Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste desglosado del dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores. La administración denegó la información alegando necesidad de reelaboración y riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información existe y su difusión no compromete la seguridad.
El ciudadano solicitó a la RTVA listados de programas que utilizan público, presupuestos y pagos asociados (2017-2018). La RTVA denegó el acceso alegando que requería una acción de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a la entidad a proporcionar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda datos sobre contribuyentes revisados tras la amnistía fiscal de 2012 y las sanciones impuestas. Tras una respuesta parcial y tardía, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación únicamente por motivos formales, debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta por parte de la Administración.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alquife expedientes, pliegos y pagos relacionados con obras de la empresa Eladio Caballero García (2008-2012 y 2017). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva, reiterativa y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación contractual y contable.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el listado de compras de productos farmacéuticos de tres hospitales (2016-2018). La administración denegó el acceso alegando que requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la solicitud era concreta y no justificaba la causa de inadmisión.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el detalle de todas las actuaciones del servicio SUMMA 112 durante 2017 y 2018, incluyendo horas, motivos y localizaciones. La administración alegó que la información requeriría una elaboración compleja y anonimización de datos sensibles. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir la causa de reelaboración.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas de inspección y resultados de sanidad en centros de estética y peluquería (2010-2018). La administración denegó parte de la información alegando la necesidad de reelaboración por dispersión y volumen. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar las actas disponibles de Madrid Salud.
El reclamante solicitó datos sobre docentes de programas de excelencia y bachillerato internacional en la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que la información requería una reelaboración previa y que la solicitud era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar ambas causas de inadmisión.
Se solicitó a la Universitat de Girona información sobre la expedición de títulos universitarios y suplementos europeos, incluyendo datos de contratación. Tras diversas entregas graduales de información y alegaciones del solicitante sobre la falta de unificación de la respuesta, la GAIP decide finalizar la reclamación por pérdida de objeto al haberse facilitado la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento/ADIF el inventario de sus bienes inmuebles. ADIF denegó el acceso alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque existe una obligación legal de publicidad activa sobre dicha información y las causas de inadmisión no fueron justificadas.
El reclamante pidió a Renfe Viajeros S.M.E., S.A. las actas del Comité de Dirección y Consejo de Administración (2015-2019). La entidad denegó el acceso por confidencialidad, perjuicio a intereses comerciales y volumen. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que, pese a su titularidad pública, la sociedad se financia con recursos privados y compite en mercado libre, por lo que divulgar sus actas estratégicas perjudicaría sus intereses comerciales sin existir interés público superior que lo justifique.
Se solicitó al Ministerio del Interior datos estadísticos sobre menores extranjeros no acompañados (MENA) refugiados, víctimas de trata y repatriaciones. Ante la respuesta parcial y tardía, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos omitidos y a remitir la solicitud a los órganos competentes.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre menores extranjeros no acompañados y rescates en patera. Tras una respuesta parcial y tardía, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima parcialmente la reclamación, obligando a la Administración a facilitar datos sobre cédulas de inscripción e indicar el órgano competente para los rescates.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento el listado de DNI/NIE y los importes de los billetes de avión subvencionados entre Canarias, Baleares y Península. El Ministerio denegó la información alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que se requiere una reelaboración compleja de los datos.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el listado de campañas de publicidad institucional y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente la información alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información obra en poder del Ministerio y no requiere reelaboración, y que no se acreditó el perjuicio a los intereses comerciales de las agencias de medios.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al CSIC datos desglosados por género de investigadores principales y jefes de departamento. Tras un silencio administrativo inicial y una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al organismo a facilitar la información completa al no concurrir causas de inadmisión por reelaboración.
El solicitante pidió información sobre el estado de expedientes de renovación de autorizaciones temporales y su posición en lista de espera a Ports de les Illes Balears. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares decide inadmitir la reclamación por considerar que la información requerida exige una acción previa de reelaboración.
El ciudadano solicitó a la Guardia Civil datos sobre matrimonios entre miembros del cuerpo y familias monoparentales. La administración denegó la información alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información solicitada es de carácter privado y no contribuye al control de la actuación pública.
El solicitante pidió a Renfe Operadora datos sobre incidencias y motivos de averías de trenes serie 599 en la línea 52. Tras obtener acceso parcial, el interesado alegó que la denegación del desglose por tren era injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de intereses económicos y comerciales.
El solicitante pidió a Renfe Operadora datos sobre la adquisición, construcción y recorrido de trenes de la línea 52 desglosados por tren. La administración concedió acceso parcial alegando reelaboración e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a facilitar las fechas de construcción desglosadas.
Se solicitó al Ministerio de Fomento el detalle de las autorizaciones de transporte de viajeros (taxi y VTC). Tras una concesión parcial basada en la necesidad de reelaboración, el Ministerio acabó entregando toda la información durante el trámite de reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar el expediente debido al desistimiento expreso del solicitante.
El ciudadano solicitó a la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre actuaciones y estado de proyectos en materia de discapacidad. El solicitante alegó que las respuestas recibidas eran vacías de contenido. La GAIP decidió inadmitir la reclamación por considerar que no se trata de un ejercicio de acceso a información pública, sino del derecho de petición.
Se solicitó al Ayuntamiento de Gavà un informe detallado de las horas extraordinarias de la policía municipal. El sindicato reclamante alegó falta de respuesta. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) decide finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información durante el procedimiento.
El ciudadano solicitó diversa información sobre la Renda Garantida de Ciutadania al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tras alegar insuficiencia de respuestas y falta de entrega de datos, la GAIP decidió finalizar los procedimientos mediante un acuerdo de mediación, ya que las partes pactaron la entrega de la información solicitada.
Una periodista solicitó al Departament d'Interior una relación detallada de sanciones por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tras una estimación formal incompleta y tardía, la GAIP desestima la reclamación porque la administración justificó que la extracción manual de los datos sería desproporcionadamente compleja (más de 92.000 horas de trabajo).
Se solicitó información detallada sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El ciudadano alegó insuficiencia de respuestas y falta de acceso. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación, ya que las partes pactaron la entrega de la información solicitada.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la relación de puestos cubiertos en comisión de servicios y su fecha de inicio. La administración denegó el acceso alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información ya existe y no se justifica la inadmisión.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad datos detallados sobre medicamentos homeopáticos y tasas asociadas. La administración denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad de expedientes bilaterales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse que la información está en proceso de adopción de decisión pública.
La Asociación Medioambiental Toniza solicitó al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera información sobre la "Ordenanza de Terrazas", incluyendo datos de participación ciudadana y expedientes sancionadores. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por haber sido interpuesta fuera del plazo legal de un mes.
El ciudadano solicitó a la Consellería de Sanidade el número de publicaciones realizadas por un instructor en el Taboleiro Edictal Único del BOE desde octubre de 2016. La administración alegó que la solicitud requería una reelaboración de la información. La Comisión da Transparencia estima la reclamación, instando al organismo a proporcionar la información.
El ciudadano solicitó al Concello de Vilanova de Arousa un informe y certificación del expediente del Inventario municipal de caminos. Tras una denegación por silencio administrativo, la Comisión da Transparencia desestima la reclamación al considerar que la solicitud de un informe ad hoc no es acceso a información pública y que la certificación ya había sido facilitada previamente.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa el desglose de campañas de publicidad institucional y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la información obra en poder del organismo sin requerir reelaboración y la administración no acreditó el perjuicio a terceros, prevaleciendo el interés público en el control del gasto.
El Gremi de Restauració de Barcelona solicitó al Ayuntamiento de Barcelona un listado de licencias de terrazas vigentes. El Ayuntamiento denegó parcialmente la información alegando protección de datos y complejidad técnica. La GAIP estima la reclamación, considerando que los datos son públicos por normativa municipal y deben ser objeto de publicidad activa.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos desagregados de viajeros hondureños que ingresaron a España entre 2009 y 2018. Tras el silencio administrativo y una respuesta parcial posterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos de sexo y aeropuerto por no justificarse su denegación.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó diversa información administrativa y financiera al Ayuntamiento de Betancuria. El Ayuntamiento omitió responder sobre el volumen económico de inversión de licencias. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar dicha información.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Tras el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado de multas de circulación de noviembre y diciembre de 2013. Tras la denegación por parte de la administración, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración que excede el uso racional de medios.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Mogán datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Gáldar información sobre licencias, contratos y morosidad (2016-2017). Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque sin obligar a la administración a categorizarla según el deseo del solicitante.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Artenara información sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque aclara que no es obligatorio entregarla categorizada si requiere reelaboración.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Santa Brígida datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la forma de entrega de ciertos datos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Valsequillo información sobre licencias, contratos, morosidad y requerimientos de intervención. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la forma de entrega de ciertos datos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó información económica, financiera y de contratación al Ayuntamiento de Pájara. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos solicitados.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Tías información sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la forma de entrega de ciertos datos.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Valleseco datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad de 2016 y 2017. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información detallada sobre puestos ocupados provisionalmente en el SEPIE entre 2015 y 2018. Tras alegar el solicitante que la respuesta era insuficiente o incorrecta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las RPT de 2015-2017 y la identidad de la autoridad nominadora.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad un listado detallado de medicamentos en situaciones especiales y sus precios de adquisición. Tras una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, ya que obtener los precios reales requeriría una revisión individual de cada caso, constituyendo una reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento estadísticas mensuales de subvenciones al transporte aéreo para residentes extrapeninsulares. Tras un acceso parcial, el interesado alegó que la administración dispone de más datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información detallada requeriría una acción previa de reelaboración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany el desglose del complemento específico de la Policía Local y una aclaración sobre diferencias retributivas. Ante el silencio administrativo, presentó reclamación. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares decidió inadmitir la reclamación por requerir reelaboración de información.
El reclamante solicitó a la empresa municipal GESPA la lista de despidos y contrataciones desde 2016. La administración inadmitió la solicitud alegando que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana resuelve la inadmitir la reclamación por haber sido interpuesta fuera del plazo legal de un mes.
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