Solicitud de información sobre ayuda económica y militar de España a Ucrania y su aprobación parlamentaria, y la obligación del Ministerio de Defensa de indicar el órgano competente para responder

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 8 de abril de 2024 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Me gustaría obtener un informe desglosado en conceptos de cuánto dinero público y equipamiento militar o de cualquier tipo se ha dado de forma directa a Ucrania por parte del Gobierno de España. También si hay o ha habido en algún momento soldados españoles en suelo ucraniano y con qué funciones. Por último, querría S/REF: 00001-00089456 N/REF: 1097/2024 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada: Medios enviados a Ucrania. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b saber si hay algún documento que pruebe que todo este compromiso económico y de medios militares se aprobó por las Cortes Generales. En caso de que esta solicitud sea rechazada por no disponer el Ministerio de Defensa de esta información pido que en virtud de los artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013 este órgano indique en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la información solicitada». 2.Mediante resolución de 6 de junio de 2024, de la Dirección General de Política de Defensa, el ministerio requerido facilita la siguiente respuesta: «(…)la petición del interesado se puede desglosar en cuatro aspectos totalmente diferenciados que afecta al pronunciamiento final; uno primero es el relativo al dinero público que se ha dado de forma directa a Ucrania por el gobierno de España; otro referente al equipamiento militar o de cualquier tipo que se ha podido entregar, también directamente por España a ese país; también solicita saber si hay o ha habido en algún momento soldados españoles en suelo ucraniano; por último precisa saber si hay algún documento que pruebe todo este compromiso económico y de medios militares aprobado por las Cortes Generales. (…) Esta Dirección General resulta afectada y debe de pronunciarse sobre la cuestión que atañe al equipamiento militar y de otro tipo que se ha podido entregar directamente por España a Ucrania. En este sentido corresponde decir que la obligación de dar información viene limitada por la propia LTAIBG en el artículo 14 de la norma que establece que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para a) la seguridad nacional; b) la defensa…”, (…) Sin perjuicio de esas limitaciones impuestas por el dictado de la norma, consta en esta DIGENPOL la existencia, a fecha de la firma, de múltiples transferencias de material en coordinación con sus socios de la Unión Europea y otros Estados contribuyentes en apoyo a Ucrania en los que se han hecho traslados humanitarios de personal ucraniano y diverso material sanitario y de otra índole, no siendo posible, en la actualidad especificar más datos más allá de los que públicamente el Ministerio de Defensa ha comunicado con carácter genérico como resultado de la preceptiva obligación pública de aplicar la normativa vigente, así como de ponderar G ú o - el interés público y los límites de la información y que puede ser consultado en “https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/”. Es por esto que, salvo de la información genérica antes dicha, la petición solicitada de documentación no puede ser atendida en su totalidad, puesto que la misma afecta a la seguridad y defensa nacional. Ello es así, toda vez que, en la actualidad, debido al estado de la invasión de Rusia a Ucrania, podría comprometer el desarrollo de operaciones logísticas de nuestras Fuerzas Armadas, afectar a la seguridad de un tercer Estado receptor y dificultar el ejercicio del derecho a la legítima defensa de un Estado. En el caso que ahora examinamos, la posible restricción de acceso a la información solicitada no se basa en la aplicación arbitraria o exorbitante de una norma con el fin de sustraer al conocimiento público cierta información, sino en que la documentación requerida contiene información del desarrollo de las operaciones por parte de las Fuerzas Armadas, cuya difusión podría comprometer, en estos momentos, aspectos referentes a la propia seguridad y defensa nacional. Tal y como expresa el párrafo precedente, se debe ponderar el interés protegido con el interés público de la divulgación, que ni en la instancia remitida parece acreditado, ni se considera por parte de este órgano que tal información tenga ese interés. Por el contrario, y atendiendo a los conceptos tanto de defensa como de seguridad nacional –cuestiones reguladas, respectivamente, por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional- se aprecia, sin ningún género de duda, que la información requerida afecta directamente a la seguridad presente y futura de España, pudiendo comprometer sus relaciones exteriores. (…) La segunda de las cuestiones por las que se interesa el solicitante tiene que ver con si hay o ha habido en algún momento soldados españoles en suelo ucraniano. En principio responder a esta cuestión no sería de competencia de este organismo, más propia del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Sin embargo, constan antecedentes que permiten informar al administrado que no ha habido ni hay soldados españoles desplegados en territorio ucraniano. (…)El resto de datos solicitados; esto es: dinero público que se ha dado de forma directa a Ucrania por el gobierno de España y si existe algún documento que pruebe todo este compromiso económico y de medios militares aprobado por las Cortes Generales, DIGENPOL no dispone de la misma y, además, no le afectaría resolver, desconociéndose el órgano o Departamento Ministerial competente para ello, tal y como reclama el interesado al amparo de los artículos 18.2 y 19.1 de la LTAIBG». 3.Mediante escrito registrado el 17 de junio de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «Me gustaría que se me de acceso a la parte de la solicitud que la Dirección General de Política de Defensa no era conocedora y no ha considerado que esté fuera del alcance de la Ley 19/2013 reenviando la solicitud al organismo competente. Esto es: cuánto dinero público se ha dado de forma directa a Ucrania por parte del Gobierno de España en el momento de gestionar la solicitud y si hay algún documento que pruebe que todo este compromiso económico y de medios militares se aprobó por las Cortes Generales». 4.Con fecha 17 de junio de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 9 de julio de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala lo siguiente: «El interesado en la fundamentación de su reclamación (…) en ningún momento cuestiona el acceso parcial a la información concedido por este órgano directivo ni la motivación de nuestra resolución, sino que como venimos explicitando se limita a solicitar que se proceda a remitir al órgano competente, en su caso, su solicitud inicial en lo atinente a las dos cuestiones sobre las que no éramos competentes para resolver, motivo por el cual nuestras alegaciones deben quedar circunscritas a tal cuestión, sin efectuar valoraciones adyacentes. (…) En consecuencia, como ya explicitamos en nuestra resolución de 6 de junio de 2024, reiteramos que esta Dirección General no dispone de tal información y, además, no le afectaría resolver, desconociendo el órgano concreto competente para ello, debido a la participación de diferentes órganos y Departamentos en las cuestiones planteadas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 18.2 y 19.1 de la LTAIBG». II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre los recursos económicos y los medios militares proporcionados a Ucrania por España con motivo de la guerra que está teniendo lugar en dicho país. Esta solicitud comprende cuestiones referidas a los siguientes asuntos: 1. Recursos económicos proporcionados a Ucrania. 2. Equipamiento militar o de otro tipo entregado. 3. Soldados españoles trasladados a Ucrania; 4. Documento aprobado por las Cortes Generales que pruebe el compromiso económico y de medios militares. Como figura en los antecedentes de esta resolución, la Dirección General de Política de Defensa del ministerio requerido facilita respuesta únicamente a las cuestiones 2 y 3, indicando que desconoce el órgano de la Administración que sería competente para responder a las otras dos cuestiones. Por lo que se refiere a la respuesta proporcionada respecto al envío de tropas Etercera cuestiónE, debe señalarse que, si bien se puede dar por contestada la pregunta de la que traía causa, la solicitud se formula respecto a un departamento ministerial, el Ministerio de Defensa, y no a una Dirección General concreta del mismo. La reclamación se circunscribe a las cuestiones 1 y 4, es decir, a la información referida a los recursos económicos proporcionados a Ucrania y a la documentación que recoja el compromiso de las Cortes Generales respecto a la ayuda a Ucrania. 4.Sentado lo anterior procede recordar que el artículo 18.1.d) LTAIBG permite inadmitir aquellas solicitudes de acceso referidas a información que no obre en poder del sujeto obligado requerido, disponiendo el segundo apartado del precepto que «[e]n el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud». La aplicabilidad de este precepto ha sido establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con lo previsto en el artículo 19.1 LTAIBG, según cuyo tenor «[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante». Así, en la Sentencia (STS) de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) se señala que «(…) los citados artículos 18.2 y 19.1 de la Ley 19/2013, prevén los dos supuestos siguientes. De un lado, cuando se ha declarado la inadmisión a trámite de la solicitud por la causa prevista en el artículo 18.1.d) de la citada Ley, porque la solicitud se dirigía a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerda la inadmisión “deberá indicar” en la resolución el órgano que, “a su juicio”, es competente para conocer de la solicitud (artículo 18.2). De modo que en estos casos de desconocimiento basta con aventurar una conclusión lógica sobre qué órgano sea el competente. Y, de otro, cuando, una vez admitida la solicitud, se repara que esta se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se dirige, que lo “remitirá al competente”, si lo conociera, e informará de tal circunstancia al solicitante (artículo 19.1 de la misma Ley 19/2013). De manera que la remisión directa sólo se produce en este segundo caso…. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente». 5.La aplicación de la jurisprudencia reseñada conduce a la estimación de la reclamación pues la resolución dictada por el Ministerio aboca al reclamante a iniciar una búsqueda del órgano competente a la que no está obligado en la medida en que esta obligación recae, precisamente, en el Ministerio requerido. Así, en este caso, la declaración de la falta de competencia debió ir acompañada, bien de la remisión de la solicitud de información al Ministerio competente, bien de la indicación (aventurando una conclusión lógica) del órgano que, a juicio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, resulta el competente. 6.En conclusión, la reclamación ha de ser estimada al objeto de retrotraer las actuaciones para que la solicitud de acceso sea tramitada de la forma prevista en los artículos 18 y 19 LTAIBG. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE DEFENSA. SEGUNDO: ORDENAR la retroacción de actuaciones e INSTAR al MINISTERIO DE DEFENSA a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, proceda a dictar nueva resolución de acuerdo con lo señalado en los fundamentos jurídicos 4, 5 y 6 de esta resolución. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE DEFENSA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez