Solicitud de información sobre un empleado de la Diputación de Badajoz (renuncia, bajas, retribuciones, puesto) denegada inicialmente por estar en proceso judicial. El Consejo estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer actuaciones para dar audiencia a terceros afectados

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 7 de mayo de 2025 el reclamante solicitó, a la Diputación Provincial de Badajoz, la siguiente información: «Confirmación sobre si se ha hecho efectiva la renuncia unilateral de (…) a su puesto el 5/2/2025, con fecha. Copia del documento de renuncia presentado por él. Información sobre si ha estado de baja por depresión u otro motivo médico. Retribuciones totales percibidas. Las nóminas ingresadas por ese empleado durante estos últimos tres meses de baja. Información sobre (…), incluyendo si sigue trabajando, con qué puesto y proyectos y funciones». 2.Mediante Decreto de lavicepresidenta primera, diputada delegada del Área de Cooperación Municipal de la Diputación de Badajoz de 19 de mayo de 2025, se 14.1.f) y 19.1 LTAIBG. R A C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h ir m S d d b desestima la solicitud de acceso, invocando la concurrencia del límite consagrado en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG. Concretamente, se dispone lo siguiente: «La información solicitada ya se encuentra en sede judicial e inmersa en un procedimiento penal que se está sustanciando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y reclamada por el propio Juzgado, por lo que entregarla al solicitante sería atentatorio contra el derecho referido del artículo 24 CE. En caso de facilitarse la información solicitada y, teniendo en cuenta que en paralelo se está desarrollando un procedimiento penal, podría resultar lesionada la estrategia legal y procesal de todas las partes personadas, tanto Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, en su caso; y por supuesto, los presuntos responsables, cuya presunción de inocencia debe ser asimismo garantizada. La entrega de la documentación solicitada al margen de la instrucción y desarrollo del proceso penal supondría una ruptura del principio de igualdad entre las partes (…) Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 301 establece que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley (…)». 3.Disconforme con la respuesta recibida, el solicitante interpuso, el 5 de junio de 2025, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG). 4.Confecha 7 de julio de 2025 el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General de la Diputación Provincial de Badajoz, solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. 5.El 28 de julio de 2025 se recibe en este Consejo contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, que incluye un informe del jefe del Servicio de Transparencia, Calidad y Atención al Ciudadano en el que se ratifican las razones alegadas para fundamentar la desestimación de la solicitud de acceso a la información. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. G ú o - 6.El reclamante, en el trámite de audiencia concedido al efecto, manifiesta su disconformidad con la denegación del acceso entendiendo que podría ser concedido un acceso, al menos, parcial a la información reclamada. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información 2.En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. econ/convenios/conveniosCCAA.html su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a determinada información relacionada con empleados de la Diputación Provincial de Badajoz, que es desestimada por la aplicación del límite consagrado en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG al estar la información solicitada afectada por el carácter reservado del sumario judicial relacionado. 5.Con carácter previo habrá se considera que, habida cuenta que parte de la información solicitada materialmente afecta a datos especialmente protegidos como es laos relativos a la salud, que pertenecen a las categorías especiales del art. 9 RGPD y únicamente se puede conceder el acceso con el consentimiento del titular o con amparo legal (art. 15.1 LTAIBG). 6.Se solicita información prexistente en materia de recursos humanos, sin perjuicio de que la misma se haya trasladado a la sede judicial con ocasión de un procedimiento penal que se está sustanciando en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, como hace constar la Administración concernida. Procede, por tanto, analizar la concurrencia del límite legal previsto en el artículo 14. 1.f) de la LTAIBG, referido a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La valoración de los límites previstos en el artículo 14.1 LTAIBG debe partir necesariamente de la premisa de la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información que obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto los límites a este derecho que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG como las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 LTAIBG; sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho. Desde esta perspectiva, la motivación de la concurrencia del artículo 14.1.f) LTAIBG no puede obviar el consolidado criterio de este Consejo de Transparencia según el cual vincular la vulneración de la igualdad de las partes y de la tutela judicial efectiva a la mera existencia de un procedimiento judicial, sin justificar en qué medida el conocimiento de la información solicitada puede generar tal perjuicio, no resulta suficiente para motivar la denegación del acceso con arreglo a las previsiones de la LTAIBG y sin realizar la ponderación exigida por el artículo 14.2 LTAIBG. Es generalizada la interpretación restrictiva del límite alegado, restringiéndolo a la información que puede perjudicar de forma constatable la igualdad de las partes en un procedimiento judicial, considerándolo de aplicación básicamente sólo a los documentos elaborados expresamente con ocasión de un procedimiento. Además de interpretarse restrictivamente, toda aplicación de un límite al derecho de acceso ha de ser «justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección», debiendo en consecuencia ponderarse caso por caso, atendidas las circunstancias concurrentes, si prevalece la protección de los bienes jurídicos amparados por el límite o concurre un interés público o privado superior que justifique el acceso. Entender incluidos con carácter general en el límite del artículo 14.1.f) LTAIBG todo tipo de documentos administrativos relacionados directa o indirectamente con un proceso judicial, comportaría una interpretación extensiva del mismo y, por tanto, contraria al criterio general de interpretación estricta de las limitaciones del derecho de acceso que ya se ha mencionado y a la aplicación ponderada y proporcionada que exige el artículo 14.2 LTAIBG. 7.En relación con la aplicación del límite legal del art 14.1.f) LTAIBG se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 645/2022, de 31 de mayo (RCA 7844/2020), que sienta jurisprudencia, (luego reiterada en STS 5524/2023-ECLI:ES:TS: 2023:5524) partiendo de la premisa de partida de que es preciso deslindar (i) aquella documentación de carácter administrativo que obre en poder del organismo competente (elaborada por el propio organismo), a cuya entrega tiene derecho el solicitante, de (ii) aquella otra documentación de naturaleza estrictamente procesal, cuyo acceso o divulgación pública, en los supuestos de actuaciones propiamente jurisdiccionales en procedimientos pendientes de resolución, pudiera perturbar el equilibrio e integridad del procedimiento judicial, la igualdad de las partes u obstaculizar el ejercicio imparcial de las funciones de enjuiciamiento —y que, por tanto, ha de someterse las reglas procesales que le resulten de aplicación, en este caso la ley de enjuiciamiento criminal. A diferencia de lo que sucede con la información de naturaleza estrictamente procesal generada en el marco de un procedimiento judicial, el acceso a la información elaborada por un sujeto obligado por la LTAIBG para ser presentada ante un órgano judicial, se rige por lo dispuesto en la LTAIBG, correspondiendo por tanto la competencia para decidir al órgano, organismo o entidad en cuyo poder obren los contenidos o los documentos solicitados, el cual deberá resolver las solicitudes de acceso con arreglo a las reglas que en la propia LTAIBG se establecen. 8.Esta interpretación del artículo 14.1.f) LTAIBG, defendida por este Consejo al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha visto reafirmada con la entrada en vigor en España del Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, realizado en Tromsø el 18 de junio de 2009, en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 2024, sobre acceso a los documentos, que prevé como límite al acceso la protección de la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia. En la memoria explicativa del Convenio se señala que “este apartado está destinado a proteger la igualdad de las partes en los procesos judiciales y el buen funcionamiento de la justicia”. Este límite persigue asegurar la igualdad las partes en procesos judiciales tanto ante tribunales nacionales como internacionales y puede, por ejemplo, autorizar a una autoridad pública a denegar el acceso a documentos elaborados o recibidos (por ejemplo, de su abogado) en relación con los procesos judiciales de los que sea parte. Tal presión de derecho internacional deriva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso equitativo. Por tanto, los documentos que no son creados con vistas a procesos judiciales como tales, no pueden ser denegados al amparo de este límite. 9.La aplicación de la doctrina expuesta al presente caso conduce a no apreciar la concurrencia del límite invocado por la Administración. Resulta determinante que la información solicitada es, sin lugar a duda, información de naturaleza administrativa, no procesal. Tampoco se ha acreditado que tal información administrativa le vaya a ser desconocida a alguna de las partes personadas en el sumario, lo que excluye la desigualdad de armas de las partes procesales. Además, no se trata de información específica elaborada para su presentación en un proceso judicial, sino información prexistente sobre la actividad ordinaria en materia de personal atribuida a un órgano de la Administración. Resulta notorio que la información pretendida – documento de renuncia, bajas, abono de retribuciones, puesto de trabajo y funciones-, tiene la naturaleza de información pública que obra en poder de la administración concernida, con independencia de la existencia de un proceso judicial al que, en su caso, se haya aportado. 10.Por ello, una vez analizadas las circunstancias concurrentes, este Consejo considera que la información solicitada es información pública a los efectos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, que obra en poder de la administración y cuya existencia está acreditada, sin que la administración provincial haya justificado de forma adecuada y suficiente la concurrencia de los presupuestos esenciales para la aplicación del límite del art 14.1.f) LTAIBG, motivos por los cuales las objeciones expuestas por la administración no pueden prosperar y la reclamación debe estimarse. 11.No obstante, y a pesar que los empleados relacionados con la información pretendida están perfectamente identificados desde la misma solicitud, no es descartable el hecho de que la información a facilitar pueda contener otros datos personales de los referidos terceros, ajenos a la finalidad del derecho de acceso, cuya protección se debe garantizar, por lo que la documentación habrá de suministrase debidamente anonimizada, disociando los datos de terceros que no sean relevantes para la finalidad del acceso, de modo que la información resultante no se pueda vincular a personas físicas identificadas o identificables. Igualmente, se debe recordar que el artículo 19 de la LTAIBG dispone que “3.Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, la administración provincial, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, debería haber remitido la solicitud de acceso a las personas mencionadas. Tomando en consideración que el artículo 119 de la Ley 39/20156, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que aborda la regulación de la “Resolución” de los recursos administrativos prevé en su apartado 2 que “Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido […]”, de acuerdo con la doctrina establecida en la STS de 8 de marzo de 2021 - ECLI:ES:TS: 2021:890-, procede retrotraer las actuaciones al momento en que, en función del artículo 19.3 de la LTAIBG, la Diputación Provincial de Badajoz debía haber remitido la solicitud de acceso a las personas físicas afectadas, para después resolver conforme a derecho acerca del acceso solicitado teniendo en cuenta la doctrina administrativa y jurisprudencial expuesta en el fundamento anterior. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada frente a la Diputación Provincial de Badajoz. SEGUNDO: ORDENAR la retroacción de actuaciones e INSTAR a la Diputación Provincial de Badajoz a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, en cumplimiento del artículo 19.3 de la LTAIBG, remita la solicitud de acceso a los terceros afectados por la información solicitada, para su consentimiento expreso preceptivo en lo que concierne a los datos especialmente protegidos y en su caso alegaciones. Tas la consideración del resultado de los trámites anteriores procederá que dicte resolución conforme a derecho, teniendo en cuenta la doctrina administrativa y jurisprudencial expuesta en la fundamentación jurídica de esta resolución. TERCERO: INSTARa la Diputación Provincial de Badajoz a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de laLey 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez