Acceso a informes del Servicio de Control Intern sobre la situación laboral de un profesor

La cuestión planteada con el numeral cuarto –que "se informe sobre si este servicio [de control interno de la UJI] tiene competencias para elaborar informes sobre situaciones académicas de los profesores. Y en caso de no tenerlas, que se expongan las razones por las cuales ha tomado la iniciativa de redactar este informe"– se encuentra al margen del ámbito competencial de este Consejo, dado que lejos de consistir en la pretensión de acceder a una información pública –entendida, como marca el artículo 4.1 de la Ley 2/2015, como "el conjunto de contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones"– conlleva, por una parte, una indagación respecto de las estructuras organizativas de la UJI, y por otra, un cuestionamiento de las políticas seguidas por esta, que la UJI tal vez haría bien en aclarar, pero que este Consejo no puede entrar a cuestionar. Afirmación que debe hacerse extensiva a la cuestión planteada con el numeral sexto –"En caso de que no hayan realizado estos informes, se informe por qué [sic] no se han realizado y cuál es el criterio para elaborar informes sobre algunos profesores y no sobre otros"–, que de nuevo conlleva la pretensión de recibir de la UJI una explicación sobre el funcionamiento de su administración que de nuevo puede resultar de interés pero que este Consejo no puede entrar a demandar.

En el caso del numeral octavo –que, como se recordará, conlleva el requerimiento a los profesores Vicent (exrector de la UJI) y (exvicerrector de la UJI) para que expliquen determinados extremos de su conducta en este asunto– la observación antes mencionada debe complementarse con una segunda, que es por ello aún más inasumible –de hecho: más absurda– la pretensión del reclamante. Y es que desde el mismo momento en que ambos abandonaron sus responsabilidades al frente de la administración reclamada, dejaron de ser sujetos obligados a las exigencias de la Ley de Transparencia. Como es obligatorio deducir de la –por otra parte, larguísima– lista de sujetos obligados contenida en los artículos 2 y 3 de la mencionada Ley, las obligaciones derivadas de esta se proyectan de manera prioritaria sobre instituciones públicas, secundariamente sobre entidades privadas o personas jurídicas que prestan servicios públicos, y solo puntualmente sobre personas físicas o jurídicas distintas que prestan servicios públicos o ejercen funciones delegadas de control o algún otro tipo de funciones administrativas. Pero no ciertamente sobre quienes en el día de la fecha son ciudadanos particulares por el simple hecho de haber ejercido en el pasado responsabilidades directivas en alguna de las instituciones. Es a estas, a través de sus órganos estatutarios, y gracias a la acción de quienes en el momento presente siguen siendo responsables de estas, a quienes corresponde brindar –cuando la Ley así lo dispone– las respuestas oportunas por las actuaciones, presentes o pasadas, de la institución a la que representan.

Finalmente, en el caso del numeral séptimo, –en el cual se solicita que "se adopte como medida cautelar la recusación del Señor y su equipo", para decidir sobre las cuestiones referentes al reclamante– la incompetencia de este Consejo es tan palmaria –la cuestión encuentra su regulación normativa en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– como la falta de justificación de la petición misma –falta de cualquier prueba documental o de otro tipo sobre la supuesta parcialidad del referido Sr., más allá de las sospechas del reclamante.

Quinto.- Dicho lo anterior, quedaría por resolver la cuestión principal, que no es otra que la de si la UJI procedió a elaborar, a través de su servicio de control interno, o de cualesquiera otros órganos de su estructura administrativa, o encargó a terceros, con la participación o no del Sr., algún informe sobre la situación laboral del Sr. y/o sobre su actividad como presidente del Tribunal Económico Administrativo de Castellón de la Plana; y/o sobre la situación académica de otros profesores; y en tal caso, si los mismos deberían ser accesibles al reclamante.

A pesar de su carácter multifacético, al mismo tiempo que hipotético, la petición del Sr. es razonablemente concreta, y se dirige a tener acceso a un concreto informe, de cuya existencia alega tener certeza, que giraría en torno a las posibles consecuencias que, por su cumplimiento, tendría para su situación laboral como profesor de la UJI su desempeño como presidente del Tribunal Económico Administrativo de Castellón de la Plana. Es por ello que están completamente fuera de lugar las divagaciones con las que la administración interpelada adorna los primeros numerales de su respuesta ante este Consejo.

Más que una interpretación puramente literal de la petición de la representación letrada del reclamante, que con poco acierto habla de "de todos los documentos e informes que se hayan preparado" sobre el Sr., pudiendo dar a entender que esta tiene por objeto "solicitar en una única instancia el traslado de la totalidad de los informes y documentación que haya ido generando a lo largo de su vida, sin fijar el periodo temporal o la temática a la que se refiera su solicitud", una interpretación contextualizada y teleológica de esta frase obliga a reducir el elenco de documentos posibles a los que tendrían por objeto la cuestión mencionada, única que aquí nos ocupa. La pretensión de la UJI de ampararse en lo dispuesto por el artículo 18.1 de la Ley [estatal] 19/2013, en relación con el 16 de la Ley [valenciana] 2/2015, y por lo que estipula el artículo 49.2 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para así inadmitir la reclamación del Sr. por abusiva, resulta así injusta, y no se puede permitir en esta instancia.

Como también resulta inaceptable, y por idéntico motivo, la argumentación –defendida también por la administración requerida– de que la entrega de los documentos solicitados por el Sr. requeriría "la recopilación de información correspondiente de diferentes fuentes y una acción previa de reelaboración", y en consecuencia su intento de acogerse a una segunda causa –la del 18.1.c) de la Ley [estatal] 19/2013– para así inadmitir la reclamación del Sr.

Sexto.- Llegados a este punto, cabe detenerse en la admisión que la administración reclamada hace en la pág. 7 (alegación segunda, numeral segundo) de su escrito de fecha 30 de noviembre de 2018, dirigido a este Consejo, en el cual reconoce que:

"No existe en los archivos de la Universitat Jaume I ningún informe referido a la situación administrativa concreta del profesor , aunque es cierto que el jefe del Servicio de Control Interno de la UJI expidió un informe o nota interna que no se refiere al profesor aludido sino en general a la situación administrativa del PDI funcionario que forma parte del órgano local de reclamación económico-administrativa del Ayuntamiento de Castellón. En este documento no figura el nombre del interesado, ya que no es el único PDI funcionario de la UJI que es miembro de este órgano local, por lo cual está redactado de manera que comprende a todos aquellos funcionarios PDI de la UJI que forman parte de este órgano, o que en el futuro pretendan ingresar en este."

La afirmación de que, lejos de referirse al estatus del reclamante, el citado informe se refiere "en general a la situación administrativa del PDI funcionario que forma parte del órgano local de reclamación económico-administrativa del Ayuntamiento de Castellón" es palmariamente insostenible. El Tribunal Económico-Administrativo de la ciudad de Castellón, como órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas sobre actos tributarios y el resto de ingresos de derecho público de competencia del Ayuntamiento de Castellón de la Plana y de las entidades de derecho público vinculadas o que dependen de este, se encuentra compuesto por tan solo tres miembros: el reclamante, y otros dos miembros más, de los que uno resulta ser abogado en ejercicio y la otra técnica de la administración general del Ayuntamiento de Castellón. De lo que se deduce que, independientemente de que en el mismo se mencione o no el nombre del reclamante –hipótesis de otro modo poco creíble–, la emisión del informe que elaboró el jefe del Servicio de Control Interno de la UJI no pudo tener otra causa justificativa que la presencia en este órgano del Sr. Constatación ante la cual la diferencia entre un informe genérico sobre la situación administrativa del PDI funcionario que forma parte del órgano local de reclamación económico-administrativa del Ayuntamiento de Castellón y otro específico sobre la situación laboral del Sr. se esfuma completamente.

Séptimo.- Aun así, subsiste todavía la cuestión de si el reclamante debería tener o no acceso al referido informe. Y para resolverla es necesario detenerse nuevamente en las explicaciones que sobre su naturaleza proporciona la administración reclamada en la pág. 7 (alegación segunda, numeral segundo) de su escrito de fecha 30 de noviembre de 2018, dirigido a este Consejo, en el cual reconoce que:

"La elaboración de este documento no obedece a la petición de ningún órgano de gobierno para su consideración con carácter previo a dictar un acto administrativo que ponga fin al procedimiento, sino que se realizó a iniciativa del propio servicio, en ejercicio de las funciones de control y supervisión que le otorga el artículo 155 de los Estatutos de la UJI […] y los artículos 95 y siguientes de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
Aquest document no s'ha reflectit en cap criteri administratiu formalitzat, ni es tracta de cap informe preceptiu o facultatiu, emès per un tècnic, durant la tramitació d'un expedient administratiu en el qual el sol·licitant figure com a interessat, que haja servit per a la formació de la voluntat de l'òrgan competent per a dictar la resolució final […] que mai ha servit per a prendre cap resolució que afecte els seus drets i interessos"

Pues bien: de esta exhaustiva descripción de las circunstancias en las que se gestó el documento que nos ocupa se deriva sin sombra de duda la conclusión diametralmente opuesta a la que la administración reclamada pretende sustentar, que no es otra que la de su carácter "auxiliar o de apoyo" del documento citado, que justificaría la denegación de la UJI a entregarlo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, que establece que:

"Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas."

Y es que, en efecto, el informe o nota interna expedido por el jefe del Servicio de Control Interno de la UJI no sería –según la nueva descripción de este hecho por la UJI– un documento "de carácter auxiliar o de apoyo", dado que no fue elaborado "durante la tramitación de un expediente administrativo en el cual el solicitante figure como interesado", ni sirvió "para la formación de la voluntad del órgano competente para dictar la resolución final" ni, en general, "para tomar cualquier resolución que afecte [sus] derechos e intereses", sino un informe jurídico autónomo, realizado a iniciativa del propio servicio de la UJI, y totalmente en posesión de esta institución. Hipótesis esta que encajaría plenamente en lo que el artículo 46.2 del Decreto 105/2017, ya mencionado, contempla cuando sostiene que:

"Los informes, tanto preceptivos como facultativos, que hayan sido emitidos por los propios servicios o por otras administraciones o entidades públicas o privadas, no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo."

Y en consecuencia, las administraciones que los custodian no gozarán del aval del artículo 18.1 de la Ley 19/2013 para denegar su acceso.

Octavo.- Adicionalmente, en el caso que nos ocupa se aprecia igualmente –en vista de lo sostenido en el numeral sexto de estos fundamentos jurídicos– la concurrencia del derecho de acceso a la información pública con otros derechos constitucionales. Cuando el solicitante requiere información sobre sí mismo ante un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública concurre con el derecho de acceso que forma parte del derecho a la protección de datos. Esta cuestión ya fue objeto de atención por parte de este Consejo al resolver el Expediente núm. 21/2016, de fecha 3 de abril de 2017, dado que en su cuarto fundamento jurídico se examina todo el tratamiento jurídico europeo y nacional del acceso como integrante de la protección de datos, para afirmar la intensificación de la protección jurídica del acceso, sosteniendo que:

"Esta concurrencia puede jugar diferentes efectos jurídicos, entre ellos y es claro, en general califica e intensifica la protección constitucional del derecho de acceso a los datos solicitados y, por tanto, reduce las posibilidades de restringir el acceso a la información solicitada".

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, acuerda:

Primero.- Estimar la reclamación presentada con fecha de 25 de octubre de 2018 por el abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, actuando como mandatario verbal en nombre y representación del Sr., e instar a la Universitat Jaume I de Castellón a realizar la entrega a este, en el plazo máximo de un mes, del informe o nota interna elaborado por el jefe del Servicio de Control Interno de la UJI en torno a la situación administrativa del PDI funcionario que forma parte del órgano local de reclamación económico-administrativa del Ayuntamiento de Castellón, mencionado en el sexto fundamento jurídico de esta resolución y, en general, de cualesquiera otros documentos o informes que obren en sus archivos en torno a las consecuencias de la pertenencia del Sr. al Tribunal Económico Administrativo de la ciudad de Castellón sobre su situación como personal docente e investigador de esta Universidad.

Segundo.- Invitar al reclamante a que comunique a este Consejo cualquier incidencia que surja respecto de la ejecución de esta resolución y que pueda perjudicar sus derechos e intereses.