Reclamación por denegación de acceso a información sobre programas de RTVA que utilizan público y sus costes

RESOLUCIÓN 176/2019, de 30 de mayo Asunto: Reclamación interpuesta por D. XXX contra la Agencia Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) por denegación de información pública (Reclamación núm. 144/2018). ANTECEDENTES Primero. Con fecha 20 de febrero de 2018, el ahora reclamante presentó la siguiente solicitud de información: ”Los listados de programas de radio y televisión de RTVA que utilizan público; incluyendo el nombre de la productora, horario de emisión, número de personas que acuden a cada programa, número de horas que implica ir a cada programa desde que se sale del punto de recogida y del punto de llegada, cantidad de dinero que se paga a cada persona, presupuesto total de cada programa destinado al público; en los años 2017 y 2018”. Segundo. El 2 de abril de 2018 la entidad reclamada resuelve la solicitud denegando el acceso por considerar aplicable la causa de inadmisión ex artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG). Según sostuvo en su resolución, “ofrecer la información solicitada requeriría la realización de un documento ad hoc, llevando a cabo un nuevo tratamiento de la información, haciendo uso de diversas fuentes de información sin ninguna conexión en su tratamiento, necesitando, en consecuencia, una acción previa de reelaboración”. Tercero. Con fecha 21 de abril de 2018 el interesado presentó reclamación ante este Consejo. Adjuntas a la reclamación, aporta copia de las resoluciones adoptadas por entidades similares de otras Comunidades Autónomas en las que se dio acceso a prácticamente idénticas solicitudes de información: Acuerdo 4/2018, de 7 de marzo, del Director General de Radio Televisión Madrid; Resolución de la Dirección General de la Corporación Radio e Televisión de Galicia S.A. de 16 de marzo de 2016; Resolución de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de 20 de marzo de 2018; Acuerdo del Director General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de 20 de abril de 2018. Cuarto. El 10 de mayo de 2018 se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud se comunicó asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de la entidad reclamada el mismo día. Con idéntica fecha se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. Quinto. El 20 de junio de 2018 tiene entrada en el Registro de este Consejo el informe de la Agencia Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). En el mismo reitera la aplicabilidad de la causa de inadmisión del artículo 18.1 c) LTAIBG. Tras transcribir parcialmente el Criterio Interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, razonó del siguiente modo su decisión: “ofrecer la información solicitada requeriría la realización de un documento ad hoc, llevando a cabo un nuevo tratamiento de la información, haciendo uso de diversas fuentes de información sin ninguna conexión en su tratamiento, necesitando, en consecuencia, una acción previa de reelaboración y, en numerosos casos, con la necesidad de acudir a terceros para obtener la información al no disponer la misma”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. La presente reclamación tiene su origen en una solicitud de información, dirigida a la Agencia Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), con la que el interesado pretendía acceder a diversos datos sobre los programas de radio y televisión que utilizan público relativos a los años 2017 y 2018. Se trata de una solicitud que había asimismo presentado ante diversas entidades homólogas de otras Comunidades Autónomas, las cuales resolvieron otorgar el acceso y, en consecuencia, proporcionaron los datos que lograron obtener al respecto (véase el Antecedente Tercero). La RTVA, sin embargo, acordó denegar el acceso con base en el artículo 18.1 c) LTAIBG, que permite inadmitir aquellas solicitudes “[r]elativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Por consiguiente, la única cuestión que ha de elucidarse en este procedimiento reside en determinar si se aplicó correctamente dicha causa de inadmisión al caso que nos ocupa. Tercero. Pues bien, al enjuiciar la pertinencia de aplicar este motivo de inadmisión al presente supuesto, debemos partir de la exigencia de interpretar estrictamente las previsiones normativas que permiten restringir el libre acceso a la información pública; línea hermenéutica que el Tribunal Supremo ha subrayado expresamente, entre otras, en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): «La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 […]” (Fundamento de Derecho Sexto). Un razonamiento genérico que la mencionada Sentencia proyecta de forma específica al precepto cuya aplicabilidad examinamos: “Cualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013» (Fundamento de Derecho Cuarto). Según tuvimos ocasión ya de sistematizar en la Resolución 64/2016, y venimos recordando desde entonces, al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad los siguientes criterios o líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada” (baste citar las Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 85/2018, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º) Conviene especialmente subrayar -en línea con el citado Criterio Interpretativo 7/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- que la noción de “reelaboración” no implica “la mera agregación o suma de datos […], ni tampoco equivale a información cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante” (así, por ejemplo, Resolución 108/2018, FJ 5º). La entidad reclamada, sin embargo, justificó su decisión de inadmitir a trámite la solicitud con el razonamiento de que ofrecer la información “requeriría la realización de un documento ad hoc, llevando a cabo un nuevo tratamiento de la información, haciendo uso de diversas fuentes de información sin ninguna conexión en su tratamiento”. Argumentación que reiteraría en el informe remitido a este Consejo con motivo de la reclamación, añadiendo que “en numerosos casos” sería necesario “acudir a terceros para obtener la información al no disponer la misma”. Cuarto. Pese al esfuerzo argumental realizado por RTVA, este Consejo no puede compartir su decisión de aplicar a la solicitud el artículo 18.1 c) LTAIBG, lo que le llevaría a rechazar en bloque la misma y, por tanto, a impedir el acceso a todas y cada una de las diferentes concretas peticiones de información que integraban el escrito de solicitud del interesado. Así es; con independencia de la exigencia de interpretar y aplicar de modo restrictivo esta causa de inadmisión impuesta por la doctrina del Tribunal Supremo antes mencionada, no cabe apreciar – a juicio de este Consejo- que atender las diversas peticiones en las que se escinde la solicitud requiera dar “un nuevo tratamiento de la información” que pueda recabar la entidad reclamada, o que ésta tenga que emprender una específica tarea de elaboración ad hoc de tal información para responder a dichas peticiones. En lo concerniente a la disponibilidad de la información objeto de la solicitud por parte de RTVA, no puede soslayarse que nuestro sistema de transparencia impone a los sujetos obligados a su cumplimiento el deber de buscar la información pretendida por la ciudadanía; una obligación cuyo alcance intentamos precisar en el FJ 3º de la Resolución 37/2016: “[…] la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos.” Así, pues, la entidad reclamada ha de hallar la información pretendida por el interesado allá donde pueda encontrarse, debiendo acudir a terceros en relación con aquellos datos que –según apunta en su informe- puede que no obren inmediatamente en su poder. Y en el caso de que, tras agotar las posibilidades de búsqueda, no conste algún extremo de la información solicitada, deberá transmitir expresamente esta circunstancia al ahora reclamante. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por D. XXX contra Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) por denegación de información pública. Segundo. Instar a Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) a que, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente Resolución, ofrezca al reclamante la información señalada en su Fundamento Jurídico Cuarto, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.