Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el desglose de campañas y presupuestos de publicidad institucional (2012-2015). La administración denegó el acceso alegando reelaboración y perjuicio a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información ya existe y no se ha acreditado daño alguno.
Se solicitó al Concello de Ribadeo información sobre la legalización de una instalación de aguas residuales y los trámites para una licencia de apertura en Illa Pancha. Los solicitantes alegaron silencio administrativo. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó parcialmente la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información sobre los trámites y requisitos de la licencia.
Se solicitó al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España un listado detallado de empresas que trasladaron su sede social desde o hacia Cataluña entre 2017 y 2018. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
El interesado solicitó datos estadísticos del alumnado (necesidades especiales, compensación y totales) de centros de la Comunidad de Madrid para el curso 2017/18. La Consejería de Educación denegó el acceso por inadmisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requiere una reelaboración técnica no contenida en los sistemas actuales.
Se solicitó al Ministerio de Fomento acceso a la base de datos del Sistema de Gestión de Puentes y resultados de inspecciones (2008-2018). La administración denegó parcialmente alegando seguridad informática, perjuicio a la inspección y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación e insta a entregar los informes de estado de las estructuras.
Se solicitó al Ayuntamiento de Teguise un informe técnico sobre la clasificación urbanística de una parcela ocupada por un complejo hotelero. Ante el silencio administrativo, el ciudadano reclamó ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, quien desestimó la solicitud por requerir una acción previa de reelaboración.
La PAH solicitó al Ayuntamiento de l'Escala información detallada sobre desahucios, pobreza energética, vivienda y responsabilidad social. El Ayuntamiento no respondió en tiempo y alegó posteriormente que la información era voluminosa y requería elaboración. La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información disponible en un plazo de tres meses.
onsiderant que l’FT 2017 és, als efectes de l’LTAIPBG, una administració (article 2.f) ja que rau dins del seu àmbit d’aplicació (article 3.1.b), té la consideració d’informació pública no només la informació que és materialment a les seves mans, sinó també aquella que té el títol jurídic (el poder) d’obtenir, si està relacionada amb les seves funcions, que en el cas de l’FT 2017 són, d’acord amb els seus estatuts, les funcions relacionades amb l’organització i l’execució dels XVIII Jocs del Mediterrani, entre les quals s’ha d’incloure, sense cap mena de dubte, la gestió de la venda i obsequi d’entrades i de l’assistència als esdeveniments esportius i a les cerimònies d’inauguració i cloenda dels Jocs. La fundació, que és l’Administració responsable de les funcions exercides per Ticketmaster en relació amb els Jocs del Mediterrani, pot requerir a aquesta empresa, en aplicació de l’article 3.2 LTAIPBG, la informació relativa a les activitats exercides per encàrrec i per compte de l’FT 2017, per tal de proporcionar-la, si escau, a qualsevol persona que la demani. Per tant, l’FT 2017 no només està emparada per l’article 3.2 LTAIPBG a demanar aquesta informació a Ticketmaster, sinó que hi està obligada per l’article 18 LTAIPBG en relació l’article 2.b i f LTAIPBG. Hauria estat convenient comptar amb les al·legacions de Ticketmaster, com a tercera persona afectada, que és qui podria realment informar sobre si conserva o no la informació derivada de la gestió de la venda d’entrades, i de quina tasca li comporta, a partir de les eines de venda telemàtica d’entrades que gestiona, extreure-la i oferir-la d’acord amb els paràmetres de la sol·licitud i els condicionants establerts en aquesta resolució. La inadmissibilitat de la sol·licitud d’informació dependrà de que quedi acreditada la complexitat de la tasca de reelaboració necessària, essent irrellevant als efectes d’apreciar-la que la informació sol·licitada no coincideixi amb el contingut dels raports d’activitat estipul
El interesado solicitó a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid documentación y acciones para cambiar la titularidad de una sepultura. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación porque parte de lo pedido requiere actuaciones materiales de la administración y la información restante no existe o ya fue entregada.
El reclamante solicitó a la Universidad de Alcalá los exámenes de los procesos selectivos de personal de administración y servicios de los últimos 10 años. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la solicitud, rechazando que la petición fuera abusiva o requiriera una reelaboración de la información.
El reclamante solicitó a la Universidad Autónoma de Madrid los exámenes de los procesos selectivos de personal de administración y servicios de los últimos 10 años. La Universidad alegó que la información requería una reelaboración previa y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que son documentos existentes y no abusivos.
El ciudadano solicitó a ADIF inventarios de pasos a nivel con tráfico superior a 400.000 y pasos eliminados desde 2001. Tras recibir una respuesta parcial, alegó la falta de coordenadas UTM, modo de eliminación, proyecto e importe. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que parte de la información no cumple la finalidad de la ley o requeriría una reelaboración imposible.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía el desglose y justificación de gastos de viaje y peajes de los titulares de las consejerías (2015-2016). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la relación de peajes.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Hacienda el registro de reuniones de sus altos cargos desde junio de 2018. El Ministerio alegó que no existe un registro sistematizado y remitió a enlaces web. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al comprobar que el Ministerio facilitó la información disponible a través de su portal de agenda.
El solicitante pidió a Puertos del Estado información sobre las cantidades abonadas a los integrantes de la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo. La administración inadmitió la solicitud alegando plazos de conservación documental. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la identidad de beneficiarios de viviendas protegidas y ayudas hipotecarias. El solicitante alegó la necesidad de fiscalizar el uso de recursos públicos. La GAIP desestimó la reclamación porque la divulgación de datos de personas en situación de vulnerabilidad social afectaría gravemente a su intimidad y no es idónea para el control alegado.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información sobre la cesión, recuperación y traslado de piezas del Museo del Mundo Marino. Tras una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a la administración a facilitar los contratos y presupuestos de los traslados.
El ciudadano solicitó al Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla los costes e ingresos detallados de la Carrera Popular Casco Antiguo 10K. Tras varias denegaciones basadas en la inexistencia de la información y la necesidad de reelaborarla, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información disponible y a derivar la solicitud a otros órganos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información detallada sobre los costes, materiales, facturas y procedencia de los fondos para la instalación de la bandera de España en la Plaza de Colón. La administración facilitó los datos desde 2013, pero denegó los anteriores alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre inspecciones sanitarias en locales de hostelería entre 2016 y 2018. La administración alegó que la información requería una reelaboración compleja y que estaba protegida por secreto profesional y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de los datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de actos oficiales del Día de los Ángeles Custodios en 2017 y 2018, desglosados por fecha y lugar. Tras una respuesta insuficiente, el interesado alegó que no se detallaba el número de actos ni el lugar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información existe y no requiere reelaboración.
El ciudadano solicitó a la Diputación de Sevilla datos sobre subvenciones a grupos políticos, desglose de gastos y justificantes de recepción. La administración denegó parte de la información alegando reelaboración y falta de disponibilidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a la entidad a facilitar la información.
El interesado solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos datos estadísticos sobre solicitudes de convalidación de créditos de máster entre 2007 y 2018. La universidad alegó protección de datos personales y necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que la información puede entregarse mediante anonimización.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos el registro de solicitudes y resoluciones de convalidación de créditos del Instituto de Derecho Público (2005-2018). La Universidad alegó protección de datos, afectación a procesos judiciales y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
Se solicitó al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el importe total destinado a la formación de adultos desglosado por centro y los criterios de adjudicación de los últimos 7 años. El ciudadano alegó que la respuesta fue incompleta y basada en juicios de valor. La GAIP estima la reclamación por considerar que existe un alto interés público en el control de los recursos económicos.
La reclamació conté nombroses peticions per a que el Consorci es pronunciï sobre hipòtesis, sobre la valoració del compliment de la llei, o per a que s'emetin opinions, la qual cosa excedeix clarament de l'àmbit d'aquest procediment, que empara només l'obtenció d'informació pública preexistent. L'al·legació de la reclamant sobre la rellevància o interès públic que pugui tenir aquesta opinió no modifica ni altera la valoració de que no encaixa, pel seu objecte, en aquest procediment, que no pot emparar la pretensió que l'Administració elabori ex novo, a partir de la sol·licitud i per a la seva satisfacció, una valoració jurídica, que emeti una opinió o analitzi supòsits, si prèviament no van ser objecte de consideració o d’elaboració d'estudis o dictàmens que, només i exclusivament en la mesura en què fossin preexistents a la sol·licitud, podrien ser estimada. El requisit de què estiguin mancades de rellevància, que la persona reclamant considera que no ha justificat adequadament l’Administració, s’exigeix per l’LTAIPBG en relació amb la informació pública ja elaborada i preexistent a la sol·licitud, però de caràcter intern (art. 29..1.a LTAIPBG), com ara esborranys, resums, documents de treball interns i opinions ja elaborades i escrites (notes de valoració o que recullin l’opinió crítica en relació amb alguna qüestió) que l’Administració vulgui sostreure de l‘accés públic per considerar que tenen un caràcter intern i que han de romandre en “l’espai per pensar” de què ha de disposar l’Administració) per preservar el seu procés de presa de decisions. Però en aquest cas es demana que l’Administració valori i opini sobre determinades qüestions que la reclamant li planteja a la sol·licitud, la qual cosa és inadmissible en el marc d’aquest procediment - amb independència de la rellevància que aquesta valoració o opinió mereixi a la persona reclamant-, pel sol fet que no és informació preexistent, sinó una consulta jurídica, amb els efectes d’inadmissibilitat que en deriv
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa datos detallados sobre militares suspendidos de empleo y sueldo entre 2008 y 2018. Alegó que la respuesta fue insuficiente al no incluir fechas ni motivos concretos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar la información previa disociación de datos personales.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
El interesado solicitó un listado detallado de programas de radio y televisión del EPRTVIB que utilizan público, incluyendo costes y horarios. La Consejería de Cultura, Participación y Deportes inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de las Illes Balears desestima la reclamación porque la inadmisión fue legal, aunque observa que la información se entregó tras el requerimiento.
El ciudadano solicitó a la AESA el número de autorizaciones para pruebas de pericia de licencia de piloto, denegaciones y causas. La AESA inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el número total de autorizaciones expedidas.
El ciudadano solicitó a la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda) la relación de valores catastrales y metros construidos de inmuebles en Navas de San Juan. La administración denegó la petición alegando que la información no existe en ese formato. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por existir un régimen jurídico específico de acceso a la información catastral.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid archivos .json y fotografías en alta resolución de monumentos urbanos disponibles en su web. La administración denegó el acceso alegando que se requería una acción previa de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por entender que la ley no ampara solicitudes de información en un formato distinto al disponible.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid archivos .json y fotografías de monumentos disponibles en su web, pero en un formato específico para evitar la descarga individual. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por entender que la ley no ampara la obtención de información en un formato distinto al disponible.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública el listado de autorizaciones de actividad privada de altos cargos y sus motivaciones. Alegó que la respuesta fue insuficiente al remitirlo a un enlace que no incluía denegaciones ni motivaciones individuales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la respuesta fue ajustada a la solicitud original.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior aclaraciones sobre conceptos de transporte y un listado de acumulaciones de jornadas concedidas en centros penitenciarios. Alegó que la administración no respondió adecuadamente y utilizó la excusa de la reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información fue completada y que el listado requería una reelaboración desproporcionada.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Grávalos información sobre la gestión de las piscinas municipales (2017-2018) y la cobertura de servicios. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información y que la solicitud era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y disponible.
Se solicitó información sobre la empresa y condiciones del contrato de gestión de las piscinas municipales de 2017 y los motivos del cambio de empresa en 2018 al Ayuntamiento de Grávalos. La administración alegó necesidad de reelaboración por falta de medios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existe y no requiere reelaboración.
El interesado solicitó la publicación de los enunciados y plantillas correctoras de las oposiciones docentes de 2018 a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación porque la solicitud no pedía acceso a información existente, sino que exigía una actuación material (una obligación de hacer) para que la administración publicara contenidos.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno facturas de mobiliario y listado de obras de arte del Palacio de la Moncloa desde 2004. La administración denegó parcialmente alegando la necesidad de reelaboración de datos anteriores a la Ley 19/2013. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la recopilación de datos no es reelaboración.
Se solicitó copia de las actas de la Junta General, la Junta de Gobierno y la Comisión Permanente del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (años 2015-2018). La administración alegó que la solicitud era extemporánea, requería reelaboración y era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que las actas son información pública y no requieren reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los informes de quejas contra policías (2013-2017) en Galicia. El Ministerio solo facilitó datos numéricos alegando que los informes no existían y requerirían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a entregar los informes anonimizados o declarar expresamente su inexistencia.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública el gasto total en honorarios de abogados y procuradores para la defensa de altos cargos de la Junta de Andalucía desde 2010. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
El interesado solicitó copia del informe de intervención y parte de actuación de los Bomberos de Asturias sobre un incendio en Oviedo. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) alegó que la información ya había sido facilitada mediante un informe previo y que el acceso estaba limitado por el secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Justicia las agendas y registros de reuniones de sus altos cargos. La administración denegó el acceso alegando que no existe obligación legal de mantener tales agendas y que la información requeriría reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda la fecha y número de 7.922 resoluciones dictadas en 2015 por el TEAC. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de una labor previa de reelaboración. Tras la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el TEAC facilitó la información, por lo que el reclamante desistió de su pretensión.
Se solicitó al Ministerio de Defensa una relación detallada de contratos con imprentas entre 2008 y 2017. La administración denegó parte de la información alegando la necesidad de reelaboración. El ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero al no subsanar una deficiencia de documentación requerida, el Consejo decidió archivar la reclamación.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el desglose de gastos de viaje y peajes de cargos públicos (2015-2016). Tras una entrega parcial y la denegación de los datos de peajes por requerir reelaboración, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información sobre peajes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm un listado de establecimientos comerciales con irregularidades en su licencia de apertura. La administración denegó el acceso alegando protección de datos, carga de trabajo (reelaboración) y posibles perjuicios a la inspección. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega del listado anonimizando datos personales.
Se solicitó al Ministerio de Fomento el listado detallado de subvenciones al transporte marítimo y aéreo, incluyendo beneficiarios y datos del sistema SARA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información solicitada requiere una reelaboración previa de datos y que se ha proporcionado acceso parcial mediante la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Jerez el detalle de la deuda municipal (2014-2017). El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando falta de disponibilidad y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2014-2015 desagregados.
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