Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el listado de campañas de publicidad institucional y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente la información alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información obra en poder del Ministerio y no requiere reelaboración, y que no se acreditó el perjuicio a los intereses comerciales de las agencias de medios.
El solicitante pidió a Renfe Operadora datos sobre incidencias y motivos de averías de trenes serie 599 en la línea 52. Tras obtener acceso parcial, el interesado alegó que la denegación del desglose por tren era injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de intereses económicos y comerciales.
El solicitante pidió a Renfe Operadora datos sobre la adquisición, construcción y recorrido de trenes de la línea 52 desglosados por tren. La administración concedió acceso parcial alegando reelaboración e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a facilitar las fechas de construcción desglosadas.
El interesado solicitó datos estadísticos sobre títulos universitarios y suplementos europeos expedidos desde 2010 a la Universidad de Extremadura. La Universidad alegó que la información estaba en curso de publicación y que su entrega afectaría a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no ser válidas las causas de inadmisión alegadas.
El interesado solicitó a la Universidad de Castilla-La Mancha el desglose de gastos en patrocinios deportivos entre 2012 y 2018. La universidad alegó que desglosar la información afectaba a sus intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es pública y no se realizó el test de daño obligatorio.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad datos detallados sobre medicamentos homeopáticos y tasas asociadas. La administración denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad de expedientes bilaterales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse que la información está en proceso de adopción de decisión pública.
Se solicitó a la AEPD el acceso a todas las notificaciones de violaciones de seguridad de datos personales entre mayo y diciembre de 2018. La interesada alegó que la solicitud no era abusiva sino compleja y que se podía anonimizar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
El ciudadano solicitó a la AEMPS el número de implantes médicos del SNS (2008-2018) desglosado por tipo y fabricante. La AEMPS denegó el acceso alegando normativa específica y riesgo de perjuicio a terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones para realizar el trámite de audiencia a terceros.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa el desglose de campañas de publicidad institucional y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la información obra en poder del organismo sin requerir reelaboración y la administración no acreditó el perjuicio a terceros, prevaleciendo el interés público en el control del gasto.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte cuatro informes periciales de la Comisión de Propiedad Intelectual. La administración denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad y perjuicio a intereses económicos de las empresas autoras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que no se acreditó un perjuicio concreto y evaluable, y que existe un interés público superior en conocer los informes que fundamentan decisiones tarifarias públicas.
El reclamante solicitó a GIAHSA el expediente de refinanciación de su deuda. La entidad denegó el acceso alegando límites de intereses económicos y confidencialidad, además de inadmisión por carácter abusivo. El Consejo de Transparencia de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a documentos públicos y contractuales, pero excluyendo los elaborados por las entidades bancarias para proteger secretos comerciales.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento estadísticas mensuales de subvenciones al transporte aéreo para residentes extrapeninsulares. Tras un acceso parcial, el interesado alegó que la administración dispone de más datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información detallada requeriría una acción previa de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el listado de campañas de publicidad institucional y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información ya existe en poder del órgano y que no se acreditó el perjuicio comercial real, prevaleciendo el interés público en el control del gasto.
Se solicitó al Cabildo de Gran Canaria el acceso al contrato de patrocinio entre el Club Baloncesto Gran Canaria y Poema del Mar, S.A. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y secreto empresarial. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información pública y aquella cuya confidencialidad no esté acreditada.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra) el expediente de contratación de una empresa para valorar competencias en un proceso selectivo. La administración denegó la oferta comercial y los métodos de valoración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que dicha información constituye un secreto empresarial.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Valencia información sobre el coste de adquisición y mantenimiento de la decoración navideña de 2010 a 2018. Tras la reclamación por falta de respuesta, el Ayuntamiento facilitó parte de la información de forma extemporánea. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana declara la pérdida de objeto al haber sido ya entregada la información.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social un certificado de exclusividad de la empresa Oracle Ibérica, S.R.L. La empresa se opuso alegando intereses económicos y secreto profesional. El Ministerio concedió el acceso, lo que motivó una reclamación de Oracle ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo decide archivar el expediente tras el desistimiento del solicitante original.
El representante de Agrupació RadioTaxi Tarragona solicitó a Renfe Operadora el expediente de adjudicación de un contrato de servicios de desplazamientos. Renfe inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y régimen normativo específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación previa detracción de secretos comerciales.
Un periodista solicitó al Departamento de Sanidad de Aragón el detalle de incidentes adversos de productos sanitarios desde 2012. La administración inadmitió la solicitud alegando confidencialidad sectorial. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información, aunque restringiendo los datos del fabricante y producto a aquellos casos donde se haya comprobado la causalidad.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior los exámenes y plantillas de resultados de diversas oposiciones de la Guardia Civil de los últimos cinco años. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior los exámenes y plantillas de resultados de diversas oposiciones de la Guardia Civil de los últimos cinco años. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz copias de sus planes de empresa de diversos años. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no haberse probado un daño real y concreto que justifique la limitación del derecho.
Se solicitó a la Àrea Metropolitana de Barcelona el acceso a expedientes de contratación y sus informes de valoración técnica. Tras la denegación administrativa y la posterior reclamación, la persona interesada decidió desistir del procedimiento. La GAIP resuelve finalizar la reclamación debido al desistimiento expreso del solicitante.
La parte reclamante solicitó el acceso íntegro a los datos del Registro General de Empresas y Entidades Turísticas de la Comunidad de Madrid en formato digital. La administración denegó la petición alegando que era una solicitud genérica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la petición no está justificada con la finalidad de la Ley.
El interesado solicitó el borrador del decreto que regula los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que se trataba de información auxiliar o de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que un proyecto de decreto no es información auxiliar, sino materia de información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento la documentación que regula la actuación de la seguridad privada en trenes y estaciones. Alegó que conocer dichas atribuciones evitaría zonas de sombra y protegería al usuario. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría la seguridad pública.
El reclamante solicitó información técnica y contractual sobre la construcción de viviendas en El Rosón al Ayuntamiento de Getafe (EMSV). La administración alegó que ciertos documentos no existían, eran información auxiliar o estaban protegidos por intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el proyecto y el contrato.
Se solicitó al CTTI de la Generalitat de Catalunya los contratos entre el Departament de Justícia y la empresa T-Systems. Tras alegar la empresa la confidencialidad de sus ofertas comerciales, la GAIP decide finalizar el expediente por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información solicitada durante el procedimiento y el ciudadano lo ratificó.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el desglose de campañas y presupuestos de publicidad institucional (2012-2015). La administración denegó el acceso alegando reelaboración y perjuicio a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información ya existe y no se ha acreditado daño alguno.
Se solicitó a Renfe-Operadora la licitación y el contrato de transporte de personal en Barcelona adjudicado a Logirail SME. La administración denegó el acceso alegando intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del contrato al considerar que no se ha acreditado un perjuicio real.
El Comité de Empresa de la UTE de transporte sanitario solicitó información sobre las mejoras ofertadas en su contrato a la Consejería de Salud de La Rioja. La administración concedió el acceso parcialmente, denegando ciertos apartados por secreto comercial. La UTE reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que desestimó su recurso al considerar que las mejoras no son secretos comerciales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la identidad de beneficiarios de viviendas protegidas y ayudas hipotecarias. El solicitante alegó la necesidad de fiscalizar el uso de recursos públicos. La GAIP desestimó la reclamación porque la divulgación de datos de personas en situación de vulnerabilidad social afectaría gravemente a su intimidad y no es idónea para el control alegado.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acuerdo de colaboración de un proyecto de investigación. La administración denegó el acceso alegando intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega del documento previa eliminación de datos personales e información científica confidencial.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el expediente completo de una inspección de trabajo y el registro de entradas y salidas. La administración no respondió inicialmente y luego alegó la aplicación de normativa específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría intereses económicos de la empresa.
Se solicitó al Ayuntamiento del Vendrell copia de la oferta de una empresa para un contrato de alumbrado público. La administración denegó el acceso alegando la confidencialidad de la oferta. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de la oferta pero suprimiendo datos personales e información fiscal, al no acreditarse la existencia de secretos industriales.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
Un periodista solicitó a Renfe Operadora datos detallados sobre indemnizaciones, porcentajes y motivos de retrasos en la línea 52 (Madrid-Badajoz/Huelva) entre 2012 y 2018. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de la entidad por riesgo de perjuicio a sus intereses comerciales.
El solicitante pidió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública el listado de autorizaciones de actividad privada de altos cargos y sus motivaciones. Alegó que la respuesta fue insuficiente al remitirlo a un enlace que no incluía denegaciones ni motivaciones individuales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la respuesta fue ajustada a la solicitud original.
El interesado solicitó Planes de Actuación y Memorias Anuales de centros de formación docente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La administración alegó que los planes se habían facilitado vía enlaces web y que las memorias eran información interna/auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de toda la documentación.
El interesado solicitó a RTVE el acceso a diversos contratos con productoras audiovisuales. Tras la denegación de la entidad, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG decidió archivar las actuaciones debido a que el reclamante no aportó la copia de la solicitud original de acceso a la información tras ser requerido para subsanar dicha deficiencia.
La Fundación CIVIO solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el registro de peticiones y detalles de reuniones de altos cargos. La administración denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda la fecha y número de 7.922 resoluciones dictadas en 2015 por el TEAC. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de una labor previa de reelaboración. Tras la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el TEAC facilitó la información, por lo que el reclamante desistió de su pretensión.
Se solicitó al Ministerio de Defensa una relación detallada de contratos con imprentas entre 2008 y 2017. La administración denegó parte de la información alegando la necesidad de reelaboración. El ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero al no subsanar una deficiencia de documentación requerida, el Consejo decidió archivar la reclamación.
La empresa The Facto Productions SL solicitó información sobre Centros de Internamiento de Extranjeros y datos de personas retornadas al Ministerio del Interior. Tras la inadmisión de la administración por considerar la solicitud abusiva, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación por falta de legitimación del reclamante.
El ciudadano solicitó a la Dirección General de la Policía el expediente de un proceso de oposición y resoluciones sobre la idoneidad de los perfiles. Tras alegar el reclamante que tiene derecho a la información por ser interesado, la GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Bareyo copias de informes de reparo y observaciones del secretario municipal. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación al considerar que el solicitante realiza un ejercicio abusivo del derecho, con un volumen de peticiones que paraliza la gestión administrativa.
Se solicitó a la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) la copia de contratos con Video Mercury Films. La administración denegó el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que el interés público en la transparencia de la contratación pública con fondos estatales prevalece sobre dichos límites, y ordenó facilitar la documentación solicitada.
Una empresa solicitó la anulación de una resolución que permitía a un competidor acceder a la documentación de una explotación minera. Alegó que la solicitud era abusiva y afectaba a secretos industriales. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación, validando la decisión de conceder el acceso previa disociación de datos personales y comerciales.
El interesado solicitó acceso a la documentación obtenida por la administración tras denuncias sobre incompatibilidades de socios de la empresa Grupo Itevelesa S.L. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación porque consideró que la solicitud tenía un carácter abusivo, al no estar justificada con la finalidad de la Ley de Transparencia.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Serranillos del Valle la documentación de las concesiones administrativas para la explotación del Polideportivo Adolfo Suárez desde su inicio. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y supondría una carga excesiva para sus escasos recursos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por tratarse de información pública.
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