Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La empresa The Facto Productions SL solicitó información sobre Centros de Internamiento de Extranjeros y datos de personas retornadas al Ministerio del Interior. Tras la inadmisión de la administración por considerar la solicitud abusiva, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación por falta de legitimación del reclamante.
El ciudadano solicitó a la Dirección General de la Policía el expediente de un proceso de oposición y resoluciones sobre la idoneidad de los perfiles. Tras alegar el reclamante que tiene derecho a la información por ser interesado, la GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Bareyo copias de informes de reparo y observaciones del secretario municipal. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación al considerar que el solicitante realiza un ejercicio abusivo del derecho, con un volumen de peticiones que paraliza la gestión administrativa.
Se solicitó a la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) la copia de contratos con Video Mercury Films. La administración denegó el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que el interés público en la transparencia de la contratación pública con fondos estatales prevalece sobre dichos límites, y ordenó facilitar la documentación solicitada.
Una empresa solicitó la anulación de una resolución que permitía a un competidor acceder a la documentación de una explotación minera. Alegó que la solicitud era abusiva y afectaba a secretos industriales. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación, validando la decisión de conceder el acceso previa disociación de datos personales y comerciales.
El interesado solicitó acceso a la documentación obtenida por la administración tras denuncias sobre incompatibilidades de socios de la empresa Grupo Itevelesa S.L. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación porque consideró que la solicitud tenía un carácter abusivo, al no estar justificada con la finalidad de la Ley de Transparencia.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Serranillos del Valle la documentación de las concesiones administrativas para la explotación del Polideportivo Adolfo Suárez desde su inicio. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y supondría una carga excesiva para sus escasos recursos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por tratarse de información pública.
El ciudadano solicitó a Correos documentación detallada sobre la contratación de servicios médicos para la gestión de incapacidades temporales. Tras alegar el ciudadano la falta de respuesta y Correos defender la existencia de un régimen específico de publicidad y confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerarla plenamente amparada por la LTAIBG.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares la publicación de órdenes del día y actas del Consejo de Administración, así como certificaciones de acuerdos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar actas y órdenes del día, pero deniega las certificaciones por no estar amparadas por la LTAIBG.
El interesado solicitó documentación de un expediente de inspección de trabajo relativo a la empresa Arce S.L. a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, al considerar que el acceso a actas de infracción y resoluciones inspectoras podría perjudicar los intereses económicos y comerciales de la empresa.
La interesada solicitó al Ayuntamiento de Yebes la relación de viajes oficiales del Alcalde (2016-2018), sus memorias justificativas y los gastos/dietas asociados. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información es pública en su portal y que no existen memorias, y que atender la solicitud requeriría reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
El interesado solicitó documentación de expedientes instruidos contra la empresa Grupo Itevelesa S.L. tras haber presentado denuncias previas. La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid denegó el acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por considerarla abusiva y no justificada en la finalidad de la Ley.
El reclamante solicitó al FROB informes de valoración y documentos del procedimiento de venta del Banco Popular. El FROB denegó el acceso alegando que la información no obraba en su poder y que los documentos eran competencia de la JUR, amparándose en límites de confidencialidad y secretos comerciales. El CTBG suspende el plazo para resolver hasta que recaiga sentencia judicial en los recursos pendientes ante el Tribunal General de la UE, por existir litispendencia y precedentes judiciales en curso.
El interesado solicitó copias de las actas originales de 18 mesas electorales del Claustro de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad alegó que la solicitud era abusiva y repetitiva por haber entregado ya un certificado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que las actas son información pública necesaria para el escrutinio.
El interesado solicitó copia íntegra del expediente administrativo Gesat 001-025994 al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Alegó que el acceso concedido vía Portal de la Transparencia era insuficiente y no incluía la totalidad de los documentos de instrucción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el acceso electrónico ya era completo.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad el desglose de gastos en publicidad institucional (2013-2017) por campaña y medio de comunicación. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información al no acreditarse límites válidos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de A Coruña) las actas y acuerdos de sus consejos de administración entre 2015 y 2018. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
Varador 2000 SA solicitó a Ports de la Generalitat el expediente de cesión de una concesión portuaria por cambio de accionistas. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad mercantil. La GAIP estima la reclamación al considerar que se trata de información pública sobre el dominio público y que no se ha acreditado la existencia de un acuerdo de confidencialidad real.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE las actas, órdenes del día y convocatorias del Consejo de Administración desde 2014. RTVE denegó el acceso alegando secreto en la toma de decisiones e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a RTVE a entregar la documentación por no acreditarse un daño real.
Un estudiante de doctorado solicitó al Ayuntamiento de Alicante una lista masiva de documentos (contabilidad, contratos, organigramas, etc.) del periodo 2000-2016. La administración denegó el acceso alegando la gran carga de trabajo y la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación al considerar la solicitud abusiva.
El interesado solicitó copia de un informe de la Intervención General sobre irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud a la Secretaría General de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo resuelve retrotraer las actuaciones para que la Intervención General remita la solicitud al destinatario del informe.
El solicitante pidió a Renfe-Operadora informes detallados sobre incidencias y retrasos en el servicio de Cercanías de Asturias el 10 de junio de 2018. Renfe denegó la solicitud alegando que eran quejas, que requerían reelaboración y que perjudicarían intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir reelaboración de la información.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander el detalle de las operaciones de carga de mercancías peligrosas (enero-marzo 2018). La administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio económico y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los riesgos alegados son hipotéticos y no están justificados.
El ciudadano solicitó datos sobre notificaciones de incidentes de productos sanitarios (2002-2017) a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La administración concedió acceso parcial alegando que la información antigua requería reelaboración y que la competencia era de la AEMPS. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide retrotraer el procedimiento para que se traslade la solicitud a la AEMPS.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa documentos sobre un contrato de comercialización de munición y el cálculo de regalías de propiedad intelectual. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los datos económicos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que dicha información constituye un secreto comercial.
La interesada solicitó información sobre contratos y adjudicaciones de diversos centros educativos a la Comunidad de Madrid. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública, no requiere reelaboración y la solicitud está justificada.
La empresa ACVIL APARCAMIENTOS, S.L. reclamó contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid que le obligaba a facilitar datos de recaudación de aparcamientos municipales. La mercantil alegó que dicha información era un secreto comercial protegido por intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar la información como pública.
SABA APARCAMIENTOS, S.A. reclamó contra el Ayuntamiento de Madrid tras ser requerida para facilitar datos de recaudación de aparcamientos públicos. La empresa alegó que la información no era pública, que el contrato no la obligaba y que la solicitud era abusiva y protegida por intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital información sobre el uso y costes del servicio de interrumpibilidad eléctrica (2015-2017). La administración denegó parcialmente alegando seguridad del sistema y protección de estrategias comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no acreditarse un daño real a los intereses económicos.
El reclamante solicitó el detalle de incidentes adversos de productos sanitarios a la Comunidad de Madrid y a la AEMPS. La AEMPS denegó el acceso alegando confidencialidad por normativa específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información de incidentes que puedan causar muerte o deterioro grave de la salud.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Bilbao el detalle de las operaciones de carga de mercancías peligrosas en 2018. La administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el daño real ni la naturaleza personal de los datos.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Bilbao el detalle de las operaciones de carga de mercancías peligrosas en 2016. La administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación del daño y por no ser datos personales.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Barcelona los órdenes del día y actas del Consejo de Administración de 2017 y 2018. La administración inadmitió las actas alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la revisión de la información no constituye una reelaboración según la ley.
El solicitante pidió a la CRTVE el listado de remuneraciones, contratos de producción e ingresos del programa MasterChef. La entidad denegó el acceso alegando protección de datos personales e intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a los contratos (anonimizados) y al listado de ingresos, al no acreditar el perjuicio comercial y prevalecer el interés público en el uso de fondos públicos.
Se solicitó a la AEMPS el reglamento interno del Comité de Productos Sanitarios, un informe de auditoría y un plan de acción del Organismo Notificado 0318. El ciudadano alegó que el informe de auditoría es información pública obligatoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información es comercialmente sensible.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Castañeda copias del Libro Diario Mayor de Cuentas desde 1992 hasta 2017/2018. El Ayuntamiento permitió la visualización pero denegó la entrega de copias por volumen y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y manifiestamente repetitiva.
Se solicitó acceso a los trabajos preparatorios de diversos tratados bilaterales de inversión para un arbitraje contra Venezuela. El Ministerio de Economía denegó el acceso alegando carácter auxiliar de la información y perjuicio a las relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmite la reclamación por falta de legitimación del reclamante.
Se solicitó el acceso a 15 actas de reuniones de la FECYT sobre la negociación de la licencia de Science Direct a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El reclamante alegó incumplimiento de plazos y necesidad de transparencia en la gestión de fondos públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por aplicar el límite de intereses económicos y comerciales.
El ciudadano solicitó a la FECYT pliegos, actas de negociación y la oferta de Elsevier para la licencia de la base de datos Scopus. La administración denegó parte de la información alegando intereses económicos y comerciales del tercero. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la oferta y las actas (con tachados).
La empresa LA SEPULVEDANA, S.A.U solicitó al Ministerio de Fomento el acceso al expediente de contratación AC-CON-01/2017. Tras la denegación administrativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al ser la solicitante interesada en un procedimiento en curso, el acceso debe resolverse mediante la vía del recurso especial de contratación.
ANFI SALES, S.L. solicitó copia de un expediente sancionador a la AEPD por ser denunciante y afectado por el tratamiento de datos. La AEPD denegó el acceso alegando secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente tras eliminar la información que afecte a secretos o intereses comerciales de la empresa.
El interesado solicitó información y explicaciones sobre el abastecimiento de agua potable en Cíjara a la Junta de Extremadura. La administración denegó el acceso alegando que eran documentos auxiliares. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del oficio de solicitud y del informe sanitario, pero desestima la petición de explicaciones por no ser información pública.
El reclamante solicitó acceso a un documento de traslado de una petición de la Fiscalía entre dos Consejerías de la Junta de Extremadura. La administración alegó que era información auxiliar/de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que el oficio constituye un trámite administrativo de traslado y no una mera comunicación interna.
Un periodista solicitó al Ministerio de Defensa actas y documentos de la Comisión de Seguimiento de un contrato de seguridad. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar actas y órdenes del día.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el precio de venta de laboratorio (PVL) del medicamento SOVALDI 400MG. La administración denegó el acceso alegando afectación a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y justificación del perjuicio alegado.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid el número de funcionarios interinos designados para corregir exámenes en varios cursos y la indicación de su nombramiento público. La administración denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento los planes de explotación de varias adjudicatarias de transporte. Alegó que la información no es económica y que no existe un uso abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que dicha información constituye un secreto comercial que afectaría a la competitividad de las empresas.
Un periodista solicitó a RENFE-Operadora los datos detallados de retrasos de trenes de cercanías de Madrid (2015-2017). La entidad denegó el acceso alegando perjuicio a sus intereses comerciales. El reclamante alegó la aplicación directa de la Directiva de secretos comerciales y su derecho fundamental a la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que los datos detallados constituyen un secreto comercial cuya divulgación perjudicaría la competitividad de la empresa.
Se solicitó al Ministerio de Fomento el plan de explotación de diversas empresas adjudicatarias de contratos de transporte. El interesado alegó que no se solicitaba información económica y que otros organismos ya habían facilitado datos similares. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información constituye un secreto comercial.
Les al·legacions oposades a l’accés per l’empresa CESPA invoquen, en uns casos, “secret tècnic i comercial”, sense precisar ni tan sols mínimament quines dades concretes podrien tenir aquesta consideració d’acord amb el requisits establerts per l’article 2 de la Directiva 2016/943. El segon motiu en què l’empresa al·legant justifica la condició de confidencialitat és el fet que la informació aportada en l’oferta està basada en el seu coneixement tècnic i la seva experiència, cosa que tampoc justifica adequadament que no sigui informació coneguda o accessible per part de persones introduïdes en els cercles en què s’utilitza aquesta informació, ni que tingui un valor comercial precisament per ser secreta, tal i com requereix aquell article. Cal diferenciar entre el que és informació relacionada amb l’activitat de l’empresa i amb el coneixement que té del sector, del servei o del negoci al qual es dedica, d’allò que pot ser considerat com a secret comercial o informació confidencial L’empresa no ha justificat quin és el perjudici en els seus interessos econòmics que es pugui derivar de l’accés del representant legal de les persones treballadores al contingut de l’oferta. Igualment, el CCM no ha ponderat adequadament al cas la concurrència dels límits al·legats, considerant especialment la legitimació de la persona reclamant i la finalitat de l’accés que reclama. La finalitat i la justificació de l’excepció al règim de transparència dels procediments contractuals de la informació que tingui la consideració de confidencial és evitar que els competidors puguin obtenir il·legítimament, per aquesta via, una millor posició competitiva, finalitat que no és aplicable al cas considerant que l’accés no el demana un licitador o una empresa que pugui ser, en un procediment futur, competidora de l’empresa al·legant. L’òrgan contactant no està vinculat ni obligat a secret per la sola declaració de confidencialitat al·legada pel licitador, sinó que li correspon revisar-ne l’adequació
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