Reclamación contra el SAE por denegación de información sobre personal directivo y retribuciones, resuelta con estimación parcial

RESOLUCIÓN 486/2022, de 12 de julio Artículos: 15 y 22.3 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 682/2021 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 25 de noviembre de 2021, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 23 de octubre de 2021, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Personal Directivo (Art. 42 de sus Estatutos) 1º.- Identificación de los Puestos de Trabajo Directivos regulados en el art. 42 Estatutos de la Agencia conforme a la RPT de la Consejería. 2º.- Identidad de las personas que ocupan estos Puestos Directivos. 3º.- Previa disociación, en su caso, de los datos especialmente protegidos, facilite copia de sus contratos como Personal Laboral de Alta Dirección (Art. 13 Estatuto Básico del Empleado Público). 4º.- Retribuciones íntegras abonadas en 2020. 5º.- Relación de los méritos y capacidades concurrentes en las personas designadas como directivos. 6º.- BOJA de publicación de las Convocatorias para proveer estos puestos de trabajo” 2. La entidad reclamada contestó la petición el 22 de noviembre de 2021 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “PRIMERO.- Conceder el acceso a la información pública requerida en la solicitud SOL [nnnnn] PID@, [nnnnn] [nnnnn] PID@, tramitada a instancias de D. [nombre y apellidos], con DNI [número de DNI] , en función de lo expuesto en los FUNDAMENTOS DE DERECHO TERCERO y QUINTO, informando que: Mediante Decreto 165/2021, de 11 de mayo, se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo (BOJA, núm. 91, 14 de mayo de 2021): https://juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00007-8168-01_00192052.pdf A partir de esta publicación, en la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo se establece como estructura organizativa necesaria para atender las líneas transversales de actividad, la Secretaría General y la Coordinación de la Dirección Gerencia, correspondientes a puestos de trabajo directivos según RPT. Puede consultarla en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/funcionamiento/puestos- trabajo.htmlpagina=7&organismo=SERVICIO%20ANDALUZ%20DE%20EMPLEO Teniendo en cuenta lo anterior, no existen contratos laborales de alta dirección para el desempeño de los mencionados puestos, ya que la ocupación de los puestos de trabajo directivos previstos en RPT se realiza mediante nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por el mismo razonamiento, no hay mérito o capacidad, sino requisitos que se detallan en las convocatorias publicadas en el BOJA. A continuación se relacionan los documentos BOJA por los que se convocan los puestos y se adjudican los mismos a las personas funcionarias designadas: - Coordinación de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo: • Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante (BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2019): https://juntadeandalucia.es/boja/2019/202/BOJA19-202-00002-15287-01_00163534.pdf • Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación (BOJA núm. 234, de 4 de diciembre de 2019): https://juntadeandalucia.es/boja/2019/234/6.html • Modificación denominación del puesto de Coord. Régimen Jurídico y Patrimonial (cód. 9716610) a Coordinación Dirección Gerencia (cód. 9716610) que se llevó a cabo con la modificación de RPT publicada en mayo de este año, tal y como se refleja en la página 346 del mencionado BOJA, núm. 91, 14 de mayo de 2021: https://juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00007-8168-01_00192052.pdf - Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo: • Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2021): https://juntadeandalucia.es/boja/2021/96/BOJA21-096- 00002-8665-01_00192544.pdf • Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación (BOJA núm. 118, 22 de junio de 2021): https://juntadeandalucia.es/boja/2021/118/6 Por lo que se refiere al importe de las retribuciones íntegras abonadas en 2020, el coste estimado puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/funcionamiento/puestos-trabajo.html fd=&busqueda=&organismo=SERVICIO+ANDALUZ+DE+EMPLEO&centro_directivo=DIRECCI %C3%93N+GERENCIA&cdce=30&grupo=&modo_acceso=&categoria_prof=&titulacion_exigida=&buscar=Busc ar De igual manera se informa que las retribuciones están publicadas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio. En el siguiente enlace puede consultar la Ley de Presupuesto de Andalucía para 2020 y las retribuciones del personal funcionario, en su artículo 17: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1068 SEGUNDO.- Cerrar y archivar el expediente EXP- [nnnnn] PID@ en el sistema de tramitación telemática PID@. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica: “Recibida la respuesta que se adjunta, la presente reclamación se circunscribe al importe de las retribuciones íntegras abonadas en 2020, ya que el enlace facilitado por el SAE arroja 39.195 resultados obligando al interesado a realizar una labor de búsqueda que fácilmente se evitaría facilitando la información concreta interesada. Asimismo, el organismo destinatario de la solicitud facilita el enlace del BOE a fin de que el interesado consulte el art. 17 de la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2020 (retribuciones del personal funcionario) obviando que dicho precepto omite tanto la cuantía del complemento específico como del complemento de productividad, se refiere genéricamente a las retribuciones de los funcionarios y, en consecuencia, no se responde a la solicitud de información concreta relativa a las retribuciones percibidas por los titulares de los dos órganos administrativos directivos (Coordinación de la Dirección Gerencia y Secretaría General)” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 29 de noviembre de 2021 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 1 de diciembre de 2021 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 20 de diciembre de 2021 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En el informe de alegaciones que se incluye se indica: En la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, de fecha 22 de noviembre de 2021, objeto de la presente reclamación, enviada al interesado para dar cumplida respuesta a la solicitud de información publica, se acuerda conceder el acceso a la información pública requerida, para lo que se facilita al interesado la denominación de las normas jurídicas que darían respuesta a cada uno de los seis apartados detallados en su solicitud, así como el enlace donde puede consultar el contenido pormenorizado de las mismas. En este sentido, señalar que el articulo 105 de la Constitución Española y el texto articulado de la Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, configuran el derecho de acceso a la información pública del que son 'titulares todas las personas. Asimismo, el articulo 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía pretende fomentar la calidad de la democracia facilitando la participación de todas las personas andaluzas en la vida política. para lo cual se aprueba la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en desarrollo de la normativa básica estatal. En virtud de estas normas se fundamenta la información remitida al interesado mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en cuanto que: 1.- El objeto de la citada Ley 1/2014, de 24 de junio, conforme a lo dispuesto en su articulo 1, consiste en servir de “instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. Asimismo, en su articulo 7.b) establece el derecho de acceso a la información pública, entendida en los términos del artículo 2.a) del mismo texto legal como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que abren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaboradas o adquiridas en el ejercicio de sus funciones". Así pues, a la vista de estos preceptos, y en concreto de la definición del concepto de información pública, resulta que la petición del solicitante versa sobre pretensiones propias de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, por lo que se le han facilitado todos los contenidos y documentos requeridos en formato digital. 2.- Según lo dispuesto en el Criterio interpretativo Cl/009/ 2015, apartado 2.ll.4., “LJ el art/culo 22.3 de la LTAIBG reg/la el supuesto genérico de que la información solicitada vía derecho de acceso haya sido objeto de publicación previa, supuesto que, indudablemente incluye la publicación de esa información en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. En este sentido, señala que la resolución podrá limitarse a indicar el lugar o medio en que esta se ha publicado. Así resulta evidente que los redactores de la LTAIBG están admitiendo implícitamente la tramitación de un procedimiento de acceso referido a una información sometida al régimen de publicidad activa, introduciendo para estos casos la posibilidad (no la obligación) de que la resolución del mismo se limite a indicar el lugar o medio de publicación que, en todo caso, deberá ser objeto de una referencia explícita y determinada, no de una simple indicación general y así se ha facilitado la información en la Resolución de la Dirección Gerencia de 22 de noviembre de 2021 en la que se ofrece el enlace que da acceso a las retribuciones publicadas, permitiendo acotar la información por código de puesto, que también se indica específicamente en dicha Resolución, para cada uno de los dos órganos administrativos directivos respecto de los que se solicita la información. 3.- Asimismo, en relación con el detalle concreto de las retribuciones percibidas en 2020 por las personas titulares de los dos órganos administrativos directivos, la Coordinación de la Dirección Gerencia y la Secretaria General, se ha seguido el Criterio interpretativo CI/001/2015 sobre Alcance de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la información pública sobre sus RPT y las retribuciones de sus personas empleadas o funcionarias, que en su apartado 2 C] señala que, "En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en computo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter persona/ especia/mente protegidos en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal", motivo por el cual se le ha facilitado la información en formato digital, que permite el acceso en términos generales a la vez que íntegros. sin más detalle por la especial protección de los datos de carácter especial. A mayor abundamiento. el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe expreso a instancias del interesado y, sin embargo, así resulta de la petición del solicitante que versa sobre pretensiones para cuya divulgación seria necesaria una acción previa de reelaboración [Criterio interpretativo CI/007/2015 sobre Causas de inadmisión de solicitudes de información relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración (artículo 18.1.c) de Ia Ley 19/2013]. A tal efecto, y en virtud de lo expuesto, Ia RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA, DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, POR LA QUE SE CONCEDE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA EN LA SOLICITUD SOL [nnnnn] --PID@, A INSTANCIAS DE [nombre y apellidos], EN EL EXPEDIENTE EXP- [nnnnn] -PID@ debe ser confirmada en todos sus términos, por estar plenamente ajustada a derecho. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. c) LTPA, al ser la entidad reclamada una agencia de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 22 de noviembre de 2021, y la reclamación fue presentada el 25 de noviembre de 2021, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la petición fue el siguiente: “Personal Directivo (Art. 42 de sus Estatutos) 1º.- Identificación de los Puestos de Trabajo Directivos regulados en el art. 42 Estatutos de la Agencia conforme a la RPT de la Consejería. 2º.- Identidad de las personas que ocupan estos Puestos Directivos. 3º.- Previa disociación, en su caso, de los datos especialmente protegidos, facilite copia de sus contratos como Personal Laboral de Alta Dirección (Art. 13 Estatuto Básico del Empleado Público). 4º.- Retribuciones íntegras abonadas en 2020. 5º.- Relación de los méritos y capacidades concurrentes en las personas designadas como directivos. 6º.- BOJA de publicación de las Convocatorias para proveer estos puestos de trabajo” La respuesta no satisfizo a la persona reclamante, alegando en la reclamación la indebida remisión a un buscador de puestos de trabajo y la falta de remisión de información completa sobre las retribuciones. Esta resolución versará por tanto de estos aspectos reclamados. 2. En relación con la aplicación del artículo 22.3 LTAIBG, este Consejo mantiene una reiterada doctrina que exige que la remisión sea lo más precisa posible: “… en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica a portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Esta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y leve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsqueda» (entre otras muchas, Resoluciones 33/2016, FJ 4º; 123/2016, FJ 3º; 100/2017, FJ 5º)”. La entidad reclamada proporcionó un link con el que acceder a un buscador, desde el cual proceder a la búsqueda de la información de dos puestos de trabajo. Si bien la entidad no proporcionó unas instrucciones o la ruta a seguir para acceder a la información, debemos tener en cuenta que el objeto de la petición de información no estaba referido a estos puestos, sino a aquellos puestos de trabajo con condición de personal directivo. A esta pregunta, la entidad responde de la inexistencia de estos puestos (“...no existen contratos laborales de alta dirección para el desempeño de los mencionados puestos...”), si bien le informa añadidamente de dos puestos de trabajo que podrían tener las características de esta tipología laboral por ocupar los niveles más alto del escalafón en la Dirección Gerencia. Y pese a la remisión genérica al buscador, la entidad también proporciona varios enlaces a las convocatorias y adjudicaciones de los puestos, en las que se puede encontrar la información a la que podría haber tenido acceso a través de la localización de los puestos en el buscador de puestos de trabajo. Por ello, y pese a que podría haber sido recomendable explicar el procedimiento de búsqueda, este Consejo no puede considerar que la entidad reclamada no haya concedido la información solicitada, pues junto al link, incluyó la información a la que podría acceder a través del buscador. Procede por tanto la desestimación de este extremo de la reclamación. 3. En relación con las retribuciones íntegras de 2020 de los dos puestos de trabajo (Secretaría General y Coordinación Dirección Gerencia) la entidad proporcionó un enlace a la Ley de Presupuestos de 2020 y a la relación de puestos de trabajo. La persona reclamante alega que “dicho precepto omite tanto la cuantía del complemento específico como del complemento de productividad, se refiere genéricamente a las retribuciones de los funcionarios y, en consecuencia, no se responde a la solicitud de información concreta relativa a las retribuciones percibidas por los titulares de los dos órganos administrativos directivos”. Este Consejo coincide con el reclamante que la información facilitada no respondía a su petición, si bien hemos de aclarar que la información está referida a las dos personas funcionarias que ocupan los dos puestos de trabajo de los que se le informó anteriormente. Efectivamente, la información proporcionada permitiría conocer las retribuciones de los puestos de trabajo, pero no de aquellas retribuciones vinculadas a la persona que lo ocupa, como la retribución por productividad o el complemento por antigüedad. Este Consejo ya ha tenido ocasión de destacar en diversas resoluciones la relevancia de la apertura a la ciudadanía de la información referente a la gestión de recursos humanos en la esfera pública. En este ámbito, ciertamente, como sostuvimos en el FJ 5º de la Resolución 32/2016: “las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad” (asimismo, entre otras, las Resoluciones 115/2016, FJ 4º; 122/2016, FJ 3º y 113/2017, FJ 4º). Resulta, en efecto, incuestionable el “interés que tiene la opinión pública en conocer qué personas, y a través de qué medios, ejercen su actividad en o para la Administración y, con ello, saber cómo se emplean los fondos públicos destinados al mantenimiento del personal a su servicio” (Resolución 75/2016, FJ 4º).” Y sobre la cuestión del acceso a la productividad de empleados identificados nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones (por todas, la Resolución 210/2022).. Y, habida cuenta de que la “productividad” es un concepto retributivo vinculado a la persona que ocupa el puesto, estos casos suscitan por naturaleza el problema de conciliar el derecho de acceso con el derecho a la protección de los datos personales de los afectados. El punto de partida para la elucidación de estas controversias es, por consiguiente, el artículo 26 LTPA, que dice así: “De conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ”. Se trata, como es palmario, de una norma de remisión dinámica, por lo que la referencia a la Ley Orgánica 15/1999 ha de entenderse efectuada a la actualmente vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). Como es sabido, las relaciones entre el derecho de acceso a la información y el derecho fundamental a la protección de datos se regulan en el artículo 15 LTAIBG. El referido artículo configura un régimen más o menos estricto de acceso a la información en función del mayor o menor nivel de protección del que disfruta el específico dato cuya divulgación se pretende. El máximo nivel de tutela se proporciona a las categorías especiales de datos mencionadas en el primer párrafo del artículo 15.1 LTAIBGD -ideología, afiliación sindical, religión y creencias-, toda vez que “el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso”. Inmediatamente después en lo relativo a la intensidad de la garantía se encuentran los datos especialmente protegidos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 15.1 LTAIBG (origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor), ya que “el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley”. En un segundo nivel de protección, el artículo 15.2 LTAIBG incluye los datos personales meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano interpelado, para lo que establece una regla general de accesibilidad, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Para el resto de datos personales (artículo 15.3 LTAIBG), la Ley establece una regla general de ponderación de los intereses en juego, a la que añade cuatro criterios de interpretación para aplicar a esa ponderación. Entre estos criterios, se encuentra el de “La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad Ahora bien, en la medida en que los datos personales que suelen aparecer en la información concerniente a la “productividad” no son reconducibles a las mencionadas categorías especiales de datos, cuya divulgación — como hemos visto— exigiría el previo consentimiento del afectado o que estuviese amparada por una norma con rango de ley, habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 15.3 LTAIBG: “Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.” Pues bien, a la hora de examinar la corrección de la ponderación ex art. 15.3 LTAIBG efectuada por las Administraciones interpeladas, este Consejo ha venido habitualmente resolviendo estos asuntos concernientes al complemento de productividad a la luz del Criterio Interpretativo conjunto 1/2015, de 24 de junio, formalizado entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, relativo al “Alcance de las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), catálogos, plantillas orgánicas, etc. y las retribuciones de sus empleados o funcionarios” (véanse, por ejemplo, las Resoluciones 70/2018, 352/2018 y 88/2019). A este respecto debemos señalar que, aun cuando no sean jurídicamente vinculantes para este Consejo, los criterios interpretativos emanados del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno constituyen, ciertamente, un notable auxilio hermenéutico para abordar la resolución de los casos concretos, y de hecho a ellos hemos recurrido en algunas de nuestras Resoluciones con el objeto de reforzar nuestras argumentaciones. Y, como es obvio, resulta asimismo pertinente invocar con tal alcance los Criterios Interpretativos conjuntamente acordados entre dicho Consejo y la Agencia Española de Protección de Datos tendentes a encauzar cómo opera el derecho a la protección de datos personales como límite de la transparencia. Todo ello sin olvidar — como señala literalmente el propio Criterio Interpretativo 1/2015 en su encabezamiento— que su ámbito de aplicación se proyecta al “alcance de las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal”; y que, según se reconoce en sus Antecedentes, “los criterios interpretativos fijados por los dos organismos mencionados han de entenderse de forma suficientemente flexible y genérica en su aplicación a los distintos supuestos concretos que pudieran plantearse, ya que el análisis de las circunstancias concurrentes en el caso es decisivo para la aplicación de los criterios”. Comoquiera que sea, de conformidad con las pautas trazadas en el citado Criterio Interpretativo 1/2015, hemos venido sosteniendo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué cantidades percibe en concepto de productividad un empleado público que desempeñe un puesto no directivo de libre designación de nivel 30, 29 o 28, o equivalentes, puesto que en estos supuestos el interés público en la divulgación de esta información debe prevalecer, con carácter general, sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal. Argumento que resulta extensivo a los puestos de personal eventual entre los mismos niveles, así como al personal directivo, con la única excepción de que alguna persona de dicho colectivo se encuentre en una situación de especial protección (p. ej. víctima de violencia de género o persona sujeta a amenaza terrorista) que desaconseje que se revele su identidad. Y en lo concerniente al resto de empleados públicos no incluidos en el grupo anterior, es decir, aquellos que ostenten puestos inferiores a nivel 28 o equivalentes, ha venido entendiendo este Consejo con alcance general que ofrecer la información sobre lo percibido individualmente en concepto de productividad supondría un sacrificio excesivo de la privacidad del servidor público concernido. 4. La aplicación de esta doctrina al caso analizado conduce a estimar esta parte de la reclamación. Y es que los dos puestos de trabajo de los que se proporciona información son puestos de libre designación de nivel 30, por lo que ocupan el lugar más alto en la jerarquía de la entidad reclamada. Esta posición implica un mayor interés público en el acceso a esta información en menoscabo de su derecho a la protección de datos. Por tanto, procedería conceder el acceso a las todas retribuciones íntegramente percibidas durante 2020 por las personas que ocuparon el puesto en cuestión, incluyendo tanto las vinculadas al puesto de trabajo como a la persona que lo ocupa. La información, siguiendo el Criterio Interpretativo, se facilitará en cómputo anual y en bruto, sin incluir deducciones o desglose por concepto. 5. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan versea afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG (las personas titulares de los puestos en 2020). Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Por tanto, constatada la inobservancia de lo previsto en el citado art. 19.3 LTAIBG en el procedimiento de resolución de la solicitud por parte de la entidad reclamada, procede retrotraer el procedimiento, con base en el artículo 119.2 LPAC, al momento en que se conceda el citado trámite de alegaciones a quien pueda resultar afectado por la información solicitada, y seguir la tramitación correspondiente hasta dictar resolución expresa. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta. La entidad reclamada deberá retrotraer el procedimiento en los términos del Fundamento Jurídico Cuarto, cuarto apartado, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Desestimar la reclamación en lo que corresponde a la petición incluida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.