Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó a la Consejería de Educación de la Región de Murcia los enunciados de los exámenes de oposiciones docentes de 2018 y sus plantillas correctoras. Tras una denegación parcial por parte de la Administración, el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los enunciados por falta de motivación en la denegación.
El interesado solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social informes sobre un accidente mortal en el Aeropuerto de Barajas y expedientes de inspección de una empresa. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información no busca el control público, sino fines particulares.
El interesado solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social dictámenes y expedientes de la Inspección de Trabajo sobre dos empresas específicas desde 2010. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y deber de sigilo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información afectaría a intereses económicos de las empresas.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón informes técnicos y jurídicos de un expediente urbanístico específico. La administración denegó el acceso alegando que la documentación solicitada no existe y que su entrega obligaría a elaborar nuevos documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por inexistencia de objeto sobre el cual ejercer el derecho.
La Asociación JADE solicitó a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes información sobre el contrato menor del proyecto “Cirilo y el jardín extraordinario”. Tras el silencio administrativo, la administración alegó límites de intereses económicos y propiedad intelectual. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación y ordena la entrega de la documentación.
Se solicitó a Radio Televisión Madrid información sobre los gastos, expedientes de contratación y lista de invitados de un evento, además de la declaración de bienes de su Director General. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales, protección de datos y falta de obligación de declarar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social documentación detallada sobre 18 expedientes de contratación pública. Tras una respuesta insuficiente que remitía a la web, el interesado alegó que la información no estaba disponible. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos anonimizados.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la cifra de viajeros de 2019 en diversas estaciones gallegas. Alegó que la respuesta fue incompleta al omitir el mes de diciembre. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud se presentó antes de finalizar diciembre, por lo que dicha información aún no existía.
La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) solicitó la mediación de la GAIP para oponerse a la entrega de inspecciones sanitarias de centros sanitarios a la Fundación Civio. ACES alegó que la información era perjudicial y afectaba a la sanción de infracciones. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación donde ACES acepta la entrega de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial información sobre las autorizaciones de actividad privada del expresidente de Navantia. Tras recibir acceso parcial, alegó que no se realizó el test de daño y que faltaba documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificado el límite de intereses económicos y comerciales.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE los costes de retransmisión de las campanadas 2020, del especial Feliz 2020 y la copia del contrato de producción de este último. El interesado alegó que solo recibió información breve sobre la contratación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que ya se facilitaron los costes económicos.
El reclamante solicitó al Concello de Lugo las direcciones de locales que solicitaron licencias de obra para hostelería entre octubre y diciembre de 2018. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), interpuso reclamación. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, al constatar que la administración ya había procedido a remitir la información.
El ciudadano solicitó expedientes y documentos de cinco licitaciones de limpieza y seguridad a la Inspección de Trabajo. La administración denegó parte de la información alegando reelaboración, abuso y secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos previa anonimización.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social expedientes detallados de diversas licitaciones de servicios de seguridad y vigilancia. La administración denegó parte del acceso alegando reelaboración, carácter abusivo y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación anonimizada.
El reclamante solicitó información detallada sobre concesiones de transporte de viajeros por carretera a la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia. La administración inadmitió la solicitud alegando complejidad y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación por falta de motivación y pruebas de la necesidad de reelaboración.
El interesado solicitó documentación sobre el Plan Parcial "La Atalaya Real" a la Comunidad de Madrid. Alegó que la administración no le había entregado los documentos vigentes y aprobados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la administración ya había facilitado toda la información disponible en sus archivos.
Ryanair solicitó a la AESA el acceso a expedientes sancionadores contra otras aerolíneas. La AESA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales, oposición de terceros y falta de divulgación pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, entendiendo que las resoluciones sancionadoras tienen un claro interés público y transparencia, ordenando su remisión.
La parte reclamante solicitó copias íntegras de todos los decretos dictados por la Alcaldesa de Móstoles desde mayo de 2019. El Ayuntamiento entregó un listado en lugar de los documentos, alegando que la entrega de copias supondría una carga de trabajo desproporcionada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al considerar que la información facilitada cumple los fines de la ley.
NORTEGAS y NED ESPAÑA solicitaron al MITECO los documentos de la Comisión de Cooperación con la CNMC sobre costes de gas. El Ministerio denegó el acceso por falta de competencia y carácter interno. La reclamante recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este desestimó la reclamación al considerar que, al estar el procedimiento normativo en curso, el acceso anticipado perjudicaría el proceso decisorio. Se aplicó el límite de confidencialidad en la toma de decisiones sin que existiera un interés público superior que lo justificara.
El Consorcio Español Conservero, S.A. solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acceso a la Memoria de impacto normativo y escritos de consulta de un Proyecto de Real Decreto. El Ministerio denegó parte de la información alegando que estaba en elaboración o afectaba a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación.
La solicitante pidió al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social las actas de la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos. La Administración denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas previa anonimización de datos personales y secreto legal.
El interesado solicitó copia digital de los ingresos y gastos de la Junta Vecinal de Arce, incluyendo facturas. La administración alegó que la solicitud era abusiva y de carácter inquisitivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la entrega de la información contable desde 2007 y las facturas desde 2011.
El reclamante solicitó acceso a los expedientes de los convenios colectivos de Puertos del Estado al Ministerio de Hacienda. La administración alegó protección de datos, seguridad nacional e interés económico. El CTBG resuelve estimar parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información con cautelas para proteger datos de terceros.
El solicitante pidió a Renfe Operadora datos detallados de pasajeros e ingresos de la Red de Ancho Métrico (2007-2018). Tras una respuesta parcial, el interesado alegó que faltaban datos de diversas estaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue entregada fuera de plazo y tras interponer la reclamación.
Aeris Invest solicitó al FROB el contrato de compraventa de Banco Popular. Tras la denegación del organismo basada en la protección de intereses económicos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender el plazo para resolver la reclamación debido a la existencia de procedimientos judiciales pendientes (litispendencia) que afectan directamente al asunto.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social datos detallados sobre inspecciones del registro de jornada laboral. La administración denegó la petición alegando reelaboración, carácter abusivo y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de reelaboración de la información.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Empresa información sobre créditos concedidos por el ICO a partidos políticos. El interesado alegó que se trata de fondos públicos y que el interés ciudadano prevalece. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en el deber de reserva bancaria y la protección de intereses comerciales de terceros.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE ingresos desglosados y contratos de patrocinios culturales (2009-2019). RTVE denegó el detalle y los contratos alegando intereses económicos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a desglosar la información por anunciante, año y canal, pero manteniendo el secreto del clausulado contractual.
El solicitante pidió copia del proyecto final de la concesión de 'GOLF FANTASIA' al Ayuntamiento de Palma. La administración denegó el acceso alegando la oposición de un tercero y la confidencialidad. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares estimó la reclamación al considerar que no se justificaron los perjuicios ni se aplicaba la protección de datos a personas jurídicas.
El ciudadano solicitó a AENA datos sobre vuelos operados y retrasados en Madrid-Barajas (2015-2019), detallando aerolíneas y motivos. AENA denegó la identificación de las compañías en los retrasos alegando perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que se vulnerarían los intereses comerciales de empresas privadas en libre competencia.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social acceso a actas de inspección, expedientes y resoluciones sancionadoras de CMMedia. La administración inadmitió la solicitud alegando normativa sectorial y deber de sigilo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas desde 2014, omitiendo datos confidenciales.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el gasto anual y el precio unitario por dosis de tres medicamentos específicos (inhibidores del factor de necrosis tumoral). La administración denegó el precio alegando protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar justificado el perjuicio a terceros.
Queraltó SL solicitó a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva licencias, certificados de obra y planos de un establecimiento sanitario (Ortopedia Gordillo). Tras una inadmisión inicial y una retroacción del Consejo de Transparencia, la Delegación Territorial estima la solicitud, considerando que los límites alegados por terceros no fueron concretados.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación datos sobre la comercialización y uso de productos fitosanitarios autorizados excepcionalmente y registros de control. El Ministerio denegó parte de la información alegando falta de datos y secreto estadístico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de autorizaciones y controles.
Se solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el precio unitario, número de tratamientos y expedientes de suministro de las terapias Kymriah y Yescarta. Ante la falta de respuesta, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los enlaces al perfil del contratante pero denegando los precios unitarios.
El ciudadano solicitó a Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. información detallada sobre la reducción de horario de una oficina en Madrid, incluyendo justificaciones, datos operativos y el cargo responsable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a revelar el cargo público responsable, pero mantiene la denegación del resto por intereses económicos y comerciales.
El reclamante solicitó información sobre el vínculo laboral de un médico del Servicio Gallego de Salud. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), interpuso reclamación. La Consellería de Sanidad alegó que las solicitudes eran abusivas y buscaban menoscabar a los profesionales. Finalmente, el reclamante desistió del procedimiento, solicitando el archivo.
Se solicitó al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales documentación detallada (contratos, guion, presupuestos) sobre la película "Mientras dure la guerra". El reclamante alegó que, al ser una obra subvencionada, es necesaria para fiscalizar el uso de fondos públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarla información privada.
El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delás solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo copias de autorizaciones de exportación de material de defensa a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación alegando que dicha información es secreta y perjudicaría intereses económicos y la defensa nacional.
El reclamante solicitó copias de exámenes de la titulación de técnico superior en Dietética y estadísticas de dichas pruebas a la Junta de Extremadura. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva y que la estadística requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de la petición.
Una funcionaria solicitó información detallada sobre puestos vacantes (Grupo A1 y Técnicos de Administración General) a la Diputación Provincial de Cáceres. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales al constatar que la administración incumplió los plazos legales de resolución.
El reclamante solicitó copias de exámenes de dietética y estadísticas relacionadas a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por ser la vía inadecuada (procedimiento administrativo en curso) y por carácter abusivo.
El solicitante pidió a Correos y Telégrafos, S.A. los listados de indemnizaciones por incumplimientos contractuales en notificaciones en Barcelona (2016-2019). La administración inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y alegó límites económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social expedientes y documentos de diversas licitaciones de servicios de seguridad. La administración denegó parte del acceso alegando reelaboración, abuso de derecho y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos.
Se solicitó información sobre los acuerdos o convenios con la empresa Estrella Galicia para el Mercado de la Cosecha en las fiestas de 2019 al Ayuntamiento de La Coruña. El recurrente alegó silencio administrativo. La Comisión da Transparencia de Galicia resolvió retrotraer el expediente para que la administración abra trámite de audiencia a la empresa afectada y realice la ponderación de intereses.
La solicitante pidió al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de Vigo) el acceso a la información suprimida de un acta del Consejo de Administración. Tras una respuesta parcial, la interesada presentó reclamación alegando que la información era pública o no confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE el contrato íntegro del programa 'A partir de Hoy'. RTVE denegó el acceso alegando protección de datos e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y acuerda que debe facilitarse el contrato, ya que el interés público en el uso de fondos públicos prevalece sobre los argumentos genéricos de la entidad.
Se solicitó copia de un plan presentado por la empresa Vicalsa para obtener la concesión de Factorías Vulcanos a la Autoridad Portuaria de Vigo. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es confidencial y su revelación causaría un daño real.
Les dues sol·licituds d’informació definides als paràgrafs anteriors demanen informació pública, ja que tant en un cas com en l’altre sol·liciten dades d’un procediment típicament administratiu com és una inspecció de les autoritats sanitàries a un servei regulat com és el de farmàcia, motiu pel qual és de suposar que la informació demanada es troba en poder de l’Administració (article 2.b LTAIPBG). Al tractar-se d’informació pública, qualsevol persona tindria dret a accedir-hi si no concorren límits que ho impedeixin (articles 18 i 20.1 LTAIPBG). En el cas de la sol·licitud subsidiària formulada per l’al·legació 5ª del recurs de reposició, no sembla que hi concorrin límits legals a l’accés, ja que l’Administració ha facilitat la informació sol·licitada (fonament jurídic 3); en el cas de la sol·licitud inicial, reformulada per l’escrit indicat a l’antecedent 15, els fonaments jurídics 4 i següents valoren la concurrència dels límits invocats. De conformitat amb la Memòria del Conveni del Consell d’Europa sobre l’accés als documents públics (Tromso, 18 de juny de 2009), la GAIP considera que la concurrència d’aquest límit només es pot apreciar quan els procediments d’investigació o sanció estan encara oberts i la difusió de la informació sol·licitada pot perjudicar la seva normal tramitació i conclusió; no és aquest el cas, perquè si bé en el moment de la primera resolució de la DGOPRS un dels procediments d’investigació sol·licitats encara estava obert, els altres ja estaven tancats sense apreciar responsabilitat per a les farmàcies inspeccionades, en el moment de presentar-se la Reclamació tots els procediments sol·licitats ja havien finalitzat, de manera que la divulgació de la informació que els integra difícilment podria perjudicar-los. Donat que els nou expedients sol·licitats han estat closos en la fase d’inspecció, sense que s’atribueixi a les farmàcies afectades cap responsabilitat a efectes sancionadors, l’aplicació del límit especialment restrictiu per al
El interesado solicitó datos estadísticos desglosados por año sobre visados de residencia temporal no lucrativa tramitados por el Consulado de España en Porto Alegre. La administración denegó inicialmente el acceso por considerarlo abusivo y por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haber entregado la información de forma parcial tras la reclamación.
901–950 de 1322