Reclamación contra el Servicio Andaluz de Salud por acceso a actas de Comisiones de Farmacia y protocolos de tratamiento, resuelta por terminación del procedimiento

RESOLUCIÓN 689/2022, de 27 de octubre Artículos: 24 LTPA; 18.1. c) 24 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante) contra Servicio Andaluz de Salud (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 349/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 7 de abril de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Solicito acceso a las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica Hospitalarias individuales desde el año 2018 hasta la actualidad y a los protocolos elaborados por cada hospital para el tratamiento de la psoriasis, la artritis psoriásica y la osteoporosis. Entiendo que esta información puede demorar más en obtenerse debido a la situación actual de covid y por lo tanto aceptaré si se extiende el período de resolución, pero es responsabilidad de esta organización proporcionar esta información. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 28 de julio de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 28 de julio de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 26 de agosto de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la respuesta ofrecida mediante la Resolución de 5 de agosto de 2022 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud a la persona solicitante, y que fue notificada el día 8 de agosto de 2022 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Conceder el acceso parcial a la información, con las siguientes consideraciones: "De la información solicitada, se proporcionan las actas de las Comisiones Multidisciplinares de Uso Racional de Medicamentos correspondientes al año 2021, que se reseñan en la siguiente tabla: [Tabla con indicación de los hospitales y fechas de las actas] "Respecto a los Hospitales La Inmaculada (Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería), Torrecárdenas, Jerez (Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz), Antequera (Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga) y La Merced (Área de Gestión Sanitaria de Osuna), se informa que, no se aportan las mismas, ya que en el ejercicio 2021 no se han reunido las citadas comisiones. "En cuanto a las actas de los años solicitados de 2018 a 2020 y 1 de enero de 2022 a 17 de abril de 2022 - fecha de solicitud-, debemos informar que, tanto en esos ejercicios como en la actualidad no disponemos de un archivo centralizado ni de un sistema de información que nos permita acceder a las mismas. Como le informamos en la Resolución que le remitimos sobre el EXP-[nnnnn]-PID@, la custodia de la documentación que se genere en la toma de decisiones es responsabilidad de la secretaría de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de cada centro. Partiendo de esta premisa es necesario aclarar el esfuerzo que supone para esta Agencia aportar dichas actas. "Como hemos comentado las actas tenemos que recabarla de cada uno de los hospitales - 33 centros-. Las secretarías concernidas tienen que realizar la búsqueda en sus archivos de gestión o según el año, en el archivo central y remitirlas a esta Dirección General. Una vez recopiladas por esta, requiere la lectura exhaustiva de cada una de ellas para anonimizar los datos de carácter personal tanto de los profesionales que intervienen en las mismas como de los pacientes que por sus circunstancias clínicas son susceptibles de recibir o no el tratamiento farmacológico abordado en la comisión. Todo ello, en cumplimiento del artículo 15 de la ley estatal básica en materia de transparencia, y en concordancia con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. "Lo anteriormente descrito hay que efectuarlo en un elevado número de actas. En el año 2021 han sido 94 pero hay que tener en cuenta que esta cifra puede verse incrementada debido a que dichas comisiones pueden reunirse al año en un número considerable de ocasiones -según las necesidades que se vayan presentado en cada momento- y a que con anterioridad a la pandemia no había restricciones que impidieran la celebración de las mismas, por lo que se trata de una ingente labor que deben de llevar a cabo los profesionales para atender a lo solicitado, labor adicional a las tareas propias que tienen encomendadas y unido, ya que no podemos dejar de soslayo, al gran esfuerzo que por el contexto sanitario derivado de la pandemia de COVID-19 vienen realizando desde el año 2020 para que la población andaluza sufra el menor impacto posible por esta circunstancia. "Por lo expuesto anteriormente, y al carecer de los recursos humanos necesarios para destinarlos exclusivamente a esa finalidad, ya que si disponemos de los existentes se puede ver comprometido el normal funcionamiento en el desempeño de las tareas de servicio público que tienen encomendados, en un intento de conciliar, en la medida de lo posible, su derecho de acceso con el menor menoscabo en la actividad de esta Agencia y hacer sostenible la sobrecarga de trabajo de los profesionales, es lo que nos ha llevado a poner a su disposición las actas correspondientes al año 2021, con la voluntad de que pueda satisfacer en parte su conocimiento sobre el funcionamiento de las citadas comisiones. Este esfuerzo ha resultado infructuoso en cuanto al cumplimiento del plazo de respuesta establecido, cuestión esta por la que pedimos disculpas. "En cuanto a su solicitud sobre los protocolos elaborados por los hospitales para el tratamiento de la psoriasis, la artritis psoriásica y la osteoporosis, se acompañan los existentes en los centros hospitalarios siguientes: [indicación de los centros de los que se adjunta la documentación] "Por último, se indica que, debido al volumen de la información que se aporta, no puede ser remitida mediante correo electrónico, por lo que ha sido puesta a su disposición en el aplicativo de la Junta de Andalucía para envíos de fichero -CONSIGNA- en las direcciones que a continuación se especifican y a las que puede acceder en el plazo de un mes: [indicación de la dirección]". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.c) LTPA, al ser la entidad reclamada una agencia administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 7 de abril de 2022, y la reclamación fue presentada el 22 de julio de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la correcta puesta a disposición de parte de la información solicitada, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto, tras el análisis del contenido de la información puesta a disposición, al considerar que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. 2. Este Consejo debe aclarar que considera que la respuesta ofrecida fue correcta acorde a la normativa de transparencia. La entidad reclamada ofreció una información parcial por entender que resultaba de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. c) LTAIBG (acción previa de reelaboración). Pues bien, como venimos sosteniendo de forma constante en nuestras decisiones (baste citar las Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 8/2017, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º; 14/2020, FJ 3º), al determinar el alcance del concepto “acción de reelaboración” empleado por dicho art. 18.1 c) LTAIBG, resultan de utilidad las siguientes líneas directrices que inferimos del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 1º) “La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información”. 2º) “La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario”. 3º) Hay reelaboración “cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba… [e]laborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información”. 4º) Asimismo, nos hallamos en presencia de una “acción de reelaboración” cuando el organismo o entidad que recibe la solicitud “carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Y por lo que hace a la delimitación negativa del concepto, conviene especialmente destacar —en línea con el citado Criterio Interpretativo 7/2015— que la noción de “reelaboración” no implica “la mera agregación o suma de datos […], ni tampoco equivale a información cuyo volumen o complejidad hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante”. Por su parte, el artículo 30 c) LTPA indica que “Asimismo, no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente”. Relacionado con esto, venimos exigiendo en anteriores resoluciones que el órgano o entidad interpelada aplique esta causa de inadmisión que realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada. Así, en la Resolución 151/2019, de 10 de mayo, afirmábamos: “...la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6.c) de la LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos.” Y a la vista de esta doctrina, este Consejo considera que la entidad reclamada aplicó correctamente la causa de inadmisión invocada. Dado el marco temporal del que se solicita la información (cuatro años y medio), el elevado número de actas por cada ejercicio, el hecho de que no estén centralizadas en un sólo órgano, y la carencia de un sistema informático, exigen a la entidad reclamada un importante esfuerzo en medios materiales, humanos y presupuestarios al ser necesario tratar individualmente cada una de los documentos, ya que se requiere la previa comprobación y en su caso disociación de los datos personales que pudiera contener, dado que se trata de datos que merecen una especial protección (salud). Aun admitiendo que la información voluminosa no es per se motivo que justifique la aplicación de la causa de inadmisión, también es cierto que el volumen de información solicitada debe tenerse en cuenta para valorar la carga de trabajo y la concurrencia de los requisitos indicados anteriormente, y que además supondrían un tratamiento informatizado de uso no corriente. Por otra parte, la entidad reclamada demostró un esfuerzo razonable en la localización de la información al entregar parte de la información solicitada. Por ello, este Consejo considera que la respuesta ofrecida fue la correcta, procediendo por tanto a declarar la terminación del procedimiento. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.