Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital un listado de titulaciones habilitadas para proyectos de ICT, las razones de interés general de dicha reserva y la normativa aplicable. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir dicha causa de inadmisión.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de San Roque la identificación de agentes policiales, informes sobre el uso de una plaza de movilidad reducida y los criterios de actuación policial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena facilitar el número de placa de los agentes, pero desestima el resto por inexistencia de documentos y necesidad de reelaboración.
Una persona solicitó a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo información sobre las convocatorias y accesos de un funcionario a diversos cargos. Tras una inadmisión inicial por reelaboración y carácter abusivo, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la ampliación de la solicitud y declara la terminación del proceso al haberse facilitado los enlaces al BOJA.
El ciudadano solicitó a la CRTVE las retribuciones de presentadores y comentaristas de Eurovisión (2000-2021). La administración concedió acceso parcial (2015-2021), inadmitiendo el periodo 2007-2014 por requerir reelaboración y falta de obligación de conservación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a entregar la información de 2007 a 2014.
La CGT solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre los Espacios de Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) y sus cesiones. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el acceso se dio fuera de plazo y tras la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Educación de Navarra información sobre la naturaleza jurídica (tasa o precio público) y la publicación en el BON de la matrícula de FP de su hijo. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, obligando a informar sobre el BON, pero desestima la consulta jurídica por exceder el derecho de acceso.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia información sobre contratos, número de vehículos, tarifas y pagos realizados a depósitos judiciales en Melilla. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de terceros y la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la apertura de audiencia a terceros y la entrega de datos de inventario.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el detalle de controles antidopaje de la AEPSD desde 2011. La administración denegó parcialmente alegando protección de datos, secreto de planificación e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información desde 2014 debidamente anonimizada, al considerar que los límites no justifican una denegación total y que procede la aplicación del principio de proporcionalidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Mijas información sobre la naturaleza pública y transitabilidad del camino 9028. El Ayuntamiento alegó que el solicitante ya conocía los datos y que se pedía un informe (reelaboración). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y obliga al Ayuntamiento a facilitar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el número de miembros activos de las Fuerzas Armadas y el número de aquellos que rechazaron la vacuna contra el COVID-19. El Ministerio facilitó el primer dato pero inadmitió el segundo por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificada la necesidad de reelaboración.
La CGT solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos sobre la ubicación, dimensiones y cesionarios del Patrimonio Sindical Acumulado. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información ya existe en bases de datos y su recopilación no constituye reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Forallac un listado detallado de licencias de obras mayores desde 2018. Tras presentar una reclamación por falta de respuesta, el Ayuntamiento entregó la información disponible automáticamente y denegó el resto por complejidad de elaboración. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que el solicitante manifestó estar satisfecho con la información recibida.
Una entidad ambientalista solicitó al Departamento de Interior información y actas de inspección sobre el Espacio de Interés Natural Platja de Torredembarra i Creixell. Tras alegar silencio administrativo y redefinir la solicitud a las actas de 2016-2021, la GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la Administración facilitó extemporáneamente la documentación requerida.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha copias de comunicaciones del Ayuntamiento de Marchamalo. La administración trasladó la solicitud al Ayuntamiento por ser el generador de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar correcta la aplicación del art. 19.4 de la LTAIBG.
El solicitante pidió a la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) las retribuciones de los presentadores de las galas de Nochebuena, Nochevieja y Campanadas (2000-2021). Tras un acceso parcial, el interesado alegó falta de información de 2007-2014 y de las galas de Nochebuena. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por insuficiencia de la respuesta.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior la relación de puntos de salida de pruebas de conducción en Zaragoza y su fecha de implantación. El Ministerio proporcionó la lista pero denegó las fechas por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificada la causa de inadmisión por reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el detalle de las gestiones y copia del expediente relativos a una instancia previa. El Ayuntamiento denegó la información alegando falta de documentación preexistente. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a informar sobre las gestiones realizadas siempre que no requieran una elaboración compleja.
Un periodista solicitó expedientes sancionadores ambientales de empresas petroquímicas (1975-2021) al DACAAR. La Administración inadmitió la solicitud por complejidad excesiva. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la denegación y ordenando retrotraer el procedimiento para que cada organismo implicado valore la admisibilidad de forma individual.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el listado detallado de donaciones de vacunas Covid-19, incluyendo costes y fechas de caducidad. La interesada alegó falta de motivación en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el coste de las vacunas está sujeto a cláusulas de confidencialidad de la Comisión Europea.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte datos detallados del Registro de profesionales taurinos (incluyendo sanciones, sexo y nacionalidad). El Ministerio concedió acceso parcial alegando reelaboración y abuso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir la solicitud de sanciones a las CCAA competentes.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de San Roque información sobre el cumplimiento de la normativa de protección de animales de compañía mediante una encuesta. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Níjar información sobre la protección de animales de compañía mediante una encuesta. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que no era información pública y que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar los datos.
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Sipe) solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la relación de ayudas del Fondo Social para estudios deportivos (2018-2021) incluyendo el centro de impartición. Tras una respuesta parcial, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a facilitar los datos ya que no constituye una reelaboración excesiva.
El ciudadano solicitó a Renfe Operadora el detalle de los controles de drogas y alcoholemia realizados a sus conductores desde 2011. Renfe denegó el acceso alegando falta de naturaleza pública, reelaboración, carácter abusivo y límites comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena remitir la solicitud al órgano competente.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre cuantías de productividad y gratificaciones del año 2020. La administración alegó no disponer de los datos por una reestructuración ministerial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a remitir la solicitud al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de A Coruña información detallada sobre la gestión de animales de compañía. Ante el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión de la Transparencia de Galicia. El organismo estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ayuntamiento acabó facilitando la información tras iniciarse el procedimiento de reclamación.
Una asociación solicitó a Augas de Galicia y a la Xefatura Territorial de Minas de A Coruña acceso a expedientes sobre la mina de Touro (proyectos de drenaje, restauración y sanciones). La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que gran parte de la información es de carácter ambiental y debe resolverse según la Ley 27/2006 y no por transparencia general.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Oleiros información sobre la gestión de animales de compañía mediante un cuestionario. Ante el silencio administrativo, el interesado reclamó ante la Comisión de la Transparencia de Galicia, que estimó la reclamación obligando al Ayuntamiento a responder a la solicitud.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos de absentismo médico (2019-2021) desglosados por centros y áreas. Alegó que la respuesta fue incompleta y no seguía criterios previos del CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar los datos por centros y tipo de personal, pero validando la reelaboración para el desglose por áreas.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública copia de la comunicación de cambio de titularidad por herencia de un inmueble al Ayuntamiento de Tomelloso. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por existir normativa específica catastral.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona copia de un expediente y el detalle de gestiones realizadas sobre una instancia. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando que no preexistía documentalmente. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a informar sobre las gestiones, ya que la preexistencia se refiere a la información y no necesariamente a su formato documental.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Palafolls información y documentos sobre limpieza y desbroce de parcelas. Tras una denegación parcial y la desestimación de un recurso de reposición, la GAIP intervino. El Ayuntamiento acabó entregando la información solicitada durante el proceso, por lo que la GAIP resolvió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto.
Un periodista solicitó a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) expedientes sobre contaminación del agua por industrias químicas en Tarragona desde 1975. Tras alegaciones de la ACA y de empresas afectadas sobre la complejidad y protección de datos, la GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a permitir la consulta de los expedientes, aunque excluyendo datos personales de personas físicas.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Granada el expediente íntegro de un curso, incluyendo presupuesto y facturas. El solicitante alegó que la información remitida era insuficiente y excesivamente anonimizada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar más documentos del expediente.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el acta de un concurso específico donde constaran las puntuaciones de todos los participantes. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno declaró la inadmisión de la reclamación por no ser competencia del Consejo, al tratarse de un procedimiento administrativo en curso.
El ciudadano solicitó a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha copias de acuerdos de entidades locales sobre plazas de arquitectos funcionarios desde 2016. El Ministerio alegó que la información requeriría una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificada la causa de inadmisión por reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte datos detallados sobre escuelas taurinas, sus CIFs, ubicaciones y sanciones. El Ministerio accedió parcialmente alegando falta de datos y competencias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando al Ministerio a facilitar la ubicación de las escuelas si dispone de ella.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose detallado de recompensas a empleados penitenciarios desde 2011. Tras una respuesta parcial, el interesado alegó que la información es accesible y no vulnera la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una acción previa de reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose detallado de expedientes disciplinarios a personal penitenciario desde 2011. El Ministerio facilitó solo datos numéricos globales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración de la información, ya que no existe una base de datos con dicho detalle.
Un ciudadano solicitó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea información detallada sobre la contratación y gestión de pacientes COVID-19 en tres clínicas privadas. El organismo inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho y protección de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los expedientes de contratación y datos de pacientes.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Educación de Navarra datos detallados y calificaciones desglosadas de una oposición de profesorado. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información desglosada por materia y las notas individuales de los tribunales, aunque deniega los datos de edad por requerir reelaboración.
Un ciudadano solicitó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 75 documentos (informes, análisis y propuestas) de Técnicos de Gestión Sanitaria para preparar una oposición. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación contra la inadmisión inicial, considerando la petición abusiva y que requiere una reelaboración de información.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno información detallada sobre los costes, expertos y presupuesto del Plan 2050. La interesada alegó falta de respuesta en plazo y enlaces incorrectos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación únicamente por motivos formales, debido a que la Administración respondió fuera del plazo legal.
El solicitante pidió al CSIC protocolos de actuación vírica en buques, un informe jurídico y la justificación sobre el consentimiento informado de vacunación. Ante la falta de respuesta y posterior denegación formal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al organismo a entregar la información por no concurrir causas de inadmisión.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el desglose detallado de millones de registros de citas sanitarias (fecha, modo de solicitud, tipo de cita, centro, edad, sexo, etc.). La administración alegó que la información no existe de forma unificada y requiere una reelaboración masiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir la causa de reelaboración.
La parte reclamante solicitó el número de fallecimientos por COVID-19 o sospecha de coronavirus en hospitales de la red pública madrileña. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid alegó que obtener el detalle solicitado requiere un análisis de historias clínicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla una solicitud de reelaboración.
La reclamante solicitó datos estadísticos sobre citas de atención primaria (médico, enfermería, especialista) para 2018 y 2019. La Comunidad de Madrid aportó información parcial pero omitió los datos de población atendida por municipio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación e insta a la administración a facilitar dicha información faltante.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el desglose de pacientes ingresados por COVID-19 en las UCI de hospitales públicos madrileños desde febrero de 2020. La administración alegó que obtener el detalle requiere una labor de análisis y cruce de datos no existente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información requiere reelaboración.
Se solicitó a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública un registro anonimizado de pacientes que hayan recibido ansiolíticos u opioides en la última década. La administración inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos. Tras la reclamación, la Conselleria accedió a facilitar la información, lo que provocó que el Consejo de Transparencia declarara la pérdida de objeto.
Se solicitó al Servicio de Política Forestal de Guadalajara el listado de parcelas aportadas por el Ayuntamiento de Almoguera al Consorcio GU 3.149. El interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por falta de respuesta. El CTBG desestima la reclamación al considerar que la Administración ya facilitó la información oficial disponible en vigor.
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