Reclamación por denegación de listado de centros educativos con comisiones de servicio por cargo directivo

RESOLUCIÓN 14/2020, de 22 de enero Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, contra la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Deporte, por denegación de información pública (Reclamación núm. 366/2018). ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presentó, el 24 de julio de 2018, escrito dirigido a la entonces Consejería de Educación, por el que solicita: “ASUNTO: Petición de listados de centros educativos de Andalucía con comisiones servicio por cargo directivo. “INFORMACIÓN: Solicito el listado de centros educativos Andalucía donde se han concedido o se concederán comisiones de servicio por cargo directivo en el curso 18- 19 habiendo existido proceso de selección de directores en el curso 17-18. “Ante la posibilidad de que se me revoque una vez concedida la comisión de manera discrecional y teniendo todos los informes favorables deseo conocer si mi situación es excepcional o si bien dichas comisiones se han concedido o se van a conceder en algún lugar de Andalucía. “Dicha información se solicita ante la posibilidad de que mis derechos se estén vulnerando al conceder otras y la posibilidad de que se revoque la mía cuando ya había sido concedida con fecha 11 de julio de 2018. “El listado de centros y cargos no vulneran la protección de datos al no pedir los datos de las personas físicas a las que se les ha concedido”. Segundo. El 19 de septiembre de 2018, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, dicta resolución por la que resuelve: “Inadmitir la solicitud de información y el archivo de la misma. “El apartado a) del artículo 2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía define información pública como: los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. “Por otra parte el apartado 1.c) del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece como causa de inadmisión las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Tercero. Con fecha 20 de septiembre de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la resolución de 19 de septiembre de 2018, antes citada, en la que la reclamante expone que: “Con fecha 24/07/2018 presento esta petición a raíz de conocer que la propia Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y las Delegaciones Territoriales de Educación han decidido saltarse la Instrucción 1/2018 del 23 de marzo sobre Comisiones de Servicio por Cargo Directivo que la propia Dirección General había publicado. “Sorpresivamente el no hacer caso de esa Instrucción no se produce en todas las Comisiones de Servicio si no en solo algunas sin que exista conocimiento público de que características debe tener esa Comisión de Servicio para que se produzca y no aplicar la Instrucción . “En mi caso particular la publicación de la Instrucción con posterioridad a que finalice el Concurso de Traslados (renuncio a una plaza a 2 km de mi casa al no existir esa instrucción) y a que finalice el denominado coloquialmente "Concursillo" daña gravemente mi situación laboral. “En un primer momento a principios de Julio la Delegación de Granada me informa de que habrá excepciones a esa Instrucción y que podré mantener mi puesto de trabajo en el curso 18/19. A finales de Julio y teniendo ya el nombramiento para el curso siguiente, nos comentan desde la Delegación que no se me concederá dicha Comisión aunque si se darán en otros centros. No hay ningún documento donde se indique que requisitos hay que tener para supuestamente "saltarse" dicha Instrucción. A partir de ese momento existe un oscurantismo en la Delegación de Granada que ,me lleva a personarme en Sevilla donde oralmente se me informa que basta con haber pedido el centro en concurso de traslados y que el equipo directivo continúe aunque haya habido nuevo proceso de selección. Ambas condiciones las cumplo pero aún así el 31 de agosto recojo en la Delegación de Granada un documento de Revocación de Cargo Directivo. “Entendiendo que debe ser público si la Administración ha decidido saltarse su propia Instrucción y en caso de haberlo hecho cuales sor las condiciones que le han llevado a esas excepcionalidades, entiendo que el listado de centros debe ser público, no así las personas y los cargos para evitar los problemas de Protección de Datos. “Aunque en un primer momento se me informa que se procederá a elaborar y facilitar ese listado de centros, con fecha 19/9/2018 recibo la notificación de que no tengo ese derecho porque no existe un documento con ese listado de centros. Difícil entender que no hayan anotado en ningún lugar los centros educativos en los que no se ha cumplido su propia Instrucción, y más teniendo en cuenta que no deben ser muchos. Si fueran muchas las excepciones y la mía no se hubiera producido estaríamos ante una decisión difícilmente justificable. “Esta documentación que se solicita es fundamental para la Resolución del Recurso de Alzada que he presentado y el más que presumible Contencioso Administrativo posterior, ya que en el revocamiento de mi cargo se establece que hubo un error de grabación y que la Instrucción no se cumple como motivo para no poder continuar. “Por todo ello, solicito la ayuda del Consejo de la Transparencia para lograr dicho listado y así evitar prácticas de ocultismo de la administración”. Cuarto. Con fecha 11 de octubre de 2018, se dirige escrito a la reclamante comunicando la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en el orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico el mismo día. Quinto. El 5 de noviembre de 2018, tuvo entrada escrito del órgano reclamado en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de reclamación, informa que: “Primero.- La interesada presenta solicitud de información pública en pasado 24 de julio de 2018, a través de la cual pide listado de centros educativos de Andalucía con comisiones de servicio por cargo directivo (se adjunta solicitud como documento 1). “Segundo.- Por Resolución, de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, se acuerda prorrogar en 20 días el plazo máximo de resolución y notificación de la solicitud de información pública realizada por la Sra. [nombre reclamante]. “Tercero. El pasado 19 de septiembre de 2018, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, emite resolución (se adjunta Resolución como documento 3) por la que se inadmite la solicitud de información pública de la Sra. [nombre reclamante] atendiendo a la causa de exclusión establecida en el apartado 1.c) del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, habida cuenta de que para obtener la información solicitada es necesaria una acción previa de reelaboración. “Es todo lo que procede informar por esta Dirección General.“ FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 de la LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. El órgano reclamado resolvió inadmitir la solicitud con base en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), que establece que “[s]e inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: […] Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. No obstante, la Dirección General se limitó a enunciar el artículo 18.1.c) LTAIBG sin argumentar en modo alguno la pertinencia de su aplicación al caso en cuestión. Pues bien, como venimos sosteniendo de forma constante en nuestras decisiones (baste citar las Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 8/2017, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º), al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, conviene especialmente destacar -en línea con el citado Criterio Interpretativo 7/2015- que la noción de “reelaboración” no implica “la mera agregación o suma de datos […], ni tampoco equivale a información cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante” . Por lo demás, se trata de unas pautas hermenéuticas que han partido de las líneas directrices marcadas por el Tribunal Supremo en la arriba citada Sentencia nº 1547/2017, a saber, que “[c]ualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración") debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013” (Fundamento de Derecho Cuarto); y que no puede considerarse reelaboración la “mera suma” de los datos objeto de la solicitud (véase, por ejemplo, la Resolución 85/2018, FJ 3º). Una vez expuestos los criterios delimitadores de esta causa de inadmisión, resulta evidente que no procede su aplicación a la petición contenida en la solicitud de información objeto de esta reclamación; máxime cuando la Administración interpelada no ha proporcionado ninguna argumentación sustantiva sobre la pertinencia de aplicar este motivo de inadmisión al caso que nos ocupa. La Dirección General debe, en suma, facilitar a la reclamante el listado de centros educativos de Andalucía donde se concedieron comisiones de servicios por cargo directivo en el curso 18-19. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la entonces Consejería de Educación, por denegación de información pública. Segundo. Instar a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de la actual Consejería de educación y Deportes, a que, en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca a la persona reclamante la información solicitada, según lo expresado en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo.