Acceso a información sobre títulos universitarios inscritos en el RNTUO

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 254/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 27 de marzo de 2019, la siguiente información: Nº de títulos universitarios oficiales inscritos en el RNTUO por Universidad, Año de registro y nombre del título. Solicito datos de títulos adaptados al EEES como anteriores. Desde el 1 de enero de 2010. S/REF: 001-033728 N/REF: R/0254/2019; 100-002416 Fecha: 4 de julio de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Ciencia, Innovación y Universidades Información solicitada: Títulos Universitarios inscritos en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RNTUO) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de 10 de abril de 2019, el MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES contestó al solicitante lo siguiente: (…) 3º. En su ámbito competencial, esta Secretaría General, resuelve conceder el acceso parcial a la información solicitada e informa lo siguiente: Respecto a lo solicitado, “nº de títulos universitarios oficiales inscritos en el RNTUO por Universidad, Año de registro y nombre del título”, estos mismos datos, nº de títulos, por año, expedidos por todas las universidades españolas desde 2010 hasta la actualidad, ya fueron pedidos en la solicitud 32658 formulada por el mismo ciudadano con fecha de 6 de febrero y facilitados junto con la resolución de la solicitud 32658 a la cual nos remitimos. Así pues los datos ya facilitados al ciudadano coinciden con lo requerido ahora en esta nueva solicitud aunque no se incluían entonces los nombres de los títulos adaptados al EEES como anteriores. A este respecto, cabe informar que las titulaciones universitarias anteriores a la reforma por la que se creó el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se regulaban por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, cuya disposición adicional primera vino a crear el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. En este Catálogo se incluían más de 100 titulaciones distintas. Por otra parte, por lo que respecta a los títulos del EEES, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), deberán inscribirse los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, establecidos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Así pues, a día de hoy, en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) figuran: -3043 titulaciones de Grado -5308 titulaciones de Máster -2881 programas de Doctorado El gran número existente de distintas titulaciones, tanto anteriores al EEES como, especialmente, posteriores al EEES, hace prácticamente imposible que podamos dar respuesta a la solicitud formulada ya que resultaría una tabla de cientos de filas por año y universidad, es decir, una tabla de miles de filas que, además, habría que elaborar. Por tanto, en cuanto a la información solicitada por este ciudadano, en el caso de los datos relativos a “nombre del título” así como de los “datos de títulos adaptados al EEES como anteriores. Desde el 1 de enero de 2010” procede aplicar lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a cuyo tenor: “Se inadmitirán a trámite las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración datos”. Respecto al resto de los datos solicitados, estos ya fueron facilitados a este ciuda dano en la resolución de la solicitud de referencia 32658 presentada con fecha de 6 de febrero de 2019. 3. Frente a dicha respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada de 12 de abril de 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: (…) Como ciudadano me gustaría conocer cuántos alumnos han obtenido su título oficial en el Máster M de la Universidad U y en el año A. La razón de que son muchos datos: “tabla con miles de filas” no es suficiente para no dar la información. La Ley de Transparencia no limita el tamaño máximo de la información a suministrar a un ciudadano. El la solicitud 32658 de 6 de febrero se me suministraron los datos agrupados por Universidad. En esta ocasión se solicita por Universidad, Título y Año. No se puede inadmitir la solicitud porque sería necesaria una acción previa de reelaboración de datos, en febrero se suministró y ahora solo se añaden dos datos más. Consultando la página del RUCT (12/04/2019) tenemos 89 Universidades. Eso hace que el número de títulos (sobre todo adaptados al EEES) sea tan alto pero no es razón para no dar la información. Inadmitir esta solicitud obligaría al ciudadano a descargarse el catálogo (RUCT) de títulos del Ministerio y hacer la petición de forma individualizada, lo que sería absurdo. 4. Con fecha 22 de abril de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Ante la falta de respuesta en el plazo concedido al efecto, con fecha 27 de mayo de 2019 se reiteró el mencionado requerimiento, sin que hasta la fecha conste la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, cabe señalar en primer lugar que el MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES ha desatendido la solicitud formulada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer los argumentos por los que la información ha sido denegada y realizar alegaciones a los motivos en los que el interesado fundamenta su reclamación. A este respecto, y tal y como ya hemos señalado en diversas resoluciones, entendemos que no responder al requerimiento de alegaciones no cumple, a nuestro juicio con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG. En este sentido, la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- se ve mermada por una inadecuada tramitación y respuesta de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos así como una inadecuada justificación de las restricciones al acceso tal y como ocurre en el caso que nos ocupa. Por otro lado, y también relativa a una consideración formal, destaca que la Administración manifiesta en su resolución que resuelve conceder el acceso parcial a la información, aunque claramente la concesión parcial no ha sido tal, ya que conforme consta en los antecedentes y según se recoge en la citada resolución y reconoce el propio interesado, es como consecuencia de un expediente anterior, que el interesado tiene parte de la información que ahora solicita y en base a esta circunstancia, ahora se le deniega. En consecuencia, no podemos afirmar que nos encontremos ante un supuesto de concesión parcial de la información, como indica el departamento Ministerial. 4. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar que el interesado solicita en esta ocasión conocer el Nº de títulos universitarios oficiales inscritos en el RNTUO por Universidad, Año de registro y nombre del título, argumentando la Administración para denegar la información diferenciada que resulta de aplicación la causa de inadmisión prevista en la letra c) del artículo 18.1 de la LTAIBG, que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Dado que el gran número existente de distintas titulaciones, tanto anteriores al EEES como, especialmente, posteriores al EEES, hace prácticamente imposible que podamos dar respuesta a la solicitud formulada ya que resultaría una tabla de cientos de filas por año y universidad, es decir, una tabla de miles de filas que, además, habría que elaborar. De estos argumentos cabe extraer, en primer lugar, la conclusión de que la Administración conoce y gestiona la información que ahora se solicita y el hecho de que la misma se incluye en cientos de filas por año y universidad, afirmación que implica la existencia de un aplicativo o base de datos- resultando lógico al tratarse de información contenida en un Registro- en la que se contiene dicha información. Atendiendo al motivo de la denegación de la información alegado en la resolución, ha de recordarse que, respecto del concepto de reelaboración, este Consejo de Transparencia aprobó en virtud de las potestades del artículo 38.2 a) de la LTAIBG , el Criterio Interpretativo CI/007/2015 ,, de 12 de noviembre, que se resume a continuación: “(…) será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la informació n concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. El segundo supuesto sería el que se refiere a la información que, por contener datos de carácter personal, debe ser “anonimizada” o disociada antes de ser suministrada al interesado o bien que, por afectar a alguno de los límites previstos en la norma, el acceso sólo deba proporcionarse respecto de parte de la información solicitada. Son los supuestos contemplados en los artículos 15.4 -que prevé la anonimización de la información, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas- y 16 de la Ley 19/2013, que prevé el suministro de la información con omisión de aquella que esté afectada por algunos de los límites del artículo 14. En estos casos, y pese a suponer, implícitamente, un proceso específico de trabajo para proporcionar la información, ninguno de estos dos supuestos puede entenderse como reelaboración. Puede ocurrir también que la información se encuentre en poder de varias unidades informantes que resultan responsables de su custodia pero su autor esté claramente definido. En este caso tampoco se trataría de un caso de reelaboración, operando el artículo 19.4 de la Ley 19/2013 que establece que: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. Asimismo, debe contarse también con la interpretación que de este concepto han realizado los Tribunales de Justicia: -Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid y Sentencia en Apelación nº 47/2016 , de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional: “La interpretación del art. 18.1. c) de la Ley 19/2013 ha de hacerse atendiendo a que en ella se configura el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (Artículo 12), y a la Exposición de Motivos, conforme a la cual "el capítulo III (donde se insertan ambos preceptos, arts. 12 y 18 de la ley) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. (…) Al margen de disquisiciones sobre el concepto de la reelaboración de información que no influyen en el presente caso, donde no se impugnan los criterios interpretativos fijados por el CTBG, la recurrente no ha justificado que el suministro de la información solicitada exija una labor previa de reelaboración, pues aparte de sus alegaciones ninguna otra prueba se allega que soporte su posición.” -Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2017/53 MFomento 5.html - En casi idénticos términos, rechazando la identificación entre recopilación de información y reelaboración de la misma, se pronuncia la sentencia nº 125/2018, dictada por el mismo Juzgado en el PO 62/2017 , que concluye lo siguiente: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13, - Y la ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) ” Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información. (…) Igualmente, debe tenerse en consideración la Sentencia 125/2018, de 2 de noviembre de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en el PO 62/2017 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2017/76 MJusticia 2.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html reelaborada para proporcionar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13, 5. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, a nuestro juicio no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión invocada que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública (derecho que se configura de forma amplia), y debe ser justificada de manera clara y suficiente, lo que a nuestro parecer no ocurre en el presente supuesto. Hay que tener en cuenta que la Administración ha proporcionado anteriormente el nº de títulos, por año, expedidos por todas las universidades españolas desde 2010 hasta la actualidad, por lo que dispone de la herramienta que le permite extraer y tratar la información que tiene disponible, circunstancia que en aplicación del Criterio elaborado por este Consejo de Transparencia determina que no se trata de un supuesto de reelaboración, ya que el citado criterio es claro al determinar que para que se considerase reelaboración se tendría que carecer de los medios técnicos necesarios para extraer y explotar la información, lo que no ocurre en el presente supuesto. Argumenta, también, la Administración que se trata de una información voluminosa al indicar el gran número existente de distintas titulaciones, tanto anteriores al EEES como, especialmente, posteriores al EEES, lo que aplicado el Criterio de este Consejo y los pronunciamientos judiciales señalados tampoco sería un supuesto de reelaboración, aunque se trate de información cuyo “volumen o complejidad” haga necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. Por otro lado, tratándose de datos contenidos en un Registro y a pesar de su volumen, existen diversas vías para poner a disposición del interesado de forma electrónica- y de acuerdo, por lo tanto, con lo previsto en el primer apartado del art. 22- la información solicitada previa extracción de la misma por parte de la Administración. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 12 de abril de 2019, contra la resolución de 10 de abril de 2019 del MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: -Nº de títulos universitarios oficiales inscritos en el RNTUO por Universidad, Año de registro y nombre del título. Solicito datos de títulos adaptados al EEES como anteriores. Desde el 1 de enero de 2010. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante . De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda