Reclamación por denegación de acceso a información sobre controles antidopaje de PWC GmbH y desestimación por necesidad de reelaboración

Resolución 148/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 20 de diciembre de 2021 al Ministerio de Cultura y Deporte, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: S/REF: 001-063816 N/REF: R-0182-2022 / 100 -006467 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Cultura y Deporte/AEPSD Información solicitada: Controles Antidopaje realizados por la AEPSD “En relación con los controles antidopaje llevados a cabo por la AEPSAD a través de la empresa alemana adjudicataria de toma de muestras Professional Worldwide Controls (PWC GmbH) entre las fechas 17/02/2017 y 23/07/2021: 1) ¿En cuántos Formularios de Control de Dopaje en los que figure PWC GmbH como autoridad de recogida no se constata que en el proceso de recogida de la muestra del deportista estuviesen presentes tanto el Oficial de Control del Dopaje como un segundo Agente de Control? 2) Durante el mismo periodo, ¿cuántas misiones de control de dopaje encomendadas a PWC GmbH se han realizado con un solo Agente de Control habilitado por la AEPSAD?” 2. Mediante resolución de 26 de enero de 2022, el Ministerio de Cultura y Deporte traslada al reclamante la siguiente información: “(…) 4º. El volcado de los datos correspondientes a los controles de dopaje en los sistemas de información de la AEPSAD solo recoge de manera sistemática como información específica el del número de agentes de control presentes en el control de acuerdo con la información contenida en el Formulario de Control de Dopaje desde el 1 de abril de 2021. Los datos y registros relativos a las misiones de control de dopaje no se tratan singularmente, sino que estando integrada cada misión por la realización de uno o varios controles de dopaje, se incorpora el número de misión en el que se encuadra cada control de dopaje como un dato más de este. 5º. Hechas las anteriores consideraciones, la información que obra en esta Agencia respecto a la solicitud de información que se plantea es la siguiente: Desde el 1 de abril hasta 31 de diciembre de 2021, de un total de 1242 controles realizados hay 12 casos en los que no consta en la documentación aportada por PWC, la firma del segundo agente de control, lo cual supone un 0,96 % respecto del total. Con carácter previo a 1 de abril de 2021 no existen registros de los datos solicitados al no estaba implementada la incorporación de los mismos en el volcado electrónico de la información contenida en los formularios de control de dopaje. (…)” 3. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 25 de febrero de 2022, el interesado interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) co n el siguiente contenido: “ÚNICO. - VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA. El día 20 de diciembre de 2021, con fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) de 29 de diciembre, solicité conocer, entre las fechas 17/02/2017 y 23/07/2021: 1) En cuántos Formularios de Control de Dopaje en los que figure PWC GmbH como autoridad de recogida no se constata la presencia tanto del Oficial de Control del Dopaje como de un segundo Agente de Control; y 2) Cuántas misiones de control encomendadas a PWC GmbH se han realizado, directamente, con un solo Agente de Control. Como puede observarse en la respuesta de la AEPSAD, sólo obraría información en esta Agencia Pública "desde e l de abril" de 2021, de forma que "con carácter previo a 1 de abril de 2021 no existen registros de los datos solicitados". Esta manifestación es absolutamente inverosímil, más aún cuando la empresa PWC GmbH, desde el año 2017, ha resultado adjudicataria de 3.854.628 euros de fondos públicos. Es evidente que la AEPSAD dispone de todos los Formularios de Control de Dopaje y todos los Formularios de Informe de Misión proporcionados por PWC GmbH desde el día 17/02/2017 (y también con anterioridad), pues es obligación de la empresa adjudicataria remitir a la AEPSAD estos dos formularios, entre otros, al final de cada misión, precisamente para que la AEPSAD pueda comprobar que el servicio de toma de muestras prestado se ajusta a la normativa administrativa y, en definitiva, al contrato de adjudicación. En primer lugar, en los Formularios de Control de Dopaje cumplimentados por PWC GmbH desde el día 17/02/2017, la AEPSAD podrá comprobar en las casillas consignadas para ello, al final del formulario, en cuántos formularios de control exactamente no consta la firma de, al menos, un segundo Agente de Control. Por su parte, en los Formularios de Informe de Misión cumplimentados por PWC GmbH desde el día 17/02/2017, la AEPSAD podrá comprobar en la sección consignada para ello (personal de recogida) cuántas misiones se han llevado a cabo, directamente, con un solo Agente de Control. Por lo tanto, en la AEPSAD sí obran los formularios de los que, sin ningún obstáculo, puede extraerse la información solicitada. Asimismo, como manifiesta la AEPSAD, desde el 1 de abril de 2021 "hay 12 casos en los que no consta en la documentación aportada por PWC la firma del segundo Agente de Control " , lo que evidencia que la empresa adjudicataria realiza, de forma repetida, controles con un solo Agente de Control. Esta práctica permite la reducción de sus costes de personal y, por tanto, el incremento de sus beneficios, pero a costa de muestras que son defectuosas a los fines del control del dopaje y susceptibles de ser invalidadas incluso por la propia AEPSAD. Por lo tanto, al igual que la Dirección de la AEPSAD ha podido corroborar la existencia de 12 controles defectuosos desde el 1 de abril de 2021, los Formularios de Control de Dopaje y los Formularios de Informe de Misión proporcionados por PWC GmbH permitirán conocer con total exactitud el número de controles y misiones con un solo Agente de Control existentes entre el 17/02/2017 y el 31/03/?021. En virtud de lo anterior, SUPLICO a este CONSEJO DE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA que acuerde admitir a trámite la presente reclamación y, tras los trámites administrativos oportunos, inste a la AEPSAD a proporcionar la información solicitada relativa al número de Formularios de Control de Dopaje y al número de misiones de control de PWC GmbH en los que puede constatarse, desde el 17/02/2017 (no sólo desde el 01/04/2021), la presencia de un solo Agente de Control.” 4. Con fecha 1 de marzo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de Cultura y Deporte al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 21 de marzo se recibió escrito con el siguiente contenido: “(…) 1º Los formularios de control de dopaje contienen hasta 70 campos diferentes y no se incorporan todos ellos a los registros y bases de datos informá ticos (Anexo I). Hasta el 1 de abril de 2021 no se registran en las bases de datos el número de agentes presentes en los controles de dopaje que toman parte en cada control de dopaje pues no en todos los casos es precisa la presencia de dos Agentes de Control de Dopaje. Así, sucede por ejemplo, en todos aquellos controles que la AEPSAD ha venido realizando por cuenta de otras organizaciones antidopaje extranjeras o internacionales cuya legislación no exige este requisito o en aquellos casos en que dichos controles se realizan por cuenta de otras instituciones públicas como parte o condición de pruebas selectivas. Esta actividad supuso un 17 % de la actividad de recogida de muestras de esta Agencia en el año 2020. No obstante, y con el propósito de mejorar el servicio y el seguimiento sobre la actividad y el desempeño de las mercantiles adjudicatarias, se comienza en abril a incorporar el mencionado dato (anexo II) únicamente se realiza desde 1 de abril de 2021. 2º. El criterio interpretativo del Consejo de Trasparencia 7/2015 de fecha 12 de noviembre de 2015 ASUNTO: Causas de inadmisión de solicitudes de información: relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. (Artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013) estableció que: “es preciso señalar que el artículo 18 de la Ley 19/2013, establece una serie de causas que permiten declarar la inadmisión de una solicitud de información que, al tener como consecuencia inmediata la finalización del procedimiento, habrán de operar, en todo caso, mediante resolución motivada. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”. Por otra parte, el criterio interpretativo del Consejo de Trasparencia 3/2016, de fecha 14 de julio de 2016, ASUNTO: Causas de inadmisión de solicitudes de información: solicitud de información repetitiva o abusiva, sostiene que ”una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: Con carácter general, en aquéllos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: "Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho". Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamie nto que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo o una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.” Cabe traer aquí a colación que la jurisprudencia ha destacado la conexión que media entre la apreciación de la causa de inadmisión y la “inexistencia” de la información solicitada. En los términos de la Sentencia nº 60/2016, dictada por el Juzgado Central de lo contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid el 25 de abril de 2016: “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía". En un sentido similar, la Sentencia de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2017, dictada en el recurso de apelación nº 63/2016, específica que "El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1 c permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia”. La información que ahora se solicita exigiría la revisión de cerca de 16.000 formularios de control de dopaje, con 70 campos diferentes cada uno de ellos, y de informe de misión pues no existen en la Agencia registros de los extremos que ahora viene el solicitante a reclamar. Ello, en caso de ser atendida su solicitud, requeriría un esfuerzo exclusivo que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, pues, como se ha dicho, esta información no ha sido elaborada ni tratada en los términos en que se solicita por la razón ya consignada en el número anterior. 3º. Se he proporcionado al solicitante la información disponible por esta Agencia en los términos por él demandados. La reclamación que ahora se contesta no resulta posible pues no se disponen de los medios técnicos necesarios para recabar dicha información salvo que se destinaran medios humanos y materiales con los que no se cuenta exclusivamente a ello y durante un largo periodo de tiempo, a la elaboración de la información en los términos exigidos ocasionando con ello la paralización de la gestión ordinaria de esta agencia y del cumplimiento de los fines de servicio público que el ordenamiento le tiene encomendados.” 5. El 25 de marzo de 2022, se trasladó al interesado las alegaciones de la Administración para que manifestara lo que tuviese por conveniente. El 6 de abril de 2022, el reclamante presentó escrito con el siguiente contenido: “ÚNICO.- Que, mediante requerimiento de 25 de marzo de 2022, con nº 7255, se pone en mi conocimiento la respuesta proporcionada por el Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) en relación con la realización de controles antidopaje por parte de la empresa adjudicataria PWC GmbH con un solo agente de control, a fin de alegar lo que estime conveniente ante esta documentación. En su escrito de 18 de marzo de 2022, el Director de la AEPSAD alega que “se ha proporcionado al solicitante la información disponible por esta Agencia en los términos por él demandados”. Sin embargo, como puede comprobarse en la resolución recurrida, el Director de la AEPSAD limitó la información proporcionada al periodo comprendido entre los días 1 de abril y 31 de diciembre de 2021, respecto al que, tras revisar la documentación proporcionada por PWC GmbH sobre un total de 1.242 controles, confirmó que “hay 12 casos en los que no consta en la documentación aportada por PWC la firma del segundo agente de control”. Esta revisión, limitada interesadamente a un periodo mínimo, ya evidencia que la empresa adjudicataria realiza sistemáticamente controles con un solo agente de contro l (12 casos entre abril y diciembre de 2021), incumpliendo lo estipulado en el art. 79 RD 641/2009, de 17 de abril y los sucesivos contratos suscritos entre la AEPSAD y PWC GmbH. Además, existen registros públicos, como la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte 134/2019, de 27 de septiembre, que evidencia la realización de controles con un solo agente de control desde –al menos– el 17 de junio de 2017, incluso utilizando la AEPSAD esta circunstancia para archivar el resultado positivo detectado por el acreditado incumplimiento del art. 79 RD 641/2009, de 17 de abril. Es posible que este sea el motivo por el que el Director de la AEPSAD ha decidido limitar la información pública proporcionada al día 1 de abril de 2021, fecha a partir de la cual la realización de controles por parte de PWC GmbH con un solo agente de control se habría reducido (todavía 12 casos en nueve meses), mientras que los casos ocurridos entre el 17 de febrero de 2017 y el 31 de marzo de 2021, entre ellos el referido control de 17 de junio de 2017, posiblemente serán mucho mayores. Durante el periodo respecto al que solicité conocer la información pública –del 17 de febrero de 2017 al 23 de julio de 2021– la empresa PWC GmbH resultó adjudicataria de diversos contratos públicos por importes de 1.541.063 euros, 748.025 euros, 849.003 euros y 716.537 euros, siendo que la realización de controles con un solo agente en lugar de los dos que requiere la normativa administrativa y el contrato de adjudicación ha generado a la empresa adjudicataria un ahorro de costes de personal del 50% en cada control, con el consiguiente beneficio económico a costa de controles que, como establece la referida resolución administrativa, incumplen el art. 79 RD 641/2009, de 17 de abril, el cual la empresa adjudicataria estaba obligada a cumplir incluso por contrato. En este contexto, resultaría que en cuanto al periodo respecto al que se solicita la información pública (más amplio que el seleccionado deliberadamente por el Director de la AEPSAD) “no existen en la Agencia registros de los extremos que ahora viene el solicitante a reclamar”, si bien es evidente que la documentación que ha permitido al Director de la AEPSAD confirmar que existen 12 casos entre los 1.242 controles realizados entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2021 es la misma que permitirá identificar cuántos controles y misiones con un solo agente de control ha llevado a cabo PWC GmbH entre el 17 de febrero de 2017 y el 31 de marzo de 2021. Aunque el Director de la AEPSAD alega que “la información que ahora se solicita exigiría la revisión de 16.000 formularios de control de dopaje”, dejando entrever que, por alguna razón, no desea revisar los procedimientos de control realizados por PWC GmbH entre las fechas indicadas, esta revisión debería haberse realizado, en cualquier caso, antes de proceder al pago de los servicios con los fondos públicos referidos, por lo que no se está solicitando nada que la AEPSAD no debiera hacer o haber hecho de oficio. Por otro lado, no hay que revisar “16.000 formularios”, sino sólo los controles realizados por PWC GmbH en los que, siguiendo las alegaciones del Director de la AEPSAD, “es precisa la presencia de dos Agentes de Control de Dopaje”, lo que efectivamente excluye “todos aquellos controles que la AEPSAD ha venido realizando por cuenta de otras organizaciones antidopaje extranjeras o internacionales cuya legislación no requiere este requisito o en aquellos casos en que dichos controles se realizan por cuenta de otras instituciones públicas como parte o condición de pruebas selectivas”. Asimismo, resulta particularmente llamativa la alegación del Director de la AEPSAD en la que viene a decir que la revisión de los servicios abonados a PWC GmbH “requeriría un esfuerzo exclusivo que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado”, como si una parte trascendental del servicio público encomendado a la AEPSAD no fuese la revisión del cumplimiento contractual por parte de la empresa adjudicataria antes de proceder, siempre con cargo a los fondos públicos, al pago de las facturas giradas por esta mercantil. Finalmente, el formulario de control de dopaje en el que muy fácilmente puede verse la presencia o no de dos agentes en cada control no contiene “hasta 70 campos diferentes”, como alega el Director de la AEPSAD, sino cuatro sencillas secciones, siendo que simplemente debe revisarse la sección 4 de dicho formulario para ver si las casillas correspondientes a los dos agentes de control están cumplimentadas o no. La sección 4 del formulario de control de dopaje establecido en el Anexo I de la Resolución de 22 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueban los formularios para los controles de dopaje, es coincidente con la sección 4 del formulario de control de dopaje establecido en el Anexo I de la Resolución de 29 de septiembre de 2020, y en ella puede corroborarse, a simple vista, el cumplimiento del referido art. 79 RD 641/2009, de 17 de abril en cada control, por lo que proporcionar la información solicitada no supone, en absoluto, un “esfuerzo exclusivo”, el cual en cualquier caso sería siempre en beneficio de los ciudadanos y del buen uso de los fondos públicos de los que dispone la AEPSAD (identificados los incumplimientos ocurridos entre el 17 de febrero de 2017 y el 31 de marzo de 2021, además de los 12 casos ya confirmados, la AEPSAD podría solicitar el reembolso de importantes cantidades por incumplimiento contractual reincidente, derecho que no se encuentra prescrito). Por último, en cuanto a la segunda solicitud de información realizada (“durante el mismo periodo, ¿cuántas misiones de control de dopaje encomendadas a PWC GmbH se han realizado con un solo Agente de Control habilitado por la AEPSAD?”), esta cuestión resulta todavía más sencilla de revisar por parte de la AEPSAD, puesto que un único formulario de informe de misión cubre todos los controles realizados en la misma, por lo que incluso si no se quisiesen revisar todos los formularios de control, control por control, al menos sí se pueden revisar los formularios de informe de misión, muchos menos. A este respecto, como puede verse en el Anexo VI de la referida Resolución de 22 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, la sección 1 de este formulario refleja el “personal involucrado en la misión”, por lo que revisando esta sección en los formularios de informe de misión proporcionados por PWC GmbH entre el 17 de febrero de 2017 y el 31 de marzo de 2021 la AEPSAD podrá identificar de forma sencilla y rápida cuántas misiones de control de dopaje encomendadas a PWC GmbH se han realizado, directamente, con un solo agente de control. En virtud de lo anterior, SUPLICO a este CONSEJO DE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA que acuerde unir al expediente el presente escrito de alegaciones y, por los motivos expuestos, ordene al Director de la AEPSAD informar, entre el 17 de febrero de 2017 y el 31 de marzo de 2021, sobre el número de Formularios de Control de Dopaje en los que figure PWC GmbH como autoridad de recogida en los que no se constate que en el proceso de recogida estuviesen presentes tanto el Oficial de Control como un segundo Agente de Control; así como sobre el número de misiones encomendadas a PWC GmbH realizadas en este periodo, directamente, con un solo Agente de Control.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información pública, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a los Formularios de Control de Dopaje en los que figure, entre el 17 de febrero de 2017 y el 31 de marzo de 2021, PWC GmbH como autoridad de recogida a efectos de verificar que en el proceso de recogida estuviesen presentes tanto el Oficial de Control como un segundo Agente de Control como exige la normativa aplicable. El Ministerio requerido considera que concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG, al considerar que exigiría la revisión de cerca de 16.000 formularios de control del dopaje, con 70 campos diferentes cada uno de ellos, y de informe de misión pues no existen en la Agencia registros de los extremos que ahora reclama el solicitante; se requeriría un esfuerzo exclusivo que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, pues la información no ha sido elaborada ni tratada en los términos en que se solicita. 4. Partiendo de lo hasta ahora expuesto, conviene traer a colación el criterio de este Consejo y la jurisprudencia relativa a la aplicación de esta causa de inadmisión fundada en la necesidad de reelaboración de la información solicitada. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530) establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: la interpretación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión de solicitudes de información partiendo de la premisa de la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información, que no permite aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho. De ahí, que el Tribunal concluya que «la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información.» Por tanto, lo primero que exige la inadmisión a trámite de una solicitud de acceso a la información es una motivación clara y suficiente de la necesidad de reelaborar la información para poderla facilitar al solicitante; motivación que, en este caso y tal como se ha reproducido en el fundamento jurídico anterior, se aprecia en la fundamentación de la resolución inicial ahora recurrida. Constatada la existencia formal de esa justificación, procede verificar si las razones expuestas por el Ministerio evidencian la aducida necesidad de tratamiento previo o reelaboración. Desde esta perspectiva no puede obviarse que, tal como se puso de manifiesto en la STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Entre esas causas, la citada sentencia destaca el hecho de que se tenga que realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. Jurisprudencia, la reseñada, que se reitera en la STS de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256) en la que se incluye en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos, y se remarca que no puede confundirse la supresión o anonimización de datos con un supuesto de reelaboración de la información pública. Esta doctrina se recoge, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN), de 31 de enero de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:359), en la que se pone de manifiesto que la acción de reelaboración no puede ser aducida en relación con la extracción de información de expedientes administrativos concretos identificados por el interesado, sino, en su caso, respecto de «expedientes indeterminados y si n un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas(…)». Se confirma y se precisa, así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información -sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa-; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. Teniendo en cuenta la citada doctrina jurisprudencial y del propio Consejo de Transparencia, debe advertirse que, en el caso que ahora nos ocupa, esta Autoridad Administrativa Independiente entiende que concurre la causa de inadmisibilidad alegada por la Administración. En este sentido, hay que tener en cuenta que la información solicitada, como advierte expresamente la Administración, “no ha sido elaborada ni tratada en los términos que se solicita”. Recordemos que el Departamento ministerial concernido ha facilitado la información de la que dispone a partir del 1 de abril de 2021, dado que con anterioridad, según argumenta, “no se registran en las bases de datos el número de agentes presentes en los controles de dopaje que toman parte en cada control de dopaje pues no en todos los casos es precisa la presencia de dos Agentes de Control de Dopaje”. En segundo lugar, a mayor abundamiento, la propia Administración indica expresamente que “se ha proporcionado al solicitante la información disponible por esta Agencia en los términos por el demandados”. De este modo, atendiendo a la falta de disponibilidad de la información pretendida, cabe concluir que su entrega efectiva daría lugar a la elaboración ad hoc de un informe específico sobre un dato que en el periodo solicitado no se incluía en una base de datos, obrando en consecuencia en distintos soportes -electrónico o físico- tarea para la que habría de llevarse a cabo una operación de recabar, ordenar, separar el dato específico y, finalmente, divulgar tal información. En consecuencia, la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez