Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica la base de datos de altas y bajas de productores de bolsas de plástico y datos detallados de fabricación. La reclamante alegó que la información es ambiental y debe ser pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la solicitud debe tramitarse bajo la Ley 27/2006 de información ambiental y no por la LTAIBG.
Una diputada solicitó al Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda el acuerdo de quita de deuda del Grupo Zeta con el ICF. Tras alegar la administración el deber de reserva y secreto profesional, el ICF ofreció una sesión informativa verbal bajo confidencialidad. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto al no oponerse la solicitante a dicha medida.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Vigo las actas del Consejo de Administración de octubre a diciembre de 2011. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no acreditarse dichos límites.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento datos detallados sobre el número de viajeros y plazas ofertadas en líneas de Alta Velocidad (2018-2019). Tras una estimación parcial basada en intereses económicos, el interesado interpuso reclamación, pero posteriormente desistió de la misma. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar las actuaciones.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos el contenido de una denuncia de la empresa DIGOSEG, la respuesta de la universidad y la justificación de la adjudicataria. La universidad denegó el acceso a los documentos originales alegando la protección de secretos comerciales y propiedad industrial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El solicitante pidió a la CRTVE el coste detallado de la producción externalizada de su parrilla de TV. La administración denegó la información alegando perjuicio a sus intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha acreditado el perjuicio alegado y que el gasto de fondos públicos debe ser transparente.
El interesado solicitó información detallada sobre contrataciones, sueldos y traslados de personal en el INE de Ceuta, alegando irregularidades laborales. El INE no respondió, alegando que las peticiones eran abusivas y de carácter personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud no busca la transparencia, sino resolver un conflicto laboral privado.
Una representante sindical solicitó el Plan de Empresa 2019 a la Autoridad Portuaria de Vigo. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha acreditado un daño real y no hipotético que justifique la limitación del derecho de acceso.
La solicitante pidió a la Comunidad de Madrid identificar la Oferta de Empleo Público a la que está adscrito su puesto de trabajo y si este sería cubierto por un proceso selectivo concreto. La administración inadmitió la segunda parte por considerarla información de publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar correcta la inadmisión.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social información detallada sobre el calendario vacunal, seguridad, eficacia, costes y datos epidemiológicos. Tras la falta de respuesta inicial y alegaciones insuficientes de la Administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Fundació Museu Picasso Barcelona el expediente completo de contratación del servicio de atención al público con la empresa Magmacultura SL. El reclamante alegó que la información facilitada era incompleta. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación, ya que las partes pactaron el acceso a la documentación, incluyendo la parte confidencial mediante consulta visual.
Un periodista solicitó a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana el detalle de los incidentes adversos de productos sanitarios notificados desde 2012. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad según normativa específica. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación parcialmente, limitando la entrega a incidentes graves.
Un profesor de la Universitat Jaume I solicitó acceso a los informes elaborados por el Servicio de Control Intern sobre su situación laboral y actividad. La universidad denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y requería reelaboración. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, al considerar que el informe es un documento autónomo y no una mera nota de apoyo.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la resolución sobre el precio e inclusión en el SNS del medicamento Hyrimoz. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la solicitud por considerar que el acceso al contenido de la resolución perjudicaría los intereses económicos y comerciales del titular.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia de un informe de 2010 sobre la acción pública en el derecho urbanístico. La administración alegó que el documento era una comunicación interna de carácter auxiliar y que no se conservaba copia del mismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al constatar que no existe objeto de acceso al no obrar el documento en poder de la administración.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid la identidad, motivo e importe de las sanciones impuestas a residencias de mayores en los últimos cinco años. La administración denegó el acceso alegando una ley regional que permite la discrecionalidad en la publicación de sanciones y la protección del prestigio comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por existir un interés público superior.
El reclamante solicitó indicadores detallados de atención primaria (ratios de tarjetas, pacientes, tiempos de consulta y espera) al SERGAS. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, al considerar que la inadmisión no estaba motivada y que la información debe facilitarse mediante enlaces directos y datos completos.
Una asociación solicitó acceso a expedientes de subvenciones del sector minero a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas. La administración concedió acceso parcial alegando protección de intereses comerciales. La reclamante impugnó la denegación de parte de la información, la exigencia de tasas y la demora en el acceso. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación.
El solicitante pidió acceso a los Subcensos B1 y B2 del Sector Industrial del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas (elecciones 2017). La administración denegó el acceso alegando que la normativa electoral solo permitía su exposición en fechas concretas, que la información había sido destruida y que afectaba a intereses económicos de terceros. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación.
El reclamante solicitó datos sobre la impresión y expedición de títulos académicos (pliegos, adjudicatarios e informes de laboratorios) a la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2019. La administración alegó carácter abusivo, intereses comerciales y falta de retroactividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
El ciudadano solicitó a la CRTVE remuneraciones del personal, contratos de producción e ingresos derivados de MasterChef. La administración denegó el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar el coste de los contratos y los ingresos por explotación de la marca.
El solicitante pidió a Renfe-Operadora el número de viajes en los que se produjo el intercambio de conductores en la estación de Albacete Los Llanos entre dos trenes Talgo específicos. El interesado alegó que dicha práctica no es excepcional sino reiterada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por perjuicio a los intereses económicos y comerciales.
Tradisa Operador Logístico, S.L. solicitó a la Autoridad Portuaria de Barcelona pliegos y contratos de concesiones de terminales de automóviles. La administración estimó la petición parcialmente, denegando los compromisos de tráfico marítimo mínimo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que dicha información es estratégica y su revelación perjudicaría intereses económicos.
El solicitante pidió a Renfe-Operadora el número de viajes en el trayecto Valencia-Alcázar de San Juan realizados con trenes de cercanías en 2018 y 2019. El interesado alegó que dicha información no perjudicaría a la empresa ni al transporte público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información es sensible y afectaría a los intereses comerciales de la entidad.
El interesado solicitó a Metro de Madrid S.A. copia del contrato y detalles económicos del convenio para la cobertura 4G en la red de metro. La administración denegó el acceso alegando que el contrato es de una empresa ajena (Metrocall) y que afectaría a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por no ser la información pública objeto de la ley.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento el desglose detallado de retrasos en trayectos de trenes (cercanías, media y larga distancia) entre 2014 y 2018. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información es un secreto comercial que perjudicaría los intereses económicos de Renfe frente a la competencia.
El solicitante pidió a Renfe Operadora datos detallados sobre pasajeros y trenes afectados por una avería eléctrica en Atocha el 18/03/2019 y los importes devueltos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la difusión de datos detallados sobre la calidad del servicio perjudicaría los intereses comerciales de la entidad frente a otros modos de transporte.
El reclamante solicitó a la Consejería de Fomento y Vivienda la documentación de una licitación de transporte. Las empresas licitadoras alegaron confidencialidad y perjuicio a sus intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, considerando que no se acreditó la declaración de confidencialidad en el momento de la oferta y que la Administración no demostró un riesgo concreto y evaluable de perjuicio.
La solicitante pidió al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social copia de varios expedientes de contratación del IMSERSO. La Administración denegó parte de la información alegando que estaban 'sub iudice'. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los expedientes, salvo secretos comerciales.
El solicitante pidió al Consejo Superior de Deportes el informe de transacciones de las SAD con sus administradores y accionistas. Alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información no es necesaria para fiscalizar la acción pública y prevalece la protección de datos y el secreto mercantil.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un listado detallado de profesores universitarios con sexenios reconocidos. Tras la denegación del Ministerio, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo decidió archivar la reclamación debido a que el solicitante no subsanó las deficiencias de su escrito tras ser requerido.
El interesado solicitó a la Fundación Teatro Real dos convenios de colaboración internacional. Alegó que eran instrumentos convencionales sin compromiso económico y que la entidad ya había difundido parte de su contenido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la entidad acreditó que la difusión íntegra perjudicaría su estrategia comercial y artística.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad información detallada sobre el ensayo clínico "REFINE", incluyendo dictámenes, autorizaciones y protocolos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación confirmando la denegación parcial, ya que la información técnica y el 'know-how' del promotor (Biogen) están protegidos por límites a los intereses económicos y comerciales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades los resultados finales y la memoria económica de un proyecto de I+D+I. La administración denegó el acceso alegando propiedad intelectual e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, denegando los resultados pero obligando a entregar la memoria económica anonimizada.
El solicitante pidió a Renfe-Operadora el número de incidencias mensuales de servicios de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías (2012-2018). Tras la denegación, el interesado alegó que el Gobierno ya había publicado datos similares al Congreso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por perjuicio a los intereses comerciales.
La Asociación Galega de Áridos reclama contra la resolución de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas que concedió acceso parcial a la documentación de subvenciones de la Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins. La reclamante alegó que la información es reservada por secreto empresarial y protección de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre inmuebles en el distrito de Salamanca exentos de IBI (denominación, localización y titularidad). La administración denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por falta de competencia, al regirse la materia por normativa específica.
El reclamante solicitó datos estadísticos de la Atención Primaria de Cantabria (2014-2018) al Servicio Cántabro de Salud. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al ser información pública, instando a la administración a entregar la documentación pendiente en un plazo de treinta días.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa los informes técnicos utilizados para puntuar las propuestas del concurso de Televisión Digital de 2015. El interesado alegó que la información es esencial para conocer la motivación de la adjudicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por prevalecer la protección de secretos comerciales de los adjudicatarios.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa copia de las ofertas técnicas de los adjudicatarios de 6 licencias de televisión digital. Alegó que dicha información es esencial para conocer los compromisos asumidos y la motivación de la adjudicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por prevalecer la protección de secretos empresariales.
Una sociedad solicitó a SEITT S.M.E. S.A. el estudio de demanda y tarifas de autopistas elaborado por TYPSA. La administración denegó el acceso alegando perjuicios económicos y confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha acreditado un perjuicio concreto y evaluable.
Gilead Sciencies, S.L.U. solicitó a la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza copia de una decisión sobre la priorización de medicamentos para la hepatitis C. Tras una respuesta insuficiente, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información al no justificarse los límites ni las causas de inadmisión alegadas.
Se solicitó al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Rías Baixas información sobre el número de etiquetas de Albariño enviadas y la relación de bodegas con ciertos rangos de viñedos. La administración denegó el acceso alegando carácter privado de los datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación parcialmente, al considerar que los datos de registro de viñedos son públicos.
TCA ECDF II Investments solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia la relación y actas de reuniones del Consejo de Administración sobre el Consorcio Valencia 2007. La administración denegó las actas alegando confidencialidad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información mediante acceso parcial.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alicante que acreditara cómo tuvo conocimiento de la defunción de su marido y qué documentación sustentaba dicha obtención. La administración denegó el acceso alegando que la LOPD no aplica a fallecidos y que la información es reservada por la Ley General Tributaria. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación.
Un Diputado solicitó al Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda (ICF) datos sobre transferencias de crédito a Panrico SAU. Tras la denegación, recurrió a la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación porque la solicitud se tramitó como pregunta parlamentaria de control y no como solicitud de acceso a la información.
El ciudadano solicitó a la AEPD el detalle de todas las notificaciones de brechas de seguridad recibidas entre mayo de 2018 y enero de 2019. La AEPD inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando que el volumen de información y el esfuerzo de revisión no se justifican con la finalidad de la Ley.
El reclamante pidió a Renfe Viajeros S.M.E., S.A. las actas del Comité de Dirección y Consejo de Administración (2015-2019). La entidad denegó el acceso por confidencialidad, perjuicio a intereses comerciales y volumen. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que, pese a su titularidad pública, la sociedad se financia con recursos privados y compite en mercado libre, por lo que divulgar sus actas estratégicas perjudicaría sus intereses comerciales sin existir interés público superior que lo justifique.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento el listado de DNI/NIE y los importes de los billetes de avión subvencionados entre Canarias, Baleares y Península. El Ministerio denegó la información alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que se requiere una reelaboración compleja de los datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades los resultados finales y la memoria económica del proyecto FURIAM. La administración denegó el acceso alegando propiedad intelectual y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, denegando los resultados pero obligando a entregar la memoria económica anonimizada.
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