Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El ciudadano solicitó a la Dirección General de la Función Pública información sobre comisiones de servicios interdepartamentales en Valladolid (2014-2018). Tras una respuesta evasiva y un acceso parcial posterior, el interesado reclamó por la falta de tramitación y exhaustividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de Andalucía información sobre puestos de funcionario desocupados u ocupados por interinos. La administración inadmitió la solicitud alegando que no era información pública y que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación e insta a entregar la información disponible.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia los ingresos totales de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales (2011-2017). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la Administración ya había proporcionado datos similares anteriormente, quedando desvirtuado dicho argumento.
La interesada solicitó al Ayuntamiento de Yebes la relación de viajes oficiales del Alcalde (2016-2018), sus memorias justificativas y los gastos/dietas asociados. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información es pública en su portal y que no existen memorias, y que atender la solicitud requeriría reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas copia íntegra del proyecto de reparcelación de la UE 21 'El Practicante'. La administración no respondió a la solicitud original. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no requiere una reelaboración ni es una solicitud abusiva.
La solicitante pidió al Ministerio de Hacienda los números de expediente y el estado de diversas denuncias abintestato. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo e información en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a facilitar los números de expediente y la condición de denunciante.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado de inspecciones sanitarias en establecimientos de alimentos de los últimos 5 años. La Gerencia de Salud denegó el acceso alegando que la información requería una labor de reelaboración compleja y por posibles conflictos con la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
SOS Racisme solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos estadísticos y detallados sobre identificaciones policiales de la Guardia Urbana (2016-2017). Tras la denegación inicial por complejidad técnica, la GAIP intervino mediante un proceso de mediación. La GAIP finaliza el procedimiento al alcanzarse un acuerdo entre las partes para la entrega de muestras anonimizadas y datos estadísticos.
El ciudadano solicitó al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) el listado de números de reclamación y fechas de las resoluciones dictadas en 2017. Tras alegar el interesado la falsedad de la denegación administrativa, el TEAC acabó facilitando la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acuerda el archivo del expediente debido al desistimiento del solicitante.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Cogollos Vega facturas telefónicas, gastos de fiestas patronales, datos de dedicación de concejales y nóminas. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información con tachado de datos personales.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el detalle de los gastos en regalos realizados por ministros desde 2012. La administración alegó que no existen registros de regalos institucionales y que los de cortesía requerirían una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información solicitada requiere una acción previa de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social los gastos en hoteles, dietas y viajes desde 2015. Alegó que la respuesta inicial fue insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración solo proporcionó la información completa tras la interposición de la reclamación y fuera de plazo.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Bareyo el número de sesiones asistidas por el alcalde y dos concejales, así como las cuantías económicas percibidas por dichas asistencias en 2017 y 2018. El Ayuntamiento alegó que esto requería una labor de reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información requiere una elaboración previa.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Agaete información sobre licencias, contratos y morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque no categorizada exactamente como se pidió.
El interesado solicitó al Ministerio de Educación y Formación Profesional el desglose de gastos en hoteles, dietas y viajes del Gobierno desde 2015. Alegó que la respuesta fue insuficiente al omitir datos específicos de empresas y dietas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información facilitada cubre la solicitud y que el dato de la empresa requeriría reelaboración.
La interesada solicitó al Ayuntamiento de Madrid el desglose de costes de montaje y mantenimiento de la bandera de Colón desde 2002, así como el número de banderas compradas. El Ayuntamiento denegó la información anterior a 2013 por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la búsqueda manual es necesaria.
El interesado solicitó información sobre el personal docente, criterios de selección, retribuciones, concursos, alumnos, horarios y tribunales del Máster de Procurador (cursos 2016-2018) a la Universidad Rey Juan Carlos. La universidad denegó el acceso alegando información en curso de publicación, necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Un estudiante de doctorado solicitó al Ayuntamiento de Alicante una lista masiva de documentos (contabilidad, contratos, organigramas, etc.) del periodo 2000-2016. La administración denegó el acceso alegando la gran carga de trabajo y la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación al considerar la solicitud abusiva.
El solicitante pidió a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport datos estadísticos sobre expedientes disciplinarios de personal docente (2015-2017). La administración denegó el acceso alegando que la información requería una elaboración previa. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestima la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
Se solicitó a la Mobile World Capital Foundation información sobre retribuciones del personal y desgloses de gastos del Director General. La administración alegó protección de datos y complejidad en la elaboración. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la relación salarial anonimizada y el desglose de gastos del Director.
De l’anàlisi pormenoritzada dels nombrosos ítems d’informació sol·licitats es desprèn que en molt bona part són inadmissibles per demanar opinions o valoracions enlloc d’informació pública. Es palesa, igualment, que l’enorme cabal d’informació sol·licitat prèviament a l’FGSHSP per al mateixa persona reclamant presenta coincidències amb les peticions objecte d’aquesta reclamació, tot i que certament sota noves formulacions o matisos. Finalment, es constata que la pretensió d’obtenció d’una bona part de la informació no té en compte el pronunciament desestimatori previ d’aquesta Comissió en la Resolució 48/2018, que la persona reclamant coneix perfectament perquè n’era part -i, de fet, el qüestiona obertament en les seves al·legacions- però que tanmateix no va recórrer i que és ferma. Aquesta contumàcia en el replantejament de sol·licituds d’informació relatives a l’activitat d’ICPA o al compliment d’obligacions de transparència per part d’aquesta empresa, malgrat conèixer que no queden emparades per l’LTAIPBG i, en conseqüència, per aquesta Comissió, frega l’ús abusiu d’aquesta via de reclamació, i no es pot repetir. La satisfacció d’aquesta informació, i encara d’altra fora de la tramitació de reclamacions davant la GAIP, ha comportant a l’Administració un esforç molt considerable. La part reclamant considera justificable aquest sacrifici de recursos públics per satisfer les seves successives peticions, en alguns casos de complexa elaboració, considerant l’interès públic que té el control de la facturació que es fa a les persones estrangeres dels serveis mèdics rebuts en l’Hospital de Sant Pau, que considera irregular. Sembla clar, tanmateix, que la discrepància de la persona reclamant amb l’Administració no ho és tant per la informació rebuda, sinó per la qüestió de fons subjacent: discrepa de que l’atenció sanitària a les persones estrangeres no tingui la consideració de servei públic, i discrepa de les tarifes que s’hi apliquen per part de l’ICPA i de la pròpia l
El interesado solicitó datos sobre personal de Urología y detalles de comisiones de servicio al SERMAS. Tras recibir una respuesta parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación porque la administración ya había facilitado la información disponible y la nueva petición requería una reelaboración de datos no automatizados.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Yaiza información sobre licencias, contratos, morosidad y requerimientos de intervención (2016-2017). Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
Se solicitó información sobre los estatutos, gestión, cuentas y estado de obras de la Junta de Compensación Urbanización Urtajo al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. La administración alegó que la solicitud era abusiva y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no requiere reelaboración.
El interesado solicitó información detallada sobre ingresos, gastos, presupuestos y proyectos del Departamento de Arquitectura y Construcción Navales de la UPM (2004-2014). La Universidad alegó que la solicitud era repetitiva y requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar concurrente la causa de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el número de agentes de la Guardia Civil suspendidos de empleo y sueldo (2008-2018) con detalles específicos de los hechos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información detallada requeriría una labor de reelaboración manual de expedientes en papel, no existiendo base de datos disponible.
El ciudadano solicitó información sobre un expediente sancionador y datos de infracciones caducadas a la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. La Comisión da Transparencia de Galicia decide inadmitir la reclamación porque el acceso a la información de un expediente donde el solicitante es interesado se rige por la normativa del procedimiento administrativo y no por la de transparencia.
El solicitante pidió a Renfe-Operadora informes detallados sobre incidencias y retrasos en el servicio de Cercanías de Asturias el 10 de junio de 2018. Renfe denegó la solicitud alegando que eran quejas, que requerían reelaboración y que perjudicarían intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir reelaboración de la información.
La Fundación Ado Moure Pro Deporte solicitó a la Dirección General de Tráfico información sobre si sus denuncias derivaron en expedientes sancionadores. Tras una denegación basada en límites de seguridad y reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
El ciudadano solicitó datos sobre notificaciones de incidentes de productos sanitarios (2002-2017) a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La administración concedió acceso parcial alegando que la información antigua requería reelaboración y que la competencia era de la AEMPS. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide retrotraer el procedimiento para que se traslade la solicitud a la AEMPS.
El Comité de Empresa de SEPI solicitó el 4/05/2018 a la entidad datos sobre masas salariales, retribuciones directivas, gastos de acción social y absentismo. SEPI respondió parcialmente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación al considerar que la entidad no justificó la denegación de datos sobre retribuciones directivas, nuevas contrataciones y gastos de acción social del personal directivo, ordenando su facilitación.
Un periodista solicitó al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya datos sobre el número y porcentaje de alumnado extranjero por centro y etapa (curso 2016-2017). La administración denegó parcialmente alegando protección de menores y datos personales. La GAIP estima la reclamación al considerar que se garantiza el anonimato y no hay riesgo de identificación.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda los anexos de los planes anuales de control financiero y auditorías de 2017 y 2018. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la divulgación de dicha información perjudicaría la eficacia de las funciones de vigilancia, inspección y control de la administración.
La interesada solicitó información sobre contratos y adjudicaciones de diversos centros educativos a la Comunidad de Madrid. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública, no requiere reelaboración y la solicitud está justificada.
El interesado solicitó datos estadísticos, profesionales y protocolos sobre la atención sanitaria a personas trans en la UIG de Madrid. La Consejería de Sanidad respondió de forma incompleta y fuera de plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales (incumplimiento de plazos), retrotrae el procedimiento respecto a la competencia de terceros y desestima otros puntos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó información económica, financiera y de contratación al Ayuntamiento de Telde. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la entrega de datos que requieran reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera el número e importe total de recibos de IBI prescritos en 2016. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información no existía como informe y requeriría una acción de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de Fomento el detalle y coste de los viajes oficiales de sus titulares en los últimos 5 años. El ciudadano alegó que la respuesta fue insuficiente al remitir a un enlace genérico de notas de prensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información detallada.
Se solicitó a la DGAIA la relación de contratos, convenis y subvenciones con entidades privadas desde el año 2000. El ciudadano alegó que la información facilitada era insuficiente y los enlaces no funcionaban. La GAIP decide finalizar el procedimiento mediante un acuerdo de mediación, ya que las partes pactaron la entrega de la documentación solicitada.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el listado detallado de contratos menores del año 2012. Ante el silencio administrativo, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, instando a facilitar el listado desde diciembre de 2014, ya que la solicitud detallada requeriría una reelaboración no amparada por la ley.
UNAUTO VTC solicitó a la AEAT datos sobre la tributación y cotizaciones de los sectores VTC y taxi. La administración concedió el acceso parcialmente, alegando que el resto requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud incurre en una causa de inadmisión por necesidad de reelaboración de la información.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Barcelona los órdenes del día y actas del Consejo de Administración de 2017 y 2018. La administración inadmitió las actas alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la revisión de la información no constituye una reelaboración según la ley.
Se solicitó al Servizo Galego de Saúde el número de actuaciones por accidentes con armas de caza en 2016/2017, incluyendo datos de menores. El ciudadano alegó que la notificación de la denegación no fue fidedigna. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por considerarla extemporánea, al presentarse fuera del plazo de un mes.
El ciudadano solicitó al Concello de Rábade información sobre la ordenanza fiscal y tarifas aplicables al cambio de titularidad del suministro de agua. La Comisión da Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando al Ayuntamiento a precisar la tarifa y el artículo correspondiente, mientras inadmite las consultas que requerían la elaboración de un informe interpretativo.
Se solicitó al Concello de Mondoñedo documentación sobre el yacimiento arqueológico del Castro do Monte da Trinidade (1990-2018). El Ayuntamiento alegó que la solicitud requería una labor de recopilación y elaboración excesiva. La Comisión da Transparencia estima la reclamación por considerar que el ciudadano tiene derecho al acceso a dicha información pública.
Se solicitó información detallada sobre programas de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEMA), incluyendo costes y presupuestos. La administración alegó confidencialidad contractual y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información económica de contratos públicos debe ser transparente para el control ciudadano.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública las normas internas que fijaban las retribuciones de los funcionarios entre 1972 y 1986. El interesado alegó que la oferta de consulta presencial era inaceptable debido a la distancia y el estado de la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar válida la consulta presencial dado el volumen y estado de los archivos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Teguise información sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque aclara que no se puede exigir la entrega de datos categorizados si el organismo no los posee así.
Se solicitó a Correos los listados definitivos de la Bolsa de Empleo 2017 de Molina de Aragón, específicamente de admitidos sin plaza ni número de orden. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque dicha información no existe como tal y su obtención requeriría una reelaboración de los datos no amparada por la ley.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé datos sobre licencias, contratos, informes de morosidad y requerimientos de intervención. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
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