Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el número de controles y misiones antidopaje realizados por PWC GmbH con un solo agente entre 2017 y 2021. El interesado alegó que la información es accesible revisando los formularios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
Se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura la identidad de los grandes tenedores de viviendas. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la identidad de personas jurídicas, pero denegando la de personas físicas por protección de datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Montgat información sobre beneficiarios y costes del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). El Ayuntamiento inadmitió parcialmente la solicitud alegando complejidad técnica y fase de elaboración. La GAIP estima la reclamación debido a que la resolución fue notificada fuera de plazo y carecía de motivación suficiente.
Una asociación de vecinos solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès documentación sobre pruebas de tiro y tests psicotécnicos de la policía local (2006-2021). La GAIP resuelve inadmitir la petición de certificados nuevos, desestimar el acceso a tests psicotécnicos por ser datos de salud protegidos y estimar el acceso a documentos de prácticas de tiro, previa anonimización.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los periodos de disfrute de horas sindicales en centros penitenciarios de Madrid entre septiembre y diciembre de 2018. El Ministerio denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar los datos existentes.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana datos agregados sobre subvenciones en rutas aéreas de Canarias (2018-2021). El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de la BDNS y la necesidad de reelaborar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de justificación de los límites invocados.
Se solicitó a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior el número de personal eventual, sus órdenes de nombramiento y titulación académica. Tras una denegación parcial basada en la necesidad de reelaboración, la entidad facilitó la información durante la reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía termina el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto.
Una persona solicitó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) información sobre puestos directivos, identidades, contratos, méritos y retribuciones de 2020. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la queja sobre el uso de buscadores web, pero estima parcialmente la relativa a las retribuciones, ordenando retrotraer el proceso para dar audiencia a los afectados.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud (CHUIMI) información sobre servicios con consultas vespertinas ordinarias, número de facultativos y evaluaciones de riesgos. El solicitante alegó que no se proporcionó el número de médicos por servicio. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar satisfecha la respuesta.
La solicitante pidió al Gobierno de Cantabria evaluaciones de comisiones de farmacia (2018-2021) y protocolos clínicos. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de una reelaboración previa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar las evaluaciones, pero desestimando los protocolos por no existir como tales.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Cantabria acceso a evaluaciones de comisiones de farmacia y protocolos clínicos. La administración denegó la primera parte alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las evaluaciones por ser una reelaboración básica no inadmisible.
Un sindicato solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) un listado detallado de cantidades percibidas por sus profesionales. El sindicato alegó que buscaba controlar la discrecionalidad en la asignación de complementos. La GAIP inadmitió la reclamación porque el Secretario General no tenía competencia estatutaria para decidir la interposición de recursos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes el expediente completo sobre la obra de una rotonda y el convenio con la empresa Aglomerats Girona. El Ayuntamiento alegó falta de concreción y necesidad de traslado a terceros. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el expediente técnico y administrativo, pero deniega el acceso a la información fiscal por ser reservada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes el expediente de licitación de las escuelas bressol. El Ayuntamiento alegó falta de concreción y confidencialidad de la oferta. La GAIP estima la reclamación, considerando que la solicitud era precisa y que los proyectos pedagógicos no constituyen secretos comerciales, obligando a entregar la información previa anonimización de datos personales.
El interesado solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid notas de Selectividad/EVAU y datos de alumnado de varios colegios concertados. Alegó que es información básica para la elección de centro y control de fondos públicos. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por contravenir la Ley Orgánica de Educación.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE el coste desglosado de la producción externalizada de TVE en 2021. Tras recibir la respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) alegando que no se facilitó el coste global. El CTBG desestimó la reclamación porque el interesado intentó ampliar el objeto de la solicitud original en la fase de reclamación.
Una ciudadana solicitó a la Consellería de Sanidad de Galicia acceso a decisiones de comisiones farmacéuticas y protocolos sobre psoriasis y osteoporosis. Tras el silencio administrativo, la Comisión de la Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración dictó resolución parcial solo después de interpuesta la reclamación.
Una ciudadana solicitó a la Deputación de Pontevedra que indicara la norma legal que justifica la elección de colectivos en una convocatoria del Plan de Concellos. La interesada alegó que remitirla a las bases no era respuesta correcta. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación porque la solicitud requería la elaboración de un informe jurídico ad hoc, no siendo acceso a información preexistente.
El solicitante pidió a la DGT las relaciones valoradas de trabajos de seis contratos específicos entre mayo y noviembre de 2021. La DGT inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el tratamiento de 42 documentos no constituye una reelaboración compleja.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud de Navarra copia de la Orden Foral 34/2020 y aclaraciones sobre los criterios para acreditar la exención del uso de mascarillas. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación por considerar que la solicitud de criterios constituye una consulta jurídica y no el acceso a información preexistente.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (INE) datos sobre asalariados a tiempo parcial y por turnos en sectores público y privado (2006-2019). El INE inadmitió la solicitud alegando que no cumplía la finalidad de la ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requiere una reelaboración específica.
Una plataforma ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Riells i Viabrea documentación sobre la recepción de urbanizaciones municipales. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando complejidad en la elaboración. La GAIP estima la reclamación porque la inadmisión no se notificó en plazo, no fue mediante resolución formal y no se justificó la carga de trabajo.
Una periodista solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya un listado de establecimientos con reservados y aquellos sancionados por incumplir restricciones COVID-19. Tras una denegación inicial basada en falta de competencia y complejidad técnica, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda del SAREB, sus titulares y los informes de seguimiento desde 2012. Tras una denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información detallada requerida exigiría una reelaboración inadmisible y que los informes afectan a intereses económicos.
El reclamante solicitó a LABORA copias de su título, nombres de miembros de un tribunal, material didáctico y actas de finalización de cursos. La administración denegó el acceso alegando que la información ya había sido entregada, que era información auxiliar y que las solicitudes eran repetitivas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las solicitudes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cabanes información sobre el PAI de Torre la Sal y datos de recaudación del IBI de ciertos edificios. El Ayuntamiento alegó que las peticiones eran abusivas (genéricas) y requerían reelaboración de datos. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a la información específica y a los datos de IBI globales.
El reclamante solicitó datos desglosados sobre menores tutelados que han sido víctimas de delitos sexuales desde 2010 a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La administración inadmitió la solicitud por requerir una labor de reelaboración excesiva. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar que la información está dispersa y requiere un esfuerzo desproporcionado.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco el censo de Poderes Adjudicadores en formato reutilizable. El Departamento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaborar la información. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió a AENA datos detallados de consumo de gas, agua y electricidad por aeropuerto (2004-2020). AENA denegó el desglose alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información existe y que no se ha probado un daño real y concreto.
Se solicitó al Ministerio del Interior un listado detallado de los dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas desde el año 2000. El interesado alegó falta de motivación y uso indebido de la ampliación de plazos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de la información y afectar a datos personales protegidos.
El reclamante solicitó una serie de informes técnicos de la Dirección General de Salud Pública sobre la adopción de medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19 en Cantabria. La Consejería de Sanidad denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones y necesidad de reelaboración para anonimizar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de Cantabria diversos informes técnicos que fundamentaron las restricciones sanitarias por COVID-19. La Administración denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones y necesidad de reelaboración para anonimizar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de infracciones y sanciones de la Ley 33/2011 desde 2020. El Ministerio accedió parcialmente, denegando datos específicos alegando reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar el lugar y los hechos de las sanciones.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos detallados sobre inspecciones a autoescuelas en Zaragoza y un documento normativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la solicitud de datos por requerir una reelaboración compleja de información dispersa, pero estima la entrega del documento normativo al considerar insuficiente la remisión genérica a una web externa.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos desglosados sobre expedientes sancionadores a autoescuelas en Zaragoza (2021). Alegó que la denegación parcial era injustificada y que la gestión de los datos era sencilla. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la Administración justificó correctamente la necesidad de reelaboración de la información.
La solicitante pidió expedientes de licitación de obras de Metro a la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Tras la inadmisión inicial por reelaboración, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, determinando que la recopilación de documentos existentes no constituye reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el desglose detallado de pagos a Uber, Cabify y taxis realizados con fondos públicos. El solicitante alegó que la falta de información era preocupante y sugería abusos de funcionarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información requeriría una reelaboración compleja de datos dispersos.
El solicitante pidió al Ministerio de Educación y Formación Profesional información sobre si ciertas actividades en centros educativos se consideran discriminatorias. El interesado alegó que la respuesta recibida no correspondía a su consulta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud era una consulta jurídica y no la petición de un documento existente.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre los temas tratados y beneficios de la visita de la Ministra al Papa. El interesado alegó que no se le facilitó la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información solicitada no existe ni obra en poder del Ministerio.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número de profesionales sanitarios sancionados o expulsados por manipular registros de vacunación COVID-19, desglosado por centro de trabajo. La administración denegó el acceso alegando que los datos del REPS no son públicos y que la solicitud requería una reelaboración. El CTBG estima parcialmente la solicitud, ordenando facilitar el número total de sancionados, pero denegando el desglose por centros para proteger la privacidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat un certificado de silencio administrativo. El reclamante alegó falta de respuesta a sus quejas. La GAIP inadmitió la reclamación porque la emisión de certificados no constituye información pública preexistente y porque la solicitud fue presentada prematuramente, sin respetar los plazos legales.
El ciudadano solicitó a Paradores de Turismo de España, SME, SA un desglose detallado de peticiones y acuerdos de grabación en sus instalaciones desde el año 2000. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación ya que la administración justificó correctamente que la información está dispersa y su obtención requeriría una reelaboración compleja.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual (por nombre y apellido) de los complementos de productividad e incentivos de los empleados de la Jefatura de Tráfico de Zaragoza y el Centro de Gestión Pirineos entre 2016 y 2020. La administración alegó que era una solicitud repetitiva, que requería reelaboración y que afectaba a la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a radiaciones y mutágenos. El reclamante alegó que la información debería existir según normativa de prevención de riesgos. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación porque la entidad no dispone de los datos estructurados como se solicitaron.
El ciudadano solicitó a la Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia información sobre pagos y avales a empresas auxiliares de Hijos de J. Barreiras S.A. y PEMEX. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue proporcionada a través de otro departamento.
La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià solicitó a la Conselleria d'Agricultura información sobre el número y cuantía de ayudas del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, desglosada por localidad. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho al acceso general pero condicionando el desglose territorial.
Se solicitó al Ayuntamiento de Toledo información detallada sobre costes, facturas y contratos de la decoración navideña y la Cabalgada de Reyes (2012-2020). El Ayuntamiento alegó inadmisión por necesidad de reelaboración y ejercicio abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de toda la información solicitada.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Asensio una relación de licencias de obras en calados desde 2012. Ante el silencio administrativo, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, desestimando el argumento de reelaboración de la administración y ordenando la entrega de la información.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Toledo costes, facturas y contratos de la iluminación navideña y la Cabalgada de Reyes (2012-2020). El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información por no concurrir tales causas.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de San Asensio una relación de licencias de obras en calados desde 2012. El Ayuntamiento alegó que la solicitud requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que la información ya existe y no requiere un nuevo tratamiento complejo.
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