Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El ciudadano solicitó a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos un listado de centros educativos con comisiones de servicio por cargo directivo. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación y no concurrir dicha causa.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social datos detallados sobre inspecciones del registro de jornada laboral. La administración denegó la petición alegando reelaboración, carácter abusivo y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad el inventario de obras de arte en préstamo en el Complejo de la Moncloa. Tras una respuesta parcial, el interesado alegó falta de claridad en la ubicación y formato inadecuado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar la información proporcionada como clara y suficiente.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los listados de productos y precios de todos los economatos de las cárceles españolas. Alegó que la respuesta fue insuficiente al facilitarle solo tres centros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que la solicitud es abusiva y no justificada con la finalidad de la ley.
El solicitante pidió al Consejo General del Poder Judicial la base de datos de compatibilidades de jueces y magistrados desde 2015. El CGPJ denegó el acceso alegando falta de una base de datos consolidada y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por falta de competencia para revisar actos del CGPJ.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determinar qué contenidos del RD 2133/1986 no se oponen al RD 347/2011 para el Caladero Canario. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la petición requiere reelaboración y no cumple la finalidad de la ley.
El reclamante solicitó información sobre convenios entre la Generalitat Valenciana y colegios notariales para la promoción del valenciano. Alegó que la administración no respondió a la mayoría de sus puntos. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación, declarando la pérdida de objeto sobre el primer punto y ordenando facilitar el resto de la información.
La Comissió Promotora de la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania solicitó datos diversos sobre la RGC a la DGES de la Generalitat de Catalunya. Se alegó la falta de entrega de información y la inadmisibilidad de datos sobre personas sin hogar. La GAIP resuelve archivar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información disponible.
Un periodista solicitó a la Diputación de Girona información detallada sobre inversiones en publicidad institucional y subvenciones a medios (2007-2018). La administración alegó que la información anterior a 2015 no estaba sistematizada y requeriría una tarea compleja. La GAIP estima la reclamación al considerar que la administración no motivó la complejidad alegada.
El ciudadano solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social el número de personas incluidas en la cláusula de salvaguarda de las pensiones, desglosado por apartados y edad. La administración denegó la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por coincidir en que la información no existe y requeriría una elaboración ex profeso.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose anual por servicios de los costes de vigilancia de la salud de empleados penitenciarios (2014-2018). El interesado alegó que la información es accesible mediante el Plan de PRL. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública un histórico detallado de subvenciones por catástrofes naturales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información anterior a 2010 se rige por la normativa de archivos y la anterior a 2015 requeriría una reelaboración de datos no disponible de forma agregada.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el listado detallado de exámenes de conducir de los últimos diez años. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el volumen y detalle de los datos requeridos implica una reelaboración de la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el cómputo de aportaciones financieras a empresas agrícolas andaluzas en 2017 y 2018 en formato hoja de cálculo. El Ministerio remitió enlaces web y denegó el formato específico por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información es accesible vía web.
La Asociación Feragua solicitó a la Autoridad Portuaria de Sevilla autorizaciones y documentos sobre el dragado del río Guadalquivir. Tras ser archivada la solicitud por desistimiento debido a falta de acreditación de representación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por incompetencia, al considerar que la materia es de acceso a la información ambiental.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alcúdia certificados sobre la actividad de un taller y la identificación de los responsables de su expediente. Alegó silencio administrativo. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación: reconoce que el informe técnico ya satisface la parte de la actividad, pero ordena expedir el certificado de resolución solicitado.
El interesado solicitó informes de auditoría de consultoras, el importe de la cuenta 629 y relaciones contractuales a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A. La administración alegó que los informes eran información auxiliar, que los contratos estaban en trámite y que la cuenta 629 requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El ciudadano solicitó a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía el detalle de gastos y medios destinatarios de la publicidad institucional de 2018 y parte de 2019. La administración estimó parcialmente la solicitud. El Consejo de Transparencia analiza la denegación parcial basada en la inexistencia de un sistema de información.
La Asociación ATILA solicitó a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) datos detallados sobre personal, presupuestos y procesos judiciales. Tras una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos sobre sentencias, pero desestimando otros puntos por carga administrativa excesiva.
Un sindicato solicitó a la Dirección General de la Función Pública (DGFP) de la Generalitat de Catalunya la relación de horarios de entrada y salida de las plazas con horario especial. La DGFP inadmitió parcialmente la solicitud alegando complejidad de elaboración. La GAIP estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para derivar la solicitud a los departamentos competentes.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Villamartín información sobre bonificaciones en licencias de obras e IBI desde 1988. El Ayuntamiento denegó parcialmente alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar toda la información que obre en sistemas informatizados.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Pasaia el número profesional de los agentes de la Policía Local interinos o contratados desde 2013. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando protección de datos, riesgo para la seguridad pública y necesidad de reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando dar la información mediante numeración contrastable disociada.
Un sindicato solicitó al ICS las bolsas de trabajo y la relación de nombramientos derivados de ellas. La administración alegó complejidad en la elaboración y afectación a la libertad sindical. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a la relación de nombramientos, pero inadmitiendo la petición de recibir la información automáticamente en el futuro.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos detallados sobre mujeres que dieron a luz estando presas entre 2014 y 2018. El interesado alegó que la información es accesible mediante la revisión de expedientes médicos anonimizados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la relación de módulos del Centro Penitenciario de Valencia donde hubo casos de escabiosis en 2018 y 2019. El interesado alegó que la información es accesible mediante la dirección del centro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una acción previa de reelaboración de datos.
El reclamante solicitó datos sobre el cumplimiento de indicadores de calidad de diversas concesiones a la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en elaboración o requería reelaboración. Finalmente, el reclamante desistió de la reclamación y el Consejo de Transparencia procedió al archivo.
El solicitante pidió información sobre los gastos y detalles de un viaje institucional de altos cargos de la Xunta de Galicia a Argentina en septiembre de 2019. La Secretaría Xeral de Medios inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y que requería una labor de reelaboración por ser compleja y dispersa. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación.
El ciudadano solicitó a la Diputación Provincial de Córdoba el detalle de transferencias económicas realizadas a Atalaya Televisión, S.L. en enero de 2015. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a facilitar la información.
El ciudadano solicitó a la Diputación Provincial de Córdoba el detalle de transferencias económicas a diversas entidades en enero de 2011. La administración denegó la solicitud alegando que requería una acción de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, considerando que la solicitud está delimitada y no constituye una búsqueda genérica.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Tibi información urbanística, sobre licencias, servicios municipales e información tributaria. La administración denegó parte de la solicitud alegando protección de datos, carga administrativa excesiva (solicitud abusiva) y que la información ya era pública. El Consell de Transparència estimó parcialmente la reclamación, obligando al acceso parcial a licencias y a una respuesta concreta sobre servicios e impuestos.
Se solicitó al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona el número de contratos de hombres según su jornada laboral. La administración denegó parcialmente alegando que la información no estaba tabulada. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación, ya que las partes alcanzaron un pacto satisfactorio sobre el acceso a la información.
Se solicitó al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona el número de mujeres contratadas según su jornada laboral. Tras una estimación parcial basada en que la información no estaba tabulada, el ciudadano alegó disconformidad. La GAIP decidió finalizar el procedimiento mediante un acuerdo de mediación, ya que las partes alcanzaron un pacto satisfactorio sobre el acceso a la información.
La Asociación PLIS. Educación, por favor solicitó a la Conselleria de Educación de Baleares los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos o su recogida en un portal único. La administración inadmitió la solicitud alegando que la publicación es competencia de cada centro por su autonomía. La Comisión para las reclamaciones estima la reclamación al considerar que la información es pública y debe ser facilitada.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona listados detallados de especies, individuos y causas de muerte de animales del zoo desde 2010. Tras una estimación parcial y alegaciones sobre la complejidad de la información, la GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información solicitada durante el proceso.
Se solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública una relación de actuaciones en defensa de las víctimas del terrorismo (art. 61 Ley 29/2011). La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, confirmando la reelaboración para las Delegaciones pero obligando a informar sobre las actuaciones del propio Ministerio.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información detallada sobre las desconcentraciones y recursos económicos en el Distrito de Retiro durante el mandato 2015-2019. La administración alegó que la información ya se había facilitado y que la solicitud era improcedente por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la respuesta no satisfacía el objeto de lo pedido.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado desagregado de las actuaciones por demandas telefónicas urgentes de la Policía Municipal (2018-2019). La administración denegó el acceso alegando la necesidad de realizar una labor de tratamiento de datos para proteger la intimidad y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir la causa de reelaboración.
El reclamante solicitó copias de exámenes de la titulación de técnico superior en Dietética y estadísticas de dichas pruebas a la Junta de Extremadura. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva y que la estadística requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de la petición.
Una funcionaria solicitó información detallada sobre puestos vacantes (Grupo A1 y Técnicos de Administración General) a la Diputación Provincial de Cáceres. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales al constatar que la administración incumplió los plazos legales de resolución.
El reclamante solicitó copias de exámenes de dietética y estadísticas relacionadas a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por ser la vía inadecuada (procedimiento administrativo en curso) y por carácter abusivo.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior (DGT) datos sobre el número de exámenes prácticos de conducir y estadísticas de reclamaciones por centro. La DGT facilitó parcialmente la información, denegando el resto por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no existe de forma agregada y su creación supondría una reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los resultados de las elecciones generales de abril de 2019 desglosados por mesas y copia de las actas de escrutinio. Alegó que la información facilitada no estaba en formato accesible y que no se entregaron las actas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se facilitó la información disponible.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos detallados sobre la ejecución y niveles de servicio del contrato 2019/ASAT. La administración inadmitió parcialmente la solicitud alegando normativa específica y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los índices de satisfacción y penalizaciones.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el importe gastado y la relación de Comandancias de la Guardia Civil que contrataron servicios de analíticas de sangre y orina en 2019. El Ministerio denegó el acceso alegando reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que se trata de una mera agregación de datos ya existentes.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social expedientes y documentos de diversas licitaciones de servicios de seguridad. La administración denegó parte del acceso alegando reelaboración, abuso de derecho y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes de riesgo de diputados, gastos de sus escoltas y el listado de personas protegidas. El Ministerio denegó la mayor parte alegando seguridad pública y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de riesgo previa anonimización.
Se solicitó al Ayuntamiento de Baiona información sobre gastos en procedimientos judiciales, número de juicios ganados y perdidos, y cuantía de costas desde 2017. La administración denegó parcialmente alegando la necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar los datos de juicios y costas de 2017 y 2018.
Se solicitó a la Direcció General de Planificació en Salut (Departament de Salut) información detallada sobre suicidios de profesionales sanitarios desde 1994. El ciudadano alegó que la administración, como responsable de la sanidad, debería disponer de tales datos. La GAIP desestimó la reclamación porque la administración no posee dicha información en sus registros.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona datos sobre inversiones en publicidad y subvenciones a medios (2007-2018). Tras recibir la información, el ciudadano reclamó ante la GAIP por el formato de entrega y presuntas discrepancias en los datos. La GAIP desestima la reclamación al considerar que la información fue entregada y que no tiene competencias para fiscalizar la veracidad de los datos.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos detallados sobre decomisos por venta ambulante (2011-2019). Tras un proceso de mediación y el rechazo del solicitante a una oferta de acceso parcial, la GAIP desestima la reclamación debido a que la solicitud requiere una tarea de elaboración compleja y desproporcionada.
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