Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Artenara información sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque aclara que no es obligatorio entregarla categorizada si requiere reelaboración.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Santa Brígida datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la forma de entrega de ciertos datos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Valsequillo información sobre licencias, contratos, morosidad y requerimientos de intervención. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la forma de entrega de ciertos datos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó información económica, financiera y de contratación al Ayuntamiento de Pájara. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos solicitados.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Tías información sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la forma de entrega de ciertos datos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Valleseco datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información detallada sobre puestos ocupados provisionalmente en el SEPIE entre 2015 y 2018. Tras alegar el solicitante que la respuesta era insuficiente o incorrecta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las RPT de 2015-2017 y la identidad de la autoridad nominadora.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad un listado detallado de medicamentos en situaciones especiales y sus precios de adquisición. Tras una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, ya que obtener los precios reales requeriría una revisión individual de cada caso, constituyendo una reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento estadísticas mensuales de subvenciones al transporte aéreo para residentes extrapeninsulares. Tras un acceso parcial, el interesado alegó que la administración dispone de más datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información detallada requeriría una acción previa de reelaboración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany el desglose del complemento específico de la Policía Local y una aclaración sobre diferencias retributivas. Ante el silencio administrativo, presentó reclamación. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares decidió inadmitir la reclamación por requerir reelaboración de información.
El reclamante solicitó a la empresa municipal GESPA la lista de despidos y contrataciones desde 2016. La administración inadmitió la solicitud alegando que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana resuelve la inadmitir la reclamación por haber sido interpuesta fuera del plazo legal de un mes.
Se solicitó información detallada sobre el servicio de recogida de animales de compañía a la Mancomunitat la Foia de Bunyol-Chiva. La administración alegó que la solicitud era abusiva y requería reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, considerando que la mayoría de los datos son públicos y que la administración debe disponer de ellos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yuncler de la Sagra la publicación inmediata de documentación presupuestaria y la actualización de indicadores de transparencia en su portal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación porque la solicitud no pide acceso a información existente, sino que exige una actuación material (publicar información).
El interesado solicitó datos detallados de las actas de actuaciones en festejos taurinos de Guadalajara (2017-2018) a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información requiere una reelaboración manual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar la existencia de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Servicio Canario de la Salud información sobre la sobrecarga asistencial y medidas adoptadas debido a permisos de facultativos. La administración denegó parte de la solicitud alegando reelaboración. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, validando la inadmisión por reelaboración de datos específicos pero obligando a entregar estadísticas y medidas existentes.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el listado de campañas de publicidad institucional y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información ya existe en poder del órgano y que no se acreditó el perjuicio comercial real, prevaleciendo el interés público en el control del gasto.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior datos detallados sobre expulsiones y readmisiones de inmigrantes a Marruecos (1992-2018). Tras una respuesta parcial y tardía, el interesado alegó falta de precisión en los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta por la Administración.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid datos estadísticos sobre títulos universitarios y suplementos europeos expedidos y su normativa. La Universidad alegó que la información requería una reelaboración excesiva y que la solicitud carecía de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los datos no requieren una elaboración nueva.
Se solicitó al Ministerio de Educación y Formación Profesional el detalle de méritos y puntuaciones de premiados en los Premios Nacionales de Fin de Carrera (rama de Ciencias). La solicitante alegó irregularidades en la valoración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por prevalecer la protección de datos personales al no existir concurrencia competitiva.
No és admissible l'estimació parcial emparada en una tasca complexa d'elaboració invocada extemporàniament i sense justificació objectiva, ometent l'audiència de l'interessat, ni pot donar-se per satisfactòria la informació parcial lliurada, que requereix ser tractada perquè resulti comprensible i adequada als conceptes de la sol·licitud. La virtualitat de l'article 95 LGT en el marc de l'aplicació de la legislació de transparència catalana és establir el caràcter reservat de la informació per llei, sense que es pugui donar a aquest sol article de l’LGT el caràcter de règim jurídic especial d'accés, per més extensivament que es vulgui interpretar. No ho és, perquè no conté una regulació substantiva del procediment d'accés, ni dels límits, terminis, sentit del silenci, vies de recurs, etc., com fa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. I per això, no resulta aplicable l'article 95 LGT per la via de la Disposició addicional primera.2 LTAIPBG, que regula el sistema de fonts en els supòsits en què el règim general d'accés de l’LTAIPBG coexisteixi amb règims jurídics específics d'accés a informació establerts en altres lleis, sinó per la via de l'article 21 LTAIPBG. Per tant, el règim jurídic aplicable a l'accés reclamat és el règim general de l’LTAIPBG, i les previsions de confidencialitat i reserva contingudes en la legislació tributària, igual que l'establerta a l'article 51 de la llei cadastral, s'han d'aplicar com a límits legals a l'accés per disposició expressa de l'article 21.2 LTAIPBG i, si escau, 21.1.c LTAIPBG. L'article 95 LGT, com qualsevol altre límit legal a l'accés establert per la pròpia LTAIPBG o per qualsevol altre ordenament legal vigent, no justifica per la seva sola concurrència l'exclusió total, automàtica i sense ponderació poss
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el coste del dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores. Tras el silencio administrativo y una posterior denegación basada en la reelaboración y la seguridad pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a facilitar la información sobre las indemnizaciones por servicio.
Se solicitó al Ayuntamiento de Teverga la relación de todos los contratos menores desde el inicio de la legislatura. La administración no respondió alegando que la solicitud era desproporcionada y requería una reelaboración excesiva de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información no requiere análisis ni agregación especial.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública las hojas de circulación de los vehículos de la Delegación del Gobierno en Madrid (2012-2015). La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración por el volumen y la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando el acceso presencial a los documentos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia datos detallados de las personas cuyos certificados de últimas voluntades fueron inscritos desde 2014. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la extracción de los datos constituye una tarea de reelaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Valencia información sobre el coste de adquisición y mantenimiento de la decoración navideña de 2010 a 2018. Tras la reclamación por falta de respuesta, el Ayuntamiento facilitó parte de la información de forma extemporánea. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana declara la pérdida de objeto al haber sido ya entregada la información.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès datos estadísticos sobre ayudas al alumnado. El Ayuntamiento alegó riesgos de segregación escolar y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información es estadística y que el solicitante, como electo local, tiene un derecho reforzado de acceso según el TRLMRLC.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento documentación y cuantías sobre subsidios reconocidos a Fidere Vivienda SLU y otras entidades análogas. Alegó silencio administrativo y respuesta insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando al Ministerio a entregar la documentación específica de Fidere, pero desestimando el acceso a datos de otras entidades por requerir reelaboración.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Cabildo de Lanzarote datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Santa Lucía datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, salvo aquella que requiera reelaboración.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó información sobre licencias, contratos e informes de morosidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque aclara que la administración no debe crear datos nuevos si requieren reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Educación y Formación Profesional la relación de méritos y calificación de los premiados en los Premios Nacionales Fin de Carrera de Matemáticas 2014/15 y los propios del interesado. El reclamante alegó anomalías en la valoración de méritos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por cuestionar la valoración técnica y no la falta de acceso a la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos detallados sobre fugas carcelarias entre 2007 y 2017. El Ministerio denegó parcialmente la información alegando que requeriría una reelaboración exhaustiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando que la solicitud exige una búsqueda y filtrado de datos que excede la mera agregación.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid un listado detallado de las fianzas arrendaticias depositadas en la Agencia de Vivienda Social (cuantía, fecha y otros datos). La administración concedió acceso parcial, pero denegó el desglose alegando que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la información requiere un tratamiento previo de datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre títulos universitarios de miembros de la Policía Nacional para ascensos. Alegó que la información existía por respuestas parlamentarias previas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información requerida no está sistematizada y su obtención exigiría una reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social información sobre comisiones de servicio en la Dirección Provincial de Madrid (2016-2019). La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada tardíamente tras la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos detallados sobre vuelos de expulsión de inmigrantes, costes y orígenes. La administración denegó parte de la información alegando perjuicio a las relaciones exteriores y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos.
Se solicitó información anonimizada sobre derivaciones de pacientes hospitalarios en la Comunidad de Madrid (2007-2017) a la Consejería de Sanidad. La administración alegó la necesidad de una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la administración no justificó la carga de la reelaboración y admitió disponer de los datos.
Se solicitó a la Universidad de Lleida información sobre el número de títulos y suplementos universitarios emitidos desglosados por contrato y la normativa aplicable. La universidad alegó que el desglose requería una tarea compleja de elaboración. La GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los datos si constan en bases de datos económicas, pero desestimando la petición de normativa específica.
El interesado solicitó información detallada sobre los asesores provisionales de la Red de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. La administración denegó parte de los datos alegando necesidad de reelaboración y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la entrega de la información desglosada y de los procedimientos de selección.
El reclamante solicitó a la Presidència de la Generalitat Valenciana conocer cómo y cuándo se concertó la reunión entre el Presidente de la Generalitat y el Presidente del Gobierno. Tras una respuesta considerada insuficiente por el ciudadano, el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima la reclamación, condicionándola a la existencia de constancia documental de dicha solicitud.
El ciudadano solicitó a la Universidad de Málaga datos sobre el uso de su portal de transparencia, estadísticas de alumnos y personal, y resultados electorales del claustro. Tras alegar la Universidad que la información debía ser elaborada, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía decide archivar el caso por pérdida de objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
Una fundación solicitó a la Dirección General de Tráfico información sobre la incoación de expedientes sancionadores derivados de denuncias voluntarias y el destino de la documentación aportada. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por considerarla reiterativa de una cuestión ya resuelta anteriormente.
Una ciudadana solicitó a la Secretaría General para la Administración Pública la relación de perceptores y cuantías de indemnizaciones por vivienda de 2012 a 2014. La administración inadmitió la solicitud alegando que requería una acción previa de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, considerando que la carga de trabajo no justifica la inadmisión.
La solicitante pidió al Ministerio de Defensa datos desagregados por rango y sexo sobre excedencias, conciliación y reducción de jornada en misiones y exteriores. Alegó que la administración debería tener la información centralizada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información requeriría una reelaboración de datos de múltiples fuentes.
Se solicitó al Departament d'Educació una nota de prensa en castellano, copia de un acuerdo y valoraciones jurídicas sobre el mismo. El ciudadano alegó que la legislación lingüística obliga a la traducción. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública desestimó la reclamación por considerar que el derecho de acceso no incluye la traducción de documentos ni la emisión de valoraciones.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid copias de actas de una comisión de seguimiento, el número de profesores con un complemento de antigüedad y el coste anual de dicho concepto. La administración alegó que las actas eran informes internos y que los datos requerían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Se solicitó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria información sobre el contrato de impresión y suministro de títulos oficiales y suplemento europeo. La Universidad alegó falta de motivación y necesidad de reelaboración. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima la reclamación al considerar que la información es administrativa y no existen límites legales para denegarla.
La solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa el importe recaudado en 83 expedientes sancionadores. El Ministerio inadmitió la solicitud por incompetencia y la trasladó a la CNMC, que posteriormente denegó el desglose individual alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir reelaboración de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información detallada sobre inspecciones en el distrito de Ciutat Vella (2007-2018). El ciudadano alegó que la información facilitada era insuficiente en cuanto a ubicación, motivos y finalización de expedientes. La GAIP desestima parcialmente la reclamación y declara la pérdida parcial del objeto por haber sido ya facilitados algunos datos.
Se solicitó información detallada sobre la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a la DGES del Departament de Treball. El ciudadano alegó que la respuesta fue parcial pese a que la resolución formal era estimatoria. La GAIP estima la reclamación porque el anexo de la resolución era incongruente al denegar materialmente información que el cuerpo del acto había concedido.
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