Acceso a información sobre gastos y acompañantes del viaje del Presidente del Gobierno a Estados Unidos en 2021

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 745/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la interesada solicitó a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 29 de julio de 2021, la siguiente información: En relación al reciente viaje del Presidente del Gobierno a Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y San Francisco) iniciado el pasado 20 de julio SOLICITO: 1.- Importe y en su caso copia de las facturas justificativas, de los gastos de alojamiento del Presidente del Gobierno durante el mencionado viaje y relación de establecimientos donde se alojó. 2.- Importe y en su caso copia de las facturas justificativas, de los gastos de desplazamientos efectuados por el Presidente del Gobierno durante dicha visita, con indicación de medios de transporte empleados. S/REF: 001-059388 N/REF: R/0745/2021; 100-005739 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Secretaría General de la Presidencia del Go bierno Información solicitada: Gastos y acompañantes del viaje del Presidente del Gobierno a Estados Unidos en 2021 Subdirección General de Reclamaciones 3.- Relación de acompañantes del Presidente del Gobierno al viaje con indicación del nombre y puesto que desempeñan o en virtud del cual fueron invitados al mismo. 4.- Importe total del viaje del Presidente del Gobierno y de sus acompañantes. 5.- Relación de actividades oficiales realizadas por la mujer del Presidente del Gobierno en dicho viaje. 2. Ante la falta de respuesta, el 1 de septiembre de 2021, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: PRIMERO: Que en fecha de 29 de julio de 2021, se solicitó información a Presidencia del Gobierno cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa. En virtud de lo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación. 3. Con fecha 3 de septiembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al objeto de que pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando lo siguiente: El artículo 5.1.d) del Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, atribuye al Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica el ejercicio de las funciones que la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno le atribuya en materia de transparencia. A su vez, se consideran información pública, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, incurrirán en causa de inadmisión aquellas solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. El artículo 14.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre determina que el derecho de acceso podrá ser limitado, entre otras causas, por suponer un perjuicio para la seguridad nacional. En consecuencia, la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ALEGA Que se ha dado respuesta a la solicitud de acceso presentada por la reclamante a través de la resolución de 21 de septiembre de 2021 en el siguiente sentido: “Se acuerda inadmitir a trámite la solicitud. Respecto de la información requerida sobre los gastos del viaje, en Presidencia del Gobierno, los gastos que pudieran generarse con ocasión de un viaje se atienden mediante imputación según corresponda por su naturaleza económica a diferentes subconceptos, al “Capítulo 1: Gastos de Personal” o al “Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes o servicios”. En consecuencia, no es posible individualizar el importe que corresponda a gastos soportados en viajes del Presidente del Gobierno dentro del gasto total que se agrupa en cada subconcepto, sin que ello supusiera reelaborar nuevamente toda la información contable y, además, hacerlo paralelamente en dos soportes diferentes, el oficial que responde a los requisitos de información que demandan los órganos de control presupuestario, y uno propio que permitiera atender demandas de información particulares. En lo que refiere a la información solicitada sobre los acompañantes del Presidente del Gobierno durante el viaje a Estados Unidos, no cabe facilitar dicha información al tratarse de materia clasificada en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, que refiere tanto a los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como a los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidos a la misma, y en concreto, a los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares. Todo ello avalado por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 7ª, de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de octubre de 2017, donde señala en su fallo que “La información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia clasificada”, y por el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en el fundamento jurídico 7º de su resolución del 15 de febrero de 2016, en la que indicaba que “Dicha información no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno y/o Casa Real”. Adicionalmente le informamos de que , no ha acudido a tal viaje.” Por tanto, SOLICITA que se resuelva de forma desestimatoria la reclamación formulada. 4. Con fecha 6 de octubre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia a la reclamante para que, a la vista del expediente, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, contestando la reclamante, el 21 de octubre de 2021, lo siguiente: Una vez más, Presidencia no contesta a la solicitud y lo pretende hacer en fase de alegaciones ante el CTBG. De las alegaciones presentadas resulta que Presidencia únicamente contesta a la 5ª pregunta e inadmite el resto de solicitudes. Por lo que se refiere a los gastos solicitados, en ningún momento se ha pedido una individualización de los mismos, sino los importes gastados así como el importe total de los gastos del viaje y del alojamiento, se entiende del Presidente del Gobierno y sus acompañantes, así como los medios de transporte utilizados, tanto del Presidente como de sus acompañantes. También se ha solicitado el coste total del viaje, y no ha sido respondido. Por lo que se refiere a la identidad de los acompañantes, es reiteradísimo el criterio tanto del CTBG como de los tribunales, baste recordar conforme a la resolución 008/2019 del consejo que: “En el presente supuesto, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO pretende conferir la consideración de clasificada, con carácter general, a la información sobre los viajes del Presidente del Gobierno (en este caso a Cuba), argumento, que como ya se ha indicado en varios expedientes y ahora se reitera, no se considera válido por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En definitiva, no compartimos que se parta de una clasificación previa de la información relativa al viaje efectuado y que, por ello no puedan proporcionarse los datos de los participantes en el mismo. Antes al contrario, entendemos que los datos solicitados sobre los acompañantes, de indudable interés público, obedecen a los principios en los que se basa la LTAIBG y a la finalidad para la que la misma ha sido adoptada: someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones y cómo se manejan los fondos públicos, así como, bajo que qué criterios actúan nuestras instituciones. Solicitamos por tanto a la vista de las alegaciones presentadas, que se resuelva la reclamación de forma estimatoria, y nos sea facilitada copia de la documentación solicitada”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. 4. En su resolución extemporánea la Administración deniega la solicitud de acceso invocando, por un lado, la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la LTAIBG en relación con la información relativa a los gastos del viaje y, por otro, el límite del artículo 14.1.a) en lo concerniente a la identificación de los acompañantes. Adicionalmente, indica que “que , no ha acudido a tal viaje”. Dado que esta última manifestación deja sin contenido el punto quinto de la solicitud, el objeto del presente procedimiento de reclamación se ha de circunscribir al examen de los óbices alegados para no proporcionar la información demandada en los otros cuatro apartados. 5. En relación con lo solicitado en los puntos 1 (Importe y en su caso copia de las facturas justificativas, de los gastos de alojamiento del Presidente del Gobierno durante el mencionado viaje y relación de establecimientos donde se alojó), 2 (Importe y en su caso copia de las facturas justificativas, de los gastos de desplazamientos efectuados por el Presidente del Gobierno durante dicha visita, con indicación de medios de transporte empleados) y 4 (Importe total del viaje del Presidente del Gobierno y de sus acompañantes), la denegación del acceso se sustenta en la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en la letra c) del artículo 18.1 de la LTAIBG, según la cual se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Pues bien, al examinar si en este caso concurre la citada causa de inadmisión es preciso tener presente que tanto este Consejo como nuestros Tribunales de Justicia ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre su interpretación y alcance, sentando una muy clara doctrina al respecto. En este sentido, es obligado comenzar recordando la Sentencia del Tribunal Supremo 3530/2017, de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530), en la que el Alto Tribunal ya establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de interpretar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." Y, en esa misma Sentencia, concluye sentando la siguiente doctrina en interés casacional: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información”. Posteriormente, en la STS 810/2020, de 3 de marzo, (ECLI: ES:TS:2020:810) volvió sobre la cuestión, manifestándose en los siguientes términos: "Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración." Y, en la STS 1256/2021, de 25 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1256), tras reproducir los razonamientos anteriores, precisó su entendimiento de lo dicho del siguiente modo: “La Sala apreció en el indicado caso la necesidad de la acción previa de reelaboración de la información, y por tanto la concurrencia de la causa de inadmisión, debido a que la información no se encontraba en su totalidad en el órgano al que se solicita, sino que se trataba de información pública dispersa y diseminada, que debía ser objeto de diversas operaciones de recabarla de otros órganos, ordenarla, separar la información clasificada y sistematizarla, aparte de que se trataba de información en distintos soportes físicos e informáticos.” Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido recientemente acogida y particularizada por la Audiencia Nacional en su Sentencia 359/2022, de 31 de enero (ECLI:ES:AN:2022:359), en cuyo fundamento de derecho tercero razona en los siguientes términos sobre el sentido del concepto de reelaboración: «Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia habla de que se inadmitirán las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, no puede abarcarse los supuestos en los que la información se contenga en expedientes administrativos concretados por el solicitante, pues esto colisiona con el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal manera que si toda petición que conllevara extraer información de un expediente identificado que no esté ordenada fuera rechazada, el derecho a la información quedaría gravemente constreñido. Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico». Aplicando esta doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa, resulta obligado concluir -al igual que hemos hecho en la reciente Resolución 738/2021 sobre un objeto similar- que no se dan los presupuestos necesarios para considerar aplicable la causa de inadmisión invocada en relación con la siguiente información: (i) el importe de los gastos de alojamiento del Presidente del Gobierno durante el viaje y relación de establecimientos donde se alojó; (ii) importe de los gastos de desplazamientos efectuados por el Presidente del Gobierno durante dicha visita, con indicación de medios de transporte empleados; y (iii) importe total del viaje del Presidente del Gobierno y de sus acompañantes. Ni los datos solicitados tienen un carácter complejo, ni la información se halla dispersa y diseminada en poder de varios órganos, ni está almacenada en diferentes soportes físicos e informáticos. Antes bien, se encuentra en la esfera de disposición del órgano requerido, ubicada en expedientes determinados y habiendo sido ya objeto de tratamientos previos. En estas circunstancias, las tareas de extracción y preparación de la información que se precisan para atender la solicitud de acceso recibida no revisten la complejidad exigida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ser consideradas “una acción previa de reelaboración” e integrar la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la LTAIBG. A ellos se ha de añadir que no se ha invocado ni se aprecia que acceder a la referida información suponga perjuicio para alguno de los bienes jurídicos protegidos con los límites reconocidos en el artículo 14 de la LTAIBG. Por contra, el acceso a la misma entronca directamente con el objetivo de que “los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”, con el fin de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, según han proclamado las Cortes Generales en el Preámbulo de la LTAIBG. En consecuencia, se ha de estimar la reclamación en relación con estos puntos concretos. 6. Más complejidad suscita la pretensión de obtener “en su caso, copia de las facturas justificativas” de los gastos efectuados. Y ello no sólo por la mayor laboriosidad que las tareas de recopilación de las mismas comportan sino, principalmente, porque, como ya hemos advertido en otras ocasiones (véase, por ejemplo, la Resolución 441/2021), los detalles que se recogen en las mismas pueden contener información de carácter personal que obligaría a realizar la ponderación exigida en el artículo 15.3 LTAIBG, caso por caso, en relación con cada producto o servicio incluido en una factura, ponderación que, habida cuenta de su escasa contribución a los fines de la ley de transparencia, una vez que ya se ha proporcionado información completa sobre los gastos del viaje sufragados con cargo a los presupuestos públicos, conduciría a la prevalencia del derecho a la protección de los datos personales. A mayor abundamiento, tampoco cabe descartar que de los detalles contenidos en determinadas facturas se puedan extraer datos relativos a la salud de las personas, que son datos personales pertenecientes a las categorías especiales, los cuales, dado su carácter sensible, están dotados de una protección reforzada tanto en el artículo 9 RGPD como en el artículo 15.1 LTAIBG, que prohíben su revelación sin el consentimiento expreso del afectado o el amparo de una norma con rango de ley. Teniendo en cuenta todo ello y, además, que la reclamante precisa en sus alegaciones que “en ningún momento se ha pedido una individualización de los mismos, sino los importes gastados así como el importe total de los gastos del viaje y del alojamiento”, se considera que no procede reconocer en este caso el derecho de acceso a las facturas justificativas. 7. Finalmente se ha de abordar la negativa a conceder el acceso a la información solicitada en el punto tercero (Relación de acompañantes del Presidente del Gobierno al viaje con indicación del nombre y puesto que desempeñan o en virtud del cual fueron invitados al mismo), respecto de la cual la Administración sostiene que “no cabe facilitar dicha información al tratarse de materia clasificada en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, que refiere tanto a los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como a los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidos a la misma, y en concreto, a los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares”; posición que considera avalada por “la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 7ª, de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de octubre de 2017, donde señala en su fallo que “La información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia clasificada”, y por el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en el fundamento jurídico 7º de su resolución del 15 de febrero de 2016, en la que indicaba que “Dicha información no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno y/o Casa Real”. En relación con esta cuestión es necesario recordar que este Consejo ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la aplicación de la Ley de secretos oficiales a supuestos similares (véanse, p. ej., las Resoluciones 08/2019 y 594/2020, con cita de otras anteriores) considerando insuficiente una mera invocación genérica del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 para excluir la aplicación de la LTAIBG en relación con los viajes de altos cargos y autoridades del Estado realizados con cargo a fondos públicos. Para considerar que una información pública se encuentra exceptuada del derecho de acceso regulado en la LTAIBG en virtud de la aplicación Ley 9/1968 de 5 de abril, sobre secretos oficiales, es necesario que se acredite debidamente su clasificación con arreglo al procedimiento en ella previsto. La regulación relevante a estos efectos es la contenida en el artículo 4 de la citada Ley 9/1968, según el cual, la calificación de una materia en la categoría de “secreto” y “reservado” corresponde al Consejo de Ministros, añadiendo el primer inciso de su artículo 10.1 que tales calificaciones se “conferirán mediante un acto formal”. Examinando el acto formal al que alude la Administración, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, se puede comprobar que -en lo que ahora importa en relación con la argumentación deducida-, en el número 6 del artículo primero se otorga la clasificación de secreto a “Los informes y datos estadísticos sobre movimiento de fuerzas, buques o aeronaves militares”, y, por otra parte, en la letra c) del artículo segundo se confiere la clasificación de reservado a “Los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas.” A la vista del tenor de las mencionadas disposiciones, con independencia de que se pueda poner en duda que el Acuerdo invocado resulte aplicable en todos sus elementos a la utilización de aeronaves militares con fines civiles, es evidente que el alcance de lo clasificado como secreto o reservado no se extiende a la información solicitada, pues no versa sobre informes y datos estadísticos de las aeronaves ni sobre los planes de protección de personas, sino sobre la identidad de los acompañantes del Presidente del Gobierno en un viaje oficial. De ahí que no pueda considerarse suficientemente fundada la motivación aportada para denegar en bloque el acceso a la información en relación con este apartado de la solicitud. No obstante, al igual que se ha indicado en las resoluciones anteriores sobre este mismo objeto, se considera que debe excluirse la identificación de la tripulación de las aeronaves y del personal de seguridad, dado que su conocimiento público no resulta necesario para satisfacer los fines de transparencia a los que se orienta la LTAIBG y, por tanto, prevalece la protección de sus derechos individuales. En consecuencia, se ha de estimar también parcialmente la reclamación en este apartado. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: 1.- Importe de los gastos de alojamiento del Presidente del Gobierno durante el mencionado viaje y relación de establecimientos donde se alojó. 2.- Importe de los gastos de desplazamientos efectuados por el Presidente del Gobierno durante dicha visita, con indicación de medios de transporte empleados. 3.- Relación de acompañantes del Presidente del Gobierno al viaje con indicación del nombre y puesto que desempeñan o en virtud del cual fueron invitados al mismo, excluyendo a la tripulación y el personal de seguridad. 4.- Importe total del viaje del Presidente del Gobierno y de sus acompañantes. TERCERO: INSTAR a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez