes en los procesos judiciales y el buen funcionamiento de la justicia”. Este límite persigue asegurar la igualdad las partes en procesos judiciales tanto ante tribunales nacionales como internacionales y puede, por ejemplo, autorizar a una autoridad pública a denegar el acceso a documentos elaborados o recibidos (por ejemplo, de su abogado) en relación con los procesos judiciales de los que sea parte. Deriva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso equitativo. Los documentos que no son creados con vistas a procesos judiciales como tales no pueden ser denegados al amparo de este límite.” En esta línea, y en relación con la aplicación del límite legal del art 14.1.f) LTAIBG se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 645/2022, de 31 de mayo (RCA 7844/2020), que sienta jurisprudencia, (luego reiterada en STS 5524/2023 - ECLI:ES:TS:2023:5524) partiendo de la premisa de partida de que es preciso deslindar (i) aquella documentación de carácter administrativo que obre en poder del organismo competente (elaborada por el propio organismo), a cuya entrega tiene derecho el solicitante, de (ii) aquella otra documentación de naturaleza estrictamente procesal, cuyo acceso o divulgación pública, en los supuestos de actuaciones propiamente jurisdiccionales en procedimientos pendientes de resolución, pudiera perturbar el equilibrio e integridad del procedimiento judicial, la igualdad de las partes u obstaculizar el ejercicio imparcial de las funciones de enjuiciamiento —y que, por tanto, ha de someterse las reglas procesales que le resulten de aplicación. El Tribunal Supremo fija en esta sentencia como jurisprudencia que «[E]l límite al derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG, referido a que el acceso suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, resulta aplicable a las solicitudes de información respecto de contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados en el ámbito de la mencionada Ley, elaborados para ser presentados ante un órgano jurisdiccional, correspondiendo a estas Entidades de Derecho Público ponderar, en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si el principio de transparencia constituye un interés público superior capaz de superar la necesidad de proteger la documentación controvertida, y, en consecuencia, justificar la divulgación de esta», . En el presente caso se trata de acceder al informe jurídico que da soporte a la decisión de la administración de solicitar la suspensión de un proceso contencioso en curso ante la posibilidad de que la resolución recurrida no fuera conforme a derecho, se trata de documentación que ha sido elaborada con motivo de ese procedimiento, y por tanto, sin duda afecta a la estrategia procesal de las partes personadas implicadas en el proceso penal que incidiría en el principio de igualdad entre las partes, y por ende en el eventual resultado del pronunciamiento judicial. La divulgación la información reclamada, en concreto los informes jurídicos previos a la eventual decisión de suspensión del procedimiento contencioso por la posibilidad de que la resolución recurrida pudiera no ser conforme a derecho en aplicación del art 54.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa puede afectar al derechos de defensa y tutela judicial efectiva de la administración ya que la suspensión prevista en el art 54.2 de la ley jurisdiccional tiene su causa legal en la eventual reconsideración cautelar de la legalidad de la resolución defendida en juicio. La suspensión del proceso judicial es el cauce procesal previsto ante la eventualidad que la administración como parte procesal decida en su momento decida allanarse. Por ello, una vez analizadas las circunstancias concurrentes, este Consejo considera que la información solicitada es información pública a los efectos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, pero que concurre el límite invocado del art 14.1.f) LTAIBG, en tanto exista un proceso judicial en curso en cuyo contexto ha sido elaborada la información. Motivo por el cual, en definitiva, no cabe estimar la reclamación presentada, lo que no obsta, para que, una vez finalizado el proceso judicial mencionado, la reclamante pueda tener acceso a la información demandada de no concurrir otro límite legal. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad de la ciudad autónoma de Melilla. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez