Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un reclamante solicitó a la AEAT la copia íntegra de un expediente aduanero relacionado con la importación de dispositivos electrónicos, pero la administración no respondió en plazo. Durante la reclamación ante el Consejo de Transparencia, la AEAT alegó que la información estaba vinculada a una investigación penal en curso. El Consejo desestimó la reclamación, justificando la denegación del acceso bajo el límite del artículo 14.1.e) de la LTAIBG, al considerar que la divulgación de la información perjudicaría la investigación de un ilícito penal.
La Asociación de Líneas Aéreas solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informes de la Abogacía del Estado sobre sanciones a aerolíneas. La recurrente alegó que el acceso asegura la igualdad de armas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la divulgación anticipada de la estrategia jurídica perjudica la defensa de la Administración.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia informes de la Abogacía del Estado sobre expedientes sancionadores a aerolíneas. El Ministerio denegó el acceso por afectar la igualdad procesal y confidencialidad. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la revelación anticipada de los informes perjudicaría la estrategia de defensa de la Administración en un litigio judicial ya materializado, prevaleciendo la tutela judicial efectiva.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes un informe técnico de 2018 sobre el puente del Centenario. La administración denegó el acceso alegando que la información afectaba a un proceso judicial en curso (art. 14.1.e y f). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que la denegación fue genérica y no demostró un perjuicio real, pues el contenido técnico no afecta a la investigación penal.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes un informe técnico sobre la declaración de emergencia de las obras del puente del Centenario de Sevilla. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales (art. 14.1.e y f LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica y no justificó el daño específico, ni ponderó el interés público en la transparencia, ya que el informe no era de carácter procesal ni objeto de la investigación penal en curso.
La reclamante solicitó a la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad listados de llamadas a emergencias y correos electrónicos desde residencias durante marzo-abril 2020. La administración denegó el acceso alegando límites a procesos judiciales y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que se requiere una acción previa de reelaboración de la información y confirmando el límite por la existencia de procesos judiciales en curso.
Se solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid el acceso a memorias descriptivas y económicas del convenio con Madrid Network. El reclamante alegó que la información no es confidencial por constar en el Registro Mercantil. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por existir un proceso judicial en curso sobre el mismo objeto.
D. XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de CyL información sobre una intoxicación alimentaria en un restaurante, incluyendo informes de inspección y epidemiológicos. La Consejería denegó parcialmente la solicitud alegando una investigación judicial en curso. D. XXX reclamó, pero la Comisión de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la aplicación del límite de protección de investigaciones judiciales (Art. 14.1.e LTAIBG) al estar el procedimiento judicial aún en curso.
Se solicitó información detallada sobre una licitación de conductores a la CNMC. El solicitante alegó que la respuesta parcial era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió dentro del plazo legal establecido, vulnerando el derecho de acceso.
El reclamante solicitó a la CNMC información detallada sobre una licitación de servicios de conductores, incluyendo datos sobre el personal, uniformidad, control horario y posibles conflictos de interés. La CNMC respondió parcialmente, remitiendo a información pública y denegando el resto por afectar a la gestión interna de la empresa adjudicataria. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación porque la CNMC no respondió en plazo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón las actas del Comité de Seguimiento de la concesión de un complejo deportivo. El Ayuntamiento alegó que eran borradores auxiliares y que existía un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación basándose en el riesgo para la tutela judicial efectiva.
El reclamante solicitó a la Junta de Andalucía la identidad del instructor de un expediente sancionador. La entidad denegó el acceso alegando el art. 14.1.f) LTAIBG y la protección de derechos de terceros. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, considerando que, aunque la identificación podría afectar al honor e integridad moral del funcionario, se satisface el interés del solicitante al confirmar que no coincide con la persona que él menciona, sin revelar su identidad.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda el informe de auditoría de la IGAE sobre el personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (2023-2024). La administración denegó el acceso alegando límites por procesos judiciales, funciones de inspección y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega del informe debidamente anonimizado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda (derivado a la AP Valencia) el informe de auditoría de cumplimiento y operativa de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (2023-2024) realizado por la IGAE. La AP Valencia denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información es pública, los límites invocados no fueron justificados ni proporcionados, y los datos personales pueden anonimizarse.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gijón copia del expediente 92301Y/2023 sobre construcción de viviendas adaptadas. La administración denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y que el procedimiento estaba en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que no es necesario ser interesado para acceder a información pública y que la información ya elaborada en un expediente "vivo" debe ser accesible.
Reclamante solicitó documentación de solvencia técnica de la empresa adjudicataria a la Agencia Digital de Andalucía. La entidad denegó el acceso parcial alegando protección de datos. El Consejo desestimó la reclamación al considerar que, dada la reducida plantilla, no era posible garantizar la anonimización de los datos personales sin identificar a los trabajadores, prevaleciendo la protección de datos sobre la transparencia.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena la identidad de los responsables de ciertos contratos menores. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales y la posible afectación a un proceso judicial. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que la identidad de funcionarios es la regla general y no se probó riesgo a su integridad.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena los nombres y apellidos de los responsables de cuatro contratos menores. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un procedimiento judicial. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que la identificación de empleados públicos es la regla general y que la APC no justificó adecuadamente los límites invocados ni el carácter abusivo de la solicitud.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Cubelles copias de las citaciones judiciales de varios implicados en una investigación. La administración denegó el acceso alegando límites legales. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) desestima la reclamación porque la información solicitada es un acto procesal elaborado específicamente para un proceso judicial.
Se solicitó al Ajuntament de La Guingueta d’Àneu información sobre licencias de obras mayores, informes técnicos y su localización. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando una investigación penal en curso. La GAIP desestima la denegación de los informes técnicos (punto 2) por ser materia judicializable, pero estima el acceso a la relación de licencias y su ubicación (puntos 1 y 3).
Se solicitó copia íntegra de diversos expedientes administrativos al Ayuntamiento de Montornès del Vallès. La administración denegó el acceso alegando actuaciones previas no concluidas y la imposibilidad de distinguir partes de un expediente vinculado a un proceso penal. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la parte del expediente que fue archivada.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sienes copia de un informe pericial topográfico sobre el dominio público de unas fincas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos, propiedad intelectual y riesgo de afectar a la igualdad de las partes. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación y ordena la entrega del documento.
La interesada solicitó acceso a los expedientes y baremos de otros aspirantes en un proceso selectivo de maestros de 2022 a la Consejería de Educación. La administración no respondió a sus reiteradas peticiones. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estima la reclamación al constatar que existe silencio administrativo y que no se justificaron los límites al acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes las fechas de visitas y nombres de altos cargos con los que se reunió un empresario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque el Ministerio declaró formalmente no disponer de la información solicitada, más allá de las agendas públicas, y la legislación vigente no obliga a documentar sistemáticamente dichas reuniones.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un expediente remitido a la Fiscalía. La administración denegó el acceso alegando que la información formaba parte de una investigación penal en curso. El recurrente alegó que no existe tal procedimiento judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información podría perjudicar la investigación.
Un ciudadano solicitó a la Diputación de Badajoz información sobre un empleado (renuncia, bajas, retribuciones). La Diputación denegó el acceso alegando que la información estaba en un proceso judicial penal. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, indicando que la información es administrativa y no procesal, pero ordena retrotraer el procedimiento para dar audiencia a los terceros afectados y obtener su consentimiento para datos sensibles.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un expediente remitido por la OIReScon a la Fiscalía, relacionado con una denuncia penal. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del acceso. Argumentó que la información forma parte de un sumario judicial en fase de instrucción, y su revelación podría perjudicar la investigación y la igualdad de las partes, aplicando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Transportes informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal en Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2023). El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes de 2019-2021 anonimizados. Consideró que los límites invocados no estaban justificados y que la anonimización es posible, basándose en un precedente. Los informes de 2022-2023 se deniegan por inexistencia.
Solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares un certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerar que la publicidad pasiva no contempla certificaciones. La reclamante alegó falta de motivación en la respuesta. El Consejo desestimó la reclamación, al entender que un certificado es un documento a emitir y no información pública preexistente, por lo que no procede su acceso.
Ryanair solicitó al Ministerio de Transportes un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los sobrecostes por equipaje de mano. La solicitud fue denegada por afectar a procesos judiciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación al constatar que Ryanair ya había accedido al informe por otra vía judicial, perdiendo así el objeto de la reclamación.
Se solicitó al CSN acceso a datos numéricos censurados en un dictamen técnico sobre la clausura de balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el CSN y Fertiberia no justificaron adecuadamente cómo la divulgación de la información, de carácter extraprocesal y ya parcialmente pública, perjudicaría la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Un grupo municipal solicitó a EMT Madrid el expediente completo de un contrato de patrocinio. EMT denegó el acceso alegando tutela judicial efectiva por existir un procedimiento judicial. El reclamante recurrió la denegación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El organismo desestimó la reclamación por haberse presentado fuera del plazo legal de un mes, sin entrar en el fondo del asunto.
APPLEYARD, SLU solicitó al Consell Valencià de Transparència la anulación de una resolución del Ayuntamiento de Valencia que permitía a un tercero acceder a expedientes administrativos. El reclamante alegó falta de interés legítimo del solicitante y límites relativos a procesos judiciales e intereses económicos. El Consell desestimó la reclamación confirmando el acceso a la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de la Palma del Condado información sobre el nombramiento, sistema de acceso, retribuciones 2023 y compatibilidad de un letrado asesor. La administración alegó protección de datos, abusividad por volumen de solicitudes y la existencia de un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima la reclamación, ordenando la entrega de la información.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Tarragona informes sobre la importación de residuos por Griñó y su concesión administrativa. La APT denegó el acceso alegando límites por proceso judicial e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al no justificarse el perjuicio concreto ni la naturaleza judicial de la información administrativa solicitada, ordenando su entrega.
D.ª XXX, en representación de un trabajador, solicitó al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) copia del expediente de un permiso por traslado de domicilio. El ICE denegó la solicitud remitiéndose a un procedimiento judicial previo. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, al considerar que el solicitante es interesado, la información es pública y la existencia del proceso judicial no justifica la denegación sin acreditar un perjuicio específico.
Un ciudadano solicitó a la Diputación Provincial de Badajoz una copia de un proyecto presentado en una entrevista. La Diputación denegó la solicitud alegando que la información estaba inmersa en un procedimiento penal. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la administración no justificó el límite de acceso por afectación a procesos judiciales y no dio audiencia al tercero afectado, ordenando la retroacción de las actuaciones.
Se solicitó a la Diputación de Badajoz información sobre un empleado (contrato, evaluación, residencia). La Diputación denegó el acceso alegando un procedimiento penal y el límite de igualdad de partes. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que la información es administrativa y el límite no fue justificado. Además, ordena la retroacción del procedimiento por no haber dado audiencia al tercero afectado.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO solicitó a la Conselleria de Sanitat copias de los informes técnicos sobre la continuidad del contrato de gestión del Departamento Elx-Crevillent. Tras la denegación basada en la confidencialidad de la toma de decisiones, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación al considerar que son informes públicos y esenciales.
La Asociación ADIVA solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació información sobre la ejecución del contrato del lote 5 (vehículos) adjudicado a la UTE Escolar Valencia V5. La administración inadmitió la solicitud alegando perjuicio a intereses económicos de terceros. El Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información detallada sobre contratos con empresas específicas en periodos acotados. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la APC no justificó adecuadamente la denegación por información ya publicada, carácter abusivo de la solicitud, necesidad de reelaboración o afectación a procesos judiciales, instando a la entrega de la información.
Se solicitó a RED.es copia de propuestas y documentación de criterios de valoración de dos contratos de formación. RED.es denegó el acceso por estar la información bajo secreto sumarial en una investigación de la Fiscalía Europea. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación al considerar que la divulgación perjudicaría la investigación en curso y la igualdad de las partes, aplicando el art. 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
El reclamante solicitó a SASEMAR comunicaciones y un dictamen jurídico de la Abogacía del Estado sobre la naturaleza de SASEMAR y buques de Estado. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque SASEMAR afirmó que la información solicitada no existe ni obra en su poder, requisito esencial para el derecho de acceso según la LTAIBG.
Se solicitó al Ayuntamiento de Esterri de Cardós copia de expedientes de contratación de servicios de los últimos diez años, incluyendo los de un arquitecto específico. El Ayuntamiento denegó el acceso a los del arquitecto alegando perjuicio a un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, determinando que la información no fue creada para el proceso judicial y debe entregarse.
Un concejal de Palazuelos de Eresma solicitó acceso a documentos de registro de entrada y salida del Ayuntamiento relacionados con procedimientos judiciales. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando perjuicio a la tutela judicial efectiva. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la justificación del Ayuntamiento fue genérica e insuficiente, y que el derecho de acceso del concejal es fundamental para su labor de control y participación política, no pudiendo ser más restrictivo que el de un ciudadano.
La solicitante pidió a ADIF información sobre la concesión de terrenos en Chamartín. La administración alegó que era una solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque lo solicitado no es información pública preexistente, sino consultas jurídicas que requerirían la elaboración de informes nuevos (ex novo) por parte de la Administración.
Un ciudadano solicitó al Ajuntament d'Esterri de Cardós información sobre licencias de obras mayores y sus justificaciones de inundabilidad desde 2016. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. La Garantia de l'Accés a la Informació Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que los documentos no fueron creados específicamente para el proceso judicial.
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