Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó copia íntegra de diversos expedientes administrativos al Ayuntamiento de Montornès del Vallès. La administración denegó el acceso alegando actuaciones previas no concluidas y la imposibilidad de distinguir partes de un expediente vinculado a un proceso penal. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la parte del expediente que fue archivada.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sienes copia de un informe pericial topográfico sobre el dominio público de unas fincas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos, propiedad intelectual y riesgo de afectar a la igualdad de las partes. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación y ordena la entrega del documento.
La interesada solicitó acceso a los expedientes y baremos de otros aspirantes en un proceso selectivo de maestros de 2022 a la Consejería de Educación. La administración no respondió a sus reiteradas peticiones. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estima la reclamación al constatar que existe silencio administrativo y que no se justificaron los límites al acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes las fechas de visitas y nombres de altos cargos con los que se reunió un empresario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque el Ministerio declaró formalmente no disponer de la información solicitada, más allá de las agendas públicas, y la legislación vigente no obliga a documentar sistemáticamente dichas reuniones.
Un ciudadano solicitó a la Diputación de Badajoz información sobre un empleado (renuncia, bajas, retribuciones). La Diputación denegó el acceso alegando que la información estaba en un proceso judicial penal. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, indicando que la información es administrativa y no procesal, pero ordena retrotraer el procedimiento para dar audiencia a los terceros afectados y obtener su consentimiento para datos sensibles.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un expediente remitido por la OIReScon a la Fiscalía, relacionado con una denuncia penal. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del acceso. Argumentó que la información forma parte de un sumario judicial en fase de instrucción, y su revelación podría perjudicar la investigación y la igualdad de las partes, aplicando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Transportes informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal en Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2023). El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes de 2019-2021 anonimizados. Consideró que los límites invocados no estaban justificados y que la anonimización es posible, basándose en un precedente. Los informes de 2022-2023 se deniegan por inexistencia.
Solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares un certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerar que la publicidad pasiva no contempla certificaciones. La reclamante alegó falta de motivación en la respuesta. El Consejo desestimó la reclamación, al entender que un certificado es un documento a emitir y no información pública preexistente, por lo que no procede su acceso.
Ryanair solicitó al Ministerio de Transportes un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los sobrecostes por equipaje de mano. La solicitud fue denegada por afectar a procesos judiciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación al constatar que Ryanair ya había accedido al informe por otra vía judicial, perdiendo así el objeto de la reclamación.
Se solicitó al CSN acceso a datos numéricos censurados en un dictamen técnico sobre la clausura de balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el CSN y Fertiberia no justificaron adecuadamente cómo la divulgación de la información, de carácter extraprocesal y ya parcialmente pública, perjudicaría la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Un grupo municipal solicitó a EMT Madrid el expediente completo de un contrato de patrocinio. EMT denegó el acceso alegando tutela judicial efectiva por existir un procedimiento judicial. El reclamante recurrió la denegación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El organismo desestimó la reclamación por haberse presentado fuera del plazo legal de un mes, sin entrar en el fondo del asunto.
APPLEYARD, SLU solicitó al Consell Valencià de Transparència la anulación de una resolución del Ayuntamiento de Valencia que permitía a un tercero acceder a expedientes administrativos. El reclamante alegó falta de interés legítimo del solicitante y límites relativos a procesos judiciales e intereses económicos. El Consell desestimó la reclamación confirmando el acceso a la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de la Palma del Condado información sobre el nombramiento, sistema de acceso, retribuciones 2023 y compatibilidad de un letrado asesor. La administración alegó protección de datos, abusividad por volumen de solicitudes y la existencia de un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima la reclamación, ordenando la entrega de la información.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Tarragona informes sobre la importación de residuos por Griñó y su concesión administrativa. La APT denegó el acceso alegando límites por proceso judicial e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al no justificarse el perjuicio concreto ni la naturaleza judicial de la información administrativa solicitada, ordenando su entrega.
D.ª XXX, en representación de un trabajador, solicitó al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) copia del expediente de un permiso por traslado de domicilio. El ICE denegó la solicitud remitiéndose a un procedimiento judicial previo. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, al considerar que el solicitante es interesado, la información es pública y la existencia del proceso judicial no justifica la denegación sin acreditar un perjuicio específico.
Un ciudadano solicitó a la Diputación Provincial de Badajoz una copia de un proyecto presentado en una entrevista. La Diputación denegó la solicitud alegando que la información estaba inmersa en un procedimiento penal. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la administración no justificó el límite de acceso por afectación a procesos judiciales y no dio audiencia al tercero afectado, ordenando la retroacción de las actuaciones.
Se solicitó a la Diputación de Badajoz información sobre un empleado (contrato, evaluación, residencia). La Diputación denegó el acceso alegando un procedimiento penal y el límite de igualdad de partes. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que la información es administrativa y el límite no fue justificado. Además, ordena la retroacción del procedimiento por no haber dado audiencia al tercero afectado.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO solicitó a la Conselleria de Sanitat copias de los informes técnicos sobre la continuidad del contrato de gestión del Departamento Elx-Crevillent. Tras la denegación basada en la confidencialidad de la toma de decisiones, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación al considerar que son informes públicos y esenciales.
La Asociación ADIVA solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació información sobre la ejecución del contrato del lote 5 (vehículos) adjudicado a la UTE Escolar Valencia V5. La administración inadmitió la solicitud alegando perjuicio a intereses económicos de terceros. El Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información detallada sobre contratos con empresas específicas en periodos acotados. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la APC no justificó adecuadamente la denegación por información ya publicada, carácter abusivo de la solicitud, necesidad de reelaboración o afectación a procesos judiciales, instando a la entrega de la información.
Se solicitó a RED.es copia de propuestas y documentación de criterios de valoración de dos contratos de formación. RED.es denegó el acceso por estar la información bajo secreto sumarial en una investigación de la Fiscalía Europea. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación al considerar que la divulgación perjudicaría la investigación en curso y la igualdad de las partes, aplicando el art. 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
El reclamante solicitó a SASEMAR comunicaciones y un dictamen jurídico de la Abogacía del Estado sobre la naturaleza de SASEMAR y buques de Estado. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque SASEMAR afirmó que la información solicitada no existe ni obra en su poder, requisito esencial para el derecho de acceso según la LTAIBG.
Se solicitó al Ayuntamiento de Esterri de Cardós copia de expedientes de contratación de servicios de los últimos diez años, incluyendo los de un arquitecto específico. El Ayuntamiento denegó el acceso a los del arquitecto alegando perjuicio a un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, determinando que la información no fue creada para el proceso judicial y debe entregarse.
Un concejal de Palazuelos de Eresma solicitó acceso a documentos de registro de entrada y salida del Ayuntamiento relacionados con procedimientos judiciales. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la justificación del Ayuntamiento fue genérica e insuficiente, y que el derecho de acceso del concejal es fundamental para su labor de control y participación política, no pudiendo ser más restrictivo que el de un ciudadano.
Un ciudadano solicitó al Ajuntament d'Esterri de Cardós información sobre licencias de obras mayores y sus justificaciones de inundabilidad desde 2016. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. La Garantia de l'Accés a la Informació Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que los documentos no fueron creados específicamente para el proceso judicial.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre la concesión administrativa de Chamartín (naturaleza, modificación, financiación y derechos de reversión). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud no versaba sobre información pública preexistente, sino que requería la elaboración de informes o respuestas a consultas jurídicas ex novo, lo cual excede el ámbito de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tres Cantos copia de Estudios de Detalle y planeamiento urbanístico (ZO.10 y UE.5). El reclamante alegó inconformidad con la resolución municipal que condicionaba el acceso a la finalización de plazos de recurso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que la normativa de transparencia era supletoria al aplicar el régimen de interesado en procedimiento en curso, y que al haberse publicado los instrumentos, el objeto del procedimiento desapareció sobrevenidamente.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la identificación de los empleados públicos que intervinieron en su expediente de pensión de viudedad. El Ministerio denegó la solicitud alegando régimen específico de acceso, protección de datos y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena actas, anexos, plantillas y criterios de corrección de procesos selectivos de personal. La APC denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información (actas, criterios) con supresión de datos personales de aspirantes no adjudicatarios, al considerar que prevalece el interés público en la transparencia de los procesos de selección sobre los límites invocados.
Un reclamante solicitó a la Consejería de Salud de Asturias documentos relacionados con alegaciones de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) en un expediente de transparencia. La Consejería denegó parcialmente el acceso, anonimizando datos de personas jurídicas y físicas, alegando información sensible y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando desanonimizar los nombres de las empresas, al no estar protegidas por datos personales ni justificarse el perjuicio judicial, pero mantiene el anonimato de la persona física.
Una persona solicitó al MNAC documentación sobre el Monasterio de Santa María de Sixena no afectada por causas judiciales. El MNAC desestimó inicialmente la petición alegando un litigio abierto en el Tribunal Supremo. La GAIP finaliza el procedimiento tras alcanzar un acuerdo de mediación donde el MNAC accede a entregar las fichas de las piezas, excluyendo las pinturas murales en litigio.
Una copropietaria de un inmueble solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información detallada sobre las medidas de alternativa habitacional para una persona vulnerable. La reclamante alegó que, como parte procesal en un desahucio suspendido, tiene derecho a conocer dichas medidas. La GAIP desestimó la solicitud basándose en el límite de igualdad de las partes en procesos judiciales.
Un reclamante solicitó a la RFEF copia detallada del contrato de licitación del VAR con MediaPro. La RFEF denegó el acceso. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación, argumentando que las federaciones deportivas son asociaciones privadas y no están incluidas en el ámbito subjetivo de la LTAIBG para el derecho de acceso a la información, aunque sí para las obligaciones de publicidad activa.
Se solicitó al Departament d’Empresa i Treball el acceso completo a un expediente de inspección de trabajo para usarlo en un proceso judicial. El reclamante alegó su derecho de acceso a la información pública. La GAIP desestimó la solicitud porque el interés es meramente privado y la información debe obtenerse a través de la vía judicial correspondiente.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena informes preceptivos y otros informes relevantes sobre las bases de un proceso selectivo de policía portuaria. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la APC a entregar los informes preceptivos que ya había concedido pero no remitido. Desestima el acceso a los otros informes por considerarlos una solicitud repetitiva de información auxiliar, ya resuelta previamente.
La reclamante solicitó informes jurídicos y acuerdos a la Consejería de Presidencia de Melilla sobre un recurso contencioso-administrativo (Art. 54.2 LJCA). Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Se aplicó el límite del art. 14.1.f) LTAIBG, ya que la información afecta la igualdad de las partes y la estrategia procesal en un litigio judicial en curso.
Un reclamante solicitó a la Consejería de Salud de Asturias actas e informes de inspección e investigación de una empresa láctea por brotes de salmonelosis en 2011 y 2019. La Consejería denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales en curso y el límite de conservación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que los documentos son administrativos y no afectan la igualdad procesal, y que el límite de conservación no es causa de denegación si la información existe.
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos solicitó a CRTVE información detallada sobre sus inspecciones de IVA (ejercicios abiertos, prorrata, importes reclamados/pagados, liquidaciones pendientes) para 2013-2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso, al considerar que la información sobre procedimientos tributarios en curso está protegida por el régimen de reserva de confidencialidad del art. 95 LGT.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes información sobre la autorización de funcionamiento de LEMON KAYAK para 2024, la ocupación de espacio público y diligencias/sanciones por irregularidades. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho a una contestación, aunque las solicitudes de fondo fueron desestimadas.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid el expediente electrónico de legalización de unas obras. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El Consejo estima parcialmente la reclamación, instando al Ayuntamiento a dictar una resolución expresa ya que los límites alegados no fueron motivados.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre pagos, informes técnicos y reclamaciones judiciales del expediente de contratación 11/2018. La APC inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y denegó el acceso por riesgo a la igualdad procesal. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la solicitud no es abusiva y que el límite del proceso judicial no aplica a documentos administrativos preexistentes.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre gastos, ingresos, responsables y contratos de la "CARRERA SOLIDARIA APC 2023". El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque ya existía una resolución firme anterior (R CTBG 827/2024) sobre una solicitud idéntica, que la APC ya había cumplido, haciendo innecesario un nuevo pronunciamiento.
Se solicitó a la Sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. copia de dos informes-memoria sobre la Euro 2020. El reclamante alegó falta de motivación y criterios contradictorios en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando el acceso salvo que se confirme que el documento integra un sumario penal.
Se solicitó a la Secretaría General de Energía información detallada sobre un expediente sancionador y la delegación de competencias. La entidad denegó el acceso alegando que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos identificativos y procesales, pero deniega el resto por riesgo de comprometer la potestad sancionadora.
Se solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid el expediente de concesión de la Medalla Internacional al Presidente de Argentina y la justificación de su visita oficial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información es objeto de un proceso judicial en curso.
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