Reclamación por denegación de acceso a información sobre cuotas y deducciones de tasas de control sanitario en mataderos

RESOLUCIÓN 654/2022, de 14 de octubre Artículos: 18.1 c) y 19.1 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Consejería de Salud y Familias (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 92/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 6 de enero de 2022 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “(…) Formulo 6 preguntas con motivo de un trabajo de investigación que estoy realizando. Solicita: Tener acceso a la información relacionada con las tasas o gravámenes prevista en el art culo 79 Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios en relación con las actividades contempladas en el anexo IV, capítulo II del citado Reglamento, i en concreto, formulo las siguientes 6 preguntas: Pregunta número 1: Tarifas o cuotas vigentes en fecha 1 de junio de 2021 en relación con los controles oficiales realizados en mataderos, sales de despiece y sales de procesamiento de carne de caza. Pregunta número 2: Tipos de deducciones y importe que se pueden aplicar en las cuotas vigentes en fecha 1 de junio de 2021, en relación con los controles oficiales realizados en mataderos, sales de despiece y sales de procesamiento de carne de caza y cual es el porcentaje límite máximo que cada titular se puede aplicar en concepto de deducción sobre las cuotas a pagar en un periodo determinado. Fecha y número del Diario Oficial en que se encuentran publicadas, en vigor a fecha 1 de junio de 2021, las tasas en relación con los controles oficiales realizados en mataderos, sales de despiece y sales de procesamiento de carne de caza. Pregunta número 4: Importe total de las cuotas aplicadas por el control oficial en los mataderos, sales de despiece y sales de procesamiento de carne de caza, en el año 2019 y en el año 2020, antes de aplicar las deducciones. Pregunta número 5: Importe total de las deducciones aplicadas en el año 2019 y en el año 2020. Pregunta número 6: En el caso que se hayan calculado los costes de los controles efectuados en mataderos, salas de despiece y salas de procesamiento de caza de conformidad con el artículo 82 apartado 1 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, el importe de los costes en el año 2019 y en el año 2020. Si no se han calculado según este método del Reglamento (UE) 2017/625, el tipo de método utilizado y el importe de estos costes en los años 2019 y 2020.” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 1 de marzo de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones. 3.El 11 de abril de 2022 la persona reclamante remite escrito en el que manifiesta que ha recibido la respuesta a su petición, si bien incluye su disconformidad con la respuesta ofrecida a las preguntas 4 y 5. El escrito incluye como adjunto la Resolución de 4 de abril de 2022, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “(…) De todas esas preguntas, hay dos (la n.º 4 y 5) en las que concurre motivo de inadmisión conforme al artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (“se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”), declarando el artículo 30.c de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía que “no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente”. Este motivo de inadmisión ha sido analizado entre otros pronunciamientos, por el Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Desde el punto de vista de la delimitación negativa del concepto ha de tenerse presente que “reelaboración”: 1º) no supone “la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos”; y 2º) que tampoco equivale a información “cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”; y ello sin perjuicio de que “sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información… cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que… impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración”. Asimismo, cabe inferir del referido Criterio Interpretativo las siguientes pautas orientadora para la concreción de los casos que sí son reconducibles a la categoría “acción de reelaboración”: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”; 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”; 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. La información pública solicitada es el “importe total de las cuotas aplicadas por el control oficial en los mataderos, sales de despiece y sales de procesamiento de carne de caza, en el año 2019 y en el año 2020, antes de aplicar las deducciones”, y el “importe total de las deducciones aplicadas en el año 2019 y en el año 2020”. Sin embargo, lo que consta formalmente en la documentación sobre los controles oficiales indicados en la solicitud, es el abono de unas determinadas cuantías económicas. Obviamente, esa cuantía abonada responde a un cálculo individual, donde se tiene en cuenta los datos del control oficial concreto realizado y las deducciones aplicables en cada caso. Pero esta operación individual del cálculo (aplicando un porcentaje sobre una cuantía en bruto) no se refleja en la contabilidad oficial, que solo considera el ingreso realizado efectivamente. Sí se puede proporcionar, al constar en el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía (GIRO), el dato de los ingresos que ha tenido la Junta de Andalucía por estas tasas, como son 2.071.480,76 € en 2019, y 1.901.320,81 € en 2020. Sin embargo, el dato de cuál es el total económico de la suma de deducciones aplicadas, exigiría examinar toda la documentación de los distintos controles oficiales realizados (lo que gestionan los Distritos de Atención Primaria y Área de Gestión Sanitaria), verificar una a una las liquidaciones efectuadas examinando su cuantía (primer elemento a tener en cuenta) así como las actuaciones realizadas en el control oficial y en especial el número o peso de las piezas (segundo elemento a tener en cuenta), y además, analizar si la empresa se somete a las deducciones previstas en la norma (tercer elemento a tener en cuenta) siendo tales deducciones acumulativas hasta un tope máximo. Es decir, no se trata de una información disponible ni en la documentación ni en las aplicaciones informáticas, sino que debería ser recalculada caso a caso, para simular a cuanto hubiesen ascendido los ingresos anuales por la suma de estas tasas, de no haberse aplicado las deducciones, y calcular el montante total de deducciones aplicadas. Por tanto entraría dentro del concepto de reelaboración, pues se trataría de un dato que actualmente no consta directamente (a diferencia del ingreso efectivamente realizado, que es el indicado) sino que habría que extraerlo cruzando distintos documentos y datos, recalculando datos económicos que no se han registrado específicamente, pues lo que se hizo en su día fue comprobar que el ingreso se correspondía con la cuantía exigible, pero no se anotó ni en la documentación ni en las aplicaciones informáticas a cuanto ascendía la cantidad económica de la deducción concreta practicada.(...) 4. En el estrito, la persona reclamante manifiesta expresamente lo siguiente, en lo que ahora interesa: “(...)Es posible que no se haya interpretado correctamente la información pública que solicité. La información solicitada era el importe total de las cuotas aplicadas por el control oficial en los mataderos, salas de despiece y sales de procesamiento de carne de caza, en el año 2019 y en el año 2020, antes de aplicar las deducciones. Esta información pública es la que los sujetos pasivos de las tasas del control oficial han introducido en la aplicación informática de la Junta de Andalucía que se encuentra en esta dirección URL: [se cita dirección de URL] TASA POR ACTIVIDADES DE CONTROL E INSPECCIÓN SANITARIA EN MATADEROS, SALAS DE DESPIECE, INSTALACIONES DE TRANSFORMACIONES DE LA CAZA, SALAS DE TRATAMIENTO DE RESES DE LIDIA Y OTROS En esta página de Internet se han de introducir unos datos para poder pagar la tasa por autoliquidación. Y lo que pido es la extracción de estos datos, no de manera individual de cada sujeto pasivo. Solo necesito el sumatorio total. Aquí adjunto una captura de pantalla donde se pueden ver los ítems que se han de introducir en esta autoliquidación de tasas, que son el número de animales del periodo y las deducciones a aplicar. [se adjunta pantallazo] Por ello, no encuentro necesario realizar el esfuerzo de: examinar toda la documentación de los distintos controles oficiales realizados (lo que gestionan los Distritos de Atención Primaria y Área de Gestión Sanitaria), verificar una a una las liquidaciones efectuadas examinando su cuantía (primer elemento a tener en cuenta) así como las actuaciones realizadas en el control oficial y en especial el número o peso de las piezas (segundo elemento a tener en cuenta), y además, analizar si la empresa se somete a las deducciones previstas en la norma (tercer elemento a tener en cuenta) siendo tales deducciones acumulativas hasta un tope máximo. Solo necesito la extracción de los datos introducidos en esta aplicación. Tampoco solicito que se compruebe cada autoliquidación efectuada, ni tener en cuenta el peso de las piezas ni analizar si la empresa se somete a las deducciones previstas en la norma. Mi petición se concreta en el importe total de la suma de las cuotas autoliquidadas y del importe total de las deducciones efectuadas por los aproximadamente 80 mataderos situados en Andalucía. También se me deniega el acceso por considerar que para acceder a la información solicitada hace falta una reelaboración, indicando en la resolución: “Es decir, no se trata de una información disponible ni en la documentación ni en las aplicaciones informáticas, sino que debería ser recalculada caso a caso, para simular a cuanto hubiesen ascendido los ingresos anuales por la suma de estas tasas, de no haberse aplicado las deducciones, y calcular el montante total de deducciones aplicadas. Por tanto entraría dentro del concepto de reelaboración, pues se trataría de un dato que actualmente no consta directamente (a diferencia del ingreso efectivamente realizado, que es el indicado) sino que habría que extraerlo cruzando distintos documentos y datos, recalculando datos económicos que no se han registrado específicamente, pues lo que se hizo en su día fue comprobar que el ingreso se correspondía con la cuantía exigible, pero no se anotó ni en la documentación ni en las aplicaciones informáticas a cuanto ascendía la cantidad económica de la deducción concreta practicada.” No creo necesario realizar una reelaboración, ya que no estoy realizando una auditoria para comprobar si cada matadero ha ingresado la cantidad que tenia que ingresar según los animales sacrificados. Tampoco estoy comprobando si cada matadero está deduciendo por conceptos diferentes a lo declarado en la solicitud que antes de cada ejercicio presenta cada matadero ante la autoridad competente. La información solicitada la considero necesaria para mi trabajo de investigación para conocer como las autoridades competentes perciben las tasas y gravámenes para recuperar los costes del control oficial, tal como se establece en el artículo 79 del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017. Conocer el importe total de las deducciones aplicadas sobre el importe total de las cuotas que tenían que haber ingresado en las arcas públicas los sujetos pasivos objeto del control oficial, en cumplimiento de la legislación vigente, es necesario en aras de la transparencia mínima para poder conocer como se manejan los fondos públicos. La cifra total de las cuotas a percibir y la cifra total de las cantidades deducidas considero que son unos conceptos básicos y mínimos que hay que conocer y que son la base para poder realizar un seguimiento de la ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía. Por ello, considero que no puede ser motivo de inadmisión conforme al artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (“se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”), y considero que disponer de estas dos cantidades no ha de ser objeto de reelaboración. La Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 87. Autoliquidación, liquidación por la Administración y pago, dice: 1. Los obligados al pago de la tasa deberán presentar una autoliquidación trimestral correspondiente a los hechos imponibles devengados durante el trimestre natural anterior, dentro del plazo de los veinte primeros días de los meses de abril, julio, octubre y enero siguientes. Dicha autoliquidación comprenderá todos los datos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias. Pudiera ser que con que se me facilite una copia de estas autoliquidaciones pudiera calcular los importes totales que solicito. Por todo lo expuesto anteriormente, presento esta reclamación para poder acceder a la información pública solicitada” 4. El Consejo concedió un plazo de audiencia a la entidad reclamada el 18 de abril de 2022 en aplicación de lo previsto en el artículo 82 LPAC, sin que hasta la fecha se haya recibido alegación alguna. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada un órgano de la Administración de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un veinte días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 6 de enero de 2022, y la reclamación fue presentada el 24 de febrero. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la reclamación es la discrepancia de la persona reclamante respecto a la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. c) LTAIBG (acción previa de reelaboración) respecto a estas dos peticiones: “Pregunta número 4: Importe total de las cuotas aplicadas por el control oficial en los mataderos, sales de despiece y sales de procesamiento de carne de caza, en el año 2019 y en el año 2020, antes de aplicar las deducciones. Pregunta número 5: Importe total de las deducciones aplicadas en el año 2019 y en el año 2020.” Pues bien, como venimos sosteniendo de forma constante en nuestras decisiones (baste citar las Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 8/2017, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º; 14/2020, FJ 3º), al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, conviene especialmente destacar —en línea con el citado Criterio Interpretativo 7/2015— que la noción de “reelaboración” no implica “la mera agregación o suma de datos […], ni tampoco equivale a información cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”. Esta interpretación coincide que han partido de las líneas directrices marcadas por el Tribunal Supremo en la arriba citada Sentencia nº 1547/2017; a saber, que “[c]ualquier pronunciamiento sobre las "causas de inadmisión" que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c de dicho artículo (que se refiere a solicitudes "relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración") debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013” (Fundamento de Derecho Cuarto); y que no puede considerarse reelaboración la “mera suma” de los datos objeto de la solicitud (vid., por ejemplo, la Resolución 85/2018, FJ 3º). Pasamos a analizar la aplicación de esta doctrina a la respuesta ofrecida. 2. La entidad reclamada ha justificado que la obtención de la información requeriría del análisis individualizado de los expedientes de control para la obtención de la información solicitada. Y es que, según alega, debería localizar cada una de las autoliquidaciones, extraer la cantidad de la cuota total, extraer la cantidad de las deducciones y volcar esa información en el soporte adecuado. Por otra parte, según alega la entidad, esa información no está disponible en las aplicaciones informáticas, ni siquiera en la documentación, por lo que habría que realizar cálculos ex profeso para obtener la información. Teniendo en cuenta que, según indica la persona reclamante, existen alrededor de 80 mataderos obligados a presentar la autoliquidación trimestral, en un período de dos años, las actuaciones de comprobación serían ciertamente numerosas, lo cual supondría un importante uso de recursos humanos y técnicos que comprometerían la gestión ordinaria de los servicios públicos que tienen encomendados. No podemos acoger las alegaciones de la persona reclamante sobre la facilidad en la extracción de la información del sistema informático mediante el que se presentan las liquidaciones. Observado el formulario, se deduce en primer lugar que el matadero debe introducir ciertos datos relacionados con su actividad (número de animales, kilos, deducciones aplicables, etc.), y es el sistema el que calcula automáticamente las cantidades a abonar, aplicando los importes de las tasas y las deducciones previamente establecidos. Y es que aunque la información obre en el sistema informático, la extracción de la información, para la entidad reclamada, superaría un tratamiento informatizado de uso corriente, tal y como establece el artículo 30 c) LTPA: salvo que el sistema permitiera extraer informe automáticos con las cantidades de cuotas y deducciones, lo cual parece descartable ya que la entidad ha indicado que la información no está disponible en la aplicación informática, la obtención de la información requeriría de un desarrollo técnico que supondría una acción previa de reelaboración. Debemos aclarar en todo caso que las competencias de la entidad reclamada respecto a los controles en mataderos es velar por el respeto de la normativa de seguridad alimentaria (artículo 8 e) del Decreto 156/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo). No incluye la recaudación de tasas, por más que deban comprobar su abono para sus actuaciones de control, porque la gestión de todas las tasas la realiza la Agencia Tributaria de Andalucía, según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (“En materia de tasas, corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las delegaciones de competencias que se realicen, en cuyo caso corresponde a los órganos en que se hayan delegado las mismas”). Por ello, es más que previsible que la gestión del sistema informático para la recaudación de las tasas de mataderos esté gestionado por la citada Agencia, por más que la Consejería de Salud y Familias disponga de la información sobre el abono de las tasas para el desarrollo de sus funciones de inspección de la seguridad alimentaria. Este Consejo considera por tanto que la entidad reclamada aplicó correctamente la causa de inadmisión invocada. 3. Sin embargo, este Consejo no puede obviar que el dato de que la gestión de tasas esté en manos de la Agencia Tributaria de Andalucía es un hecho que debía ser conocido por la entidad reclamada. Esto es, aunque esta ha justificado debidamente que la obtención de la información supondría un acción previa de reelaboración, debería haber informado a la persona reclamante de que la información solicitada podría estar disponible, sin necesidad de una acción previa de reelaboración, en la Agencia Tributaria de Andalucía. Y es que, como venimos reiterando, de la legislación reguladora de la transparencia deriva un deber de buscar la información por parte de los sujetos obligados, cuyo alcance perfilamos ya en el FJ 3º de la Resolución 37/2016: “[…] la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos.” Por ello, la entidad reclamada debió, en aplicación del artículo 19.1 LTAIBG, remitir la solicitud a la Agencia Tributaria de Andalucía, que, en el caso de que disponga de la información sin necesidad de una acción previa de reelaboración, podría haber puesto a disposición de la persona reclamante la información solicitada. Por ello, procede estimar parcialmente esta reclamación y ordenar la retroacción al momento procedimental en el que la entidad reclamada debió remitir la solicitud, en lo que corresponde a las peticiones 4 y 5, a la Agencia Tributaria de Andalucía, e informar de esta circunstancia a la persona reclamante. La respuesta ofrecida por la Agencia o el transcurso del plazo máximo de resolución sin obtener respuesta, podrá ser reclamado ante este Consejo. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación. La entidad reclamada deberá realizar las actuaciones contenidas en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado tercero, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.