Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información técnica y de gestión sobre el uso de TikTok en dispositivos oficiales. El solicitante alegó que otros ministerios sí habían facilitado estos datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo entregó la información tras interponerse la reclamación.
Una ciudadana rusa solicitó al Ministerio del Interior el acceso a un informe policial que justificaba la prohibición de disponer de una finca registral. La interesada alegó falta de motivación y que el informe es un producto final no secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
La mercantil GO EVOLUTION INTERNATIONAL 21, S.L. solicitó al Ministerio del Interior el informe del CITCO que justificó la prohibición de disponer de sus fincas. Alegó falta de motivación y que el informe es un producto final, no materia secreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior un informe de 2019 de la Inspección de Personal y Servicio de Seguridad sobre la reestructuración policial en Sevilla. El sindicato alegó que la información es necesaria para la defensa laboral y que los límites de seguridad no son aplicables por la antigüedad del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio afirma que el informe no existe.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre las actuaciones relativas al vuelo del presidente de Venezuela por espacio aéreo español. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la Administración no dictó resolución expresa y que la alegación de seguridad nacional fue insuficiente y no detallada.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Defensa el pliego de prescripciones técnicas de un contrato sobre equipos criptográficos. El Ministerio denegó el acceso por ser materia clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la Ley de Secretos Oficiales constituye un régimen jurídico específico que desplaza la LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el nombre, rango y situación administrativa de los oficiales generales. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información es materia reservada por seguridad nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información, salvo los datos de excedencias por violencia de género.
Una ciudadana solicitó a la FIIAPP el pliego técnico y la marca/modelo de vehículos suministrados al Ministerio del Interior de Níger. Tras recibir una respuesta errónea y luego una parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la marca y modelo por no justificarse un riesgo real a la seguridad nacional o pública.
Una ciudadana solicitó a la AECID los pliegos técnicos y la marca/modelo de un vehículo adquirido en Mali. La AECID denegó la marca y modelo alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el pliego y la marca, al considerar que la denegación no estaba motivada ni era proporcional.
Una ciudadana solicitó a la FIIAPP los pliegos técnicos y la marca/modelo de vehículos, drones y embarcaciones adquiridos en diversos contratos. La FIIAPP denegó la marca y modelo alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, salvo en casos de anonimato para investigación de delitos.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la contratación de Palantir Technologies Spain para una prueba de concepto de inteligencia militar. Tras una concesión parcial, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que la información técnica restante afecta a la seguridad nacional e intereses comerciales.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Defensa datos detallados sobre costes, uso y estado de diversos proyectos armamentísticos. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes globales, pero deniega el resto de la información.
Se solicitó al Ministerio de Defensa información detallada sobre el coste, uso y estado de diversos sistemas de armamento desde 1982. La solicitante alegó que la denegación por seguridad nacional era automática y no motivada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes, pero deniega el resto por estar clasificado como secreto oficial.
El reclamante solicitó información al Conseller de Hacienda y Modelo Económico. Alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de parte de los documentos al no acreditarse los límites de seguridad nacional y defensa.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaciones sobre submarinos nucleares británicos en Gibraltar y detalles de los controles españoles. El Ministerio denegó parte de la información alegando límites legales de seguridad y defensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque el Ministerio no justificó detalladamente la aplicación de dichos límites.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información detallada sobre licitaciones de obras de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas (2009-2023). Tras una denegación inicial basada en límites de seguridad, el Ministerio alegó posteriormente que la información es pública en la web de contratación. El CTBG estima la reclamación por razones formales debido al retraso en el reconocimiento del derecho.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el listado de empresas con Habilitación de Seguridad, año de acreditación y grado de información manejada. El reclamante alegó que existen datos parciales públicos y que no se realizó un test de daño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es competencia del CNI y tiene un régimen jurídico específico de secreto.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada y base jurídica sobre el uso de huellas dactilares para control horario en el Centro Penitenciario de Valencia. El solicitante alegó falta de transparencia en la respuesta parcial del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acuerda el archivo de la reclamación debido al desistimiento expreso del interesado.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital detalles sobre la vivienda oficial de la Ministra. Tras una respuesta parcial, la solicitante alegó la omisión de datos sobre estancias y dimensiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al no justificarse legalmente la denegación de la información sobre estancias y equipamiento.
Una solicitante pidió al Ministerio del Interior documentación técnica, datos anonimizados, auditorías y evaluaciones de impacto del sistema VioGén. El Ministerio denegó la mayoría alegando inexistencia o riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la especificación técnica al haber admitido el Ministerio su existencia.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
Se solicitó acceso a información pública al [Órgano/Entidad], quien denegó o guardó silencio alegando protección de datos y seguridad nacional. El reclamante recurrió la resolución ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque el órgano no acreditó de forma específica y motivada cómo la divulgación afectaba a dichos intereses, incumpliendo el principio de máxima divulgación y la ponderación de intereses.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el listado detallado del material enviado a Ucrania en 2022. Alegó que la información es pública y que el interés general prevalece sobre la seguridad nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es materia clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales.
Se solicitó a la Diputación Provincial de Cádiz el análisis de riesgos, la evaluación de impacto y la comparativa RGPD-ENS de EPICSA. La entidad denegó el acceso alegando seguridad nacional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información salvo que comprometa la seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio de Defensa información detallada sobre el envío de armamento a Ucrania y terceros países. El solicitante alegó que la denegación era vaga y que existía un interés público esencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información está clasificada como secreto oficial por el Consejo de Ministros.
La solicitante pidió nombres, colegiados y detalles de los equipos de psicólogos forenses de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria a la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando seguridad y protección de datos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación y ordenó retrotraer las actuaciones para que el órgano competente resuelva.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el detalle, autorizaciones e informes de riesgo de los envíos de armas a Ucrania. El solicitante alegó que el Tratado de Comercio de Armas de la ONU obliga a la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es materia clasificada como secreto.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública la relación nominal de conductores voluntarios y los criterios de asignación para la cumbre de la OTAN. El reclamante alegó que necesitaba los datos para fiscalizar la transparencia económica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgos a la seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el acceso al expediente disciplinario y sus conclusiones sobre un capitán que llevó a su unidad al Valle de los Caídos. La solicitante alegó que en un caso previo se le facilitó información similar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es materia clasificada como reservada.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pliegos, memoria y el informe jurídico de un contrato de ciberseguridad. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la reserva del pliego técnico, pero ordena entregar el pliego administrativo y la declaración de seguridad nacional.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre la revisión de móviles de altos cargos por el programa Pegasus. El solicitante alegó que el Gobierno ya había hecho pública parte de esta información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por tratarse de información clasificada como secreto y por afectar a procesos judiciales en curso.
La Asociación de vecinos O Cruceiro de Mehá solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación de Galicia el acceso parcial a análisis de riesgo de REGANOSA y Forestal del Atlántico. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la solicitud era manifestamente repetitiva, ya que el objeto era idéntico a una petición previa denegada por seguridad nacional.
El interesado solicitó a Metro de Madrid, S.A. el proyecto constructivo de las nuevas cocheras de la línea 2. La administración denegó el acceso alegando que la información técnica compromete la seguridad nacional y pública por afectar a infraestructuras críticas. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al considerar que la entrega del proyecto podría comprometer la seguridad de la red.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa el número de teléfonos móviles de autoridades analizados por el CCN-CNI por ataques con Pegasus. Al no responder en plazo, interpuso reclamación por silencio administrativo. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al haberse vulnerado el derecho a obtener resolución en el plazo legal, aunque reconoció que la información está legalmente clasificada como secreta por la normativa del CNI.
El reclamante solicitó acceso completo al expediente 5718K al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó al que es parte interesada. La administración denegó el acceso alegando límites genéricos de la Ley 19/2013 sin motivar concretamente la aplicación de cada límite. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que la denegación carece de justificación y motivación adecuada.
El Servicio Jesuita a Migrantes España solicitó al Ministerio del Interior cifras detalladas de sanciones basadas en la LO 4/2000 del año 2021. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación detallada de los límites invocados.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa los criterios detallados y la puntuación de selección para los cursos CCN-INAP. Tras alegar que las respuestas eran insuficientes y evasivas, el Ministerio completó la información durante el trámite de reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al no haberse facilitado toda la información en el plazo legal.
Un periodista solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno datos detallados sobre campañas de desinformación y actas de la Comisión Permanente contra la Desinformación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la publicidad de dicha información pondría en riesgo la Seguridad Nacional y por intentar ampliar la solicitud inicial.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente completo del contrato para el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE. El Ministerio denegó el acceso alegando razones de seguridad nacional. El reclamante impugnó la decisión, pero posteriormente desistió tras recibir argumentos adicionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno archivó el caso.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT un informe de auditoría sobre la alteración de contenidos en Windows durante una inspección. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la publicidad de auditorías de seguridad de un Operador Crítico pondría en riesgo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
El interesado solicitó a la AEAT información sobre altos cargos, pliegos técnicos y posibles conflictos de intereses relacionados con un contrato de servicios de Microsoft. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. El organismo estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió extemporáneamente, aunque entregó parte de la información solicitada.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre autorizaciones excepcionales de entrada a España (totales, mensuales y por nacionalidad). Tras una respuesta parcial y la denegación de los datos por nacionalidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar la información por nacionalidad salvo en los casos donde prevalezcan los límites legales.
La interesada solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno información sobre documentos remitidos a la Casa Real y despachos entre el Presidente y el Rey tras la crisis del líder del Frente Polisario. La administración alegó que la información era ajena al ámbito de la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre el destino de fondos reservados entre 1994 y 1996 y la norma interna que regulaba su uso. El interesado alegó que, pese al secreto, debía conocerse la regulación aplicada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a la calificación legal de secreto de dichos fondos.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno los costes y la relación de acompañantes de los viajes del Presidente a EE. UU. en julio y septiembre de 2021. La administración denegó el acceso alegando reelaboración y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a entregar la información.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno datos sobre el viaje del Presidente a EE. UU. (gastos, acompañantes, agenda y acuerdos). La administración denegó parcialmente alegando seguridad nacional, reelaboración y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los gastos, acompañantes y acuerdos adoptados.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa expedientes de investigación y sanciones disciplinarias sobre hechos fascistas en las Fuerzas Armadas. El Ministerio dio respuesta parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada tiene categoría de "reservada" según la Ley de Secretos Oficiales y un Acuerdo del Consejo de Ministros.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno información sobre gastos y acompañantes del viaje del Presidente a EE. UU. en 2021. La administración alegó reelaboración de datos y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los importes y la lista de acompañantes (salvo seguridad y tripulación).
Un ciudadano solicitó a la Dirección General de Interior de Navarra instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza y control de manifestaciones por la Policía Foral. El interesado alegó que el acceso es necesario para garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación por riesgo para la seguridad ciudadana.
El interesado solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno las actas de reuniones de los gabinetes gubernamentales sobre el Procedimiento contra la desinformación. Tras alegar la Administración la existencia de secretos y confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que los gabinetes no son órganos colegiados y no elaboran actas.
51–100 de 165