Solicitud de acceso a expediente de inspección de trabajo y registro de entradas y salidas

Con$ ~10 de lr.1n$parcnc•a .,. Buen Gobterno Resolución 643/2018 S/REF: N/REF:R/0643/2018;100-001808 Fecha: 4 de febrero de 2019 Reclamante Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Información solicitada: Expediente inspección de trabajo l. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solici tó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. de transparencia, acceso a la información públi ca y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 29 de septiembre de 2018, la siguiente información: En relación al expediente con número de registro de entrada de denuncia E/45-003782/ 17, cuyo informe de actuaciones generó el número de referencia 45/0004807/17 la siguiente documentación: -Copia de TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA EL EXPEDIENTE, además de la información relativa a las declaraciones de los representantes de la empresa denunciada en las comparecencias efectuadas, que obra en poder de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo, exceptuando la documentación aportada por el denunciante. https:Uwww.boe.es/buscar/act.php ?id=BOE-A-2013-12887 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirecdón General de Redamaciones www.consejodetransparencia. es Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones - Copia de la relación del listado del registro de entrada y salida oficial de la Inspección de Toledo en relación a todo lo relacionado con el citado expediente de denuncia. No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito de entrada el 12 de noviembre de 2018, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, la reclamante presentó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una reclamación, en la que manifestaba que No he obtenido ningún tipo de respuesta a fecha actual por parte de la Inspección de Trabajo a las solicitudes. 3. Con fecha 12 de noviembre de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, a través de su Unidad de Información de Transparencia, al objeto de que por dicho Departamento se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el 20 de noviembre de 2018, el indicado Departamento Ministerial realizó las siguientes alegaciones: Segundo: Según lo comprobado la inspectora encargada del asunto, una vez finalizada la fase de investigación emitió un informe con fecha de 7 de marzo de 2018 concluyendo las actuaciones con la correspondiente contestación a la denunciante en los términos reglamentariamente previstos. Tercero: La propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su disposición adicional primera que “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. En este sentido, la actuación inspectora destinada a la comprobación de la existencia de un ilícito administrativo en el Orden Social se encuentra regulada en su propia normativa específica. Así, en primer lugar, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regula en su artículo 20 el origen de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la condición de interesado. El párrafo segundo del apartado 4 de dicho artículo 20 prevé que “el denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación, si bien tendrá derecho a ser informado del estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto únicamente cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos por Con;~IO de 1..-.oan~ p:u•tttCttl r Suen Gob1e(flO la normatíva correspondíente al ámbíto de la funcíón ínspectora." La condícíón de ínteresado la obtendría el denuncíante, en su caso, en el supuesto de que la denuncía díera lugar al ínícío de un procedímíento sancíonador. Este no ha sído el caso por lo que no hay níngún documento obrante en la lnspeccíón de Trabajo y Segurídad Socíal de Toledo al que tenga derecho la reclamante y que no se le haya facílítado con anteríorídad. Por todo lo señalado hasta el momento este centro dírectívo se ratifica en la postura de no facílítar más documentacíón que aquella a la que la reclamante tíene derecho en los térmínos ya señalados. 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014. de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver l as reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso- Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenídos o documentos, cualquíera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos íncluídos en el ámbíto de aplícacíón de este título y que hayan sído elaborados o adquírídos en el ejercícío de sus funcíones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en p osesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, este Consejo de Transparencia debe hacer una consideración de carácter formal relativa a la falta de contestación del MINIS TERIO DE TRABAJO, MIGR ACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL a la solicitud de acceso presentada. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&p=20141105&tn= l#a8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn= l#a12 Consejo Subdirecdón General de Redamaciones Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones El artículo 20.1 de la LTAIBG establece que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto se pronuncia en los siguientes términos: Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el presente caso, la solicitud de acceso a la información se realizó con fecha 29 de septiembre de 2018, indicando expresamente el amparo legal en la LTAIBG, y la Administración no ha contestado dentro del plazo establecido. Y ello sin justificar esta falta de respuesta, ni hacer mención alguna a esta circunstancia en las alegaciones presentadas a la reclamación, en la que se limita a argumentar por qué no proporciona la documentación y a manifestar que este centro directivo se ratifica en la postura de no facilitar más documentación que aquella a la que la reclamante tiene derecho. Por lo tanto, se recuerda a la Administración, en consecuencia, la obligación de contestar en plazo las solicitudes de acceso a la información que se le presenten, a los efectos de hacer posible el ejercicio de un derecho de origen constitucional como el que nos ocupa y la predisposición de colaborar lealmente con este Consejo de Transparencia para la averiguación de los hechos por los que se reclama, puesto que, como proclama la LTAIBG, La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda su participación. 4. Asimismo, debe hacerse mención a que, a pesar de haber transcurrido más de un mes desde la fecha de la denegación por silencio de la solicitud de acceso, la presente Reclamación no debe considerarse extemporánea. Señala el ya mencionado artículo 20.4 de la LTAIBG que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada y su artículo 24.2 que La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el presente caso, no ha habido contestación de la Administración, por lo que se ha producido silencio administrativo que, en atención al precepto legal antes mencionado, s entiende como negativo. En consecuencia, debe aplicarse el Criterio Interpretativo CI/001/2016 , de 17 de febrero, de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así como la normativa en materia de procedimiento administrativo- concretamente, el apartado segundo del art. 122.1 de la ya mencionada Ley 39/2015, cuya aplicación ya anticipaba el mencionado criterio, que concluye que la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo. 5. En cuanto al fondo del asunto, la Administración ha denegado la información solicitada, en base a la Disposición Adicional Primera, apartado 2 de la LTAIBG según la cuál “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Este precepto ha de interpretarse de conformidad con lo establecido en el Criterio Interpretativo CI/008/2015 , de 12 de noviembre, aprobado por este Consejo de Transparencia en función de las potestades atribuidas por el articulo 38.2 a) de la LTAIBG, que se resume a continuación: I. La Disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria. En este sentido, como sostiene la Administración, la actuación inspectora destinada a la comprobación de la existencia de un ilícito administrativo en el Orden Social se encuentra regulada su propia normativa específica. Así, en primer lugar, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regula en su artículo 20 el origen de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la condición de interesado. El párrafo segundo del apartado 4, de dicho artículo 20, prevé que "El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación, si bien tendrá derecho a ser informado del estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto únicamente cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora." El hecho de que una norma acepte o deniegue la condición de un denunciante como interesado en un determinado procedimiento no constituye, a juicio de este Consejo de Transparencia, como ya ha tenido ocasión de indicar en diversos expedientes (como por ejemplo, recientemente R/0540/2018 , que también afectaba a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, aunque regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, en este caso de inspección. En consecuencia, con independencia de la condición o no de interesada que tenga la Reclamante, el acceso a los datos que obran en poder de la Administración como consecuencia de las labores que tiene legalmente encomendadas es la razón de ser de la https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/12.html LTAIBG, siempre que no sea de aplicación alguna causa de inadmisión o límite al acceso de los previstos en la propia Ley de Transparencia. Límites cuya aplicación debe hacerse de forma proporcionada, ajustada al caso concreto y teniendo en cuenta que "la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1” (STS de 16 e octubre de 2017 dictada en el recurso de Casación nº 75/2017) . 6. Debe asimismo recordarse que esta misma conclusión se ha alcanzado en ocasiones precedentes en expedientes tramitados por este Consejo de Transparencia que tenían como objeto el acceso a expedientes de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, por ejemplo, en el procedimiento R/0311/2107 y en el procedimiento R/0399/2016, tal y como recoge la citada reclamación R/0540/2018 , se argumentó lo siguiente: “Desde la entrada en vigor de la LTAIBG, el 10 de diciembre de 2014, es ésta y no otra la normativa aplicable a las solicitudes de acceso a la información que obra en poder de las administraciones públicas. El antiguo artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), sobre los derechos de los ciudadanos, está actualmente derogado por los artículos 13 y 53 de la nueva Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, el artículo 37 de la antigua LRJAP y PAC, relativo al derecho de acceso a archivos y registros, remite a la LTAIBG, que resulta de entera aplicación. En el presente caso, la solicitud de acceso al expediente instada por el Reclamante debe entenderse amparada por la LTAIBG, salvo que se dé la circunstancia de que dicho expediente esté todavía en curso y el solicitante de acceso tenga la condición de interesado en el mismo, en cuyo caso, se aplicarían las normas concretas del procedimiento administrativo en curso, conforme prevé su Disposición Adicional Primera, apartado 1” Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y en su condición de denunciante (tal y como se desprende de lo indicado por la Reclamante y la Administración), la interesada ha debido recibir la información, al menos, del curso dado a su denuncia. Esta circunstancia ha sido confirmada por el Ministerio, que en su escrito de alegaciones manifiesta que no hay ningún https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/12.html documento obrante en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo al que tenga derecho la reclamante y que no se le haya facilitado con anterioridad. 7. No obstante lo anterior, al derecho de acceso a la información le son de aplicación los límites previstos en el artículo 14 de la LTAIBG , y el relativo a la protección de datos de carácter personal regulado en su artículo 15. A este respecto, cabe indicar que la aplicación de los citados límites deberá ser motivada, restringida, justificada y proporcionada, así como atender a las circunstancia del caso concreto, conforme al Criterio Interpretativo núm. 2 de 2015 aprobado por este Consejo de Transparencia, en el que, en resumen, se señala lo siguiente: La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público). Igualmente, hay que tener en consideración lo dispuesto por los Tribunales de Justicia, entre las que destacan las siguientes sentencias: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015 : “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html finalidad". “La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). - Sentencia nº 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016 , que se pronuncia en el mismo sentido que la anterior, así como, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017. 8. A este respecto, hay que señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado recientemente en la mencionada Reclamación R/0540/2018, que tenía como objeto el acceso a un expediente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que fue desestimada, concluyendo: Teniendo en cuenta lo anterior, debe volver a recordarse que el objeto de la solicitud es determinados documentos relacionados con un expediente abierto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una entidad privada. Procede concluir por lo tanto que esta empresa se encuentra directamente relacionada con la solicitud de información y se encontraría eventualmente afectada por el acceso que pudiera concederse. Así, no cabría duda a nuestro juicio que conocer datos tales como el acta de infracción o la resolución de la inspección, todo ello al objeto de comprobar la adecuación de la mencionada entidad a la normativa en materia de Trabajo y Seguridad Social, podría ocasionar un perjuicio, de carácter no hipotético, sino plausible, a dicha entidad. Perjuicio que, en nuestra opinión, encajaría dentro de la referencia a los intereses económicos y comerciales que realiza el art. 14.1 h) de la LTAIBG. No obstante, y tal y como hemos indicado, los límites al acceso a la información deben ponerse en relación no sólo con el perjuicio que ocasionaría el acceso a la información solicitada, sino con la existencia de un interés que, aun produciéndose dicho daño, prevaleciera frente al mismo. Aplicado este razonamiento a las circunstancias del caso presente, debemos en primer lugar señalar que la motivación expresada por la solicitante- figura en el expediente la relación de hechos que, a su juicio, ponen de manifiesto la irregularidad de la actuación de https://www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/18 MFomento 1 Renfe1 pliegos .html la entidad denunciada y su incumplimiento de la normativa en materia de empleo y seguridad social- es la de comprobar que la actuación de la Inspección de Trabajo en el marco de la denuncia presentada ha sido correcta y, por lo tanto, que las conclusiones alcanzadas en las actuaciones inspectoras desarrolladas- que, según parece desprenderse del expediente, no resultan del todo satisfactorias para la hoy reclamante- responden de forma adecuada a todos los hechos denunciados. En este punto, debe recordarse que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha analizado el acceso a la información al objeto de comprobar la labor de inspección y control que corresponde a los organismos públicos por parte de solicitantes de acceso a la información en el caso en que el acceso requerido implique un perjuicio a otros intereses o derechos también dignos de protección. Así, por ejemplo, según lo razonado en la R/0536/2018 “no puede obviarse que el objeto de la solicitud de información son datos relativos a la condición de los participantes- en concreto al cumplimiento de la titulación exigida- en un proceso selectivo en el que, como decimos, el reclamante es interesado. A este respecto, la Administración ha dado cumplidas explicaciones- en un adecuado nivel de detalle y concreción- que, a nuestro juicio, aclaran la situación planteada en el presente expediente. En efecto, entendemos razonables los argumentos de la Administración en el sentido de que no se produciría un perjuicio y aún menos indefensión respecto del resto de los participantes en el proceso selectivo por cuanto el correcto cumplimiento de los requisitos a los que el mismo se vincula será debidamente acreditado por los participantes y comprobado por la Administración como única vía para ser finalmente adjudicatario de una plaza. Así, debe recordarse lo ya razonado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otros expedientes en el sentido de que, existiendo un perjuicio a otros derecho igualmente dignos de protección- como ocurre en este caso con el derecho a la protección de datos personales- la labor de control del cumplimiento de la legalidad que corresponde a la Administración no puede pretender ser suplida por el control que realice el ciudadano mediante la obtención de información que implique esa vulneración de derechos a la que nos referimos. En este sentido, ya concluimos en el temprano expediente R/0358/2015- relativo al acceso a información que implicaba una vulneración del derecho a la protección de datos como medio para comprobar la corrección del desarrollo de las pruebas para la obtención del permiso de conducir- que el control de posibles comportamientos irregulares en el desarrollo de las pruebas de aptitud es llevado a cabo por la propia DGT. Con;~IO de 1..-.oan~ p:u•tttCttl r Suen Gob1e(flO Por lo tonto, en otencíón o lo naturaleza de lo informocíón solicítodo y al perjuicío que ocasionaría el acceso o lo mismo, entendemos que en este supuesto no existe un interés que puedo prevalecer. 9. En consecuencia, teniendo en cuenta los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la reclamación debe de ser desestimada. 111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 12 de noviembre de 2018, contra el MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre. de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicasll. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998. de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R. D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda https://www.boe.es/buscar/act.php?id= BOE-A-2013-12887&p=20181206&t n=1#a23 https://boe .es/buscar /act.ph p ?id=BOE -A-2015-10565&0=20180904& tn=l#a 112 https://www.boe.es/buscar/act.php?id= BOE-A-1998-16718&p=20181206&t n=1#a9 Página 11 de 11