Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Olot un certificado de las despesas asumidas para la ejecución del Pla parcial 1 del Morrot. Ante el silencio administrativo, se reclamó ante la GAIP. La GAIP inadmitió la solicitud del certificado por no estar amparada por el derecho de acceso, pero declaró la pérdida parcial del objeto al haber facilitado el Ayuntamiento la información existente.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el expediente administrativo del Anteproyecto de Ley del Deporte. Tras una inadmisión inicial del CSD, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que el organismo acabó facilitando la información, pero fuera del plazo legal establecido.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte (AEPSAD) información detallada sobre 12 casos de controles antidopaje realizados por PWC con un solo agente. El reclamante alegó falta de precisión en las fechas y medios de comunicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de revelar el plan de controles y falta de registros técnicos.
El reclamante solicitó información detallada sobre la bolsa de vigilantes de recintos públicos del Ayuntamiento de Alaquàs, incluyendo datos de contrataciones y comparativa con otros aspirantes. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación.
Se solicitó a la Consejería de Educación de Andalucía la relación de plazas ofertadas a interinos por centro y jornada. La entidad denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, instando a la entidad a responder basándose en sus propias alegaciones sobre la inexistencia de dicha oferta específica.
Se solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía la relación de plazas ofertadas a interinos (2010-2021) y plazas de reposición/nueva creación. El solicitante alegó que los datos existen en formato informático. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación por falta de rigor en la búsqueda de la información.
Se solicitó a la Presidencia del Gobierno el coste, número y listado de destinatarios de las felicitaciones navideñas (2012-2022). El reclamante alegó que el listado es de interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información no disponible requeriría una reelaboración desproporcionada y afectaría a datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana matrices de tráfico y datos de explotación de 112 contratos (2010-2020). El interesado alegó que la información es fácilmente extraíble vía SITRANBUS. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración que afectaría el funcionamiento del organismo.
Se solicitó al Ministerio del Interior el detalle de obras, suministros y listados de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de la Guardia Civil en Córdoba (2021). El solicitante alegó que la información no afecta a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de obras y CAE, pero deniega los códigos de trabajadores.
Se solicitó al Ayuntamiento de la Coma i la Pedra una relación de licencias y proyectos redactados por un arquitecto específico desde 2009. El reclamante alegó denegación de información pública. La GAIP desestimó la reclamación porque el Ayuntamiento realizó una búsqueda inicial y no denegó el acceso, pese a que la falta de archivo informático justificaba una posible inadmisión por complejidad.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Constantí datos detallados de ingresos y gastos territorializados del polígono industrial en 2021. Tras interponer un recurso de reposición por silencio administrativo, el Ayuntamiento inadmitió la solicitud. La GAIP desestima la reclamación al considerar que la información requeriría una reelaboración compleja y desproporcionada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Agramunt acceso a alegaciones, informes del POUM y datos urbanísticos de fincas concretas. El solicitante alegó que la tramitación del expediente no impide el acceso y que los datos personales pueden anonimizarse. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El solicitante pidió a la Fiscalía General del Estado datos estadísticos sobre recursos de queja y actas de reuniones internas. Tras una respuesta parcial de la Fiscalía, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que decidió inadmitir la reclamación por carecer de competencia, ya que contra los actos de la Fiscalía solo cabe recurso contencioso-administrativo.
El reclamante solicitó información económica y documental detallada sobre el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha (2007-2020) a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos presupuestarios y actas de decisión, pero desestima peticiones que requerían actuaciones materiales o reelaboración.
Una ciudadana solicitó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el desglose del gasto sanitario público por accidentes de tráfico (2016-2020) y los cobros a seguros. Alegó que la respuesta fue parcial al omitir los gastos reales. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación porque dicha información no existe, ya que el organismo no calculó los costes reales.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Cabanillas información sobre la contratación y pagos de defensa jurídica en un procedimiento judicial, además de exigir publicidad activa en la web. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación: reconoce el acceso a documentos y pagos existentes, pero deniega lo que requiera crear informes ex novo o consultas jurídicas.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de un alto cargo de la AEAT, así como datos sobre sus ingresos privados por libros y docencia. El reclamante alegó que la información agregada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el detalle de gastos pero denegando los datos privados.
Un particular solicitó al Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs el listado e actas de inspección de instalaciones eléctricas. El Ayuntamiento denegó las actas alegando riesgos de seguridad pública y carga de trabajo. La GAIP estima la reclamación al considerar que no se acredita un daño real a la seguridad y que existe un interés público en el control ciudadano.
Se solicitó a la ESSSCAN información detallada sobre los viajes del Director (costes, motivos, trayectos y acompañantes). El interesado alegó que la respuesta fue insuficiente y omitió datos de 2022. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información no publicada por no constituir una reelaboración prohibida.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de viaje del Director del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT. El solicitante alegó que la información es ya pública en redes sociales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la AEAT no justificó un perjuicio concreto ni la necesidad de reelaboración.
Un sindicato solicitó datos epidemiológicos sobre tuberculosis en ganado y detalles de vaciados sanitarios al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La administración denegó parte de la información alegando falta de competencia y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando al Ministerio a facilitar los datos.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre el sistema nacional de acogida (2010-2022) por nacionalidad y CC.AA. Tras alegar silencio administrativo y una respuesta parcial insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2010-2021 al rechazar la causa de reelaboración.
Una asociación feminista solicitó al Servei Català de la Salut datos estadísticos sobre las Unidades Trànsit y tratamientos hormonales (2010-2020). Tras alegar que la respuesta fue incompleta y carecía de desagregación, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Pastrana importes de ingresos municipales por el IBI de características especiales y por aprovechamiento de dominio público (suministros) entre 2017 y 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es pública y no requiere reelaboración compleja.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Pastrana los ingresos municipales por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales y aprovechamiento de dominio público (2017-2021). El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El solicitante pidió a Renfe Operadora el histórico de precios, ocupación y frecuencias de los trayectos Vitoria-Madrid y Vitoria-Barcelona (2012-2022). El interesado alegó que los datos son públicos y no perjudican la competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
Se solicitó al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) datos estadísticos desglosados sobre menores tutelados que hayan sido víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual desde 2010. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos desde noviembre de 2021 al Ayuntamiento de Corral de Almaguer. La administración alegó que la solicitud era genérica, abusiva y requería una labor de reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, limitando el acceso a 10 expedientes por mes para evitar una carga desproporcionada.
Se solicitó información estadística sobre menores tutelados víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual desde 2010 a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública de La Rioja. La administración alegó necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no requiere reelaboración compleja.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el número, nombre y localización de granjas de visón americano activas entre 2015 y 2022. El reclamante alegó que la información ya era parcialmente pública en otros informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una acción previa de reelaboración.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el acceso a las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales de Madrid desde 2019. La interesada alegó que la información no requería reelaboración ni afectaba a la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid decidió archivar la reclamación por desistimiento voluntario.
Se solicitó al Ayuntamiento de Viladecans saber si los departamentos de personal y jurídico consentían la exclusión de personas con puestos adaptados por enfermedad para hacer horas extras, pidiendo además la modificación de dicha medida. La GAIP estima parcialmente la reclamación: reconoce el derecho a la información, pero inadmite la petición de modificar la medida por no ser un derecho de acceso.
Un delegado sindical solicitó al Ayuntamiento de Vic informes detallados sobre 23 tipos de permisos y su cobertura con horas extraordinarias. El reclamante alegó que la información recibida era genérica. La GAIP desestima parcialmente la reclamación por considerarse una tarea compleja de elaboración, validando la entrega de datos desglosados.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès información sobre pruebas psicotécnicas y de tiro de la policía local (2006-2021). El Ayuntamiento alegó complejidad de elaboración y abuso de derecho. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso a datos ya elaborados o automatizados, pero denegando aquello que suponga un esfuerzo desproporcionado.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (AEAT) el detalle de dietas y gastos de viaje del Director General de la AEAT de los últimos 4 años. El solicitante alegó que dicha información es ya parcialmente pública en internet. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por falta de motivación del perjuicio concreto.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el acceso a actas de inspección eléctrica de 40 instalaciones. El solicitante alegó que la administración disponía de medios para atender la petición. La GAIP, tras rectificar un error material sobre los plazos, desestima la reclamación al validar que la solicitud requería una tarea compleja de elaboración (art. 29.1.b LTAIPBG).
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes copia de tiquets y facturas de gastos de representación. El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP desestima el acceso al motivo del gasto por incongruencia con la solicitud original, pero estima el acceso a los justificantes, identidades de cargos públicos y acompañantes, prevaleciendo el interés público sobre la privacidad.
Una periodista solicitó a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) el listado de establecimientos alimentarios inspeccionados entre 2017 y 2021, incluyendo nombres, direcciones y resultados. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: se debe entregar la dirección de los locales, pero se deniega el nombre comercial por falta de certeza en la veracidad de los datos.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los exámenes y plantillas de corrección de diversas OPEs desde el año 2000. El Ayuntamiento remitió un enlace web sin los criterios de corrección. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación al considerar que la solicitud masiva e indiscriminada podría constituir un abuso del derecho de acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navàs un certificado, un informe y una confirmación escrita citados en un acta de pleno. El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el certificado e informe por ser documentos preexistentes, pero desestima la confirmación escrita por requerir una elaboración expresa no amparada por la ley.
Un periodista solicitó a la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) datos detallados sobre promociones de vivienda protegida extinguidas o por extinguirse. El solicitante propuso ampliar los plazos para la información no digitalizada. La GAIP estima parcialmente la solicitud: obliga a entregar la información informatizada, pero deniega la manual por suponer una carga de trabajo desproporcionada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navàs un certificado, un informe y una confirmación escrita citados en un acta de pleno. El Ayuntamiento alegó que debían elaborarse expresamente. La GAIP estima parcialmente la reclamación: obliga a entregar el certificado e informe por ser preexistentes, pero desestima la confirmación escrita por requerir elaboración expresa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navàs un certificado, un informe y una confirmación escrita citados en un acta de pleno. El Ayuntamiento alegó que debían elaborarse expresamente. La GAIP estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el certificado e informe por ser preexistentes, pero desestima la confirmación escrita por requerir una elaboración nueva.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) informes sobre méritos de consejeros y estadísticas de reclamaciones y sanciones. La MAS denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y obliga a entregar la información.
La FEDOP solicitó al SESPA la identificación (nombre, domicilio y CIF) de las empresas que facturaron productos ortoprotésicos en 2020. El SESPA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar justificado el límite al derecho de acceso para proteger la competencia del mercado.
La reclamante solicitó al Ajuntament de l'Alfàs del Pi diversos documentos contractuales y facturas de abogados para un proceso judicial. La administración denegó el acceso alegando que la finalidad era ajena a la transparencia y que afectaba a la igualdad de las partes. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación.
El sindicat CSIF Comunitat Valenciana solicitó información sobre la plantilla y plazas vacantes de la Generalitat Valenciana a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El sindicato alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consell Valencià de Transparència inadmitió la reclamación al no acreditarse la existencia de la solicitud original ante la administración.
Se solicitó a la Dirección General de Infancia de la Junta de Andalucía el número de menores tutelados víctimas de delitos sexuales desde 2010 con desglose detallado. La entidad denegó el desglose alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que el volumen de datos es reducido y no justifica la denegación.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de viaje del Director del Departamento de Recaudación de la AEAT. El solicitante alegó falta de transparencia frente a otros cargos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la AEAT no justificó un perjuicio concreto ni la necesidad de reelaboración de datos.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el número de formularios de cadena de custodia de PWC GmbH con la expresión "not signed". El interesado alegó que la AEPSAD disponía de dicha información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no existe en el formato solicitado y no puede obligarse a la Administración a reelaborarla.
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