Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las reventas de vacunas contra la Covid-19 a terceros países (precios, fechas, dosis, etc.). Tras una respuesta parcial de la AEMPS, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de los precios por estar sujetos a cláusulas de confidencialidad de los acuerdos europeos.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las donaciones de vacunas COVID-19 vía mecanismo Covax, incluyendo costes. La AEMPS denegó el coste por confidencialidad y la fecha de caducidad por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la confidencialidad de los costes debido a los acuerdos con la Comisión Europea.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior información sobre mejoras en infraestructuras y renovación del parque automovilístico de la Guardia Civil (2015-2025). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar justificada dicha inadmisión debido a la dispersión de los datos.
Un representante de los trabajadores solicitó al Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines actas de valoración de puestos, el organigrama y datos de personal temporal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando inexistencia de documentos o fase de elaboración. La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por ser datos que posee o puede exigir a su consultora.
El solicitante pidió información económica y administrativa sobre el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2007-2020) a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Tras una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos presupuestarios y actas decisorias, aunque desestima peticiones de actuación material y datos que requerirían reelaboración.
El interesado solicitó a la Universidad de La Rioja datos detallados sobre la contratación por urgencia para el curso 2021/2022. La Universidad inadmitió parte de la solicitud alegando la necesidad de una reelaboración compleja de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la tarea no era compleja y que la información es pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Asensio copia de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (máximo 5 por año). La administración alegó que la solicitud requería una reelaboración excesiva, era abusiva y conculcaba derechos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y su entrega es razonable.
El solicitante pidió a la Universidad de La Rioja detalles sobre contratos de urgencia del curso 2021/2022. La UR denegó parcialmente el acceso alegando que requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la tarea es una reelaboración básica y no compleja dado el bajo número de contratos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Asensio copias de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (máximo 5 por año). El Ayuntamiento alegó arbitrariedad en la selección, necesidad de reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a entregar la información.
La reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha las autorizaciones de contratación de CMMedia entre enero y octubre de 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración.
Se solicitó información técnica y urbanística (coordenadas, justificaciones de alineación y normativas de cesión) al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. El reclamante alegó silencio administrativo y falta de claridad. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información solo si consta de forma evidente sin necesidad de elaboraciones.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Àger escrituras notariales y documentos privados. El Ayuntamiento accedió a las escrituras pero denegó los documentos privados alegando carga de trabajo inasumible. La GAIP estima parcialmente la reclamación y ordena retroactuar el procedimiento para que el Ayuntamiento requiera al solicitante la concreción de la segunda petición.
La reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha las autorizaciones de contratación de CMMedia entre enero y octubre de 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de recopilación y ordenación que constituye reelaboración.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Salud el desglose diario de pacientes con COVID-19 ingresados en UCI y hospitales, incluyendo edad y estado vacunal. El SAS denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía terminó el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que el SAS entregó la información durante la tramitación.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el número de pacientes en lista de espera quirúrgica para el GRD APR nº 403 (obesidad) y los procedimientos realizados entre 2019 y 2021. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por considerarse que la información requiere una reelaboración de los datos.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Chipiona diversas certificaciones sobre actas y expedientes de demolición urbanística. El Ayuntamiento denegó parte de la solicitud por considerarla desproporcionada y afectar a datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque solicitar certificaciones no es acceder a información pública preexistente.
Una periodista solicitó al Departament d'Educació el número de profesorado interino desde 2006. Alegó que no se le facilitó la información de 2015 en adelante bajo la excusa de que estaba en fase de elaboración. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2015 en adelante en los cinco días siguientes a su elaboración, sin esperar a su publicación web.
Se solicitó a la Consellería de Política Social de Galicia la base de datos utilizada para el informe sobre el impacto del COVID-19 en centros sociosanitarios. La administración inadmitió la petición alegando que la base de datos no existía en su poder y requeriría reelaboración. La Comisión da Transparencia estima la reclamación y ordena remitir la solicitud a la Universidad de Santiago de Compostela.
Se solicitó a la Consellería de Sanidade de Galicia un informe sobre el número de personas vacunadas con COVID-19 y el número de reinfecciones. El solicitante alegó que la administración disponía de los datos y que la inadmisión no estaba motivada. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación porque la información requerida exige una reelaboración de datos brutos.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidade de Galicia el número total de casos de covid-19 por municipio. La administración denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de la información. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, instando a la entrega de los datos al no justificarse la causa de inadmisión.
Se solicitó a la Consellería de Sanidade el número de fallecidos por covid-19 por municipio en Galicia. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que no se justifica la causa de inadmisión yWere insta al organismo a proporcionar los datos.
Un ciudadano solicitó a la Consellería de Sanidade de Galicia la justificación científica de una afirmación sobre riesgos nocturnos en una Orden de 2021. El solicitante alegó que no era información auxiliar. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación porque la solicitud requería la elaboración de un informe a medida, lo cual es causa de inadmisión.
Una persona solicitó a la Diputación Provincial de Cádiz el desglose de gastos y facturas de las asignaciones económicas de los grupos políticos (2015-2020). La entidad remitió solo al portal de transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información y requerirla a los grupos políticos.
El reclamante solicitó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía resoluciones sobre el pago de intereses de demora desde 2012. Tras una resolución previa del Consejo que obligó a buscar la información, la Agencia informó de su inexistencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación al acreditarse la diligencia en la búsqueda.
La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el número de procedimientos realizados por hospitales del SERMAS a pacientes de la Fundación Jiménez Díaz (2015-2020). El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por requerir una reelaboración compleja de la información.
La Associació de Mercats Municipals de la Comunitat Valenciana solicitó al Ajuntament de València información detallada sobre Mercavalència (empleados, contratos, gastos, balances, etc.) desde 2015. El organismo de transparencia (Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana) estima parcialmente la reclamación: deniega la información que contiene datos personales por proteger la privacidad, pero reconoce el derecho de acceso a las despesas de representació.
Un regidor del grup municipal socialista de Santa Pola reclamó ante el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana la falta de respuesta satisfactoria a varias solicitudes de acceso a la información municipal. El organismo estimó parcialmente la reclamación, ordenando al Ayuntamiento proporcionar la información de dos expedientes pendientes y declarando la pérdida de objeto de otros tres.
Se solicitó al Departament d'Educació el expediente y todas las comunicaciones relacionadas con la SAIP 1863/2021. La Administración denegó el acceso a correos internos y mensajes de WhatsApp por considerarlos informales o privados. La GAIP estima la reclamación, dictaminando que el soporte (email o WhatsApp) no anula el carácter público de la información si está en poder de la Administración.
Se solicitó al Departament d'Educació la documentación de cursos de formación del curso 2016-2017. El reclamante alegó falta de documentación y solicitó justificantes de su destrucción. La GAIP estima parcialmente la solicitud para información digital, desestima la impresa por complejidad de elaboración y declara pérdida sobrevenida de la información ya entregada o destruida.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Lucena acceso y consulta de los archivos históricos y administrativos de la Policía Local para un estudio. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la solicitud era demasiado genérica y el interesado no concretó los documentos deseados tras el requerimiento de subsanación.
El solicitante pidió copias de los exámenes y criterios de corrección de las oposiciones docentes de 2019 a la Generalitat Valenciana. La administración inicialmente denegó el acceso alegando una tarea compleja, pero posteriormente facilitó la información vía correo electrónico. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la solicitud.
Se solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport informes técnicos, autorizaciones y cartografía sobre la ampliación de la autovía A-7 y su impacto en un Bien de Interés Cultural. Ante la falta de respuesta, el recurrente presentó reclamación. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la demanda, reconociendo el derecho a los tres primeros puntos pero desestimando la aclaración jurídica solicitada.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat el inventario de bienes inmuebles según el art. 20 RBEL. El reclamante alegó que la información pública disponible era incompleta. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a dar acceso presencial a datos de dirección, destino y rentas, pero inadmite el valor catastral por no ser congruente con la solicitud original.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sallent el Libro Mayor de Cuentas (2006-2020). El Ayuntamiento alegó que era una tarea compleja por el volumen de datos. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante, el cual no contraviene el ordenamiento jurídico.
Se solicitó al INEFC de Catalunya la entrega de un informe de anulación de convocatoria con firma electrónica o digitalización del original. El reclamante alegó que la copia recibida carecía de validez jurídica. La GAIP desestimó la reclamación porque el documento original estaba firmado manualmente y el derecho de acceso no obliga a crear nuevos documentos modificando la firma original.
El reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha copias digitales de acuerdos de entidades locales sobre la cobertura de plazas de arquitecto desde 2016. La administración denegó el acceso por ser una solicitud abusiva y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo.
Se solicitó a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad la fecha de vencimiento de autorizaciones para máquinas recreativas en Tenerife. El solicitante alegó que aglutinar información dispersa no es reelaboración. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la falta de tratamiento informático obligaría a un análisis manual de 2.619 expedientes.
El reclamante solicitó copias digitales de comunicaciones de entidades locales sobre la aprobación o nombramiento de arquitectos funcionarios en Castilla-La Mancha desde 2016. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Carboneras información sobre los criterios para no anular la licencia de obras del hotel El Algarrobico y el coste económico de no demolerlo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de motivación y falta de rigor en la búsqueda.
Se solicitó al Servicio Galego de Saúde el acceso a informes y dictámenes sobre el reequilibrio económico de sus contratos. Tras el silencio administrativo, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no resolvió en plazo y la resolución expresa posterior fue emitida cuando la reclamación ya estaba interpuesta.
Se solicitó al Concello de Monforte de Lemos copia de las pólizas de seguros de vida y accidentes de sus trabajadores (2016-2021). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la necesidad de reelaborar la información. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que la búsqueda de expedientes no constituye una reelaboración.
Se solicitó a la AEAT información sobre un contrato de software, pliegos técnicos y datos de altos cargos. El solicitante alegó falta de respuesta y errores en los enlaces proporcionados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la AEAT respondió fuera de plazo y solo tras la intervención del Consejo.
El solicitante pidió a la AEAT información sobre un contrato de software, pliegos técnicos y datos patrimoniales de altos cargos. Tras una respuesta parcial y deficiente, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la AEAT respondió fuera de plazo y solo tras la intervención del Consejo.
El interesado solicitó a la AEAT información sobre altos cargos, pliegos técnicos y posibles conflictos de intereses relacionados con un contrato de servicios de Microsoft. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. El organismo estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió extemporáneamente, aunque entregó parte de la información solicitada.
La solicitante pidió datos de recaudación de tasas de patentes al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La OEPM inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. Tras la reclamación, la administración facilitó la información pero fuera de plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información sobre el seguimiento de un proyecto de uso de un edificio público por una entidad juvenil. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que eran notas internas sin relevancia y que su recopilación era compleja. La GAIP estima la reclamación, determinando que el control de bienes públicos tiene interés social y que la dispersión de los datos no justifica la denegación.
Dos herederos solicitaron al Departamento de Educación datos detallados sobre expedientes de devolución de pagas de 2014. Alegaron silencio administrativo estimatorio ante la demora. La GAIP desestima parcialmente la reclamación por concurrir una causa de inadmisibilidad (carga de trabajo desproporcionada) y posible abuso de derecho, y declara pérdida de objeto parcial.
Se solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya el acceso a actas de un centro educativo y programaciones didácticas. El reclamante alegó que la información ya existía y no requería elaboración. La GAIP desestimó la reclamación, validando la inadmisión por requerir una tarea compleja de elaboración y recopilación.
El Sindicato ACAIP solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual y por centros de retribuciones devengadas en 2021 según la Instrucción 11/2019. La administración denegó el desglose alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar insuficiente dicha justificación y por falta de motivación al apartarse de criterios previos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yebes copias de expedientes de contratación de letrados y resoluciones de procedimientos urbanísticos. El Ayuntamiento alegó secreto profesional, intereses económicos y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los expedientes de contratación pero desestimando el acceso a los urbanísticos por considerarlos abusivos.
1801–1850 de 3314