Solicitud de base de datos de compatibilidades concedidas a jueces y magistrados

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 875/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, con fecha 21 de noviembre de 2019, la siguiente información: (…) me gustaría obtener la base de datos entera y en formato reutilizable de todas las compatibilidades concedidas a jueces, magistrados y fiscales por el Consejo General del Poder Judicial desde que se publica (1 septiembre de 2015). Motivación: Ya sé que la web del CGPJ ofrece un buscador (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Compatibilidades/) que permite encontrar los miembros de la carrera judicial que tienen solicitada y concedida alguna actividad compatible con el ejercicio jurisdiccional pero la base de datos no está abiertamente disponible y solo se puede buscar por nombre y apellido, lo que dificulta mucho la accesibilidad de este dataset. S/REF: N/REF: R/0875/2019; 100-003233 Fecha: 17 de enero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Consejo General del Poder Judicial Información solicitada: Compatibilidades concedidas a jueces y magistrados Subdirección General de Reclamaciones Este buscador esta forzosamente relacionado con una base de datos al que el CGPJ tiene acceso y es esta base de datos que me gustaría tener, en formato reutilizable y actualizada. Es decir, una base de datos con el listado de miembros de la carrera judicial que han obtenido una compatibilidad. Esta base de datos tendría que contener el nombre y apellidos de los miembros, la actividad que el CGPJ ha declarado compatible y la fecha en la que se ha dado esa compatibilidad. Y por cuánto tiempo se ha dado dicha compatibilidad. 2. Mediante correo electrónico de 29 de noviembre de 2019, la Unidad de Información del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL contestó al interesado lo siguiente: 1º.-En primer lugar, el CGPJ carece de datos en relación con las compatibilidades concedidas a fiscales, debiéndose encontrar los mismos, en su caso, en la Fiscalía General de Estado o en el Ministerio de Justicia. Este Órgano Constitucional no tiene competencia para conceder o denegar compatibilidades a miembros del Ministerio Fiscal. 2º.-En segundo lugar, el CGPJ carece de una base de datos que integre, desde el año 2015, todas las compatibilidades concedidas. Sin embargo, como se encuentran publicados todos los acuerdos de la Comisión Permanente desde tal fecha, cualquier ciudadano puede comprobar y constatar todas y cada una de las compatibilidades que desde el 1 de septiembre de 2015 han sido concedidas o denegadas por el CGPJ. Este órgano constitucional carece de medios personales y materiales para proceder a efectuar tal constatación, por lo que concurriría la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al requerirse, en tal caso, una ardua y costosa labor previa de reelaboración. 3ª.-Además de la consulta a todos los acuerdos de la Comisión Permanente que se encuentran publicados, el buscador de la pestaña de compatibilidades permite introducir el nombre de todos y cada uno de los jueces y magistrados que conforman la Carrera Judicial y comprobar si disponen de alguna compatibilidad concedida o denegada. 3. Ante esta contestación, el solicitante presentó, mediante escrito de entrada el 9 de diciembre de 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que manifestaba lo siguiente: Entiendo que el CGPJ no tiene información sobre las compatibilidades otorgadas a fiscales ya que no tiene competencia. Acerca de este punto, entiendo la denegación y no deseo recurrir esta parte. Sin embargo, la denegación de acceso a una base de datos de compatibilidades otorgadas a jueces y magistrados dada por el CGPJ no es válida. Argumenta el CGPJ que “carece de una base de datos que integre, desde el año 2015, todas las compatibilidades concedidas” y concluye que mi petición incurre en “la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al requerirse, en tal caso, una ardua y costosa labor previa de reelaboración”. Pero dicha base de datos existe, tal y como se deduce del punto 3 de la argumentación del CGPJ : “el buscador de la pestaña de compatibilidades permite introducir el nombre de todos y cada uno de los jueces y magistrados que conforman la Carrera Judicial y comprobar si disponen de alguna compatibilidad concedida o denegada”. Para que dicho buscador (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Compatibilidades/) funcione, tendrá que buscar en alguna parte. Y esa parte solo puede ser una base de datos consolidada y ya elaborada con nombres y apellidos de jueces y magistrados y sus respectivas compatibilidades otorgadas o denegadas. Un buscador de esta índole, en una página web, solo puede funcionar gracias a una base de datos ya elaborada. A no ser que el buscador no funcione. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto a la cuestión fondo, cabe señalar que la LTAIBG, dedica su artículo 2 al ámbito subjetivo de aplicación y el apartado 1.f) dice textualmente que “La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”. Por lo que, el Consejo General del Poder Judicial está obligado por la LTAIBG únicamente en cuanto a sus actividades sujetas al Derecho administrativo, que son básicamente: recursos humanos (compatibilidades de jueces y magistrados solicitadas), contratación y gestión patrimonial. 4. Asimismo, el artículo 24 de la LTAIBG prevé que “frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación con carácter potestativo y precio a su impugnación en vía contencioso-administrativa”. No obstante, debe señalarse que, previamente, según dispone el art. 23 de la LTAIBG, 1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso- administrativo. Por tanto, puesto que este Consejo de Transparencia no tiene competencia para conocer de las reclamaciones presentada frente a resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por el Consejo General del Poder Judicial y aplicando lo dispuesto en el artículo 23, procede declarar la inadmisión a trámite de la Reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la reclamación de , con entrada el 9 de diciembre de 2019, contra el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda