Reclamación por denegación de información sobre gestión de impagos y cortes de suministro en APEMSA

RESOLUCIÓN 183/2019, de 6 de junio Asunto: Reclamación interpuesta por D. XXX contra Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. (APEMSA) por denegación de información pública (Reclamación núm. 174/2018). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 20 de febrero de 2018, escrito dirigido a Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. (APEMSA) con el siguiente contenido: “EXPONE: “1. Que soy residente en esta ciudad y usuario del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas, competencia exclusiva de este Ayuntamiento según lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local. “2. Que de conformidad con lo establecido el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública, y buen gobierno. “SOLICITA: “1. Se acepte la presente de buen grado y a los efectos oportunos. “2. Información histórica y precisa sobre la gestión de impagos de recibos de abonados durante el periodo comprendido desde el 01-01-2010 al 31-12-2017, y concretamente sobre las siguientes cuestiones: “2.1. Nº de Contadores. “2.2. Avisos de Cortes por Impagos. “2.3. Cortes Preventivos. “2.4. Reconexiones. “2.5. Cortes Definitivos. “2.6. Ingresos por Reconexiones″. Segundo. El 23 de mayo de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información. Tercero. Con fecha 30 de mayo 2018 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia u órgano equivalente del órgano reclamado, el 1 de junio de 2018. Cuarto. El 19 de junio de 2018 tuvo entrada escrito del órgano reclamado en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, informa que: “Recibido su escrito de referencia indicada anteriormente sobre información solicitada por D.[nombre reclamante] donde se solicita una información muy concreta, y a lo largo de un periodo dilatado en el tiempo, debemos indicar lo siguiente: “1°- El escrito inicial estaba dirigido al Sr Alcalde-Presidente de APEMSA y como tal, fue remitido desde la Gerencia hacia la Alcaldía. No se recibió indicación alguna al respecto. “2°- Como ya supongo que conocen, e indudablemente el solicitante de la información conoce, entre los años 2010 y 2017 APEMSA ha tenido una variación fundamental en su gestión al haber sido transformada en el año 2014 en una Sociedad de economía mixta, manteniendo en estos momentos el Ayuntamiento el 51% de las acciones. Asimismo en Mayo de 2014 hubo un cambio en la Gerencia de la empresa. Se constata que los datos que se solicitan no están en ningún informe antiguo o actual de APEMSA. Recordar que en el Artículo 18° la Ley 19/2013 se indica: “Artículo 18. Causas de inadmisión. “1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: ……... “c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.” “Obviamente, como se puede entender fácilmente, datos históricos de los años 2010 a 2017 no están disponibles en ningún informe interno realizado en la actualidad. Es más, la obtención de esa información «histórica y precisa» que requiere la solicitud requeriría de un verdadero trabajo «reelaboración» e incluso de «arqueología» documental. “3°- Indicar, adicionalmente, que se desconoce a qué quiere referirse en el apartado «2.3. Cortes Preventivos». APEMSA ni ha hecho históricamente ni hace, cortes preventivos ( ¿en prevención de qué ? ). Los cortes de suministro realizados se hacen siguiendo lo establecido en el Artículo 66. Causas de suspensión de suministro del vigente Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, en la que dicha terminología no figura″. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Antes de abordar el examen de la reclamación hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede incurrir en un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano reclamado concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, no resulta inoportuno recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Tercero. Según define el art. 2 a) LTPA, se considera “información pública” sujeta a las exigencias de la legislación de transparencia “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Y no cabe duda de que la información sobre el “servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas” constituye inequívocamente información pública a los efectos del citado artículo 2 LTPA, transcrito. Cuarto. En el informe remitido con ocasión de la reclamación, la entidad reclamada invoca la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), para justificar la denegación del acceso, argumentando que “como se puede entender fácilmente, datos históricos de los años 2010 a 2017 no están disponibles en ningún informe interno realizado en la actualidad “. Este Consejo no puede, sin embargo, compartir esta decisión. Al enjuiciar la pertinencia de aplicar esta causa de inadmisión a los casos concretos, ha de partirse del presupuesto al que hizo referencia el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): «Cualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración") debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013» (Fundamento de Derecho Cuarto). Y, de acuerdo con nuestra consolidada línea doctrinal (baste citar las Resoluciones 64/2016, de 20 de julio, FJ 3º; 75/2016, de 3 de agosto, FJ 3º; 136/2016, de 28 de diciembre, FJ 3º y 35/2019, FJ 7º), al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, si bien el referido Criterio Interpretativo 7/2015 señala que “reelaboración” no equivale a información “cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o manipulación para suministrarla al solicitante”, no deja de apostillar que “sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información… cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos… que implique que estemos ante un supuesto de reelaboración.” (Resolución 8/2017, FJ 3º; sobre este doctrina general, asimismo la Resolución 133/2018, FJ 3º). Finamente, además de las pautas derivadas del referido Criterio Interpretativo, ha de tomarse en consideración lo que dispone respecto de esta causa de inadmisión la propia LTPA; a saber, que “no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente” [art. 30.c)]. A la luz de estas líneas directrices, se evidente la inaplicablidad de esta causa de inadmisión al presente supuesto. Las razones vertidas al respecto en el informe emitido en el trámite de alegaciones pueden revelar que la tarea de recabar la información requerida entraña cierta carga de trabajo para la entidad involucrada, pero en modo alguno supone que nos hallemos ante el supuesto de hecho previsto en dicha disposición. En este sentido, no cabe soslayar que, según el citado Criterio Interpretativo 7/2015, la noción de “reelaboración” no supone la “mera agregación o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos”, ni tampoco equivale sin más a información “cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”. Por otra parte, ha de tenerse presente que existe un deber de buscar la información por parte de los supuestos obligados, cuyo alcance perfilamos en el FJ 3º de la Resolución 37/2016: «…la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos». Sencillamente, a juicio de este Consejo, a la vista de la plena concreción y el limitado alcance del objeto de la petición, no se aprecia en el presente caso que concurran las circunstancias que permitirían calificar de “reelaboración” el proceso específico de trabajo que requiere suministrar la información al solicitante, de acuerdo con las pautas trazadas en el citado Criterio Interpretativo 7/2015. No procede, en suma, sino estimar la presente reclamación, debiendo por ende ponerse a disposición del interesado la información solicitada. Y en la hipótesis de que no exista algún extremo de la misma, como expresamente señala la entidad interpelada a propósito de los “cortes preventivos”, debe transmitir expresamente esta circunstancia al ahora reclamante. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por D. XXX contra Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. (APEMSA) por denegación de información pública. Segundo. Instar a APEMSA a que, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca al reclamante la información objeto de su solicitud, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.