Acceso a información sobre denuncias de seguridad vial incoadas por el Ayuntamiento de Alcorcón en 2021

Resolución: RDA130/2022 Nº Expediente de la Reclamación: RDACTPCM032/2021 Reclamante: Administración reclamada: Ayuntamiento de Alcorcón. Información reclamada: Denuncias incoadas por el Ayuntamiento durante los diez primeros meses de año 2021. Sentido de la resolución: Desestimación. ANTECEDENTES PRIMERO. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 29 de octubre de 2021, el Sr. Don , solicita del Ayuntamiento de Alcorcón la siguiente información: Denuncias incoadas por el Ayuntamiento de Alcorcón durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2021 relativas a la seguridad vial. En concreto solicita infracción cometida, fecha de la denuncia y ubicación (calle y número de coordenadas) donde se cometió la infracción. SEGUNDO. El Ayuntamiento de Alcorcón resuelve el 29 de noviembre de 2021 desestimar la solicitud de información por dos motivos. El primero porque: El programa a través del cual se gestionan las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial no dispone de una opción que permita extraer tal información, lo que determina que, para facilitar la misma, sería necesaria una acción de reelaboración que requeriría el tratamiento manual de todas y cada una de las infracciones cuya información solicita el Sr. dándose la circunstancia, de que tal tratamiento, supondría una severa ralentización de los trabajos administrativos que se vienen realizando. Por tanto, la información ahora solicitada, de forma añadida, requeriría, una puesta a disposición ad hoc de medios personales municipales incompatibles con la norma desempeño de las tareas asignadas, que provocaría desatender el funcionamiento ordinario de los servicios. El segundo, porque: (…) la solicitud es reiterativa de otras varias presentadas en el pasado. La solicitud formulada por el ciudadano reproduce, con periodos distintos, otra que se solicitó el pasado mes de marzo del corriente, que resultó inadmitida y que tras ser reclamada dio lugar a la Resolución de desestimación de la reclamación en virtud del artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 16 de agosto de 2021 (RT 0338/21). TERCERO. Con fecha 7 de diciembre de 2021, el Sr. presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid alegando que: No hay motivos para inadmitir su solicitud pues, en abril de 2021 le enviaron la información referente a las infracciones cometidas y la fecha de denuncias de las multas presentadas a lo largo de 2020. Y, esto significa que pueden recopilar la información que solicito. Y en mayo de 2021 inadmitieron a trámite la solicitud de información referente al lugar donde se cometió la infracción de las multas puestas a lo largo de 2020 por estimar que se trataba de una reelaboración de los datos enviados en su primera petición y que debería haber solicitado toda la información a la vez. Ahora inadmiten a trámite la petición por el artículo 18.1 c) LTAIBG, sin tener en cuenta que lo solicitado es lo mismo que lo que se pidió en abril de 2021, cuando me enviaron la documentación. El Ayuntamiento de Alcorcón se escuda en la falta de herramientas para recopilar la información y en que es un supuesto de reelaboración de la información. El Ayuntamiento tiene herramientas automáticas y no se trata de reelaboración de información sino de proporcionar una información considerada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el RT 0338/2021 como información que tiene la consideración de información pública puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, al ser el Ayuntamiento de Alcorcón quien la ha elaborado en el ejercicio de las funciones que en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad se reconoce a los ayuntamientos en el artículo 25.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. CUARTO. El 20 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, al amparo de los artículos 47 y siguientes de la Ley 10/2019, de 10 de abril de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid admite a trámite la reclamación y solicita al Ayuntamiento de Alcorcón que remita las alegaciones que considere oportunas. QUINTO. Con fecha de 13 de mayo de 2022, el Ayuntamiento de Alcorcón alega lo siguiente: 1.º Que con fecha de 22 de noviembre de 2021 el Técnico de la Administración General adscrita a la Concejalía de Seguridad ya dijo que ante esta solicitud, como ya respondió a la de 24 de marzo de 2021, no cabe su admisión porque el programa a través del cual se gestionan las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial no dispone de una opción que permita extraer tal información, lo que determina que, para facilitar la misma, sería necesaria una acción de reelaboración que requeriría el tratamiento manual de todas y cada una de las infracciones cuya información solicita el Sr. dándose la circunstancia, que tal tratamiento, supondría una severa ralentización de los trabajos administrativos que se vienen realizando. Por lo que la solicitud de información formulada por este ciudadano supondría una acción de reelaboración prevista en el artículo 18.1 c) LTAIBG. 2º. Que anteriormente, el 24 de marzo de 2021, a la vista de la solicitud presentada por este mismo ciudadano referente a la ubicación donde se produjeron las infracciones de su solicitud de información anterior, el Técnico de la Administración General adscrita a la Concejalía de Seguridad emitió un informe en el que se le indicaba a este ciudadano que el programa a través del que se gestionan las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial no dispone de una opción que permita extraer tal información, lo que determina que, para facilitar la misma, sería necesaria una acción de reelaboración, y por lo tanto se entiende aplicable el artículo 18.1 c) LTAIBG. 3º. Se da la circunstancia además que, en recientes fechas, se elaboró un fichero de forma manual por los trabajadores del departamento de sanciones de la Concejalía de Seguridad para facilitar la información relativa al número de sanciones y preceptos infringidos producidos durante el año 2020 solicitada por el mismo ciudadano, que interrumpió de forma notable las actividades desempeñadas habitualmente. La información solicitada ahora de forma añadida requeriría una situación similar que, en estos momentos, no es posible acometer sin desatender el normal funcionamiento de los servicios. Lo que determinó que la información solicitada fuera inadmitida por aplicación del artículo 18.1. c) LTAIBG, al solicitarse datos que bien podrían haberse señalado en la solicitud previa en la que requirió el número de infracciones y el concreto precepto infringido. Esta resolución de inadmisión fue objeto de reclamación y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió el 16 de agosto de 2021 desestimando la reclamación presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1 c) LTAIBG, en la resolución 0338/2021. 4º. La cuestión nuclear de la reclamación presentada por el Sr. , se centra en la puesta en tela de juicio de la veracidad de los informes emitidos por técnicos de este Ayuntamiento. El ciudadano afirma, poniendo en entredicho lo aseverado por los funcionarios públicos en el ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas, que el proceso de denuncia y recopilación de multas se realiza de manera automática y telemática y se recoge digitalmente en una base de datos que se lo permite la herramienta del programa que está en poder del Ayuntamiento desde el año 2019. Sin embargo, esta afirmación no viene avalada por ninguna prueba técnica y no se corresponde por lo alegado por los funcionarios. 5º. Cabe añadir que el Sr. , viene presentando de forma sistemática infinidad de escritos a través de todos los medios inimaginables: registro general de entrada de documentos, oficina de sugerencias y reclamaciones, policía municipal, correos electrónicos, a los que acompaña una ingente cantidad de documentación gráfica que ocupa un volumen desmedido de datos en los servidores municipales. Esta avalancha de escritos puede y debe de incardinarse en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia. E incluso en la solicitud de información de sanciones por distrito postal en los informes de 5 y 8 de abril de 2022, el Jefe de la Comisaría de la Policía Local manifiestó lo siguiente: Ante esta solicitud, se informa que el programa a través del que se gestionan las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial no dispone de una opción que permita extraer la información solicitada por distrito postal, por lo que para facilitar la misma, sería necesario una acción de elaboración que requeriría el tratamiento manual de todas y cada una de las infracciones cometidas en cada uno de los viales que estuvieran en dicho distrito postal, dándose la circunstancia de que el tratamiento supondría una grave alteración y ralentización de los trabajos administrativos que se vienen realizando en esta Policía, afectando así mismos a un número de componentes que habría que detraer del servicio habitual y, por ende, repercutiendo en la seguridad del municipio, al tener menor disponibilidad de efectivos para prestar servicio en vía pública. Por ello, desde el Cuerpo de Policía no se puede facilitar la información solicitada sin desatender el normal funcionamiento de los servicios que se presten diariamente y comprometiendo seriamente los mismos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con el artículo 24.6 de la Ley 19/2013, de 19 de abril, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno (en adelante LTAIBG), el Consejo de Transparencia tiene competencia para conocer de las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley. Tal disposición prevé en su apartado 1 lo siguiente: La resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades locales comprendidas en su ámbito territorial al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En desarrollo de esta previsión, los artículos 47 y 77 b) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante LTPCM) atribuyen al Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones desestimatorias, total o parcial de las solicitudes de acceso a la información dictadas por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Añadiendo el artículo 6 b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid que la competencia para resolver, en estos casos, corresponderá al Pleno de este órgano. Al interponerse la reclamación contra una resolución dictada por un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 2 de la LTPCM se considera una reclamación interpuesta contra una entidad que integra la Administración Local del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y por tanto su resolución corresponderá al Pleno del Consejo de Transparencia y Participación. SEGUNDO. Recuerda la STC 104/2018, de 4 de octubre, que el principio constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, no sólo incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, sino que exige garantizar un tratamiento común de los administrados ante todas las Administraciones Públicas. Ello supone que la mayor parte de la regulación del derecho de acceso a la información pública cumpla una función típica de las normas de procedimiento administrativo común [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 27 y 55/2018, de 24 de mayo, FJ 9 b)]. Por lo tanto, los artículos de la LTAIBG, reguladores de este derecho se han dictado legítimamente al amparo de los principios o normas que se insertan en la competencia exclusiva del Estado relativa al establecimiento del “procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE). (STC 104/2018, de 4 de octubre, FJ. 5). Luego para resolver cualquier cuestión que se suscite en relación con el derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Madrid, además de a la LTPCM, habrá que acudir a los artículos 12 a 24 del capítulo III del Título Preliminar de la LTAIBG, que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la disposición final octava de la LTAIBG, son legislación básica del Estado (salvo el apartado 2 del artículo 21). Pero además, conforme se desprende del Preámbulo de la LTPCM, en la interpretación de la aplicación de los límites del derecho de acceso a la información el Consejo de Transparencia y Participación, en todo caso, seguirá el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos y, la interpretación de las causas de inadmisión se adaptará a los sucesivos criterios establecidos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Por ello en el presente informe se acudirá no sólo a la normativa antedicha, sino también a los criterios interpretativos dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las alegaciones de inadmisión de la reclamación del Ayuntamiento de Alcorcón se basan en aplicar los apartados c) y e) del artículo 18.1 LTAIBG, conforme a la doctrina jurisprudencial y los Criterios interpretativos 007/2015, de 12 de noviembre y 3/2016, de 14 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se hace por tanto necesario averiguar, si la reclamación objeto de este informe es información pública a los efectos de las Leyes de Transparencia ,o si como dice el Ayuntamiento de Alcorcón, al estar inmersa en las causas de inadmisión del artículo 18.1 c) y e) LTAIBG, no cabe suministrar la documentación requerida. TERCERO. El ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso a la información se delimita de manera muy amplia en el artículo 5 LTP, de manera casi idéntica al artículo 13 LTAIBG: Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones. En función de lo anterior, el Tribunal Supremo, recuerda que: Esta delimitación objetiva del derecho de acceso se entiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. (STS 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Por lo tanto, ambas Leyes y la doctrina del Tribunal Supremo definen el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya exista, por cuanto debe de estar en posesión del sujeto que recibe la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, bien porque la ha conservado o bien porque la obtenido en el ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1. LTAIBG. Por ello dirá el Tribunal Supremo que: cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión…debe de ponerse en relación con el concepto amplio de derecho a la información regulado en la LTAIBG, que impone una interpretación estricta, cuando no restrictiva de las causas de inadmisión a trámite de solicitudes de información. Lo que exige, en todo caso, que estas limitaciones o inadmisiones se apliquen atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y del interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad (en las SSTS de 16 de octubre de 2017, recurso C-A núm. 75/2017 y de 25 de marzo de 2021, recurso C-A núm. 2578/2020). De acuerdo con estos razonamientos, el Tribunal Supremo fija los siguientes criterios para interpretar el artículo 18.1 c) LTAIBG: - Se ha de tratar de información que existe y está en manos de las Administraciones públicas o de los demás sujetos obligados por la Ley. El artículo 13 de la LTAIBG reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía (STS núm. 60/2017, de 21 de abril de 2017). - Se ha de motivar de manera clara y suficiente que aun teniendo la información se requiere su reelaboración. No cabe admitir limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1 c) LTAIBG no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo de reelaboración. (STS de 16 de octubre de 2017, RC-A núm. 75/2017). - Es necesario además que la acción previa de reelaboración presente una cierta complejidad: Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18. 1 c) LTAIBG. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, (…). Además del extenso límite temporal de la información ... (SSTS de 3 de marzo de 2020, recurso C-A núm. 600/2018 y de 25 de marzo de 2021, recurso C-A núm. 2578/2020) De modo que se encuentra justificada la concurrencia de la acción previa de reelaboración cuando se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración. La Sala apreció en el indicado caso la necesidad de la acción previa de reelaboración de la información, y por tanto la concurrencia de la causa de inadmisión, debido a que la información no se encontraba en su totalidad en el órgano al que se solicita, sino que se trataba de información pública dispersa y diseminada, que debía ser objeto de diversas operaciones de recabarla de otros órganos, ordenarla, separar la información clasificada y sistematizarla, aparte de que se trataba de información en distintos soportes físicos e informáticos. (SSTS de 3 de marzo de 2020, recurso C-A núm. 10 600/2018 y de 25 de marzo de 2021, recurso C-A núm. 2578/2020 y de 2 de junio de 2022, recurso de casación C-A núm. 4116/2020). Estos criterios deben de ser completados con la interpretación que del alcance de la noción de “reelaboración” ha elaborado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Para este Consejo “reelaboración” como causa de inadmisión de solicitudes de acceso a la información “debe entenderse desde el punto de vista literal, según define la Real Academia de la lengua, como: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. De modo que, si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de estos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información” (CI/007/2015, de 12 de noviembre). En atención a esta premisa, la causa de inadmisión: puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información (CI 007/2015). De la interpretación que del artículo 18.1 c) LTAIBG hacen el Tribunal Supremo y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se deduce que el citado precepto enumera una serie de causas de inadmisión de solicitudes de acceso a la información que se configuran, en terminología del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como “reglas” en el sentido de que se trata de normas que sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. En la reclamación objeto de este informe, se trataría de averiguar si, como sostiene el Ayuntamiento de Alcorcón en sus alegaciones, se cumplen las “reglas” para poder aplicar el artículo 18.1 c) LTAIBG. La primera, sería averiguar si la información solicitada por el reclamante es información pública según la LTAIBG. El reclamante solicita las denuncias incoadas por el Ayuntamiento de Alcorcón durante los meses de enero a octubre del año 2021 relativas a la seguridad vial. En este sentido, el artículo 25.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dice que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias: (…) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. Luego, los expedientes de denuncias incoadas por el Ayuntamiento de Alcorcón durante los meses de enero a octubre del año 2021 en materia de la seguridad vial se encuentran en poder del Ayuntamiento de Alcorcón. Lo que significa que, de acuerdo con el artículo 13 LTAIBG la información solicitada por el reclamante debe de ser considerada “información pública” porque obra en poder del Ayuntamiento de Alcorcón, sujeto obligado por los artículos 2 de la LTP y LTAIBG. Información que dispondría de ella por el ejercicio de las funciones que la Ley de Bases del Régimen Local le encomienda. La segunda regla se cumpliría examinando si para conceder la información solicitada por el reclamante, aún perteneciendo al ámbito funcional de actuación del Ayuntamiento de Alcorcón, el Ayuntamiento debe elaborar un documento de forma expresa haciendo uso de diversas fuentes de información, o si el Ayuntamiento de Alcorcón carece de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información. El primer supuesto no se da pues, el Ayuntamiento de Alcorcón reconoce que no necesita hacer uso de diversas fuentes de información, ya que la información solicitada no es información dispersa o diseminada que requiera recabarla de otros órganos. Es información que se encuentra en su totalidad en el Ayuntamiento al que se solicita. Conforme a las alegaciones del Ayuntamiento de Alcorcón, cabría pensar que es de aplicación el segundo supuesto. Esto es, que el Ayuntamiento carece de los medios para elaborar la información tal y como lo ha solicitado el reclamante. Sin embargo, el reclamante centra sus alegaciones en dos razones. La primera, en poner en cuestionamiento los informes emitidos por los técnicos del Ayuntamiento, por interpretar que el programa a través del que se gestiona las infracciones de tráfico se realiza de manera telemática y se recoge digitalmente en una base de datos. Y, la segunda, porque el 16 y 17 de junio de 2021 se le admitió una resolución parecida y le enviaron por correo electrónico la información sobre las denuncias del año 2021 de enero a octubre relativas a seguridad vial en el municipio en lo referente a infracción cometida y fecha de la denuncia y sólo se le desestimó lo referente a su solicitud posterior respecto al lugar donde se cometieron las infracciones debido a que no lo solicitó de forma conjunta con la solicitud primigenia. Olvida, sin embargo, el Sr. , que aunque los expedientes de tráfico pueden ser digitales y las infracciones se registran por un dispositivo móvil capaz de reconocer matrículas de forma inmediata y mediante cámara, de tal forma que la información en materia de seguridad vial se realice de manera telemática y se recoja digitalmente en una base de datos, no significa que esta recogida masiva de datos quede almacenada y ordenada conforme a los criterios materiales y temporales deseados por el reclamante en su solicitud de información. Pero, además, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, en el ámbito del Derecho Administrativo, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, los expertos al servicio de la Administración pueden actuar como peritos. Ante una prueba puede el juzgador formar su convicción sobre los hechos con libertad, dando a aquella el peso que -habida cuenta de las circunstancias y del resto del material probatorio- considere adecuado. Pero debe hacerlo exponiendo las razones que le conducen, siguiendo el modo de razonar de una persona sensata, a aceptar o rechazar lo afirmado por el perito. La valoración de la prueba pericial según “las reglas de la sana crítica” es, así, una valoración libre debidamente motivada; algo que, como es obvio, exige realizar un análisis racional de todos los elementos del dictamen pericial, sopesando sus pros y sus contras. (STS núm. 597/2022, de 17 de febrero de 2022, recurso de casación C-A núm. 5631/2019). Si como bien dice el reclamante, este mismo Ayuntamiento, en la resolución de 24 de abril de 2021, suministró información casi idéntica a solicitada en la presente reclamación, pero para el año 2020, (desglosada en infracción cometida, tipo de sanción y fecha de la denuncia) y ahora considera que carece de los medios necesarios para ello, se entiende que en el presente caso el Ayuntamiento de Alcorcón ha adoptado la resolución de inadmisión de la presente reclamación, “según las reglas de la sana crítica”. Es decir, habida cuenta de las circunstancias actuales, ha hecho una valoración en conciencia de lo expuesto por la Técnico de Administración General adscrita a la Concejalía de Seguridad y, ha considerado que carece de los medios necesarios para suministrar al reclamante la información tal y como la ha pedido, esto es, desglosada por denuncia, infracciones, sanciones y ubicación. Si a lo anterior se le suma que la Resolución 0338/2021 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que recuerda que el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia particular, cabe concluir que, en el supuesto objeto de la presente reclamación también se cumple la segunda regla exigida tanto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como por el Tribunal Supremo para que la información solicitada sea considerada reelaboración. Es decir, que concurre la causa de inadmisión invocada por el Ayuntamiento de Alcorcón. Y, la tercera regla que debería cumplirse para considerar a una información como reelaboración, es que se encuentre justificada en la resolución de inadmisión la concurrencia de la acción previa de reelaboración. En este sentido, el Ayuntamiento de Alcorcón recuerda que con anterioridad el ciudadano solicitó una información parecida que fue atendida, no sin un encomiable esfuerzo del personal responsable de la tramitación de los procedimientos sancionadores y ante esta nueva reclamación, como el programa a través del que se gestionan las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial no dispone de una opción que permite extraer la información tal y como el reclamante lo pide en su solicitud de información (desglosada en infracción cometida, fecha de la denuncia y ubicación (calle y número de coordenadas donde se cometió la infracción), y requiere un tratamiento manual de todas y cada una de las infracciones, en la situación actual, se da la circunstancia, que tal tratamiento supondría una severa ralentización de los trabajos administrativos que se vienen realizando. Esto es, el Ayuntamiento de Alcorcón justifica que actualmente carece de los medios necesarios para suministrar la información. Ahora bien, sin dudar de lo explicado por la Técnico de la Administración General adscrita a la Concejalía de Seguridad y aceptando esta motivación, como en el pasado el Ayuntamiento de Alcorcón suministró información casi idéntica a la reclamada por el Sr. , hubiera sido aconsejable que en el presente caso en la resolución de inadmisión el Ayuntamiento de Alcorcón hubiera explicado también el por qué en la actualidad han cambiado sus circunstancias de tal forma que el conceder el acceso a la información supone una severa ralentización de los trabajos administrativos que se vienen realizando, cuando anteriormente con el mismo programa de gestión de sanciones sí podía suministrar estos datos. A pesar de lo anterior, puesto que el Ayuntamiento motiva en parte su resolución, se daría la tercera regla exigida por el Tribunal Supremo y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por tanto, cabría la aplicación de la causa de inadmisión de reelaboración previsto en el artículo 18.1 c) LTAIBG. CUARTO. Alega también el Ayuntamiento de Alcorcón el artículo 18.1 e) LTAIBG, por entender que el Sr. presenta de forma sistemática y reiterada infinidad de escritos a través de todos los medios inimaginables, actuando por ello conforme al concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código Civil, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El artículo 18.1 e) LTAIBG dice: Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Lo que se refuerza con la obligación que se impone a los solicitantes en el artículo 33.2 b) LTPCM al decir que: Las personas que accedan a la información pública de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley están sujetas a las siguientes obligaciones: Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho. Conforme a lo anterior, el Criterio interpretativo 003/2016, de 14 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha entendido que el artículo 18.1 e) LTAIBG distingue dos supuestos: uno relativo a las solicitudes de información manifiestamente repetitivas y otro relativo a las solicitudes de acceso a la información pública que son abusivas. Al alegar el Ayuntamiento de Alcorcón el abuso del derecho porque la solicitud objeto de la presente reclamación es reiterativa y porque el Sr. viene presentando de forma sistemática infinidad de escritos a través de todos los medios, está confundiendo las dos causas de inadmisión del artículo 18.1 e) LTAIBG. Si la LTAIBG distingue estos dos supuestos es porque considera que son dos casos distintos y, el ejercicio reiterado del derecho de acceso a la información sólo es causa de inadmisión cuando las solicitudes sean manifiestamente repetitivas. Según el Criterio Interpretativo 003/2016, de 14 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una solicitud es manifiestamente repetitiva cuando de forma patente, clara y evidente coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión en los términos del artículo 18. En todos los casos, la respuesta debe de haber adquirido firmeza por el transcurso de los plazos de reclamación o recurso contencioso administrativo sin que éstos se hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presentado, hubieran sido definitivamente resueltos y la denegación o inadmisión hubiera sido avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano autonómico equivalente competente o por el órgano judicial correspondiente. En el caso objeto de la presente reclamación, el Ayuntamiento de Alcorcón alega que este mismo ciudadano ha presentado infinidad de escritos a través de todos los medios imaginables: por registro general de entrada de documentos, oficina de sugerencias y reclamaciones, policía municipal, correo electrónico de miembros corporativos e institucionales, a los que acompaña una ingente cantidad de documentación gráfica que ocupa un volumen desmedido de datos en los servidores municipales. Sin embargo, el presentar una infinidad de solicitudes, reclamaciones, quejas y demás documentos por parte de un ciudadano no significa que pueda entenderse cumplida la causa de inadmisión del artículo 18.1 e) LTAIBG, pues cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la información que obre en poder d la Administración, según los artículos 12 y 13 LTAIBG, sin más limitaciones que las previstas en el artículo 14 LTAIBG, que entre sus apartados no establece ninguna referida al número de solicitudes que se pueden presentar. Pero, además, en el ámbito local, el artículo 18.1 e) de la Ley de Bases del Régimen Local, reconoce a los vecinos el derecho a ser informados, previa petición razonada, y poder dirigir solicitudes a la Administración municipal en 16 relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. Para que a un ciudadano se le inadmita su solicitud de acceso a información por el artículo 18.1 e) LTAIBG es necesario que se den los siguientes requisitos: Primero, que la información solicitada de forma patente, clara y evidente coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo solicitante. Segundo, que la solicitud hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión del artículo 18. Tercero, la respuesta debe de haber adquirido firmeza por el transcurso de los plazos de reclamación o recurso contencioso administrativo sin que éstos se hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presentado, hubieran sido definitivamente resueltos y la denegación o inadmisión hubiera sido avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano autonómico equivalente competente o por el órgano judicial correspondiente. En el presente caso, esta reiteración sólo cabría que se diese con la solicitud presentada por el Sr. Canaleja el 4 de marzo de 2021, en la que pedía la situación, calle y número donde se produjeron las infracciones y sanciones denunciadas durante los meses de 2020. La Resolución que dictó el Ayuntamiento de Alcorcón fue de inadmisión por resultar aplicable el artículo 18.1. c) LTAIBG y posteriormente la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la reclamación interpuesta por el Sr. también fue desestimatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1. c) LTAIBG. Sin embargo, la solicitud de 4 de marzo de 2021 del Sr. sólo se refería a los datos de ubicación de las denuncias del año 2020, por lo que la reiteración sólo se daría en parte de la información solicitada en la reclamación. Pero, además, el Sr. alega que, como la motivación de la resolución de 4 de marzo de 2021 de inadmisión del lugar donde se cometieron las infracciones en los meses de octubre a diciembre de 2020 se debió a que no había solicitado estos datos manera conjunta con la solicitud primigenia, entendió que en la solicitud objeto de la presente reclamación tenía que pedir todo. Como en el año 2021, el Ayuntamiento de Alcorcón suministró al reclamante información casi idéntica a la actualmente denegada, pero, para el año 2020, y denegó la información de la ubicación por no haberse solicitado junto con la anterior, ha inducido al Sr. a confusión y por ello, en la presente reclamación solicita también la ubicación de las denuncias e infracciones. Por esta razón, aun habiendo coincidencia en parte de la documentación solicitada y que podría permitir la aplicación para esa parte de la información de la causa de inadmisión del artículo 18.1 e) LTAIBG, por las razones apuntadas se entiende no aplicable la causa de inadmisión de la solicitud de información alegada por el citado Ayuntamiento de Alcorcón de ser manifiestamente repetitiva. RESOLUCIÓN En atención de todos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido, PRIMERO. Desestimar la reclamación presentada por el Sr. en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Consejo de Transparencia y Participación, esta resolución tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, esta resolución pone fin a la vía administrativa. Madrid, en la fecha que figura en la firma. Antonio Rovira Viñas. Presidente Responsable del Área de Acceso a la Información Ricardo Buenache Moratilla. Consejero Responsable del Área de Participación y Colaboración Ciudadana Rafael Rubio Núñez. Consejero Responsable del Área de Publicidad Activa y Control