Reclamación de acceso a memorias del convenio con Madrid Network desestimada por afectar a la tutela judicial efectiva

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 5 de junio de 2025, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la resolución de fecha 8 de mayo de 2025, dictada por el Director General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se concede el acceso parcial a su solicitud de acceso a la siguiente información pública sobre el convenio suscrito con la Asociación empresarial de interés general Madrid Network (AMN): «a) Memoria descriptiva de todos los ejercicios de las todas las actividades realizadas durante la vigencia del CONVENIO. b) Memoria económica de todos los ejercicios con detalle de los importes aplicados a cada una de las actuaciones. c) Acreditación de todos los ejercicios del cumplimiento de la obligación que sobre publicidad de las actuaciones establece la cláusula undécima. d) Memoria anual de todos los ejercicios sobre la evolución de las actuaciones contempladas en el anexo 1 del CONVENIO. El anexo 1 detallaba las actuaciones y la idoneidad de las inversiones». Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 16 de mayo de 2025 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 8 de julio de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del Director General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en las que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: «- La Resolución de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, de 8 de mayo de 2025, por la que se concede acceso parcial a la información pública, ha dado acceso a la información que podría trasladarse sin contravenir la normativa de transparencia. En este sentido la satisfacción de información del interesado se entiende ha sido cumplida, no pudiendo ofrecer la totalidad de la información al existir límites legales que resultan aplicables al caso. - En efecto, como cualquier otro derecho, el acceso a la información pública está en ocasiones sujeto a limitaciones. Así, no puede satisfacerse la petición de copia de todas las memorias recibidas por la Comunidad de Madrid, procedentes de Madrid Network, como consecuencia del Convenio firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda y Madrid Network, con fecha de 23 de mayo de 2011, por las razones aducidas en los fundamentos de la resolución impugnada, al actuar la causa de limitación de afección a intereses económicos y comerciales, contemplada en el artículo 14.1.h) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. - Debe ser tenida en consideración la existencia de un procedimiento judicial, actualmente pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo, sobre un caso sustancialmente idéntico a la petición planteada por el , toda vez que dicho proceso judicial versa sobre el acceso a la misma documentación y a la aplicación al caso del límite establecido en el artículo 14.1.h) de la referida ley, de modo que conceder el acceso a la información al supondría por sí mismo la renuncia a la pretensión formulada por parte de esta Administración ante la jurisdicción contencioso-administrativa». CUARTO. Mediante notificación de fecha 17 de julio de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 31 de julio de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del reclamante en el que manifiesta, en síntesis, lo siguiente: «1. La Dirección General de Política Financiera y Tesorería manifiesta que no comprende los argumentos relacionados con las obligaciones de publicidad de las sociedades de capital. La Dirección General de Política Financiera y Tesorería deniega la entrega de las memorias trimestrales y anuales de Madrid Network porque manifiesta que se trata de información confidencial de las sociedades que resultaron beneficiarias de sus préstamos e inversiones. En la reclamación señalamos que ese motivo no es conforme con la Ley de Transparencia porque no existe tal confidencialidad en la información que solicitamos. […] Lo alegamos porque la información de las sociedades contenida en las memorias de Madrid Network que la Dirección General de Política Financiera y Tesorería considera confidencial no lo es porque figura entre la información que esas mismas sociedades deben depositar en el Registro Mercantil con carácter anual. […] 2. La Dirección General de Política Financiera y Tesorería manifiesta que Madrid Network queda excluida de la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y de participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, la Ley de transparencia de la CAM) incluye dentro de su ámbito de aplicación a la Comunidad de Madrid. 1. Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a: a) La administración pública de la Comunidad de Madrid. El convenio de 23 de mayo de 2011 firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda y la asociación Madrid Network por el que se concede un préstamo de 80 millones de euros a la asociación, que adjuntamos como documento 1 a esta contestación, señala que la Comunidad de Madrid dispone de las memorias trimestrales y anuales de todos los ejercicios de Madrid Network, que es precisamente lo que solicitamos y que la Comunidad de Madrid está obligada a entregar. El convenio de 23 de mayo de 2011 firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda y la asociación Madrid Network la cláusula 5.2. (en adelante, el Convenio) señala en el apartado 2 de su cláusula quinta que Madrid Network debe acreditar la correcta utilización de los fondos que le entrega la Comunidad de Madrid. La cláusula séptima del Convenio desarrolla la acreditación y la justificación del uso de los fondos préstamo. La cláusula dispone que Madrid Network entregará a la Consejería de Economía la justificación de sus actividades y que lo hará mediante la entrega de memorias trimestrales y memorias anuales». FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTPCM delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. El reclamante solicita las memorias trimestrales y anuales de todos los ejercicios de Madrid Network. Los documentos solicitados pueden subsumirse en la noción de información pública por cuanto son documentos que se encuentran en poder de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y que han sido adquiridos por la misma en el ejercicio de sus funciones, en concreto su labor de control del correcto cumplimiento del convenio suscrito el 23 de mayo de 2011 entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, y la Asociación empresarial de interés general Madrid Network (AMN), por el que se concede un préstamo a la mencionada entidad. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. Como señala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) RA CTBG 0065/2025, de 14 de febrero de 2025, «es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558)». CUARTO. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide acceso a las «las memorias trimestrales y anuales de todos los ejercicios de Madrid Network». La Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concede un acceso parcial a la información pública solicitada por el reclamante, fundamentada en la existencia de uno de los límites previstos en la normativa de transparencia. En concreto, el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: «Dicho esto, se señala que esta petición de acceso a las memorias afecta a cuestiones sobre las que actúan alguno de los límites recogidos en el artículo 34 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En concreto, según establece el artículo 34.1 de la ley 10/2019, de 10 de abril, “El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado”. A su vez, el artículo 14.1 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, norma de carácter básico en la materia, enuncia los casos en los que el derecho de acceso puede ser limitado, incluyendo entre ellos aquella información que suponga un perjuicio para “los intereses económicos y comerciales”, según dispone la letra h) del mencionado artículo». Asimismo, la Dirección General de Política Financiera y Tesorería señala que existe un procedimiento judicial cuyo objeto coincide con lo solicitado por el reclamante: «En relación con la petición de las memorias, es preciso indicar que existe un procedimiento judicial en curso, PO 274/2023, pendiente de votación y fallo que se sustancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava), relativo a una pretensión de acceso a información pública cuyo objeto coincide esencialmente con el planteado en esta reclamación -esto es, el acceso a las memorias emitidas por la Asociación Madrid Network en la ejecución del convenio suscrito el 23 de mayo de 2011 entre dicha entidad y la Comunidad de Madrid-, que la Dirección General de Política Financiera y Tesorería desestimó mediante Resolución de 14 de diciembre de 2021, con fundamento en lo dispuesto en la letra h) del artículo 14.1 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». Añade en la resolución por la que concede el acceso parcial a la información, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid «ha suspendido cautelarmente la resolución impugnada en vía contenciosa que ha dado causa al procedimiento judicial, por entender que el acceso a la documentación solicitada podría suponer perjuicios de imposible o difícil reparación en las empresas afectadas». Es por ello que, en el escrito de alegaciones señala que «conceder el acceso a la información al supondría por sí mismo la renuncia a la pretensión formulada por parte de esta Administración ante la jurisdicción contencioso-administrativa». Por su parte, el interesado señala en su reclamación que la existencia de un procedimiento judicial en curso no es causa para la denegación del acceso a la información solicitada, señalando que «[l]a Ley de transparencia y la Ley de transparencia de la CAM no incluyen entre sus límites al acceso a la información pública que este esté judicializado por lo que es un argumento que no debe ser tenido en cuenta. Se trata de un listado cerrado donde una administración no puede añadir límites de manera caprichosa». Frente al argumento anterior, este Consejo recuerda que la existencia de un procedimiento judicial en curso puede suponer la concurrencia del límite de acceso a la información pública que establece el artículo 14.1. f) LTAIBG (“cuando acceder a la información suponga un perjuicio para […] la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”), en la medida en que la información solicitada forma parte del objeto del proceso y su publicación podría afectar a la estrategia procesal de la Administración demandada, lo que era poco discutible en el momento de plantearse la solicitud de acceso a la información. El anterior razonamiento se ve reforzado por la doctrina que emana de la Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso-administrativo) n.º 645/2022, de 31 de mayo, en la que se estima un recurso de casación promovido contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo aplica la restricción del derecho a la información pública prevista por el art. 14 de la Ley 19/2013, letra f) - cuando el acceso a dicha información pueda suponer un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva—, en un asunto en el que se había concedido el acceso a cierta documentación que obraba en un procedimiento judicial seguido ante el Tribunal de Cuentas. En lo que aquí interesa, la STS 645/2022 estableció, en el asunto enjuiciado, que carecía de fundamento ordenar la entrega de la documentación –dados los términos del artículo 13 y la disposición adicional primera, de la Ley 19/2013—, “en la medida que compete al Tribunal de Cuentas ponderar si la divulgación de los documentos solicitados, por su contenido específico, podría suponer una merma de las garantías procesales de las partes afectadas”. Este mismo razonamiento es aplicable en el caso que trae causa de la presente resolución. En palabras de la STS 645/2022, FD tercero, las previsiones de la legislación general de transparencia “quedan desplazadas, actuando en este caso como supletorias, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y específico de acceso a la información”. El desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y procedimiento que ha de seguirse, “exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que estamos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse”. En idéntico sentido, pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso-administrativo) 748/2020 y 1565/2020. Por todo lo anterior, este Consejo no va a entrar a valorar si es de aplicación el límite previsto en el artículo 14.1.h) relativo a los intereses económicos y comerciales, puesto que tal resolución entraría en conflicto con el proceso judicial en curso cuyo objeto de litigio es precisamente la aplicación de dicho límite. En conclusión, procede desestimar la presente reclamación en aplicación del límite 14.1.f) LTAIPBG, relativo a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, al estar pendiente la resolución de un proceso en la vía jurisdiccional contenciosa- administrativa. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.