Reclamación por denegación de acceso a liquidación del Tribunal de Cuentas e informes de expedientes de indemnizaciones en el Ayuntamiento de Castropodame

Resolución 81/2026, de 23 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-196/2024 / Reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de Castropodame (León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 15 de diciembre de 2023, D.ª XXX presentó en el registro del Ayuntamiento de Castropodame (León) una solicitud de información pública dirigida a esta Entidad local. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Habiéndome comunicado verbalmente la Sra. Alcaldesa que el 11/12/2023 había una liquidación provisional en el Tribunal de Cuentas, referente a un presunto alcance contable en el que no solo soy parte interesada sino también parte acusada. Solicita: Se facilite copia del desenlace de dicha liquidación provisional del Tribunal de cuentas”. Asimismo, con fecha 12 de febrero de 2024, D.ª XXX presentó en el registro del Ayuntamiento de Castropodame una nueva solicitud de información pública dirigida a esta Entidad local, en los siguientes términos: “Que habiendo recibido notificaciones correspondientes a los expedientes 764/2023, 765/2023 y 766/2023 en el que se desestima la reclamación de reintegro de gastos y costes derivados de varios procedimientos judiciales. Visto que se hace referencia a un decreto del diputado delegado de Cooperación y SAM en el que resuelve “Comisionar circunstancialmente a Dª XXX, Funcionaria de Habilitación Nacional, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Cabañas Raras para los expediente: 85/2021, 400/2023, 586/2023, 759/2023, 764/2023, 765/2023, 766/2023, 888/2023 y 1023/2023, todos referidos a indemnizaciones, en el Ayuntamiento de Castropodame”. A fin de dilucidar las causas de desestimación de mis peticiones y para comprobar que se ha procedido con criterios de igualdad y equidad en todos estos expedientes con el mismo objetivo y relacionados entre sí, es por lo que Solicita Se me facilite copia o acceso a los informes emitidos por la funcionaria con Habilitación de carácter nacional Dª. XXX que han servido de base para la resolución de los expedientes 85/2021, 400/2023, 586/2023, 759/2023, 764/2023, 765/2023, 766/2023, 888/2023 y 1023/2023, todos referidos a indemnizaciones, en el Ayuntamiento de Castropodame. Agradecería se me facilitasen antes del fin de plazo para presentación de recurso de reposición”. Segundo.- Con fecha 15 de abril de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León, a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una reclamación presentada por Dª. XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Castropodame poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 11 de julio de 2024, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Castropodame a nuestra solicitud de informe indicando, entre otros extremos, lo siguiente: “(…) En relación con la solicitud realizada por Dª. XXX en fecha 15/12/2023, registro de entrada municipal nº XXX, referida a solicitud de copia de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, que Dª XXX dice es «referente a un presunto alcance contable en el que no solo soy parte interesado también parte acusada». Obra en este Ayuntamiento expediente Actuaciones Previas nº: 1060/2021, de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en el que el Ayuntamiento de Castropodame es la única parte acusada. En relación con este expediente Actuaciones Previas nº: 1060/2021, Dª XXX, deberá indicar qué concreto interés suyo se ve afectado en ese expediente, dado que se desconoce. (…) No obstante, todo lo hasta aquí expuesto, el expediente Actuaciones Previas nº: 1060/2021, ha sido remitido a diversos Jugados a fin de obrar en procedimientos judiciales emprendidos por Dª XXX contra un concejal del Ayuntamiento y contra el propio Ayuntamiento, por lo que obraría ya en su poder. A mayor abundamiento, consta en esta administración que en auditoría realizada a los acceso al programa de administración electrónica Gestiona, empleado por este Ayuntamiento, en fecha 12 de diciembre de 2023, el usuario Dª. XXX, consultó los documentos del expediente Actuaciones Previas nº. 1060/2021 y ello sin tener el expediente asignado, ni por tanto estar autorizada. En relación con la solicitud realizada por Dª. XXX en fecha 12/02/2024, registro de entrada municipal nº XXX, por la solicita que «Se me facilite copia o acceso a los informes emitidos por la funcionaria con Habilitación de carácter nacional, Dª XXX que han servido de base para la resolución de los expedientes 85/2021, 400/2023, 586/2023, 759/2023, 764/2023, 765/2023, 766/2023, 888/2023 y 1023/2023, todos referidos a indemnizaciones, en el Ayuntamiento de Castropodame» se informa que este Ayuntamiento ha realizado las siguientes actuaciones: - Se ha remitido a Dª XXX la documentación solicitada referida a los expedientes 764/2023, 765/2023, 766/2023, en los que tiene la condición de interesada por tratarse, todos ellos, de expedientes de solicitud de reintegro de gastos judiciales, solicitados por ella misma. - En relación con el resto de los expedientes, en fecha 27 de febrero de 2024, registro de salida municipal nº XXX, se solicitó al Servicio de Atención a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, la emisión de informe jurídico a fin de determinar cómo debería actuar esta administración en relación con estos expedientes, todos de reintegro de gastos judiciales, instados por 2 concejales y 2 funcionarias del Ayuntamiento, dado que Dª. XXX no es parte interesada en los mismos, ni se deduce un interés de Dª XXX, al no afectar a ninguno de los derechos que como trabajadora le reconoce la legislación en vigor, ni observar que se le cause indefensión de ningún tipo, dado que nada tienen que ver con ella. - A fecha actual no se ha recibido el informe solicitado, pese a haberse reiterado dicha solicitud de informe al Consejo un par de veces más. - No obstante y en espera del informe jurídico, esta administración a la vista de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha dirigido escrito a los interesados en estos expedientes a fin de que presenten las alegaciones que estimen oportunas, dado que en algunos casos existe una clara relación de enemistad, y acceder a la petición de Dª XXX podrá afectar a sus derechos e intereses. Habiéndose pronunciado ya varios de ellos en contra de facilitar dicho acceso, por ser Dª XXX la parte contraria en los expedientes judiciales de los que se deriva la solicitud de reintegro. - Se está a la espera de que todos los interesados en los expedientes manifiesten su postura respecto al acceso solicitado, toda vez que no se puede primar los intereses de Dª XXX sobre el de las personas que ostentan la condición de interesados en el expediente. Por medio del presente se quiere dejar constancia que esta Administración está en la mejor de las disposiciones de facilitar el acceso a la información pública exigida por la normativa de la transparencia, pero siempre dentro del respecto a los derechos de las personas que ostentan la condición de interesados y velando por la protección de datos”. Cuarto.- Con fecha 16 de diciembre de 2025, se solicita al Ayuntamiento de Castropodame, por parte de esta Comisión de Transparencia que, a la vista de este informe y en el plazo de quince días, ampliara el mismo para indicar si el informe solicitado al Servicio de Atención a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo había sido recibido, junto con el resto de pronunciamientos de los interesados, y si, con base en ello, se había concedido o no el acceso a la información solicitada por la reclamante. Con fecha 5 de enero de 2026, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Castropodame a nuestra solicitud en la cual se indica, entre otros extremos, lo siguiente: “En relación con su escrito recibido en fecha 16 de diciembre de 2025 (…), se pasa a informar de las actuaciones llevadas a cabo por esta administración: Primero. Mediante Resolución de Alcaldía Decreto nº 2024-0381 de fecha 08 de julio de 2024, se acordó estimar parcialmente la petición realizada por Dª XXX, facilitando el acceso a los Informes de Secretaría obrantes en los expedientes 764/2023, 765/2023 y 766/2023, notificada a la interesada el 08 de julio de 2024, número registro de salida XXX. Segundo. Con fecha 27 de febrero de 2024 y número de registro de salida XXX, se solicitó al Servicio de Atención a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, la emisión de informe jurídico a fin de determinar cómo debería actuar esta administración, petición que fue reiterada el día 08 de julio de 2024 y número de registro de salida XXX, sin que a la fecha actual, se haya recibido el requerido informe jurídico. Y que, dado el tiempo transcurrido y la falta de personal, es previsible, que no se reciba en ningún momento. Tercero. Considerando lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el que se determina que: «Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas (…)», se requirió a los terceros afectados, para que manifestasen su conformidad a la remisión de los informes jurídicos solicitados obrantes en los expedientes, en los que tenían la condición de interesados. - Con fecha 08 de julio de 2024 y número de registro de salida XXX, se requirió a D. XXX, para que en relación al expediente 85/2021, en el que era parte interesada, manifestase su conformidad a la remisión del informe jurídico, indicando que, de no contestar al requerimiento, se entendería en sentido negativo. Disconformidad con el acceso, que se produjo al no haber contestación expresa. - Con fecha 08 de julio de 2024 y número de registro de salida XXX, se requirió a D. XXX, para que en relación a los expedientes 400/2023 y 1023/2023, en los que era parte interesada, manifestase su conformidad a la remisión de los informes jurídicos, indicando que, de no contestar al requerimiento, se entendería en sentido negativo. Con fecha 22 de julio de 2024 y número de registro de entrada XXX, se recibe escrito en el que manifiesta su oposición expresa a cualquier acceso a la información concerniente a su persona, en base a las acusaciones realizadas por la solicitante por un presunto delito de injurias graves hechas con publicidad y un delito continuado de calumnias hechas con publicidad, resuelto por el Juzgado de lo Penal, nº 1 de Ponferrada en Sentencia 342/2022 de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se falla «Absolver a D. XXX, de los delitos de injurias y calumnias hechas con publicidad de los que venía siendo acusado». Al mismo tiempo, en dicho escrito, solicita expresamente que «Se investiguen los acceso realizados por Dª XXX, al expediente 586/2023, a la vista de la información que conoce indebidamente, para el inicio de las acciones legales pertinentes». requirió a Dª. XXX, para que en relación al expediente 586/2023, en el que era parte interesada, manifestase su conformidad a la remisión del informe jurídico, indicando que, de no contestar al requerimiento, se entendería en sentido negativo. Con fecha 01 de agosto de 2025 y número de registro de entrada XXX, presenta escrito en el que: “Se deniega el consentimiento a autorizar acceso a Dª XXX a cualquier expediente o documento en el que tenga la condición de interesada, por el deber de abstención del artículo 23.2 artículo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, apartado c) que afecta a Dña. XXX en todos esos procedimientos, sino porque autorizar ese acceso vulneraría mi derecho a la protección de datos sensibles y podría llegar a vulnerar «la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva», lo que sería inmediatamente denunciado en los tribunales”. Al mismo tiempo, solicita expresamente que: “Se investiguen los accesos de Dña. XXX, así como descarga de documentación contenida en ellos, en relación con todos los expedientes en los que yo tenga la condición de interesada, y que ella no tenía asignados como funcionaria municipal, así como la descarga de informes de secretaría, intervención y tesorería de expedientes que no tenía asignados y en especial la descarga de documentos tan sensibles como partes de baja o justificantes médicos, e incluso nóminas cuando ya no las contabilizaba y que de deducirse de dichas investigaciones la comisión de algún tipo de infracción se tramite el consiguiente expediente disciplinario. requirió a Dª. XXX, para que en relación a los expedientes 759/2023 y 888/2023, en los que era parte interesada, manifestase su conformidad a la remisión de los informes jurídicos, indicando que, de no contestar al requerimiento, se entendería en sentido negativo. En el presente caso, obra en el expediente escrito de fecha 25 de julio de 2024 y número de registro de entrada XXX, en el que manifiesta que no se opone a que se faciliten a Dª XXX, los dos informes jurídicos u otros documentos que existan en esos expedientes. Cuarto.- Mediante Resolución de Alcaldía decreto nº 2026-003 de fecha 02 de enero de 2026, se procedió a facilitar a la solicitante, acceso a los informes jurídicos obrantes en los expedientes 759/2023 y 888/2023, al contar con la conformidad expresa del tercero. Quinto.- Respecto al acceso solicitado a los expedientes 85/2021, 400/2023, 1023/2023 y 586/2023, hasta la fecha actual, no se ha facilitado su acceso en base a que, dos de los terceros debidamente identificados, tras ser informados de la solicitud de acceso han denegado el consentimiento expresamente y el otro, por omisión ante la falta de contestación y por considerar que se trata de expediente e informes relativos a procesos judiciales, estableciendo en el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información pueda suponer un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. (…) Por medio del presente se quiere dejar constancia que esta Administración está en la mejor de las disposiciones de facilitar el acceso a la información pública exigida por la normativa de la transparencia, pero siempre dentro del respeto a los derechos de las personas que ostentan la condición de interesada y velando por la protección de datos y con la mayor de las cautelas, por tratarse de expedientes judiciales, que aún están pendientes de resolver, en los que puede verse comprometida la igualdad de las partes. Y por considerar que los expedientes solicitados, son todos de reintegros de gastos judiciales, no siendo la solicitante parte interesada en los mismos, ni deduciéndose un interés directo, al no afectar a ninguno de los derecho que como trabajadora, le reconoce la legislación en vigor, ni observar que le cause indefensión de algún tipo, dado que nada tienen que ver con ella”. Quinto.- Con fecha 16 de enero de 2026, se solicita al Ayuntamiento de Castropodame por parte de esta Comisión de Transparencia que, a la vista de la anterior comunicación de este Ayuntamiento de fecha 5 de enero de 2026, en el plazo de quince días, se remita a esta Comisión una copia de la resolución de Alcaldía Decreto nº 2026- 003, de fecha 2 de enero de 2026, así como de las notificaciones efectuadas de esta Resolución, junto con la indicación del objeto de los expedientes judiciales a los que se refiere la parte final de su informe donde se advierte que estos expedientes están pendientes de resolver. Con fecha 28 de enero de 2026, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Castropodame a nuestra solicitud indicando, entre otros extremos, lo siguiente: “En relación con su escrito de fecha 15 de enero de 2026 (…), se aporta la siguiente documentación requerida: - Resolución de Alcaldía Decreto nº 2026-003, de fecha 02 de enero de 2026, sea acordó estimar parcialmente la petición realizada por Dª XXX, facilitando la siguiente información: Informe de Secretaría expediente nº 759/2023 e Informe de Secretaría expediente nº 888/2023, notificada a la interesada el 02 de enero de 2026, número registro de salida XXX, obrando en el expediente justificante de acceso al contenido de la notificación por la interesada el 02/01/2026 a las 18:18. Los EXPEDIENTES Nº 400/2023 y 1023/2023, iniciados por D. XXX, mediante solicitudes presentada el 20/03/2023, con nº de registro XXX y 10/11/2023, con nº de registro XXX, respectivamente, versan sobre la solicitud de reintegro de gastos y costes derivados del procedimiento penal D.P. 267/2019, concluido por Sentencia absolutoria 243/2022 del Juagado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Ponferrada y confirmada por Sentencia 577/2022, de 13 de diciembre, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, Dicho procedimiento penal, resulta de demanda interpuesta por Dª XXX, en su condición de Secretaria accidental de este Ayuntamiento, contra D. XXX, en su condición de Concejal-Portavoz del Partido de la oposición del Ayuntamiento de Castropodame, por un presunto delito contra la integridad moral del artículo 173 C.P. y un delito de lesiones. En expediente 163/2024 de solicitud de acceso a informes expedientes de gastos judiciales, incoado por Dª XXX, obra oposición expresa de D. XXX, así como solicitud expresa de que “Se investiguen los accesos realizados por Dª XXX, al expediente 586/2023, a la vista de la información que conoce indebidamente, para el inicio de las acciones legales pertinentes”. El EXPEDIENTE Nº586/2023, iniciado por Dª. XXX, mediante solicitud presentada el 18/06/2023, con nº de registro XXX, versa sobre la solicitud de reintegro de gastos y costes derivados del proceso penal D.P. 443/2019, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 08 de Ponferrada y posteriormente autos de Procedimiento Abreviado nº 51/2022 de la audiencia Provincial de León, concluidos con AUTO FIRMEZA ABSOLUTORIA, de fecha 25 de mayo de 2023, de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, en la que: «Se declara firme y ejecutoria la Sentencia Nª 163/2023 dictada en fecha tres de abril de dos mil veintitrés en la presente causa que se absuelve a XXX». En dicho procedimiento penal se le imputaba, por un presunto delito de «Violación de secretos por funcionario». En expediente 163/2024, de solicitud de acceso a informes expedientes de gastos judiciales, incoado por Dª. XXX, obra escrito presentado por Dª XXX, con fecha 01 de agosto de 2025 y número de registro de entrada XXX, presenta escrito en el que: «Se deniega el consentimiento a autorizar acceso a Dª XXX a cualquier expediente o documento en el que tenga la condición de interesada, por el deber de abstención del artículo 23.2 artículo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, apartado c) que afecta a Dña. XXX en todos esos procedimientos, sino porque autorizar ese acceso vulneraría mi derecho a la protección de datos sensibles y podría llegar a vulnerar ‘la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectivaʾ, lo que sería inmediatamente denunciado en los tribunales». (…) En base a todo ello, únicamente quedaría pendiente el acceso solicitado a los expedientes 400/2023, 1023/2023 y 586/2023, en base a que terceros debidamente identificados, tras ser informados de la solicitud de acceso han denegado el consentimiento expresamente y por considerar que se trata de expedientes e informes relativos a procesos judiciales, estableciendo en el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que el derecho de acceso podrá ser limitada cuando acceder a la información pueda suponer un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Y por considerar que los expedientes solicitados, son todos de reintegros de gastos judiciales, no siendo la solicitante parte interesada en los mismos, ni deduciéndose un interés directo, al no afectar a ninguno de los derechos que como trabajadora, le reconoce la legislación en vigor, ni observar que le cause indefensión de algún tipo, dado que nada tienen que ver con ella”. Asimismo, se adjuntó la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Castropodame, firmada el 2 de enero de 2026, por el que se concedió el acceso a los informes de Secretaría de los expedientes nº 759/2023 y 888/2023, junto con su notificación a la reclamante el mismo día 2 de enero. En la parte dispositiva de esta Resolución se indicó lo siguiente: “Primero.- Estimar parcialmente la petición realizada por Dª XXX facilitando la siguiente documentación: - Informe de Secretaría expediente nº 759/2023 - Informe de Secretaría expediente nº 888/2023”. Sexto.- Con fecha 30 de enero de 2026, se solicita a Dª. XXX, por parte de esta Comisión de Transparencia que, a la vista de la Resolución de la Alcaldía de 2 de enero de 2026, “Una vez que su solicitud de información ha sido estimada parcialmente de forma expresa, si Ud. se encuentra disconforme con la Resolución municipal puede, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, presentar su reclamación ante esta Comisión de Transparencia, a pesar de que en el pie de recurso de la Resolución no se indica expresamente esa posibilidad. Esta reclamación debe presentarse, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde que reciba esta comunicación”. Con fecha 2 de marzo de 2026 se recibe en esta Comisión de Transparencia la contestación de Dª XXX señalando lo siguiente: “La solicitud de información se había solicitado respecto de los expedientes: 85/2021, 400/2023, 759/2023, 764/2023, 765/2023, 766/2023, 988/2023 y 1023/2023. He recibido los informes de los expedientes 764/2023, 765/2023, 766/2023, 759/2023 y 888/2023 (Expedientes referentes a mí y a mi compañera que fueron desestimaos y recurridos sin contestación al recurso). Pero no he recibido los informes de los expedientes 85/2021, 400/2023 y 1023/2023 (Expedientes referentes a un concejal y la secretaria del Ayuntamiento que fueron estimados y abonados, suponiendo al Ayuntamiento un desembolso casi 40.000 €) Expedientes que parecen estar blindados”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autora es la misma persona que presentó las solicitudes de información pública que dieron lugar a esta impugnación Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación inicial fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 15 de abril de 2024, después de que las solicitudes de información pública fueran realizadas a través de unos escritos presentados el 15 de diciembre de 2023 y el 12 de febrero de 2024. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que la presentación de la reclamación que ahora se resuelve no se encontraba sujeta a plazo. Por otra parte, con posterioridad, el 2 de enero de 2026 se notificó a la reclamante Resolución de Alcaldía de la misma fecha, por la que se estimaba parciamente la solicitud de Dª. XXX. Pues bien, en esta resolución se observa la ausencia de mención a la posibilidad de interponer la presente reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública ante esta Comisión de Transparencia, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.3 de la LPAC, respecto a los efectos de las notificaciones defectuosas: “Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y el alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda”. Por tanto, debido a la notificación defectuosa de la respuesta expresa a la que se ha hecho referencia, esta solo surte efecto a partir del nuevo escrito dirigido por la reclamante a esta Comisión de Transparencia con fecha 2 de marzo de 2026, donde esta mantiene su disconformidad con la información recibida. En definitiva, no se puede considerar que esta reclamación haya sido presentada fuera del plazo establecido para ello. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el caso que nos ocupa, el objeto de la información solicitada se refiere a la copia de la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas y a los informes emitidos por la funcionaria con habilitación de carácter nacional para la resolución de los expedientes 85/2021, 400/2023, 586/2023, 759/2023, 764/2023, 765/2023, 766/2023, 888/2023 y 1023/2023 del Ayuntamiento de Castropodame. Por todo ello, la información anterior tiene la condición de información pública a los efectos del artículo 13 de la LTAIBG, y habría de encontrarse en poder del Ayuntamiento de Castropodame como consecuencia del ejercicio de las funciones que corresponden a esta. Ciertamente, el Ayuntamiento de Castropodame no discute la consideración de información pública respecto a lo solicitado por la reclamante y ha facilitado el acceso a parte de la información requerida, de acuerdo con lo indicado en la Resolución de 2 de enero de 2026. Con base en lo anterior, la reclamante ha manifestado a esta Comisión de Transparencia con posterioridad -el 2 de marzo de 2026- que mantiene la petición de acceso a la información referida solamente a los expedientes 85/2021, 400/2023 y 1023/2023 (si bien, a esta Comisión de Transparencia no le consta acreditado que haya accedido al expediente 586/2023). La Resolución de la Alcaldía de Castropodame justifica la estimación parcial en base a lo siguiente: “Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se notificó a los terceros afectados, para que en relación a los expedientes en los que eran parte interesada, manifestase su conformidad a la remisión de los informes jurídicos. Visto que únicamente Dª XXX, mediante escrito de fecha 25 de julio de 2024 y número de registro de entrada XXX, manifestó que no se oponía a facilitar los dos informes jurídicos solicitados”. Asimismo, en los informes que el Ayuntamiento de Castropodame se han remitido a esta Comisión de Transparencia se pone el acento en el contenido del artículo 19.3 de la LTAIBG para explicar que, de conformidad con este, se ha requerido a los terceros- interesados afectados para que manifestaran su conformidad a la remisión de los informes jurídicos solicitados a la reclamante y que al contar únicamente con la conformidad de una de las interesadas es por lo que solo se ha permitido el acceso a los informes jurídicos relativos a esta última, que se corresponden con los que forman parte de los expedientes 759/2023 y 888/2023. Ciertamente, procede llevar a cabo el trámite de alegaciones conforme establece el artículo 19.3 de la LTAIBG pero no en el sentido realizado por el Ayuntamiento de Castropodame para recabar el consentimiento de los terceros afectados ya que, tal y como esta Comisión de Transparencia ha manifestado en anteriores ocasiones (sirva como ejemplo de todas la Resolución 171/2020, de 23 de septiembre, expediente CT- 157/2020), el trámite indicado dirigido a recabar el consentimiento para que pueda tener lugar el acceso a la información pública señalada no es el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, que es el que debe realizarse. En efecto, un trámite como el referido, en el que el derecho de acceso a la información se subordina a un necesario y previo consentimiento de quien se encuentra afectado por la información solicitada, implica asumir que este consentimiento constituye un requisito ineludible para el reconocimiento de aquel derecho, lo cual no responde al supuesto que aquí se plantea. Baste señalar ahora que la LTAIBG únicamente prevé este requisito del consentimiento previo del afectado, expreso y por escrito, para el acceso a información que contenga datos personales (de personas físicas) especialmente protegidos de conformidad con la normativa aplicable o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor (artículo 15.1 de la LTAIBG). No nos encontramos aquí en este caso, puesto que la información solicitada no incluye datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. No parece necesario incidir en la diferencia radical entre un trámite llamado a obtener el consentimiento del afectado por una información para que esta pueda ser proporcionada a quien la solicita (trámite que es el que ha realizado el Ayuntamiento de Castropodame), y otro dirigido a que el afectado presente las alegaciones que estime oportunas para que estas puedan ser valoradas por el órgano competente para decidir si procede reconocer o no el acceso pedido en la forma que corresponda. Este último es el trámite previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG y el que debe ser llevado a cabo en el procedimiento de acceso a información pública iniciado con la presentación de la solicitud referida en el expositivo primero de los antecedentes. Considerando, por tanto, la omisión del trámite señalado, debemos ordenar la retroacción del procedimiento de acceso a la información pública al momento en el cual tuvo lugar este vicio formal, de manera tal que se realice el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG a terceros-interesados afectados por los expedientes 85/2021, 400/2023 y 1023/2023, concediendo a estos un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones oportunas e informando de esta circunstancia al solicitante y, una vez recibidas las alegaciones que se realicen en este trámite, es cuando se podrá ponderar si existe un interés público en la divulgación de la información solicitada que prevalezca sobre el supuesto daño a los intereses de los terceros- interesados de los procedimientos requeridos, en cuyo caso se deberá acceder a otorgar a la reclamante los informes jurídicos de los citados expedientes. Por todo lo anteriormente expuesto, dado que la información pública que no ha sido facilitada a la reclamante cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG y que no es posible la denegación de una parte de ella sin la previa realización del trámite antes expuesto, procede la estimación parcial de la reclamación presentada por D.ª XXX y la retroacción de las actuaciones a fin de que el Ayuntamiento de Castropodame cumpla con el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 LTAIBG. Una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin haberse presentado estas, se debe resolver sobre la solicitud de acceso llevando a cabo la ponderación prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG. En cualquier caso, a juicio de esta Comisión de Transparencia, para adoptar la decisión señalada se debe considerar adecuadamente, de un lado, el tipo de datos de carácter personal que consten en la información; y, de otro, que los intereses “meramente privados” también pueden fundamentar una solicitud formulada al amparo de la LTAIBG, como ha reconocido el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1.519/2020, de 12 de noviembre. Sexto.- Ciertamente, el Ayuntamiento de Castropodame advierte en los informes remitidos a esta Comisión de Transparencia en la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG en el acceso a la información que ha sido solicitada por la reclamante. Este precepto establece lo siguiente: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio: (…) f) Para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva” Por el contrario, a juicio de esta Comisión no resulta aplicable en este caso, en el sentido que pretende ese Ayuntamiento, la limitación invocada, prevista en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG. En efecto, la Entidad Local se limita a invocar de forma genérica dicha previsión legal, sin aportar justificación alguna que permita apreciar la concurrencia efectiva de dicho riesgo o perjuicio en el caso concreto. La simple mención del precepto, desprovista de motivación y sin análisis del contexto procesal o del contenido de la información solicitada, no resulta suficiente para restringir el ejercicio del derecho de acceso, máxime cuando este derecho debe interpretarse conforme a los principios de máxima transparencia y mínima restricción, tal y como se deriva del artículo 1 de la propia LTAIBG. Además, en el último informe del Ayuntamiento de Castropodame remitido a esta Comisión de Transparencia se confirma que los informes jurídicos requeridos por la reclamante tienen su causa en procedimientos judiciales que ya han finalizado: en uno de los casos con la Sentencia absolutoria 243/2022 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Ponferrada y confirmada por Sentencia 577/2022, de 13 de diciembre, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial; y en el otro con el Auto de firmeza absolutoria, de fecha 25 de mayo de 2023, de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, por lo que ya no existe posibilidad de que se vulnere el principio de igualdad de las partes en los citados procesos judiciales. En cambio, la reclamante persigue, con la obtención de los informes jurídicos correspondientes a expedientes sobre reintegro de gastos judiciales, verificar que se ha procedido con igualdad y equidad en todos ellos y, con ello, conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo cual encuentra acomodo en las finalidades perseguidas por la LTAIBG. Séptimo.- En cuanto a la formalización del acceso a la información, el artículo 22.1 de la LTAIBG establece lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma se realice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En este caso concreto, al haber ofrecido la reclamante una dirección de correo electrónico es la vía electrónica la que debe ser utilizada por el Ayuntamiento de Castropodame para facilitar la información a la reclamante. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de Castropodame (León). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Castropodame debe retrotraer el procedimiento al momento de realizar el trámite de audiencia a los terceros-interesados afectados por los expedientes 85/2021, 400/2023 y 1023/2023 exigido por el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y a la vista de las alegaciones formuladas en este, adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información y considerando la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en aquella Ley, así como el carácter estricto, cuando no restrictivo, con el que deben ser interpretados sus límites. Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y al Ayuntamiento de Castropodame. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.