Reclamación por denegación parcial de acceso a datos sobre sanciones de salud pública desde 2015 y resultado estimatorio

Resolución 411/2022 ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado solicitó el 1 de abril de 2022 al MINISTERIO DE SANIDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Solicito conocer la siguiente información desglosada mensualmente desde enero de 2015 hasta la actualidad: - Número de infracciones impuestas en base a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y que se me desglose según si eran leves, graves o muy graves o cualquier otro tipo. - Número de sanciones impuestas en base a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y que se me desglose según si eran leves, graves o muy graves o cualquier otro tipo. S/REF: 001-067568 N/REF: R/0410/2022; 100-006790 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Sanidad Información solicitada: Número de infracciones y sanciones impuestas desde enero de 2015 en aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, desglosadas mensualmente en leves, graves o muy graves, o cualquier otro tipo. Solicito toda la información en formato reutilizable como puede ser .csv o .xls.” 2. Mediante Resolución de 5 de mayo de 2022, la Dirección General de Salud Pública concedió el derecho de acceso de forma parcial, inadmitiendo parte de la solicitud en aplicación del artículo 18 LTAIBG: “(…) la Dirección General de Salud Pública acuerda conceder su derecho de acceso a la información pública, aunque parcialmente, respecto a las cuestiones competencia de este órgano directivo. El procedimiento sancionador al que se refiere en su solicitud [tipificación de los hechos, tramitación del expediente, sanción y grado de cumplimiento de la misma] se regula en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Sanidad, tiene carácter básico y como se establece en el artículo 61 apartado primero la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a la Administración competente por razón del territorio y la materia. Dicho lo cual, le informamos sobre los expedientes sancionadores tramitados en la Dirección General de Salud Pública. No se dispone de la información desagregada de la forma requerida por usted porque el procedimiento sancionador tal y como está articulado en ambos textos legales no distingue infracciones impuestas de sanciones impuestas. En cuanto a la información entre el año 2015 a 2019, y de acuerdo con la normativa archivística aplicable a los documentos administrativos están en proceso de transferencia al archivo central del Departamento Ministerial. Por lo que de acuerdo con la letra c del apartado 1 del artículo 18 se inadmite su solicitud por tratarse de información para cuya divulgación resulta necesaria una acción previa de reelaboración. Se adjunta como Anexo I a la presente resolución documento en formato reutilizable con la información disponible.” 3. El mismo día 5 de mayo de 2022 el interesado interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: “ (…) Sanidad alega que la normativa no distingue entre infracciones y sanciones. Por lo tanto, en realidad, sólo deberían facilitarme la mitad de lo solicitado, uno de los dos puntos en lugar de los dos. Aún así, entregan un archivo excel con algo de detalle sobre las sanciones desde 2020, pero nada respecto a los años anteriores. Mi solicitud no pedía ni siquiera detalle sobre cada infracción, sino los totales de infracciones/sanciones impuestas por mes y por tipo de gravedad. Como es evidente Sanidad dispone de esta información y no estamos ante un caso de reelaboración, incluso aunque estén trasladando la información al archivo del ministerio. Que la estén trasladando demuestra y significa que la tienen. No se puede aplicar por tanto esa causa de inadmisión y deberían facilitar lo solicitado. El criterio interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establece que cuando “la información se encuentre en poder de varias unidades informantes que resultan responsables de su custodia pero su autor esté claramente definido (…) tampoco se trataría de un caso de reelaboración, operando el artículo 19.4 de la Ley 19/2013 que establece que: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. El autor de la información es el ministerio y es quien dispone de ella sea en el archivo o en otro lugar, debe darme acceso por lo tanto a lo solicitado. Pido, por todo ello, que se estime mi reclamación y se inste a Sanidad a entregarme lo solicitado. (…). ” 4. Con fecha 5 de mayo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE SANIDAD para que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 10 de junio de 2022, el MINISTERIO DE SANIDAD realizó las siguientes alegaciones: “(…) 2.- En primer lugar, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a rectificar el error de hecho que consta en el Anexo I que se adjuntaba con la resolución. En este, se hacía referencia en el recuadro de “Motivo” al artículo 52 7 2 c) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y debe entenderse artículo 57.2 c) de la misma ley. 3.- Por lo que se refiere al objeto de reclamación, se alega por el interesado que “Sanidad alega que la normativa no distingue entre sanciones e infracciones. Por lo tanto” y de aquí deduce el reclamante “en realidad sólo deberían facilitarme la mitad de lo solicitado, uno de los puntos en lugar de los dos” Sin embargo, contrariamente a lo que supone …, lo que se pretende con la resolución de 05 de mayo de 2022, siguiendo el espíritu que inspira la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al regular el derecho de acceso a la información pública, es facilitar la información disponible, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: las Administraciones Públicas tramitan expedientes sancionadores, no datos de infracciones impuestas y sanciones impuestas, porque la información así requerida, no es útil ni necesaria para desempeñar las funciones que tiene encomendadas esta Dirección General de Salud Pública. Además, se pretendía contribuir a clarificar las competencias en materia sancionadora y en el marco de la normativa sanitaria que, en el ámbito de este órgano directivo es residual, de ahí que prácticamente se haya elaborado un documento en formato reutilizable, con el afán de dar cumplimiento a la ley 19/2013 de 9 de diciembre, especialmente cuando el interesado presenta otra solicitud con contenido similar, el mismo día 01 de abril de 2022, variando el período de años y requiriendo, a mayores, una profusa lista de detalles sobre la materia, que podría haber formulado en una única solicitud. Por estos motivos, es por lo que tampoco se pueden aportar datos anteriores a los suministrados. Como se ha indicado, los expedientes administrativos no sólo los sancionadores, con antigüedad superior a 2 años, son objeto de transferencia archivística. 4.- En este punto, consideramos imprescindible subrayar, que con fecha 05 de mayo de 2022, el reclamante vuelve a presentar otra solicitud registrada con el número 001-68501 cuyo contenido transcribimos a continuación: “Estimado Ministerio de Sanidad, Solicito conocer la siguiente información desde el 1 de enero de 2015 ha sta el 31 de diciembre de 2019: - Todas y cada una de las infracciones impuestas en base a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y que para cada una de ellas se me detalle: motivo concreto de la infracción (hecho que realizó la persona infractora lo más detallado posible), si hubo sanción posterior o no, si se consideró leve, grave o muy grave, importe de la sanción en caso de haberlo, si se pagó o no la sanción, quién impuso la infracción o sanción, fecha de la infracción y lugar de la infracción. Solicito toda la información en formato reutilizable como puede ser .csv o .xls. Muchas gracias, Quedo a su disposición para lo que estimen oportuno.” Y es preciso aludir a estas solicitudes, porque el derecho de acceso a la información pública por parte de los interesados no puede ser ilimitado hasta el punto de perseguir la creación de información para uso profesional comprometiendo recursos de las instituciones públicas.” 5. El 17 de junio de 2022 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 20 de junio de 2022, tuvo entrada escrito, con el siguiente contenido: “(…) Me reafirmo en lo expresado en la reclamación y pido que se siga adelante con el presente expediente. El ministerio alega que los expedientes de más de dos años los transfieren a su archivo. Pero no explican porque no pueden entregar esos datos, ya que el archivo depende del propio ministerio. Tampoco detallan otra forma de acceder a esa información, de la que demuestran disponer. De hecho, recordar que el criterio interpretativo del Consejo recoge de forma clara que la indicación de un formato de entrega es una preferencia que puede indicar el solicitante y que la Administración debe cumplir cuando sea posible, pero si no está en formato reutilizable, me lo podrían haber facilitado de la forma en que lo tengan. O incluso haberme indicado otra vía de acceso a la información. Pido, por todo ello, que se estime mi reclamación y se inste al ministerio a entregarme lo solicitado. Es información de indudable interés público sobre la que la Administración debe rendir cuentas de su gestión y entregar lo solicitado, más después de más de dos años de pandemia. Y más cuando se trata de un asunto de tal gravedad como sanciones por infracciones de salud pública. El ministerio alega, además, que con posterioridad interpuse una solicitud similar. Eso se debería tratar en otro caso, si llega el momento, ya que es una solicitud posterior y en todo caso sería esa posterior la que podría incurrir en la inadmisión por abusiva. En ningún caso pretendo que el ministerio fabrique información para mi persona, sino que me faciliten información sobre unas sanciones que dependen de ellos y que tienen como información, ya sea en el archivo o en otras unidades de su departamento. Muchas gracias, Quedo a su consideración para lo que estimen oportuno.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al múmero de sanciones e infracciones impuestas en virtud de la ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, desde enero de 2015 hasta la actualidad, desglosando por meses si eran leves, graves o muy graves, solicitando que se le facilitara esta información en formato reutilizable. La Dirección General de Salud (MINISTERIO DE SANIDAD) concede el acceso parcial y facilita un fichero Excel con parte de la documentación solicitada referida únicamente a los años 2020 en adelante, alegando que, en primer lugar, sólo pueden facilitar aquella información relativa a expedientes sancionadores en los que haya intervenido la Dirección General de Salud; y, en segundo lugar, que no disponen de la información desagregada en la forma que es requerida; y por último, que la información relativa a los años 2015 a 2019 está en proceso de transferencia al archivo central del Departamento Ministerial. Por ello, se inadmite parcialmente la solicitud al amparo del art.18.1.c) LTAIBG . El solicitante considera que la restricción acordada por el Ministerio no es conforme a derecho porque no se da ninguna explicación sobre por qué no pueden entregar esos datos, ya que el archivo depende del propio ministerio” y “tampoco detallan otra forma de acceder a esa información, de la que demuestran disponer”. 4. Se ha de proceder por tanto a examinar si es conforme a derecho la aplicación a la información reclamada de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG que dispone que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: “Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”.. En relación con la aplicación de la citada causa cabe recordar que este Consejo de Transparencia aprobó en virtud de las potestades del artículo 38.2 a) de la LTAIBG , el Criterio Interpretativo CI/007/2015 , de 12 de noviembre en el que se concluye lo siguiente: “(…) será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algun as de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración.” 5. Junto a ello, a la hora de aplicar esta causa de inadmisión es preciso tener en cuenta la doctrina establecida por nuestros Tribunales, que ya han tenido ocasión de pronunciarse en varias sentencias sobre su interpretación y alcance. En este sentido, es obligado comenzar recordando la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530), en la que el Alto Tribunal establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de interpretar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." Y, en esta misma Sentencia, concluye sentando la siguiente doctrina en interés casacional: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información” Posteriormente, en la STS de 3 de marzo, (ECLI: ES:TS:2020:810) volvió sobre la cuestión, manifestándose en los siguientes términos: "Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración." Y, en la STS de 25 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1256), tras reproducir los razonamientos anteriores, precisó el entendimiento de los mismos del siguiente modo: “La Sala apreció en el indicado caso la necesidad de la acción previa de reelaboración de la información, y por tanto la concurrencia de la causa de inadmisión, debido a que la información no se encontraba en su totalidad en el órgano al que se solicita, sino que se trataba de información pública dispersa y diseminada, que debía ser objeto de diversas operaciones de recabarla de otros órganos, ordenarla, separar la información clasificada y sistematizarla, aparte de que se trataba de información en distintos soportes físicos e informáticos.” Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido también acogida y concretada por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 31 de enero (ECLI:ES:AN:2022:359), en cuyo fundamento de derecho tercero razona sobre el concepto de «acción previa de reelaboración» en los siguientes términos: «Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia habla de que se inadmitirán las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, no puede abarcarse los supuestos en los que la información se contenga en expedientes administrativos concretados por el solicitante, pues esto colisiona con el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal manera que si toda petición que conllevara extraer información de un expediente identificado que no esté ordenada fuera rechazada, el derecho a la información quedaría gravemente constreñido. Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico». 6. Aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa, este Consejo considera que la justificación proporcionada por el Departamento ministerial no satisface los requisitos necesarios para admitir que concurre la causa de inadmisión del artículo 18.1 c) de la LTAIBG. Teniendo en cuenta que se trata de información que obra en poder de la Administración y que no se encuentra en expedientes indeterminados o dispersos en una pluralidad de registros o archivos sino expedientes perfectamente identificados y localizados, la extracción de los mismos de la información solicitada no puede calificarse como una acción previa de reelaboración a efectos de justificar la denegación del acceso a información pública en virtud de la causa de inadmisión invocada que, recordemos, ha de ser aplicada de manera restrictiva dada la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso constitucional y legalmente reconocido. A esta conclusión contribuye el hecho de que la información solicitada se circunscribe al número de sanciones impuestas (desglosadas por meses y por tipología), por lo que no requiere complejas tareas de búsqueda, ordenación y sistematización de informaciones dispersas y diseminadas. Por otra parte, se debe señalar que resulta paradójico que se justifique la inadmisión de la solicitud argumentando que los “documentos administrativos están en proceso de transferencia al archivo central del Departamento”, puesto que ello no implica que no se encuentren en el ámbito de disposición del Ministerio en el momento de recibir la solicitud, ni que vayan a dejar de estarlo en el futuro. A este respecto, conviene recordar que el derecho reconocido en el artículo 105 de la Constitución española es, precisamente, el de “acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”. A todo ello se ha de añadir que el conocimiento de la información reclamada reviste un indudable interés público para los fines de fiscalización por la ciudadanía de la actuación de la administración en un ámbito tan relevante como el del ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación de la normativa de protección de la salud pública. En consecuencia, procede estimar la reclamación e instar al Ministerio a conceder el acceso a los datos reclamados. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE SANIDAD de fecha 5 de mayo de 2022. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Número de sanciones impuestas en base a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y que se me desglose según si eran leves, graves o muy graves o cualquier otro tipo. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez