Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yebes expedientes de contratación de abogados y resoluciones urbanísticas. El Ayuntamiento alegó secreto profesional, intereses comerciales y abuso del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena entregar los expedientes de contratación, pero desestima el acceso a los urbanísticos por ser una petición abusiva.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera datos sobre veladores, incluyendo la superficie autorizada. El Ayuntamiento denegó este último punto alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación, validando que la información requiere un nuevo tratamiento.
Un ciudadano solicitó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) información sobre acciones formativas y procesos de selección de la Escuela Della Robbia. El SAE denegó el acceso alegando reelaboración de datos y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la solicitud de acciones formativas, pero estima parcialmente la de procesos selectivos.
La reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud datos anonimizados sobre prescripción de tranquilizantes, ansiolíticos y opioides de la última década. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta por parte de la administración.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre formación en riesgos laborales y el registro de accidentes e incidentes desde 2010. El reclamante alegó que la información recibida era insuficiente y no se ajustaba a lo pedido. El Comisionado de Transparencia desestima la reclamación al considerar que no se puede obligar a la Administración a elaborar información nueva.
Una ciudadana solicitó al Servicio Extremeño de Salud datos anonimizados sobre la prescripción de ansiolíticos y opioides de la última década. El organismo proporcionó solo los datos de 2016-2020 alegando que el resto requeriría reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El interesado solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el desglose de costes de la gira oficial del Presidente en EE.UU. en julio de 2021. La administración alegó inadmisión por requerir una reelaboración de información contable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información no es compleja ni está dispersa.
Un periodista solicitó a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana datos históricos (desde 2010) sobre inspectores y listas detalladas de inspecciones en mataderos y granjas. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación al considerar que, tras las alegaciones, se acredita la complejidad y carga de trabajo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Manlleu datos de sinistralidad viaria y actuaciones preventivas. El solicitante alegó que la información es de interés general y que la denegación vulneraba su derecho de acceso. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos básicos y actuaciones documentadas, inadmitiendo la creación de informes nuevos y declarando la pérdida de objeto en puntos inexistentes.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Corral de Almaguer copias de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era genérica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la información es pública y que el solicitante concretó su petición para no entorpecer la gestión administrativa.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía solicitó a la Dirección General de Infancia datos detallados sobre menores migrantes llegados irregularmente. Alegó que la información fue parcial, genérica y en formato no manejable. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó el acceso a datos detallados por requerir reelaboración, pero estimó la solicitud de formato manejable.
El solicitante pidió al Gobierno de La Rioja datos sobre menores tutelados víctimas de delitos sexuales desde 2010. La administración denegó parcialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a facilitar la información desglosada.
El sindicato SEPMA solicitó al Ayuntamiento de Marbella información sobre procedimientos y criterios relativos a la temporalidad del personal público. Tras la denegación del Ayuntamiento, el sindicato reclamó alegando que no existía reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por presentarse fuera de plazo.
El sindicato SEPMA solicitó al Ayuntamiento de Marbella datos detallados sobre personal funcionario, interinos y procesos por abuso de temporalidad. Tras una respuesta parcial basada en la prohibición de reelaboración de datos, el sindicato reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que inadmitió a trámite la reclamación por presentarse fuera de plazo.
USTEA solicitó a la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Cádiz el presupuesto de funcionamiento de los centros públicos de la provincia (2016-2021). Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por motivos formales, obligando al organismo a responder formalmente al solicitante.
Se solicitó al Ministerio del Interior datos estadísticos sobre personas investigadas, detenidas y multadas por delitos en redes sociales. Ante el silencio administrativo, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó fuera de plazo y tras la interposición de la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte datos estadísticos y específicos sobre expedientes de Pasaporte Biológico del Deportista. La administración remitió al portal web y alegó falta de obligación de realizar estadísticas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la respuesta fue insuficiente y no se justificó la reelaboración.
Se solicitó al Departamento de Sanidad de Aragón el desglose por residencias de contagiados y fallecidos por Covid-19. El solicitante alegó que el acceso parcial concedido era insuficiente y carecía de motivación. El Consejo de Transparencia de Aragón ordena retrotraer el procedimiento para realizar el trámite de audiencia a los titulares de los centros antes de decidir.
La Unión de Consumidores de Aragón solicitó al Departamento de Sanidad un listado detallado de inspecciones higiénico-sanitarias y sanciones. El Departamento denegó el acceso alegando falta de una base de datos informatizada. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información excepto los datos de personas físicas sancionadas.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid información detallada sobre la detección y retirada de amianto en centros sanitarios. El interesado alegó que la respuesta fue insuficiente en cuanto a fechas, tests y costes. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al considerar justificada la inadmisión parcial por reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre licencias de actividad y terrazas de hostelería en el Edificio Galaxia. El interesado alegó que la administración infringió el deber de remitir la solicitud al órgano competente y rechazó la inadmisión por reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid declara la pérdida de objeto al haberse facilitado la información.
Una asociación solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación de Galicia una relación certificada de la documentación sobre actividades mineras no autorizadas en Mondoñedo. La asociación alegó que esta petición difería de solicitudes previas. La Comisión da Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por existir un régimen jurídico específico.
Un ciudadano solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) convocatorias, criterios de selección y relación nominal con retribuciones del personal colaborador en pruebas selectivas en Granada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el proceso para dar audiencia a los terceros afectados.
Se solicitó a la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) la relación de publicaciones y actualizaciones de sus procedimientos web. La ESSSCAN inadmitió la solicitud alegando falta de un documento único y falta de personal. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación, obligando al organismo a facilitar la información solicitada.
El ciudadano solicitó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria datos detallados y desglosados sobre delitos fiscales, condenas e importes recaudados. Tras una respuesta parcial que remitía a las memorias anuales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información requerida exigiría una reelaboración compleja y la creación de un informe ad hoc.
Una persona solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública información sobre la convocatoria de exámenes extraordinarios por COVID-19 y estadísticas de aprobados. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la solicitante, al ser interesada en un proceso selectivo en curso, debe usar la vía administrativa específica y no la ley de transparencia.
Se solicitó al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el número de menores tutelados víctimas de delitos sexuales desde 2010. El IMAS inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que dicha causa de inadmisión no está justificada.
La Asociación Española contra Terapias de Conversión solicitó información detallada sobre procedimientos sancionadores y estadísticas de la Ley 3/2016 a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Tras la inadmisión por reelaboración, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos.
La interesada solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid evaluaciones y decisiones de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. La administración denegó parcialmente alegando secreto profesional y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena entregar la información.
La Asamblea-Tarifa de Verdes de Europa solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía el presupuesto total asignado a cada centro educativo público de Cádiz durante cinco cursos escolares. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información requiere una reelaboración previa no asumible por la entidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valencia información técnica sobre requisitos para iniciar una actividad de hostelería (uso de extractores, hornos y domicilios). La administración respondió con informes técnicos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestima la reclamación, al considerar que no se trata de acceso a información existente, sino de una consulta que requiere elaboración técnica y encaja en el derecho de petición.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alt d'Àneu la emisión de un certificado de aprovechamiento urbanístico y de cargas de una finca. El reclamante alegó la falta de respuesta del consistorio. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque la solicitud de certificaciones excede el objeto del derecho de acceso a la información pública.
Se solicitó al Consell Comarcal de l'Alt Urgell información sobre los votos y el porcentaje de participación derivados de la compra de una acción en la empresa SUMAR. El organismo alegó que la información estaba en curso de elaboración. La GAIP estima la reclamación porque la causa de inadmisibilidad es improcedente y operó el silencio administrativo positivo.
El interesado solicitó información sobre un viaje del Presidente del Gobierno a Berlín, preguntando por el uso del avión Falcon y su coste. La administración no respondió en plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, dado que la respuesta fue extemporánea, aunque la administración ya hubiera proporcionado parte de la información.
Una persona solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública información sobre exámenes extraordinarios por COVID-19 en una oposición. El Instituto estimó parcialmente la solicitud denegando datos de salud. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la solicitante era interesada en un procedimiento en curso.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de personas con licencia de armas desglosado por año, género, edad y provincia de los últimos 20 años. El interesado alegó que los datos están informatizados y no requieren reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar justificada la necesidad de reelaboración dada la amplitud temporal.
Una persona solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública información sobre exámenes extraordinarios por COVID-19 en una OPE. Alegó que solo se respondió a una de sus cinco preguntas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la solicitante es interesada en un proceso administrativo en curso y debe usar la vía específica.
Un representante sindical de CCOO solicitó al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló un informe de los servicios jurídicos sobre el procedimiento de entrega de copias de contratos de trabajo a los miembros del Comité de Empresa. El Consorci alegó que la entrega es un asunto interno del Comité. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestimó la reclamación por incurrir en causa de reelaboración.
Un ciudadano solicitó a ACOSOL, S.A. planos de canalizaciones, certificaciones de abastecimiento y registros de mantenimiento. Tras una respuesta y reunión presencial, el interesado interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que decidió inadmitirla a trámite por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
USTEA solicitó a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla datos detallados sobre alumnado NEAE y recursos humanos por centro. El sindicato alegó que eran datos estadísticos y que su derecho a la libertad sindical justificaba el acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación para evitar la identificación indirecta de menores.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Agricultura de Andalucía documentación técnica, análisis de suelos y estadísticas sobre el uso de sustancias químicas prohibidas (1,3-dicloropropeno y cloropicrina). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la retroacción del procedimiento para dar trámite de alegaciones a terceros afectados.
Una empresa minera reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia contra la resolución de la Consellería de Economía que permitió a una asociación consultar expedientes de concesión y transmisión. La empresa alegó secreto empresarial y reelaboración de datos. La Comisión desestimó la reclamación, validando la consulta in situ como solución operativa.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Educación y Formación Profesional el número anual de denegaciones de escolarización en Melilla desde 2008 y respuestas a consultas sobre responsabilidades por condenas de la ONU. El Ministerio alegó la necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la labor de cómputo es asequible.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de las donaciones recibidas para hacer frente a la COVID-19, incluyendo la identidad de los donantes jurídicos. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando reelaboración y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones.
Se solicitó al Ayuntamiento de Molins de Rei el inventario de bienes inmuebles y vehículos. El reclamante alegó que la información recibida era incompleta. La GAIP decidió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento manifestó haber entregado toda la información disponible, incluyendo el acceso directo a su aplicativo corporativo.
D. Xxx solicitó al Ayuntamiento de Irún información sobre actividades ruidosas nocturnas en las fiestas de San Marcial desde el año 2000. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva, ambigua y requería reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y obliga al Ayuntamiento a facilitar la información en 20 días.
Un sindicat solicitó al Departament d'Interior datos sobre el teletrabajo de diversos colectivos. Tras una estimación parcial y denegaciones basadas en la complejidad de la elaboración, el sindicat presentó reclamación. Finalmente, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) finaliza el procedimiento debido al desistimiento expreso del reclamante.
Se solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública los fundamentos de derecho de las preguntas y respuestas de un examen, y las instrucciones dadas a los aspirantes. Tras una reclamación por falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por desaparición del objeto, ya que la entidad respondió durante la tramitación.
El interesado solicitó información detallada sobre la provisión de fondos para la compra de mascarillas y guantes en el presupuesto 912 de la Presidencia del Gobierno. La administración alegó que los gastos están integrados en el subconcepto de "Otros suministros" y que individualizarlos requeriría una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte información detallada sobre empresas ganaderas de reses de lidia, incluyendo CIF, ubicación, sanciones e inhabilitaciones. El Ministerio denegó parte de la información alegando falta de datos, reelaboración y solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación parcialmente, ordenando retrotraer actuaciones.
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