Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La reclamante solicitó al Ministerio de Defensa el expediente desclasificado sobre el espionaje con Pegasus y documentos que justifiquen el cambio de postura política del Presidente tras la desclasificación de documentos del 23F. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por precedentes jurídicos.
La reclamante solicitó al Ministerio de Defensa documentación sobre un crédito de 1.300 millones de euros. La administración no respondió en plazo y luego ofreció un acceso parcial denegando el resto por seguridad nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la respuesta extemporánea de la administración.
El interesado solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el programa informático que calcula las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. La Administración denegó el acceso alegando que la información ya era conocida mediante la fórmula legal y que entregarlo supondría una reelaboración compleja y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del algoritmo específico.
El interesado solicitó a la AEAT información sobre los protocolos de seguridad, horas de riesgo y número de alertas de acceso en movilidad. Alegó falta de motivación y nulidad por incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que revelar los parámetros de detección de anomalías y la eficacia de las alertas comprometería la seguridad nacional.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil a nivel nacional y en Melilla. Alegó que la respuesta inicial fue insuficiente al aportar solo datos numéricos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración amplió la información durante el procedimiento, satisfaciendo la pretensión.
Los reclamantes solicitaron información al Ministerio de Defensa sobre la navegación de buques de guerra y vuelos de helicópteros en la Base Naval de Rota. Alegaron una denegación tácita e insuficiente de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la administración respondió adecuadamente a las cuestiones novedosas y que la información sensible ya había sido objeto de una resolución previa en la que se aplicaron límites legales justificados.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa datos sobre cámaras de seguridad y gastos en bases aéreas. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional/defensa y clasificación como reservado. El reclamante alegó falta de motivación, acreditación formal de clasificación y desproporcionalidad. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que la información forma parte de planes de seguridad clasificados y que el desglose de gastos permitiría inferir vulnerabilidades de seguridad.
El reclamante pidió al Ministerio del Interior una certificación sobre el acto formal de clasificación del contrato SIRDEE como secreto. Al no responder, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al incumplirse el plazo legal de respuesta, sin resolver el fondo sobre la clasificación.
La reclamante solicitó al Ministerio de Defensa documentación de planificación, inteligencia y justificación operativa de la "Operación Prometeo 2025". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no notificó su resolución denegatoria dentro del plazo legal, aunque el fondo de la solicitud fue desestimado por afectar a la seguridad nacional.
Se solicitó a la Presidencia del Gobierno información detallada sobre un viaje oficial a Estambul en mayo de 2025 (servicios, ofertas, reservas, facturas, pagos). El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en plazo legal, aunque posteriormente concedió acceso parcial. El CTBG considera que la información sobre la identificación del hotel no es relevante para la transparencia.
Un reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información detallada sobre la creación, reuniones y documentación del SOC 5G. El Ministerio concedió acceso parcial, alegando perjuicio para la seguridad nacional y la confidencialidad de los procesos de toma de decisión, dado que el SOC 5G se integra en la estructura de ciberseguridad nacional y su información puede ser clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que los límites aplicados por el Ministerio estaban debidamente justificados y eran proporcionales, y que la Ley de Secretos Oficiales prevalece sobre la Ley de Transparencia para la información clasificada, excluyendo la competencia del Consejo en estos casos.
El reclamante solicitó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras planos detallados del trayecto de Metro Sur en Getafe alegando ruidos y vibraciones en su casa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información está clasificada como de difusión limitada al ser Metro de Madrid un operador crítico.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa información detallada sobre el control de personal y unidades militares, pagos, material de guerra y maniobras en la Base Naval de Rota (2020-2025) bajo el Convenio España-EEUU. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, validando la denegación parcial del Ministerio. Consideró que la información específica afectaba la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores (Art. 14.1 a, b, c LTAIBG), y que las preguntas sobre hechos futuros no eran información pública.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre un viaje del Presidente en 2018 (acompañantes, transporte, costes y facturas). La Administración concedió acceso parcial, denegando las facturas por seguridad nacional. La reclamante alegó que la seguridad no se vería comprometida. El Consejo estima formalmente la reclamación por no responder la Administración a tiempo, pero desestima el acceso a las facturas, al considerar que la identificación de establecimientos no aporta valor relevante para la transparencia, ya que los costes ya fueron facilitados.
La reclamante pidió a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras el cronograma de las obras de la Línea 11 de Metro. Tras silencio y resolución parcial, reclamó por considerar insuficiente el acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la administración aplicó correctamente los límites de seguridad nacional y pública a la información clasificada como «difusión limitada» por afectar a infraestructuras críticas, respetando el acceso parcial a los datos no sensibles.
Se solicitó al Ministerio del Interior el nombre, fecha de contratación y retribuciones de asesores con nivel superior a 28 desde 2018. El Ministerio denegó los nombres por seguridad nacional. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar la justificación genérica e insuficiente y prevalecer el interés público en la divulgación de datos de personal de confianza, según la jurisprudencia.
Se solicitó al Ministerio de Defensa un informe de expertos que justificara el cumplimiento de los compromisos con la OTAN con el 2,1% del PIB. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso. Argumentó que la información solicitada está clasificada como "secreta" por la Ley de Secretos Oficiales y acuerdos del Consejo de Ministros, prevaleciendo sobre la Ley de Transparencia.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el desglose de gastos de una obra en el Palacio de España en el Vaticano. El Ministerio denegó parcialmente la información por seguridad y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio concedió el acceso total durante el procedimiento, pero fuera del plazo legal inicial.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno información detallada sobre un viaje cancelado del Presidente (acompañantes, agenda, hoteles, costes desglosados y facturas). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información sobre acompañantes y agenda era auxiliar (art. 18.1.b LTAIBG) y la identificación de hoteles irrelevante para la transparencia, al haberse facilitado el coste total del alojamiento (€13.261,50).
Se solicitó al Ministerio del Interior el importe de fondos reservados gastados por Policía Nacional y Guardia Civil en 2023 y 2024. El Consejo de Transparencia archiva la reclamación porque el solicitante comunicó su voluntad de desistir de la misma, aplicando el artículo 94 de la Ley 39/2015.
Un reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (INCIBE) comunicaciones con la empresa Dream Security. INCIBE respondió con un resumen, pero sin documentos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la respuesta inicial fue incompleta y tardía, no respetando el derecho a una resolución completa en plazo.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco el informe de seguridad y análisis de riesgos de la planta de regasificación Bahía de Bizkaia Gas. Tras una estimación parcial, la interesada alegó que dicha información es pública por normativa de protección civil. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por concurrir límites económicos y de seguridad.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado detallado de escalas de buques mercantes en puertos españoles desde 2021. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del Ministerio. La decisión se fundamenta en la aplicación de límites de la LTAIBG relativos a la defensa nacional, relaciones exteriores y confidencialidad, argumentando riesgos para la seguridad nacional y la prevención de amenazas terroristas, especialmente en el caso de materiales de defensa, y que un acceso parcial carecería de sentido.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acuerdo con Indra (15/10/2024) y la relación de contratos del BSC-CNS sobre tecnologías duales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación no justificó el daño concreto ni la ponderación de intereses para el acuerdo, y para los contratos, no se acreditó su clasificación formal ni el informe preceptivo para la no publicación.
La Fundación Civio solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado de herramientas de IA usadas por la Policía Local. El reclamante alegó que el Reglamento Europeo de IA exige transparencia en sistemas de alto riesgo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por ser extemporánea y porque la información comprometería la seguridad pública y la eficacia policial.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre gastos (alojamiento, manutención, transporte y número de personas) y facturas de un viaje del Presidente del Gobierno a París. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal, obligando a la reclamante a acudir al Consejo. La información sobre costes fue finalmente proporcionada, y la denegación de facturas se consideró irrelevante para la transparencia según doctrina previa.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores copia del Memorando de Entendimiento España-Ucrania y su expediente administrativo. El Ministerio denegó el acceso alegando que el acuerdo ya era público y que la documentación solicitada afectaba a la seguridad, defensa y relaciones exteriores. El reclamante interpuso reclamación ante el CTBG, que desestimó la solicitud al considerar justificada y proporcionada la aplicación de los límites de seguridad, defensa y relaciones exteriores, dada la naturaleza sensible del acuerdo y el contexto actual.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Defensa información sobre ayuda económica y militar a Ucrania, presencia de soldados españoles y aprobación parlamentaria. El Ministerio denegó parte por seguridad nacional y se declaró incompetente para la ayuda económica y aprobación parlamentaria sin indicar el órgano competente. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ministerio retrotraer actuaciones y remitir la solicitud o indicar el órgano competente.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa saber si se había iniciado algún procedimiento para suspender o revocar autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel. El Ministerio denegó la solicitud alegando que no era información pública y que estaba clasificada. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, aunque considera que la información sí es pública y no clasificada, aplica los límites de seguridad nacional y defensa (art. 14.1.a y b LTAIBG) basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, y considera suficiente la información pública ya facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Una reclamante solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo un listado detallado de licencias de exportación de material bélico de 2023. El Ministerio concedió parcialmente información estadística del primer semestre, denegando el resto por ser secreta o en elaboración. La reclamante alegó que el Ministerio ya publicaba información similar. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información estadística del segundo semestre de 2023, al considerar que la causa de inadmisión por "en elaboración" no es aplicable tras superarse el plazo de publicación.
Una reclamante solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno información sobre los viajes, costes, informes y comunicaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde enero de 2020. La Secretaría inadmitió la solicitud alegando no disponer de la información, salvo la de seguridad, que denegó por seguridad nacional. La reclamante alegó que no se contestó sobre informes y comunicaciones. El Consejo desestima la reclamación porque la información solicitada no obra en poder del órgano requerido, requisito indispensable para el derecho de acceso.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa saber si se había acordado la suspensión temporal de autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel. El Ministerio denegó el acceso alegando que no era información pública y que estaba vinculada a materias clasificadas. El reclamante limitó su petición a un "sí" o "no". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la información solicitada es pública y que las declaraciones del Ministerio de Exteriores sobre la no concesión de nuevas licencias desde el 7 de octubre de 2023 son suficientes, pero no fueron proporcionadas inicialmente.
Un solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre vacantes no cubiertas y puestos en comisión de servicio en la Policía Nacional. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional, pública y secreto oficial. El reclamante argumentó que la denegación no estaba justificada y que, como funcionario, le afectaba directamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada está clasificada como secreto oficial, lo que desplaza la Ley de Transparencia y excede su competencia.
El reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa información sobre los gastos y ubicación de la vivienda oficial del ministro y otros altos cargos. Ante la falta de respuesta inicial, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Ministerio respondió parcialmente, facilitando los gastos pero denegando la ubicación exacta por seguridad. El reclamante solicitó el archivo de la reclamación, que el Consejo estimó por desistimiento.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información técnica y de gestión sobre el uso de TikTok en dispositivos oficiales. El solicitante alegó que otros ministerios sí habían facilitado estos datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo entregó la información tras interponerse la reclamación.
Una ciudadana rusa solicitó al Ministerio del Interior el acceso a un informe policial que justificaba la prohibición de disponer de una finca registral. La interesada alegó falta de motivación y que el informe es un producto final no secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
La mercantil GO EVOLUTION INTERNATIONAL 21, S.L. solicitó al Ministerio del Interior el informe del CITCO que justificó la prohibición de disponer de sus fincas. Alegó falta de motivación y que el informe es un producto final, no materia secreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior un informe de 2019 de la Inspección de Personal y Servicio de Seguridad sobre la reestructuración policial en Sevilla. El sindicato alegó que la información es necesaria para la defensa laboral y que los límites de seguridad no son aplicables por la antigüedad del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio afirma que el informe no existe.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre las actuaciones relativas al vuelo del presidente de Venezuela por espacio aéreo español. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la Administración no dictó resolución expresa y que la alegación de seguridad nacional fue insuficiente y no detallada.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Defensa el pliego de prescripciones técnicas de un contrato sobre equipos criptográficos. El Ministerio denegó el acceso por ser materia clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la Ley de Secretos Oficiales constituye un régimen jurídico específico que desplaza la LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el nombre, rango y situación administrativa de los oficiales generales. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información es materia reservada por seguridad nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información, salvo los datos de excedencias por violencia de género.
Una ciudadana solicitó a la FIIAPP el pliego técnico y la marca/modelo de vehículos suministrados al Ministerio del Interior de Níger. Tras recibir una respuesta errónea y luego una parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la marca y modelo por no justificarse un riesgo real a la seguridad nacional o pública.
Una ciudadana solicitó a la AECID los pliegos técnicos y la marca/modelo de un vehículo adquirido en Mali. La AECID denegó la marca y modelo alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el pliego y la marca, al considerar que la denegación no estaba motivada ni era proporcional.
Una ciudadana solicitó a la FIIAPP los pliegos técnicos y la marca/modelo de vehículos, drones y embarcaciones adquiridos en diversos contratos. La FIIAPP denegó la marca y modelo alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, salvo en casos de anonimato para investigación de delitos.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la contratación de Palantir Technologies Spain para una prueba de concepto de inteligencia militar. Tras una concesión parcial, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que la información técnica restante afecta a la seguridad nacional e intereses comerciales.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Defensa datos detallados sobre costes, uso y estado de diversos proyectos armamentísticos. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes globales, pero deniega el resto de la información.
Se solicitó al Ministerio de Defensa información detallada sobre el coste, uso y estado de diversos sistemas de armamento desde 1982. La solicitante alegó que la denegación por seguridad nacional era automática y no motivada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes, pero deniega el resto por estar clasificado como secreto oficial.
El reclamante solicitó información al Conseller de Hacienda y Modelo Económico. Alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de parte de los documentos al no acreditarse los límites de seguridad nacional y defensa.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaciones sobre submarinos nucleares británicos en Gibraltar y detalles de los controles españoles. El Ministerio denegó parte de la información alegando límites legales de seguridad y defensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque el Ministerio no justificó detalladamente la aplicación de dichos límites.
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