Acceso a información sobre indemnizaciones y retrasos en la línea 52 de Media Distancia

Con$ ~10 (jc lr-<~Mpil renclil .,. 8Ut'll Gob1erno Resolución 626/2018 S/REF: 001-027544 N/REF:R/0626/2018;100-001718 Fecha: 22 de enero de 2019 Administración/Organismo: E.P.E. Renfe Operadora Información solicitada: Indemnizaciones a viajeros por retrasos l. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la Entidad Pública Empresariai -E.P.E.-RENFE-OPERADORA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, a cceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 21 de agosto de 2018, la siguiente información: Valor en euros de las índemnízaciones pagadas desde 2012 hasta 2018 a los usuaríos de la línea 52 de Medía Dístancia entre Madríd y Badajoz y Madríd y Huelva, en ambos sentídos, desglosado por trayecto y en total. Porcentaje de trayectos de la línea 52 de Medía Dístancia entre Madríd y Badajoz y Madríd y Huelva, en ambos sentídos, que han llegado con retraso entre 2012 y 2018. Desglose de los motívos de los retrasos producidos en la línea 52 de Medía Dístancia entre Madríd y Badajoz y Madríd y Huelva, en ambos sentídos, entre 2012 y 2018. Lístado de íncidencias producidas en la línea 52 de Medía Dístancia entre Madríd y Badajoz y Madríd y Huelva, en ambos sentídos, entre 2012 y 2018. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Redama ciones FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 22/01/2019 14:081 Sin acción específica Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de fecha 4 de octubre de 2018, la E.P.E. RENFE-OPERADORA contestó al reclamante, informándole de lo siguiente: Con fecha 21 de agosto de 2018 tuvo entrada en RENFE-Operadora solicitud, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A partir de dicha fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada Ley para su resolución. Dicho plazo fue ampliado un mes, mediante resolución de 14 de septiembre. Una vez analizada la solicitud, esta entidad considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14. h) de la citada Ley 19/2013, procede denegar el acceso a la información a que se refiere la petición realizada, por los motivos que a continuación se reseñarán. El transporte ferroviario es un servicio de interés general prestado por la sociedad mercantil estatal Renfe Viajeros, S.A., (Renfe Viajeros). Dicho servicio está sometido a obligaciones de servicio público. Se publican, con la anuencia de la Administración General del Estado, los índices de calidad y desempeño y los parámetros fundamentales de prestación del servicio. También reciben la oportuna publicidad las incidencias que los usuarios deben conocer para una mejor planificación de su viaje o para paliar los inconvenientes y molestias inherentes. Sin perjuicio de lo anterior, no es exigible que Renfe Viajeros elabore la información que se solicita, con alto grado de detalle, en cuanto este trabajo y su publicación redundarían previsiblemente en injustificado perjuicio de los intereses comerciales de dicha sociedad. Tiene apoyo esta conclusión en la doctrina sentada en la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R/0039/2016, de fecha 14 de abril de 2016. Con igual criterio, cabe citar la reciente resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R/0219/2018, de fecha 10 de julio de 2018. Los servicios prestados por esta sociedad mercantil compiten con otros modos de transporte, señaladamente, en este caso, con autobuses y coche particular. Adicionalmente, no es en absoluto totalmente descartable que se produzca en el futuro competencia por este mercado. Ello supone que datos sensibles, con alto grado de detalle, que pueden ser objeto de utilización ilegítima no deban ser hechos públicos sin antes ponderar el posible perjuicio comercial que pudieran ocasionar a la sociedad mercantil operadora. En este entorno, facilitar esta información detallada sobre las dificultades de la explot ación de este negocio, en gran medida imputables a causas ajenas a Renfe, podría perjudicar a Renfe Viajeros, dejándola en posición injustificadamente desventajosa respecto a otros modos de transporte, con el añadido de que si se trata de información que puede ser interpretada Subdirección General de Reclamaciones como significativa de deterioro de alguna faceta de la explotación también puede tener un efecto de injustificado descrédito. La reutilización o reelaboración de la información puede además dañar sin justificación suficiente la imagen del transporte público, en perjuicio de los objetivos de garantía de la movilidad. La antes citada resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R/0219/2018 de 10 de julio de 2018 refuerza estos criterios. No aparece en cualquier caso claro que la información solicitada, resultado en su caso de elaboración, deba calificarse como información pública, en cuanto se trata acceder a detalles de la explotación de un servicio de transporte por una sociedad mercantil, que no publicaría un operador privado. Y el sólo hecho de la titularidad de las acciones de una sociedad no permite considerar a la empresa pública que opera en el mercado de peor condición. Por otra parte, el interés público queda satisfecho mediante la publicación voluntaria de los datos que antes se han referido. No aparece en este caso un interés público, o privado legítimo, en la publicación de datos adicionales con tal grado de detalle. 3. Ante esta contestación, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 25 de octubre de 2018, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Lo primero que cabe señalar es que esta solicitud de información la hago en mi condición de periodista de maldita.es, por lo que esta petición se sustenta en el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz consagrado en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española, en consonancia con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la interpretación del artículo 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Sentencia c. Hungría, de 8 de noviembre de 2016, §§ 164-170). En la solicitud cuya resolución se reclama se requiere el valor en euros de las indemnizaciones pagadas a viajeros en determinados trayectos, lo que no puede suponer nunca un perjuicio para Renfe de cara a competidores porque se trata de desembolsos que no demuestran más que un gasto de la operadora en concepto de indemnizaciones sin que se pueda cuantificar a cuántos viajes afecta. Además, siendo Renfe una empresa pública, es un derecho de los ciudadanos poder fiscalizar en qué se gasta el dinero público. En cuanto al porcentaje de retrasos, motivos y listado de incidencias, hay que indicar que esta solicitud se hace en base a la información que se publica continuamente sobre los problemas que ocurren en esos trayectos. Además, con fecha 15 de octubre de 2018, el propio presidente de Renfe en declaraciones pública reconoce los problemas en ese trayecto y lleva a cabo un comunicado oficial en el que anuncia el cese del gerente de Servicios Comerciales Sur y del Gerente de Gestión y Contratos de Fabricación y Mantenimiento S.A. (http://web02.renfe.es/u08/GAP/gestorPrensa.nsf/visor%20noticia?openagent&idN=8D6D2 07073E82C85C12583270040331F#ancla) Por lo tanto, conocer el porcentaje de retrasos permitirá a los ciudadanos conocer el estado de un servicio que permite la conexión con otras comunidades autónomas y cuya construcción se ha sufragado con recursos públicos. En cuanto a los motivos de los retrasos y el listado de incidencias, permite que Renfe pueda detallar cuándo la responsabilidad de los retrasos es del ministerio de Fomento o achacable a las empresas que se dedican al mantenimiento de las vías. El hecho de cesar a dos directivos relacionados uno con los servicios comerciales y otro con la contratación y gestión de la fabricación y mantenimiento hace entender a los usuarios que existe un problema en el servicio de taquilla y gestión de billetes de la zona pero también con el mantenimiento, ya sea de los trenes o las vías. Por lo tanto, la falta de información pública sobre los incidentes o lo que está pasando crea una indefensión en la población injustificada y no permite conocer las opciones reales con las que se cuenta o exigir a los poderes públicos mayor inversión en el mantenimiento, por ejemplo, de las vías ferroviarias de la zona. En este sentido, el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales presentado en el Congreso de los Diputados (121/000023), en su artículo 2.3.a) indica que “no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar “en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación”. En este punto cabe recordar mi condición de periodista, anteriormente señalada y el derecho fundamental, no solo como periodista para comunicar libremente información, sino también el de recibir libremente información veraz por parte de la sociedad y consagrado en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. Además, en ese mismo artículo del proyecto de ley, artículo 2.3.b), se indica que tampoco procederán esas acciones y medidas cuando la utilización o revelación tenga lugar “con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial”. En este caso, el propio presidente de Renfe que firma la resolución arrojó dudas sobre la situación ferroviaria en los trayectos por los que se solicita la información sin dar datos o justificar, más allá de un incidente puntual durante el puente del Pilar, el cese de dos directivos. Por todo ello, solicito que se tengan en consideración mis motivaciones para llevar a cabo la reclamación y que se me facilite la información permitiéndome recordar que el epígrafe I del Preámbulo de la Ley 19/2013 indica que “permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico”. 4. Con fecha 5 de noviembre de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la E.P.E. RENFE-OPERADORA, a través de la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Fomento, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el 3 de diciembre de 2018, la E.P.E. RENFE-OPERADORA manifestó lo siguiente: Primera.- El derecho de acceso a la información pública. Como es sabido, la función de la Ley de Transparencia es regular el alcance del derecho de acceso previsto en artículo 105. b). de la Constitución Española y por ello conviene decir que el legislador ha optado por configurar el derecho de acceso a la información como manifestación del principio de transparencia administrativa, pero no como derecho fundamental que pueda oponerse por cualquier ciudadano sin ningún tipo de limitación, con independencia de que el interés aducido sea personal o periodístico. Que este derecho es de configuración legal y no es un derecho fundamental lo ha puesto de manifiesto la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional, señaladamente en las recientes sentencias de 24 de enero de 2017 (]UR/2017/34190) y de 11 de septiembre de 2017 (]UR/2017/237273). Es decir, habrá derecho de acceso sólo cuando una ley lo establezca y con los límites legales de nuestro ordenamiento. Por otra parte, no puede afirmarse que el acceso a la información pública que se invoca forme parte del contenido esencial de otro derecho fundamental. Dichas sentencias aclaran además que el derecho a la información pública existente no es equivalente al derecho a exigir la elaboración de un informe ad hoc sin soporte de procedimiento administrativo alguno. Por otra parte, en el derecho comunitario el Tribunal de Justicia ha rehusado siempre considerar el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. En este marco, el acceso a la información pública no requiere requisito de legitimación alguna. Por ello, tampoco es admisible legitimación especial en función de la profesión u oficio, ni proporciona plus de legitimidad prestar servicio para un concreto medio de comunicación (resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R/0044/2018, de 30 de abril de 2018) Segunda.- En relación con las alegaciones en relación con infraestructuras públicas sufragadas con fondos públicos, esta entidad entendió que las referencias a la 'línea' no se hacían a infraestructuras ferroviarias concretas, por demás no definidas, sino a determinados servicios prestados por Renfe Viajeros SME, S.A. Es preciso advertir que las competencias en materia de construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras nos son totalmente ajenas, conforme a la regulación contenida en el Título II de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. En efecto, es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF quien únicamente puede dar cuenta del estado de las infraestructuras públicas, de su financiación, de las empresas contratistas que se dedican al mantenimiento de las vías, etc. En definitiva, si la petición pudiese entenderse referida a las infraestructuras ferroviarias, lo que no parecía a tenor de la petición realizada en su día, estaría fuera de nuestras competencias. Y en caso contrario, las alegaciones relativas a dichas infraestructuras no vienen al caso. Tercera.- La invocación del artículo 2 del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. No pueden aceptarse las alegaciones relativas a que en el presente caso no deben recibir protección los secretos empresariales, menos aún en cuanto dichas alegaciones se fundan en un proyecto de norma que no tiene vigor o vigencia alguna. En cualquier caso, la resolución dictada en su día, cuya presunción legal de acierto y adecuación a Derecho no se desvirtúa en sede de la reclamación, se funda en la aplicación de uno de los límites de la antes citada Ley 19/2013, cuestión sobre la que no se realizan alegaciones consistentes. Cuarta.- El artículo 14 1 . h) de la Ley 19/2013. Es incontrovertido que los servicios prestados por la sociedad mercantil estatal Rente Viajeros S.A. compiten con otros modos de transporte, señaladamente con autobuses, coche particular, avión, etc. Ello supone que los datos sensibles que pueden ser objeto de utilización dañosa por posibles competidores no deban ser hechos públicos sin antes ponderar el posible perjuicio comercial que pudieran ocasionar a la operadora pública de transporte. Las instituciones comunitarias, pioneras en materia de transparencia y en la regulación de un acceso muy amplio de los ciudadanos a la información pública, se rigen por el Reglamento CE no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001, que en su art. o 4.2 recoge excepciones relativas, disponiendo que las instituciones denegarán siempre el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los intereses comerciales, salvo que su divulgación revista un interés público superior. Es claro en este caso que, en la divulgación de estos datos con bastante grado de detalle, no concurre interés público relevante. El interés público se satisface con datos ya públicos y notorios. Es notorio, y tienen amplia repercusión en medios de comunicación, problemas que traen en muchas ocasiones causa de la falta de inversiones suficientes en infraestructura, ya en vía de remediarse. Es público también que con carencias en materia de infraestructura no puede operarse siempre con el material más innovador, cuyas prestaciones no pueden suplir eventuales deficiencias en dichas infraestructuras. Adicionalmente, el elevado detalle sobre las incidencias proporcionaría información privilegiada sobre el modelo de explotación, que ningún operador público o privado facilita. En cualquier caso, la titularidad pública de las acciones de Renfe Viajeros no debe suponerle una desventaja competitiva, tal y como ocurriría si la información que el resto de transportistas no publican deviniese pública, y sólo como consecuencia de formar parte del sector público empresarial. La Administración General del Estado publicará voluntariamente la información que estime oportuna, sobre los servicios sometidos a obligaciones de servicio público y los datos agregados oportunos sobre el desempeño de las empresas públicas, pero la legislación de transparencia no supone que las empresas públicas deban desvelar datos que otros operadores mantienen reservados o confidenciales. No es exigible tampoco que una empresa pública dedique esfuerzos de elaboración de información que, a su vez, pueda redundar en una desventaja comercial frente a sus competidores. La cuestión relativa al detalle de las incidencias es también especialmente sensible porque afecta a terceros, como son el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF y sus contratistas. Y es que no se trata de datos agregados estadísticos, que pueden encontrarse en las Memorias que acompañan a las Cuentas Anuales publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en www.renfe.es, sino que se requiere desglose, que proporcionaría información privilegiada sobre el desempeño y circunstancias de la explotación de un servicio concreto en un área geográfica específica durante un período bastante dilatado. Aquí es preciso dejar constancia de un hecho. No es posible obtener al amparo de la Ley de Transparencia datos similares de las empresas de autobuses. Esto es así porque son empresas privadas, lo que prevalece sobre su condición de concesionarios de un servicio público, en sentido estricto. Así, ni se publican los datos, ni se facilitan a la Administración, ni es posible obtenerlos. Sentado lo anterior, es patente que lo que se solicita que sea recopilado, datos relativamente detallados de 7 ejercicios, tendría como resultado facilitar la labor de descrédito que, del modo ferroviario, de la gestión de las infraestructuras y, previsiblemente, de la gestión de Rente Viajeros SME, S.A., ya se apunta en las alegaciones de la reclamación. No es exigible a ningún operador de transporte que dedique esfuerzos y recursos a facilitar que se ataque el servicio que presta o el marco de prestación. No siendo posible acceder a esta información en el caso de otros modos de transporte, tampoco debe la sociedad prestadora de servicios de transporte ferroviario quedar obligada a colaborar en el daño a su legítimo prestigio. Quinta.- La resolución se ajustó al criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sentado en varias resoluciones. La primera es la resolución R/0039/2016, de fecha 14 de abril de 2016. La segunda es la Resolución R/0239/2018, de 1 de septiembre de 2016, La tercera es la Resolución R/0042/2018, de 23 de abril de 2018, que aplica de nuevo los mismos criterios, reproduciendo las consideraciones de resoluciones anteriores y la cuarta es Con'~IO <1~ 1.-..,,..~~ l'etH ::.tl r Suen Gob!efllO la Resolución R/0219/2018 de 10 de julio de 2018. La entidad del perjuicio para Rente Viajeros, S.A. debe presumirse si se atiende a los términos de la petición, y más aun a los de la reclamación. Reiteramos que hacer pública la información reclamada perjudicaría la imagen del transportista y del transporte público, debiéndose, a juicio de este órgano, confirmar la resolución dictada en su momento, que goza de la presunción de acierto y conformidad a Derecho, presunción que no ha sido destruida en modo alguno por las alegaciones del reclamante. 11. FUNDAMENTO S JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Subdirección General de Redamaciones FIRMANTE (1): FRANCISCO J AVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 22/01/2019 14:081 Sin acción específica En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, el reclamante presenta su solicitud de acceso el 21 de agosto 2018, contestando la Administración el 4 de octubre de 2018, es decir, transcurrido el plazo de un mes. Además, entre medias, se produce una ampliación del plazo, incorrecta a juicio de este Consejo de Transparencia, puesto que finalmente no ha dado la información (a estos efectos, ver fundamento jurídico 3 del expediente R/0096/2018) En este sentido, se recuerda que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. La LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Asimismo, este Consejo de Transparencia quiere hacer una reflexión sobre la naturaleza del derecho de acceso a la información pública. Efectivamente, como sostiene RENFE OPERADORA, en España el derecho de acceso a la información pública está configurado por la Constitución como derecho de desarrollo legal, no como derecho fundamental. No obstante, a este respecto debe recordarse que el art. 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de acceso a todas las personas (…) en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. En la aún relativamente escasa y reciente jurisprudencia que afecta a este derecho, ya podemos comprobar cómo, si bien no de forma generalizada, se está poniendo de manifiesto la relación entre el derecho de acceso a la información pública y otros derechos y libertades públicas que tienen la naturaleza de fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Así deben entenderse a nuestro juicio las sentencias que reivindican la formulación amplia del derecho de acceso a la información pública y, derivado de ello, la restricción y proporcionalidad que deben presidir la aplicación de los límites al acceso, entre las que destaca la que defienden el carácter fundamental de este derecho, como la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016, que razona lo siguiente: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, señala que "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.(…) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley”. Por otra parte, también es cierto que para salvaguardar derechos fundamentales, el reclamante puede instar el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, de carácter preferente y sumario y regulado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, en su caso, el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 5. En cuanto al fondo del asunto, puede adelantarse que este Consejo de Transparencia comparte las alegaciones de RENFE-Operadora. Son varios los precedentes que existen sobre el mismo tema que ahora nos ocupa y que acaban desestimando la pretensión de dar información sobre indemnizaciones a viajeros por retrasos o por otras causas. Por ejemplo, la Resolución R/0039/2016, de fecha 14 de abril de 2016. También las resoluciones R/0239/2018, de 1 de septiembre de 2016, la R/0042/2018, de 23 de abril de 2018 y la R/0219/2018 , de 10 de julio de 2018, todas ellas citadas por RENFE-Operadora. La Resolución R/0039/2016 dictamina lo siguiente: "La Administración no tiene obligación de publicar aquella información que pueda perjudicar los intereses económicos o comerciales de las empresas que dependen de ella. Si se hiciese pública la información sobre puntualidad y retraso de los trenes o cuántos pasajeros solicitaron la devolución de todo o parte del billete y esa información fuese negativa, se estaría creando una percepción en el público que afectaría de manera significativa a los intereses económicos y comerciales de la operadora del servicio de ferrocarril, puesto que podría hacer que los viajeros prefiriesen utilizar otra vía de transporte diferente, como el avión o el autobús y descendiera, con ello, la demanda esencial para mantener el necesario servicio de ferrocarril en condiciones óptimas de explotación”. La Resolución R/0042/2018 señala que “( ... ) entiende este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que ampliar la información económica y comercial de RENFE-OPERADORA que está publicada, sobre todo teniendo en cuenta el grado de detalle de la solicitud_ supondría efectivamente un perjuicio de sus intereses económicos y comerciales sin que quede acreditado un interés superior en conocer la información, sobre todo teniendo en cuenta que es un campo en la que la mencionada entidad actúa en régimen de competencia con otros posibles prestadores del servicio.” La Resolución R/0239/2018 aplica los mismos criterios. Finalmente, la Resolución R/0219/2018, en su fundamento jurídico 7, razona que “A juicio de este Consejo de Transparencia, atendiendo a la naturaleza de la información solicitada -retrasos en cercanías de la Comunidad de Madrid - estamos ante un secreto comercial. En efecto, a nuestro juicio, queda respaldado el argumento manifestado por RENFE- OPERADORA en el sentido de que los servicios prestados por esta sociedad mercantil compiten con otros medios de transporte, señaladamente, en este caso, con autobuses, ferrocarril metropolitano y coche particular. Ello supone que datos sensibles, con alto grado de detalle, no deben ser hechos públicos sin antes ponderar el posible perjuicio comercial que pudieran ocasionar a la sociedad mercantil operadora. En este entorno, facilitar esta información detallada sobre las dificultades de la explotación de este negocio, imputables en muchos casos no solo a causas relativas al operador, sino también al estado de las infraestructuras, instalaciones o a determinadas actuaciones de terceros, podría perjudicar a Rente Viajeros, dejándola en posición injustificadamente desventajosa respecto a otros modos de transporte, con el añadido de que si se trata de información que puede ser interpretada como significativa de deterioro de alguna faceta de la explotación también puede tener un efecto de injustificado descrédito. La reutilización o reelaboración de la información puede además dañar suficiente la imagen del transporte público, en perjuicio de los objetivos de garantía de la movilidad en las grandes ciudades. Así, y aunque el trasporte ferroviario de cercanías se presta en cumplimiento de la obligación de servicio público que asume RENFE-Operadora, no es menos cierto que existen otras opciones de transporte, prestadas por entidades privadas sin sujeción por su parte a la normativa en materia de transparencia, circunstancia que resulta determinante en relación a lo planteado en este expediente. Así, el proporcionar los datos solicitados, podría producir una desventaja entre competidores que no estarían en condiciones de prestar sus servicios en igualdad de condiciones. Asimismo, debe recordarse por último que existen precedentes también en los que este Consejo de Transparencia ha entendido que se debe facilitar, respecto de las cercanías, el número de viajeros/usuarios de Rente, no afectando a los intereses económicos y comerciales de la empresa (procedimiento R/0165/2015) el estado de las obras (R/0373/2016) o el gasto en cercanías desglosado por conceptos (R/0085/2017). Sin embargo, facilitar los retrasos de los trenes de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid detallados por fecha del retraso, identificador de tren línea en la que el tren circula y retraso acumulado (en minutos) por ese tren es información que, a nuestro juicio, incide en la competitividad de la empresa. Por todo lo anteriormente expuesto, la presente Reclamación debe ser desestimada, al resultar de aplicación el límite del articulo 14.1 h) de la LTAIBG.” Estos mismos razonamientos son perfectamente aplicables al presente supuesto, por lo que la presente reclamación debe ser desestimada. Con;~IO dQ Tl'~r.~pnl"cttc•~ r su ~:'n GOblt!fflO 111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por 1 con entrada el 25 de octubre de 2018, contra la resolución, de fecha 4 de octubre de 2018, de E.P.E. RENFE­ OPERADORA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013. de 9 de diciembre. de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sust itutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R. D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda Subdirección General de Redamaciones